El gobierno estadounidense le otorgó el asilo político al exfiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, reconocido a nivel nacional e internacional por su lucha contra la corrupción y quien se exilió hace dos años tras denunciar una persecución por sus investigaciones.

“Otorgarme el asilo político es una evidencia más de la persecución política de la que soy víctima por haber participado en la investigación de redes político-económicas ilícitas que están incrustadas en el Estado y que alcanzaron a seis gobiernos, incluido el actual de [Alejandro] Giammattei”, dijo Sandoval la noche del miércoles en una entrevista telefónica desde Washington con The Associated Press.

Sandoval confirmó que fue notificado la semana pasada sobre su asilo.

El fiscal explicó que en los casos que investigó están involucrados los expresidentes Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012), Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) y Jimmy Morales (2016-2020), todos señalados de actos de corrupción.

El deterioro del Estado de Derecho en Guatemala recrudeció a partir 2019 durante el gobierno de Morales, quien puso fin al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirigía Sandoval, llevó a juicio a poco más de mil personas, entre ellas expresidentes, magistrados, empresarios, legisladores y funcionarios públicos por corrupción y otros delitos.

Tras la salida de la CICIG —respaldada por las Naciones Unidas y financiada por la comunidad internacional— poco a poco los casos investigados fueron perdiendo apoyo y los funcionarios judiciales que intervinieron en ellos empezaron a recibir amenazas y denuncias. Unos 42 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio.

“Después de dos años afuera entiendo más que el Estado de Guatemala es un Estado capturado y que cualquier persona que cuestione o ponga en riesgo el sistema corrupto va a ser víctima del destierro, va ser privado de su libertad o corre peligro su vida”, dijo Sandoval.

Apunta a presidencia

Explicó que en su caso la persecución se intensificó cuando recibió información de casos que involucraban a Giammattei en supuestos actos de corrupción, como la presunta recepción de sobornos de empresarios rusos que buscaban operar proyectos mineros.

“También recibimos información de sobornos que habría recibido el mandatario de empresarios de la construcción para favorecerles en la adjudicación de obra pagada por el Estado”, dijo Sandoval.

Entonces la actual fiscal general Consuelo Porras se instaló durante días en la fiscalía de Sandoval para revisar todos los expedientes del caso. Pocos días después Porras fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.

Giammattei, que es cercano a Porras, ha negado las acusaciones y no se encuentra bajo investigación.

Sandoval abandonó el país la misma noche en que Porras lo destituyó del cargo y se quedó sin protección.

Tras su salida se presentaron al menos 100 denuncias y seis órdenes de aprehensión contra Sandoval, la mitad, dijo, por parte de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y civiles señalados de hechos de corrupción.

Sandoval manifestó cierta esperanza sobre el futuro.

El recién electo presidente Bernardo Arévalo ha dicho que cuando asuma el cargo traerá de regreso al país a los exiliados, que la fiscalía ya no recibirá presiones del Ejecutivo y que acabará con la corrupción incluso en el Ministerio Público. Porras dirige una escalada de acciones judiciales contra Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla: primero intentó evitar su participación en los comicios y ahora investiga un supuesto fraude en las elecciones.

“Los recientes eventos que intentan poner en peligro la decisión del guatemalteco en las urnas es porque los actores corruptos consideran que el vencedor de las elecciones pone en riesgo ese sistema corrupto, por eso están haciendo lo imposible e ilegal para evitar que asuma el poder”, dijo Sandoval.

Otorgarme el asilo político es una evidencia más de la persecución política de la que soy víctima por haber participado en la investigación de redes político-económicas ilícitas que están incrustadas en el Estado y que alcanzaron a seis gobiernos. https://t.co/k02avHpbBR

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) September 14, 2023

El Ministerio Público (MP) capturó este lunes 28 de agosto a la abogada Claudia González, defensora del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, un hecho que generó reacciones de funcionarios de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de EE. UU.

