El investigador de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) Juan Pappier considera que en Guatemala existe un “declive muy grave” en cuanto al respeto a los derechos humanos y la justicia, con cierta proyección a la situación que vive Nicaragua, aunque también con otros matices.

“Guatemala está en un momento de declive muy grave en la vigencia del Estado de Derecho en el país, con muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos porque hoy la enorme mayoría de las instituciones están cooptadas”, aseguró Pappier en una entrevista con Efe.

El investigador de la organización humanitaria añadió que en el país centroamericano “no hay independencia judicial” y “cualquier fiscal u operador de justicia que se atreva a investigar a los corruptos tristemente sufre demandas penales espurias y algunos de ellos han sido arrestados o han tenido que salir al exilio”.

Al menos 24 de los funcionarios de justicia (fiscales y jueces) han tenido que salir de Guatemala desde 2018, aunque con mayor frecuencia en los últimos meses, debido a su protagonismo en la lucha anticorrupción registrada entre 2014 y 2021, según denunció la ex fiscal general (2014-2019) Thelma Aldana el 20 de mayo pasado.

Dichos funcionarios han señalado de la persecución judicial a la actual jefa del Ministerio Público y fiscal general del país, Consuelo Porras, sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir” la Justicia en Guatemala.

“Esto no es normal en una democracia del siglo XXI, en una democracia funcional”, expuso el abogado argentino sobre los 24 exfuncionarios guatemaltecos exiliados.

Precisamente el ultimo informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala en el capítulo IV.B del mismo por violaciones a los derechos humanos, en un listado donde le acompañan Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Similitudes con Nicaragua

Pappier, investigador de la división de las Américas de Human Rights Watch, considera que Guatemala podría estar siguiendo los pasos del Gobierno de Nicaragua en cuanto a justicia, cooptación del Estado y derechos humanos, pero con otros matices.

“Hay diferencias por supuesto con Nicaragua, donde estamos hablando de un dictador o una familia de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que controlan todo el poder”, recordó.

Por el contrario, en Guatemala “estamos hablando de un modelo oligopólico de poder” en el sentido económico, donde “hay un conjunto de actores que controlan y han cooptado las instituciones”, puntualizó el abogado.

De cualquier manera, Pappier sí considera que “el ejemplo de Nicaragua tiene algunas similitudes con lo que pasa en Guatemala y la primera es este tema de la destrucción del Estado de Derecho, y Nicaragua es un ejemplo claro de lo que pasa cuando se cooptan las instituciones democráticas”.

La segunda similitud donde el investigador de HRW cree que “la comparación es valiosa” es en referencia a la comunidad internacional.

“Yo creo que la comunidad internacional cometió un error en Nicaragua, porque dejó pasar el tiempo y no reaccionó cuando las instituciones democráticas se estaban destruyendo. Y las reacciones más fuertes recién vinieron cuando habían muertos en las calles de Managua, cuando había sangre en las calles”, subrayó.

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Por eso, Pappier piensa que “es un error de la comunidad internacional esperar tanto” y esa “lección” hay que “aplicarla” en Guatemala si se quiere evitar que “termine en una situación como la de Nicaragua o Venezuela”.

De igual forma, el investigador de Human Rights Watch ve como trascendental que “los guatemaltecos entiendan que sin Estado de Derecho no hay” derechos humanos.

“Y esto es importante que lo entiendan todos los guatemaltecos, incluyendo los empresarios que promueven y apoyan el desmantelamiento de las instituciones del país, porque el día de mañana puede haber un Gobierno distinto y si este Gobierno por ejemplo no respeta la propiedad privada, ¿a quién van a acudir estos empresarios?”, concluyó Pappier.

Guatemala vivió entre 2014 y 2019 una cruzada anticorrupción que dejó más de 200 políticos y empresarios de élite acusados por el Ministerio Público de la exfiscal general Thelma Aldana, exiliada actualmente en Estados Unidos, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el colombiano Iván Velásquez, recientemente nombrado ministro de Defensa en su país. EFE

Foto principal: Pixabay

La Asamblea Legislativa de El Salvador respaldó este martes cesar a los jueces y magistrados con 60 años cumplidos.

