Estados Unidos no ha invitado a Guatemala, Honduras y El Salvador a la cumbre virtual para la democracia, que ha organizado para los próximos 9 y 10 de diciembre, porque, aunque considera que son países democráticos, ve que afrontan “algunos desafíos”.

Así lo explicó este jueves Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Joe Biden, en una rueda de prensa telemática.

A ese foro asistirán 110 Gobiernos de todo el mundo, así como miembros de la sociedad civil y del sector privado, con una sesión de los jefes de Estado, que será auspiciada por Biden, y otra temática, con la presencia de representantes gubernamentales y no gubernamentales.

En la lista de invitados figuran aliados de todo el mundo que EE. UU. considera democracias, que van desde naciones europeas como España y Francia, pasando por Fiyi, Israel, Pakistán o Papúa Nueva Guinea.

Algunos de los invitados de Latinoamérica son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Ecuador, República Dominicana, Perú, Paraguay y Uruguay; y no están Bolivia, Venezuela, Cuba o Nicaragua, aparte de Honduras, Guatemala y El Salvador, entre otros.

González concedió que algunas de las naciones que no participarán “puede que sean democráticas, pero tienen actividades muy inquietantes”, que han llevado a EE. UU. a excluirlas.

“Obviamente Cuba no está invitada, Nicaragua no está invitada, obviamente Nicolás Maduro no lo está, pero Juan Guaidó sí, aunque al mismo tiempo, saben, hay democracias que creo que afrontan algunos retos en lugares como Guatemala, Honduras y El Salvador”, agregó.

La cumbre de la próxima semana tiene como objetivo fortalecer la democracia y defenderse del autoritarismo, luchar contra la corrupción y promover los derechos humanos.

Sobre la exclusión de El Salvador, González precisó que el país tiene un populismo “confuso con un mandato para cambiar las instituciones democráticas que las ha socavado, incluyendo el uso del Legislativo con el envío de soldados armados a la Asamblea Legislativa”.

De Guatemala, mencionó las acciones de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por EE. UU., y las amenazas contra la sociedad civil, así como la corrupción “extendida” en este país.

Respecto a Honduras, pese a que Washington reconoce que “es una democracia y un socio desde hace tiempo”, está preocupado por la manera en que no ha abordado la corrupción, destacó el asesor de Biden.

“Deseamos dar la bienvenida a Xiomara Castro (en la cumbre presencial) el próximo año si vemos algún progreso”, indicó González, en referencia a la virtual presidenta electa de Honduras.

González no quiso adelantarse a Biden a la hora de anticipar posibles compromisos que salgan de esta cumbre, aunque afirmó que la intención es movilizar recursos para, por ejemplo, “defender a los periodistas”, que son objeto frecuente de ataques judiciales única y exclusivamente por informar.

Por lo que, “se va a buscar la forma de expandir el apoyo al trabajo de los periodistas”, reveló González, quien añadió que del encuentro saldrán otras iniciativas para respaldar a la sociedad civil.

Sobre la manera en que esos compromisos se materializarán, el responsable estadounidense adelantó que EE. UU. invitará el próximo año a la cumbre presencial a aquellos que cumplan con las promesas que salgan de la reunión de la próxima semana.

La ubicación geográfica de Guatemala fue determinante para que la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, visitara el país y anunciara varios acuerdos de cooperación para la lucha contra la corrupción y la migración irregular, según Juan González, asistente especial del presidente de EE. UU., Joe Biden, y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental. En esta entrevista exclusiva con Noticiero Guatevisión, también destacó la preocupación de esa nación por la inestabilidad de la independencia judicial en Guatemala.

La misión de funcionarios de Estados Unidos de la administración Joe Biden que arribarían a Guatemala este miércoles 24 de marzo pospuso su viaje debido a las condiciones que existen en el país derivado de la erupción del volcán Pacaya.

Juan González Román, asistente especial del presidente Biden y director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que sugería que la misión ya no llegaría a Guatemala.

González, quien encabezaba la misión del Gobierno de EE. UU., escribió: “Frustrado por Pacaya. Volveremos” y acompañó el mensaje de Twitter con una bandera de Guatemala.

Foiled by Pacaya. We will be back

— Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) March 24, 2021

En un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se confirmó que la delegación del Director Principal del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González; el Enviado Especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga; y la Subsecretaria Adjunta

del Departamento de Estado, Martha Youth, no pudo volar hoy hacia Guatemala.

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La causa es la cancelación del vuelo de la delegación debido a la ceniza de la erupción volcánica en Guatemala.

El comunicado refiere que el viaje se pospone hasta nuevo aviso y que el trabajo de la administración Biden-Harris continuará enfocado en abordar las principales causas de la migración irregular.

Estado del viaje de la delegación estadounidense a Guatemala: https://t.co/rQz97F7rVq

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) March 24, 2021

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala confirmó que “la misión decidió posponer su llegada a Guatemala por las condiciónese que mantiene el Volcán de Pacaya”.

Agregó que por el momento no se tiene prevista una nueva fecha para la visita de los funcionarios de Estados Unidos, y que serán ellos los que verifiquen su agenda y reprogramen el viaje.