De acuerdo con la Fiscalía, González, quien trabajó como funcionaria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es acusada del supuesto delito de abuso de autoridad por acciones implementadas en la persecución penal contra la magistrada Blanca Stalling.

“Esta es una acusación totalmente falsa. Lamento que el Ministerio Público siga con esto y ya sabemos que es usual que usen el sistema para mantenernos en prisión”, declaró González a medios de comunicación al ser trasladada a la Torre de Tribunales.

Stéphane dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, señaló que el funcionario “expresó su preocupación por los recientes allanamientos y órdenes de detención contra la abogada Claudia González y ex fiscales del MP”.

Además, dijo que la oficina de la UNU en Guatemala observa el desarrollo del caso.

“El Secretario General observa con preocupación informes sobre recientes redadas y órdenes de arresto contra fiscales guatemaltecos y una exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González”, dice la declaración.

Agrega que “recuerda las importantes contribuciones de los dedicados funcionarios de justicia y, durante su período de funcionamiento, de la CICIG y su personal, a la lucha contra la impunidad y la corrupción”.

Además, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció al respecto y escribió en su cuenta de X, antes Twitter, que “recibo noticias muy preocupantes sobre la detención de la abogada, defensora de derechos humanos y ex fiscal Claudia González Orellana en #Guatemala”.

Agregó que “las autoridades deben garantizar sus derechos”.

En esa misma línea, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados señaló que “las autoridades deben garantizar sus derechos, incluido el derecho a acceder a un abogado de su elección”.

Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, se pronunció al respecto de la detención de González y dijo que “acciones como la denunciada hacen perder credibilidad en la justicia y su funcionamiento”.

Almagro agregó: “Nuestra condena y el llamamiento a respetar las instituciones y guiarse por los preceptos y pilares del Estado de Derecho”.

Además, Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), escribió en X que “defender #DDHH no es delito. Lo que sí es delito es usar el sistema penal para perseguir a abogados, jueces, fiscales y otros operadores de justicia que defienden la democracia y los derechos fundamentales”.

Con base en eso, Jiménez señaló que “exigimos inmediata liberación de la abogada Claudia González”.

“El objetivo de la Fiscal Porras está claro: garantizar la impunidad en investigaciones de corrupción y tomar venganza”, indicó por su parte en X el subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch, Juan Pappier.

Por su parte, Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., escribió en su cuenta de X que “el inaceptable ataque del @MPguatemala hacia los defensores de justicia @Claudia_GonzaO, @JSandoval1982 y Eva Siomara Sosa, por abogar por la transparencia y #RendiciónDeCuentas, socava la #Democracia y el #EstadoDeDerecho en Guatemala. Condenamos la flagrante manipulación del sistema de justicia como un arma”.

Además, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU. escribió en la misma red social que “Estados Unidos condena categóricamente el abuso de poderes procesales por parte del @MPguatemala  para intimidar a quienes como Claudia González, Juan Francisco Sandoval y Eva Siomara Sosa buscan transparencia y rendición de cuentas en su país”.

Detalles del operativo

El operativo y detención de González estuvo a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, institución cuya cúpula es dirigida por agentes sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por “socavar la justicia y corrupción”.

En la actualidad, González se desempeñaba como abogada defensora del exfiscal Sandoval y otros cuatro ex operadores de justicia que han denunciado ser objeto de persecución política por su labor investigando estructuras de corrupción e impunidad entre 2014 y 2020.

Además, la Fiscalía allanó la casa de los padres del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Sandoval rechazó las acciones de la Fiscalía y aseguró que estaban “amedrentando a mis padres, quienes son adultos de la tercera edad” por supuestos casos donde ellos no están involucrados.

Desde 2019 a la fecha, al menos 50 guatemaltecos entre fiscales, jueces, abogados, periodistas y activistas han tenido que exiliarse, tras denunciar persecución política en su contra por parte de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras.