El presidente Bukele sancionó una norma que “retirará a los jueces corruptos”.

La oposición calificó la medida de “violación a la independencia judicial”.

Retiro de un tercio de los jueces

La reforma de la Ley de la Carrera Judicial conllevará la jubilación automática de alrededor de un tercio de los jueces del país, según estiman medios locales, así como de un gran numero de funcionarios de la Fiscalía y los tribunales.

La nueva norma obliga a la separación inmediata de sus cargos de jueces y fiscales que hayan cumplido 60 años o lleven más de 30 de servicio.

Pese a que Bukele y su partido celebraron la aprobación de la reforma, no han explicado por qué la remoción de los mayores 60 años contribuye a limpiar de corrupción el poder judicial.

La oposición votó en contra

El legislador René Portillo, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista, Arena, lamentó que con la reforma se esté “violando la independencia judicial”.

Entre los jueces que podrían perder su puesto está Jorge Guzmán, que investiga la masacre de El Mozote, una de las peores ocurridas en la guerra civil de El Salvador, en 1981, en la que alrededor de 800-1.000 personas fueron asesinadas por el ejército.

No es la primera decisión polémica respecto al poder judicial aprobada desde que Bukele llegó a la presidencia en 2019.

El mandatario ordenó en mayo pasado la destitución inmediata de los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, lo que provocó el rechazo de Estados Unidos y varios organismos internacionales.

Previo a eso, en febrero del año pasado, el mandatario dio orden al ejército de tomar la sede de la Asamblea Nacional, después de que esta se negara a conceder préstamos extraordinarios para su gobierno.

La aprobación de la reforma se da en medio de un descontento generalizado de la sociedad salvadoreña frente a algunos cambios que el gobierno ha adoptado en materia política, económica y social, entre ellos la implementación del bitcoin como moneda de intercambio en el país.

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Centenares de expedientes se observan sobre los escritorios y pasillos del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Izabal.

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Dicho lugar cuenta con poco personal y sin el juez competente. Violentando el derecho a la justicia laboral de miles de trabajadores.

“Se ha trasladado al juez titular, quien estaba encargado de todo los casos”, indicó David Duarte, presidente de la asociación.

Buscan justicia de derechos laborales

La auxiliatura de Derechos Humanos levantará un expediente sobre la demanda de los abogados, sumada a cientos de denuncias de trabajadores.

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“Han pasado menos de dos años desde que fui electo presidente y ya he traído a dos jueces a la Corte Suprema”, se jactó el líder republicano en referencia a Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, en un mitin electoral el lunes por la noche en el estado de Texas.

“También rompimos un récord de jueces federales”, agregó, bromeando en que solamente George Washington, el histórico primer presidente de Estados Unidos, lo había hecho mejor al nombrar al “100% de los jueces” del país. “Nunca lo venceremos, ¡pero nos acercamos!”, subrayó Trump. 

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el presidente designa a los jueces de la Corte Suprema y a los jueces federales de por vida en los tribunales de apelación o de primera instancia. Depende del Senado confirmarlos en sus cargos.

Desde su investidura, Trump ha conseguido la confirmación de 84 jueces, contra 43 en el mismo período de su predecesor, el demócrata Barack Obama. Además, ha nombrado a más de 50, que están esperando la luz verde del Senado.

Todos ellos fueron seleccionados por sus puntos de vista conservadores, “a veces ardientemente”, y con ello capaces de “poner nerviosas a algunas personas”, según el exabogado de la Casa Blanca Don McGahn.

Los recién nombrados ya se han distinguido, sea rechazando un caso de discriminación racial en el trabajo o abogando por la eliminación de donaciones durante las campañas electorales.

“Ya podemos sentir la diferencia” a nivel de los tribunales de apelación, se regocijó la semana pasada el ministro de Justicia Jeff Sessions. 

Consciente de dejar una huella duradera en el Poder Judicial, Donald Trump ve estas nominaciones como “una de las cosas más importantes” entre sus acciones, “quizás la más importante”.