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Los funcionarios arribarían este 24 de marzo a Guatemala para participar en distintas reuniones con autoridades gubernamentales de Guatemala y sociedad organizada.

El viaje surge de la preocupación por la alta migración de los últimos meses que está a punto de convertirse en una crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos.

Esta misión no ha ocultado su preocupación por las condiciones de vida en Guatemala y creen que la corrupción, junto con el crimen organizado, se ha convertido en el principal motor de la migración forzada hacia Estados Unidos.

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También coinciden en que el desarrollo de las economías depende de que exista un pleno respeto al estado de derecho y un sistema de justicia funcional.

En una conversación que tuvo González con periodistas de Guatemala el 23 de marzo, este destacó que es “importantísimo” que los países cuenten con sociedades civiles “robustas” y declaró que el apoyo de EE. UU. a estas “no es un tema ideológico”.

“Aquí no importa si es de izquierda, derecha o del centro. La sociedad civil demanda de los gobiernos transparencia, objetividad, respeto a los derechos humanos y un sistema judicial que responda a todos, eso es algo fundamental”, subrayó González.

González y Zúñiga recalcaron en la conversación la importancia de que los recién electos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que tomarán posesión de sus cargos el próximo mes, estén comprometidos con los intereses de la nación y no con los de “pequeños grupos de personas”.

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“Nos pueden criticar por tratar de involucrarnos en los temas internos, pero cuando el sistema judicial de Guatemala funciona los EE. UU. se beneficia porque eso quiere decir que los ciudadanos tienen acceso a la justicia y que la inseguridad está siendo combatida”, apuntó González.

Zúñiga dijo que es necesario que los países del Triángulo Norte sean más prósperos e indicó que “lo que es bueno para Centroamérica, es bueno para EE. UU.”. Señaló que si no cambian las condiciones en estas naciones no se detendrá la migración irregular.

“El combate a la corrupción será el eje central de la política de Biden hacia Centroamérica” ya que el crimen organizado y la corrupción son elementos fundamentales que han causado el deterioro de las condiciones de vida en los últimos años, expuso Zúñiga.

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Fuerza anticorrupción regional

Dentro de este esfuerzo por frenar la migración irregular hacia Estados Unidos, ese país plantea una fuerza de tarea regional anticorrupción en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

González mencionó que como parte del funcionamiento de dicha fuerza de tarea, EE. UU. cuenta con herramientas dentro de su sistema financiero, así como de sanciones individuales las cuales “buscaremos manejar en colaboración con el Gobierno de Guatemala” al momento que identifiquen a individuos que estén involucrados en corrupción.

“Nuestros recursos para que nuestros investigadores del departamento del tesoro están listos y dispuestos a sancionar individuos involucrados en actos corruptos”, añadió.

Sin embargo, González reconoció que las medidas que puede adoptar EE. UU. no son suficientes.

“Sabemos que es difícil, no se puede arreglar o fortalecer un sistema judicial a través de sanciones”, enfatizó. “Se tiene que trabajar con los gobiernos para fortalecer la capacidad doméstica” para que los sistemas de justicia sean transparentes y no protejan a quienes están involucrados en actos de corrupción.

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“Estamos interesados en que el Gobierno —de Guatemala— tenga éxito y que avance en apoyar y crear trabajos y oportunidades para los guatemaltecos”, dijo el funcionario.

Añadió que los pueblos de Centroamérica tienen derecho a gobiernos “libres de la influencia del crimen organizado u otra influencia nefasta” y EE. UU. “como socio y amigo de los pueblos estamos dispuestos a ayudar a ver maneras de sacar esas influencias de cualquier forma posible”.

Lucha contra corrupción es la prioridad

González añadió que el combate a la corrupción e impunidad es el eje de la política de EE. UU. hacia el Triángulo Norte, y en ese sentido aseveró que una de las razones por las que Biden estuvo de acuerdo en conformar esta fuerza de tarea es porque los gobiernos decidieron poner fin a la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) y la Cicig (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).

“La falta de esas comisiones han dejado que el Ministerio Público y la sociedad civil —de estos dos países— no tengan herramientas suficientes para formar casos y combatir estos temas”, subrayó.

Zúñiga añadió que el enfoque de lucha contra la corrupción de Biden es precisamente porque esas dos misiones fueron removidas. “Entendemos que con todos sus defectos se han atribuido a esos organismos, vimos que no eran los actores internacionales, sino los fiscales e investigadores de los propios países los que llevaban investigaciones importantes”, remarcó.

No obstante, agregó que en estos países como en toda Latinoamérica hay fiscales comprometidos con la justicia, pero trabajan solos, por lo cual, parte de las funciones de la fuerza de tarea es apoyarlos en su trabajo; además, crear capacidades en el Ministerio Público que a veces no cuenta con lo necesario para avanzar en los casos.

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Mencionó, por ejemplo, las contribuciones ilícitas a las campañas electorales.

“Lo importante aquí, es el reconocimiento de que EE. UU. va a tener una relación preferencial con actores comprometidos con los esfuerzos contra la corrupción”, dijo González, quien mencionó que estos actores están no solo dentro de los gobiernos de la región, sino en la sociedad civil y el sector privado.