Con información de EFE y AFP

La casa de los papás de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), fueron allanadas la mañana de este lunes 28 de agosto, según lo confirmaron familiares de los afectados.

Además, se confirmó la captura de la abogada Claudia González, defensora de jueces y exfiscales perseguidos y una nueva orden de captura contra Sandoval.

En la mañana el MP informó que la Fiscalía de Asuntos Internos en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaban diligencias de allanamiento en inmuebles ubicados en la zona 5, en San Miguel Petapa y Mixco.

El exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, publicó en su cuenta de X, antiguamente Twitter, que la vivienda de sus papás estaba siendo cateada por el MP.

Sandoval escribió: “En este momento están allanando la casa de mis padres y la de mi abogada @Claudia_GonzaO -Claudia González-  en Guatemala”.

En otro mensaje añadió que en la diligencia las autoridades estaban intimidando y amedrentando a sus papás, quienes son personas de la tercera edad.

“No tienen ninguna responsabilidad – sus padres- por el trabajo que desempeñé en el MP. Consuelo Porras usted es la responsable si algo le ocurre a mis papás. CORRUPTA”, se lee en otro mensaje.

Familiares de Sandoval en Guatemala le confirmaron a Prensa Libre y Guatevisión los cateos en la casa de los padres del exjefe de la Feci.

Explicaron que la residencia cateada está en la colonia San Antonio, en la zona 9 de San Miguel Petapa.

En este momento están allanando la casa de mis padres y la de mi abogada @Claudia_GonzaO en Guatemala.

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) August 28, 2023

Están intimidando y amedrentando a mis padres, personas de la tercera edad que no tienen ninguna responsabilidad por el trabajo que desempeñé en el MP. Consuelo Porras usted es la responsable si algo le ocurre a mis papás. CORRUPTA.

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) August 28, 2023

Ordenes de captura

En redes sociales circuló información en la que se mencionaba la captura de Claudia González Orellana, abogada de Sandoval y otros jueces y fiscales perseguidos por su trabajo.

En las publicaciones se difundió también una orden de captura contra González, que fue girada el pasado 24 de agosto en la que se pide la aprehensión e la abogada, por el delito de abuso de autoridad.

La mencionada orden de captura fue firmada por Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez décimo pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente.

Horas más tarde también se hizo pública una orden de captura contra el exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, también por abuso de autoridad.

Juan Francisco Sandoval, quien está en el exilio, habló con la radio Emisoras Unidas, y dijo que las diligencias que se hicieron en la casa de sus papás y contra su abogada Claudia González, son producto de una denuncia de Blanca Stalling en el 2021 en la que señala a los que participaron en la persecución contra su hijo.

Afirmó que la abogada González, quien fue mandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que actuó en el caso de la jueza Stalling, había sido detenida.

MP confirma captura

El MP informó que como parte de las diligencias del caso Persecución Penal Ilegal, la Fiscalía de Asuntos Internos coordinó con la PNC la captura de Claudia González.

Afirmó que se continúa con la diligencia de allanamiento en un inmueble en San Miguel Petapa en donde fueron localizadas armas de fuego y dinero en efectivo.

Captura estratégica

Claudia González, a su ingreso a la Torre de Tribunales, dijo que su detención es estratégica por los casos que ella lleva como abogada.

González afirmó que en el allanamiento el personal del MP le dijo que estaban buscando documento de Cicig y ella asume que es debido a que fue mandataria judicial de esa entidad, entre 2011 y 2019, pero desconoce a qué caso está vinculada, aunque le comentaron que es probable que sea por el de Blanca Stalling.

“Me extraña que me giren orden de captura, porque todos saben que me mantengo en Torre de Tribunales, este es mi trabajo, soy abogada, soy abogada de Juan Francisco Sandoval, de Virginia Laparra, Paola Escobar, Carlos Vides y de otras personas, exfiscales de Feci, Eva Siomara -Sosa- , que son personas también de exCicig”, comentó González.