Puestos vacantes

En el período previo a las elecciones parlamentarias del 6 de noviembre, estos nuevos jueces que se están preparando refuerzan a los votantes conservadores.

Cristianos evangélicos y republicanos tradicionalistas habían observado con escepticismo el ascenso de Trump, un multimillonario casado tres veces y nada conocido por su fervor religioso.

Durante la campaña presidencial de 2016, Trump ganó apoyo prometiendo nombrar en la Corte Suprema a jueces que se opusieran al aborto y que favorecieran la circulación y porte de armas de fuego, y de manera más general, a elegir jueces con un enfoque conservador en el ámbito del derecho.

Cuando Trump llegó al poder, pudo confiar en un Senado dominado por los republicanos que, de 2014 a 2016, había bloqueado a los candidatos presentados por Barack Obama, de modo que quedaban vacantes los cargos de 107 jueces.

Aprovechando la reducción del umbral requerido (mayoría simple contra la mayoría de tres quintos hasta 2013), los senadores republicanos confirmaron a casi todos los jueces elegidos por el nuevo presidente.

Un candidato, sin embargo, tuvo que tirar la toalla debido a sus deficiencias legales, mientras que otro se rindió después del descubrimiento de antiguos escritos favorables al grupo supremacista blanco Ku Klux Klan.

“Toma de poder”

Pero los senadores republicanos pueden perder su mayoría en la elección del 6 de noviembre. Luego permanecerían solamente dos meses antes de que los nuevos funcionarios electos asuman el cargo para confirmar a la cincuentena de jueces en espera.

Simplemente se comprometen a una velocidad superior, ignorando la práctica habitual de rigor en la sala. Quince jueces fueron confirmados repentinamente a mediados de octubre, justo antes de que el Senado saliera de licencia.

El Comité Judicial del Senado continúa con sus audiencias a los candidatos de Trump a pesar de la interrupción de la sesión parlamentaria.

La senadora Diane Feinstein deploró que el Comité Judicial sea el único “que aún lleva a cabo audiencias”, dijo después de que los jueces elegidos por Donald trump fueran escuchados en presencia de dos senadores.

“Los republicanos desobedecen todas las reglas para llenar las cortes con candidatos jóvenes e ideologizados que debilitarán los derechos y la protección de estadounidenses a través de los años”, señaló esta figura demócrata del Senado.

De mantener el control en el Senado, Donald Trump podría ir mucho más lejos. Más de 150 posiciones de jueces federales sobre 860 deberán ser cubiertas para el fin de su mandato.

“Los líderes de la comisión ahora tienen reuniones mientras todos sus miembros han regresado a sus hogares, una toma de poder sin precedentes”, denunció una organización de juristas progresistas.

“El gobierno de Trump está tratando de abarrotar las cortes por muchos años”, lamentó también la senadora demócrata Kamala Harris, quien prometió “luchar” para detenerlo en un mensaje en Twitter.

Para hacer esto, los demócratas deben ahora mantener el control del Senado.

El juez presidente del Tribunal de Mayor Riego “C” Pablo Xitumul denunció públicamente a Carlos Roldán  Presidente del Consejo de la Carrera Judicial de supuestas violaciones a su independencia judicial.

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La denuncia del juez Pablo Xitumul se originó porque el 21 de junio le envió un oficio al Concejo de la Carrera Judicial indicando que la Supervisión General de Tribunales estaba tramitando por separado 8 denuncias similares planteadas en su contra por familiares de los acusados en el caso Molina Theisen, y el juez Xitumul había solicitado que se tramitaran como una sola, para evitar la demora y un derroche de recursos.

Le pidió al Consejo de la Carrera Judicial que en un plazo de 15 días le informaran si existía un plan de trabajo. Ese habría sido el motivo  que desató la polémica.

Juez Xitumul: "El presidente de la Carrera Judicial Carlos Guillermo Guerra estuvo tomando nota en este tribunal como si estuviera fiscalizando el trabajo, pero esa atribución no le corresponde. pic.twitter.com/3ZlfqJ9K9J

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 20, 2018

El juez Xitumul dijo que en sus 14 años no ha permitido ninguna amenaza contra su independencia judicial.

El Consejo no accedió a lo solicitado argumentando que  no puede dar instrucciónes a la Supervisión General de Tribunales.

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Carlos Guerra Jordán y sus concejeros enviaron oficios para que me abstenga a realizar mis funciones aseguró el juez Xitumul, agrego que Guerra habría fiscalizado la labor del Tribunal, al haber ingresado durante el debate del caso Molina Theisen, haber tomado notas a pesar de que esa función no es de su competencia.

Juez Pablo Xitumul indica que los familiares de los sentenciados por el caso Molina Theisen le han interpuesto 8 denuncias, y por tratarse del mismo caso el juez pidio que se unificaran, pero no fue aceptado, por el consejo de la carrera judicial. pic.twitter.com/uNOB648HaZ

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) August 20, 2018

También expresó que la denuncia se refiere a hechos y que le corresponde a las autoridades tipificar si fue cometido el delito de abuso de autoridad o algún otro delito.

Consultado el Presidente del Concejo de la Carrera Judicial Carlos Guerra indicó que el juez Xitumul está abusando de su autoridad pues no tiene la facultad  de emplazar al Concejo.

Apenas después de cuatro meses de llegar al poder, unos audios sacuden el gobierno de Martín Vizcarra en Perú y el sistema judicial de la nación sudamericana.

En las grabaciones de conversaciones telefónicas, se escucha a un alto juez que parece negociar la inocencia del violador de una menor, otro que aparentemente pide dinero a cambio de ayudar a alguien a conseguir un puesto, a magistrados que se ponen de acuerdo para viajar a Rusia a ver el mundial o coordinando una reunión con una misteriosa “señora K”.

La difusión de los diálogos que muestran la supuesta negociación de favores en la justicia peruana comenzó el pasado 7 de julio y ya tuvo importantes consecuencias.

Este jueves, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, presentó su renuncia irrevocable.

Hasta el momento, Rodríguez no aparece hablando en ninguna de las grabaciones, pero es mencionado por otros personajes en los audios.

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Antes, el pasado 13 de julio, se hizo pública la renuncia del ministro de Justicia peruano, Salvador Heresi, quien sí es protagonista de una de las grabaciones.

REUTERS

Pero ¿qué es lo que se dice en estas grabaciones que llevan casi dos semanas sacudiendo la política peruana?

“¿Pero está desflorada?“

El portal IDL-Reporteros fue el primer medio en publicar los audios el pasado 7 de julio. Hasta este jueves, habían salido a la luz cerca de 30 de ellos.

Las autoridades implicadas en las polémicas grabaciones son cargos tan importantes como el presidente de una Corte Superior, un magistrado de la Corte Suprema y al menos tres consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, el organismo autónomo que nombra a los jueces y fiscales de todo Perú.

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Uno de los audios que ha causado más indignación es aquel en el que el juez César Hinostroza, presidente de una sala penal de la Corte Suprema, habla por teléfono sobre un caso de violación de una menor.

Según IDL-Reporteros, la llamada ocurrió en abril de 2018, pero no identifica el caso específico al que se refiere.

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“¿Cuántos años tiene? ¿Diez años? … Once añitos. Pero, ¿está desflorada? (…) Ya… ¿pero quién ha hecho eso? (…) Ya, yo voy a pedir el expediente para verlo ¿ya? ¿Qué es lo que quieren, que le baje la pena o que lo declaren inocente?”, dice supuestamente Hinostroza durante la charla que dura menos de un minuto.

En otro audio, se le escucharía gestionar una supuesta reunión con el presidente Vizcarra, y en otro, parece referirse al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y al Mundial de Rusia.

“Hasta ahora no me ha dado noticias para sacar mi pasaporte, mi pasaje, nada. (…) Para sacar el distintivo de la FIFA necesito dar el número de ticket de una las entradas por lo menos”, dice Hinostroza a un empresario.

En otra conversación, difundida por Panorama, Hinostroza y un interlocutor desconocido coordinan una reunión entre el primero y una misteriosa “señora K”.

Hinostroza se niega a revelar la identidad de la mujer y niega haber querido favorecer a algún violador.