Dijo que es usual que abogados usen el sistema para mantener a algunas personas en prisión y afirmó que la acusación en su contra es falsa.

Al ser consultada sobre si esta es una persecución de la fiscal Consuelo Porras, afirmó que sí y que no hay otra razón. “Obviamente es una criminalización, hostigamiento y persecución penal innecesaria del MP”, comentó la abogada.

Afirmó que el tipo de abuso de autoridad es muy específico, porque es de funcionario público, pero cuando ella era mandatario de Cicig, no eran funcionarios públicos, sino que mandatarios de una organización internacional.

Espera que el caso no sea puesto en reserva, pues considera que esa modalidad que usa el MP para impedir que no se vean todas las arbitrariedades e ilegalidades que se cometen.

Enviada a prisión

El juez Jimi Bremer le dio a conocer a Claudia González el motivo de su detención y la envió a prisión provisional a la cárcel Mariscal Zavala.

Se programa la audiencia de primera declaración para el 6 de septiembre a las 10 horas.

Almagro y Guterres condenan acciones

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Américanos (OEA) se pronunció en sus redes sociales sobre los cateos y acciones del MP contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval.

En su cuenta de X, antes Twitter, publicó: “Acciones como la denunciada hacen perder credibilidad en la justicia y su funcionamiento. Nuestra condena y el llamamiento a respetar las instituciones y guiarse por los preceptos y pilares del Estado de Derecho”.

Acciones como la denunciada hacen perder credibilidad en la justicia y su funcionamiento. Nuestra condena y el llamamiento a respetar las instituciones y guiarse por los preceptos y pilares del Estado de Derecho. https://t.co/A8xu6sDv9a

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 28, 2023

Posteriormente, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación sobre los allanamientos y órdenes de captura ejecutadas por el MP.  “El Secretario General observa con preocupación informes sobre recientes redadas y órdenes de arresto contra fiscales guatemaltecos y una exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González.
Recuerda las importantes contribuciones de los dedicados funcionarios de justicia y, durante su período de funcionamiento, de la CICIG y su personal, a la lucha contra la impunidad y la corrupción”, manifestó la ONU en un comunicado.

Asimismo, las relatoras especiale de la ONU, Mary Lawlor y Margaret Satterthwaite se pronunicarion a través de la red social X.

“Recibo noticias muy preocupantes sobre la detención de la abogada, defensora de derechos humanos y ex fiscal Claudia González Orellana en #Guatemala. Las autoridades deben garantizar sus derechos, incluido el derecho a acceder a un abogado de su elección”, escribió Satterhwaite en la red X. 

Recibo noticias muy preocupantes sobre la detención de la abogada, defensora de derechos humanos y ex fiscal Claudia González Orellana en #Guatemala. Las autoridades deben garantizar sus derechos, incluido el derecho a acceder a un abogado de su elección.

— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) August 28, 2023

Recibo noticias muy preocupantes sobre la detención de la abogada, defensora de derechos humanos y ex fiscal Claudia González Orellana en #Guatemala. Las autoridades deben garantizar sus derechos @GuatemalaONU.

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) August 28, 2023

Quién es el juez Bremer

Quién es el juez Bremer

El juez Bremer fue incluido, el 19 de julio de 2023, en la Lista Engels del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que designa a  actores corruptos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Este listado es parte del informe que se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité Judicial de la Cámara y al Comité Judicial del Senado de Estados Unidos.

El señalamiento contra el juez Brener es que socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.

También ordenó que el MP investigara a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación en un caso vinculado con Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, condenado por lavado de dinero en un caso que se señala como persecución por la labor periodística del imputado.

La Sala Segunda de Apelaciones avaló este martes 21 de febrero continuar con el proceso de extradición contra el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, por el caso que mantiene en prisión preventiva al periodista José Rubén Zamora, informaron fuentes judiciales.