En una conferencia de prensa, el magistrado mostró unas sentencias por violación que él dictó en abril de 2018, en las que se aumentaban las penas de los acusados.

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Sin embargo, Hinostroza fue destituido de la presidencia de la sala penal que dirigía y el Poder Judicial ordenó impedir su salida del país mientras se le investiga por este y otros audios.

“10 verdecitos”

Otro paquete de audios tiene como protagonista a Walter Ríos, el presidente de la Corte Superior del Callao, el primer puerto de Perú.

En una de las conversaciones, difundida por el programa periodístico Panorama, Ríos parece pedir dinero a cambio de ayudar a un juez o fiscal a acceder a un cargo.

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“Mira acá lo van a apoyar varias gentes (…) Entonces, como garantía yo creo que él tiene que dar algún monto (…) Como garantía, si no pasa nada (no lo nombran) lo devolvemos. Estoy pensando en 10 ‘verdecitos’ (US$10.000). Proponle, pero como garantía, yo le doy mi palabra […] Si sale en está, bacán…si no sale se lo devuelvo”, dice Ríos.

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La Policía detuvo a Ríos y la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva para el exjuez, mientras lo investiga por presunto tráfico de influencias.

Caída del ministro

El mismo programa Panorama emitió el audio que causó la caída del ministro de Justicia, Salvador Heresi.

En la grabación el ya exministro conversa con el juez César Hinostroza, el mismo al que se escuchaba hablar sobre un caso de violación en otro audio.

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En este diálogo telefónico, Hinostroza se presenta ante Heresi como su “modesto amigo” y le reclama por haberlo dejado plantado dos veces.

El exministro, por su parte, le pide consejo sobre un proyecto legislativo que se quiere trabajar en el Congreso.

Por la salud de la reforma del sistema de justicia, he solicitado al ministro Heresi su renuncia al cargo. Los momentos que vive el Perú requieren de acciones firmes.

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) July 13, 2018

El presidente Vizcarra pidió la renuncia de Heresi “por la salud de la reforma del sistema de justicia”.

A pesar de que audio difundido no contiene ninguna connotación de ilegalidad o falta contra la moral y la ética. En aras de facilitar que el SPR pueda continuar con la reforma planteada he presentado mi renuncia irrevocable al @MinjusDH_Peru .Mis deseos de éxito @MartinVizcarraC

— Salvador Heresi (@SalvadorHeresi) July 13, 2018

Un almuerzo

El ya expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aparece mencionado en una conversación entre José Luis Díaz Asto, asesor de comunicaciones de Rodríguez, y Walter Ríos, el exjuez detenido que pide los “10 verdecitos”.

En el audio, el asesor invita al exjuez Ríos a un almuerzo por el cumpleaños de un exfutbolista del equipo peruano Universitario de Deportes.

A continuación, un extracto de la charla:

• Asesor: “Oye, me llamó el tío, a ver si puedes acompañarlo a almorzar hoy en el hawaiano (…)
• Walter Ríos: ¿Quién? ¿quién?
• Asesor: el tío pues, Duber
• Ríos: ¿Duber?
• (…)
• Asesor: el ministro de Justicia también va a estar almorzando con Duberlí, por eso está llamándote a ti.
• Ríos: ¿Y si no va el ministro, huevón?
• Luis Alberto Díaz: Va el ministro, estuve en la mañana con Duberlí acá en la reunión…

Titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, presenta su renuncia irrevocable a la presidencia de este poder del Estado. Sala Plena de la Corte Suprema evaluará decisión a las 12.30 Horas. pic.twitter.com/dck6Iekgpv

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 19, 2018

Investigaciones

En los últimos días se difundieron más audios en los que también están involucrados tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura: Julio Gutiérrez, Guido Águila e Iván Noguera.

El mismo día que empezó la difusión de los audios, este Consejo dijo que “ha dispuesto el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, la misma que se hará con la celeridad y la rigurosidad que el caso amerita a fin de evitar impunidad alguna”.

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El Consejo también pidió “la inmediata renuncia de los señores consejeros involucrados en los actos de corrupción”, según un comunicado que difundió en su página web.

La Junta de Fiscales Supremos de Perú también dijo este lunes en un comunicado que había acordado “que se realicen las investigaciones necesarias ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Suprema de Control Interno, a fin de que se esclarezcan los hechos descritos y determinen a los funcionarios responsables”.

Ante el escándalo, el presidente, Martín Vizcarra, creó una “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia” para solucionar los problemas del Poder Judicial y reformarlo.

Sin embargo, muchos peruanos están a la expectativa de la difusión de más audios que revelen los vicios que ahogan su sistema de justicia nacional.

* Esta nota fue actualizada el 19 de julio de 2018 con motivo de la renuncia del presidente del Poder Judicial de Perú, Duberlí Rodríguez.

Por Javier Lainfiesta / Guatemala

Marlon López, presidente de la Asociación del Organismo Judicial, confirmó que se solicitó un incremento del cien por ciento para los jueces y magistrados.

“Planteamos un pliego de peticiones más allá del tema salarial, para que se abra el diálogo entre la parte patronal y nosotros como grupo organizado de trabajadores”, dijo.

Explicó que también se planteó la creación de un escalafón para que los jueces y magistrados con más tiempo en el cargo puedan recibir una retribución económica más alta. “Hay compañeros que no ven justo que un juez o magistrado recién nombrado gane lo mismo que uno que lleva 15 años en el cargo”, señaló.

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Además, están pidiendo que los togados cuenten con un seguro médico pagado por el Organismo Judicial. López explicó que actualmente los magistrados cuentan con sistema de reembolso de gastos médicos de hasta Q90 mil, por lo que el Organismo Judicial reintegra los recursos a quienes hayan usado el servicio.

Cuestionado sobre la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), el presidente de la asociación explicó que solamente los jueces cuentan con tal respaldo.

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“Es de conocimiento público el deficiente servicio que se presta a la población y a los afiliados del seguro social, consideramos que por el riesgo que tenemos por realizar nuestro trabajo merecemos un trato más digno”, afirmó.

La asociación pide que se contraten auxiliares judiciales, pues actualmente el nombramiento de este personal de apoyo “tarda demasiado” y se alarga hasta tres y cuatro meses.

Finalmente, López dijo que se solicitó que se establezca la jornada laboral para los jueces de Paz, que actualmente atienden sus órganos jurisdiccionales cuando se requiere sin un horario establecido.

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Dijo que están a la espera de recibir la confirmación por parte de las autoridades de la Corte Suprema para tener en una reunión. Aseguró que es la primera vez que jueces y magistrados realizan un ejercicio de este tipo y que no han recibido un aumento salarial en 18 años.

El salario promedio de un juez de Paz es de Q12 mil, un juez de Primera Instancia  Q20 mil y los magistrados llegan a Q27 mil.

Salarios dignos

En consideración del exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad,  Roberto Molina Barreto, el Estado de Guatemala debe procurar ofrecerles un salario digno a jueces y magistrados, que les permita bienestar y los haga menos susceptibles a ser corrompidos. No obstante, no considera que se esté en condiciones para aceptar el incremento solicitado.

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Además, dijo que estos incrementos deberían estar sujetos a mayores exigencias a la hora de evaluar el desempeño de los togados y que debería actuarse con mayor contundencia cuando se detecte alguna anomalía en su actuación.

“Es una medida cautelar de suspensión en el cargo (…) mientras hacemos las investigaciones”, dijo la presidenta de la Oficina de Control de la Magistratura, Ana María Aranda, en una rueda de prensa.

El juez suspendido de mayor rango es Walter Ríos, presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, cuyo arresto preventivo pedirá además el procurador anticorrupción Amado Enco.

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La fiscalía y el Poder Judicial abrieron investigaciones por supuesto tráfico de influencias por los audios difundidos desde el domingo por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros y el programa de televisión Panorama de Canal 5.

Aranda señaló que la investigación contra los jueces durará seis meses

Otro de los jueces involucrados es César Hinostroza, de la Corte Suprema, quien inició vacaciones tras estallar el escándalo, y quien pregunta en un audio si el acusado de la violación de una niña quiere “¿que le bajen la pena o que lo declaren inocente?”

El procurador Enco dijo que Hinostroza también debería ser detenido, pero  el Congreso debe abrirle primero una acusación constitucional debido a que es miembro de la Corte Suprema.

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Aranda aclaró que su oficina carece de competencia para suspender o investigar a Hinostroza, quien tiene prohibición de salida del país desde este viernes por decisión de la Corte Suprema.

El escándalo llevó al presidente Martín Vizcarra a nombrar este viernes una comisión de siete juristas, encabezada por el excanciller Allan Wagner, que presentará en 12 días una propuesta de reforma judicial.

El escándalo de los jueces es un “déjà vu” de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída de dos presidentes, Alberto Fujimori en 2000 y Pedro Pablo Kuczynski en marzo, y la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exgobernante).

“Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, informó que ha abierto una investigación preliminar contra las personas que resulten responsables” tras la divulgación de los comprometedores audios, dijo la fiscalía en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la Oficina de Control de la Magistratura, el órgano de control del poder judicial, anunció que “dispuso que un equipo de magistrados y personal contralor se constituya (…) para realizar las indagaciones sobre las presuntas irregularidades” denunciadas por el portal de periodismo de investigación IDL-Reporteros.

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Este nuevo escándalo de corrupción fue desatado por la difusión el fin de semana de varios audios de conversaciones telefónicas de jueces y llevó al presidente peruano Martín Vizcarra a pedir al Congreso que destituya a los magistrados involucrados, tras ser él mencionado en un diálogo comprometedor.

En este audio, un exmagistrado le propone a un juez de la Corte Suprema reunirse con Vizcarra para arreglar un asunto que, según él, le aseguraría a su interlocutor “poder para el futuro”.

Rechazo totalmente que se use mi nombre sin ningún sustento ni justificación, situación que condeno enérgicamente y pido la investigación respectiva del Ministerio Público y sanción para los responsables.

— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) July 9, 2018

“Rechazo totalmente que se use mi nombre sin ningún sustento ni justificación”, dijo en Twitter el mandatario peruano, quien encabezó este lunes una reunión con los jefes de todos los poderes del Estado para analizar el caso.

En las grabaciones divulgadas hablan jueces de la Corte Suprema y de un tribunal de apelaciones, así como miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano encargado de designar a los jueces peruanos.

En un audio un juez de la Corte Suprema ofrece reducir la pena o absolver a un acusado de violar a una niña; y en otro un magistrado solicita un ascenso para una funcionaria judicial.

Según el portal IDL-Reporteros, que en el pasado ha publicado documentos reservados sobre el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, los magistrados de los audios “convirtieron sus cargos en un permanente ejercicio de tráfico de influencias y corrupción”.

La nueva entrega del portal es un “déjà vu” de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos grabados subrepticiamente provocaron la caída del presidente Alberto Fujimori en 2000, la renuncia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski en marzo pasado y la suspensión hace un mes del popular legislador Kenji Fujimori (hijo del exgobernante).

“La palabra ‘poder’ no es por las puras”

En un audio habla el presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, el mismo que aparece en la grabación sobre Vizcarra.

Aunque lo que dice su interlocutor es inaudible, se escucha al juez hablando por teléfono sobre un proceso por la violación de una niña de 11 años. Luego dice: “¿qué es lo que quieren, que le bajen la pena o que lo declaren inocente?”

Otras conversaciones son del presidente de la Corte Superior (de apelaciones) del Callao, Walter Ríos, quien llama a un funcionario para pedirle que ascienda a una ingeniera que tiene a su cargo el programa ISO 9000 de ese tribunal.

“En este mundillo llamado Poder Judicial, como su mismo nombre lo dice, la palabra ‘poder’ no es por las puras. A qué me refiero, de alguna manera en el sistema nosotros también respondemos a ciertos, no digamos grupos de poder, sino a ciertos amigos que nos piden ciertas cosas ya sea para ellos mismos o para personas allegadas a ellos”, dice el juez en este audio.