El fallo de la Sala se da luego de que rechazara un amparo interpuesto por Sandoval para detener el proceso de extradición desde Estados Unidos.

En este caso, el Ministerio Público (MP) sindica a Sandoval de contribuir en el lavado de dinero, con lo que, de acuerdo con la Feci, el exfiscal habría cometido varios delitos.

Dichos señalamientos se hacen con base en las pesquisas de la Fiscalía, que indican que Sandoval sostuvo una conversación con Zamora, en la que se compartió información de una investigación y se ofreció a intervenir, pese a que ya no estaba en el cargo; sin embargo, Sandoval, asegura que se trata de una persecución política.

El pasado 2 de diciembre, el Juzgado Séptimo Penal “A” autorizó solicitud de extradición del exfiscal Juan Francisco Sandoval. A quien se le señala de haber cometido denegación de justicia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

De esa cuenta, la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de MP presentó ante el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, la solicitud de formal extradición ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

El 12 de septiembre recién pasado, el MP informó que una orden de detención contra el exfiscal Sandoval se deriva de las investigaciones del caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

En un comunicado de prensa, el MP señaló en esa ocasión que la orden de aprehensión contra Sandoval fue dictada por el juez contralor de garantías por la posible comisión de los delitos de denegación de justicia, cuando era jefe de la Feci, así como la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal.

El comunicado agregó en esa oportunidad: “Según la investigación de la Fiscalía, Sandoval, en pleno ejercicio de su cargo como Fiscal de Sección, habría sostenido comunicación telefónica con el sindicado Jose Rubén Zamora Marroquín, con el propósito ilícito de compartirle información de una investigación. Posteriormente, cuando ya no se encontraba en el ejercicio de su cargo, sostuvo comunicación telefónica con Zamora Marroquín, en la cual se ofreció a intervenir en casos que se encuentran en investigación y de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo”.

Sandoval asegura que apelará en la CC, porque esos delitos no están contemplados en el tratado de extradición con Estados Unidos.

El juez B del Juzgado Décimo Penal, Jimi Bremer, resolvió aceptar una querella penal que plantearon el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval y la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Leily Santizo, para que se inicie una investigación contra la fiscal de la Feci que solicitó una orden de captura en su contra.

La resolución es sobre el expediente 01070-2022-00503, Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y es de fecha 25 de noviembre de 2022.

La querella fue presentada por Juan Francisco Sandoval Alfaro, por medio de su abogada Claudia González Orellana, y Leily Indira Santizo Rodas y va en contra de Leonor Eugenia Morales Lazo, fiscal de la Feci, por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, revelación de secretos y colusión.

En la resolución, el juez indica que se traslada el expediente al Ministerio Público (MP) para que se designe una fiscalía y se comience una investigación por las presuntas irregularidades en el trámite de la orden de aprehensión que solicitó la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, en un Juzgado de Diligencias Urgentes.

El caso

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), informó el miércoles 19 de octubre en la cuenta de Twitter del Ministerio Público (MP) acerca de órdenes de captura contra Leily Santizo, exmandataria de la Cicig, y el exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Curruchiche explicó que como parte de la investigación desarrollada en seguimiento al caso Cooptación y Corrupción Judicial, fue girada la orden de aprehensión contra Santizo por la posible comisión de obstaculización a la acción penal.

Añadió que el juez también giró una nueva orden de captura nacional e internacional contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro al “advertir indicios suficientes de la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”.

Según la Feci, el 10 de enero de 2022 por medio de una red de mensajería se reveló la existencia de un mensaje en el que Santizo habría indicado a Sandoval que le envió el memorial de conexión de causa vía correo electrónico.

En ese sentido, Sandoval el 12 de enero habría manifestado por mensaje de texto que tenía conocimiento que el 5 de febrero citarían a los abogados y fiscales del Caso Odebrecht, “lo cual denota que posiblemente sostenían comunicación con personal del Juzgado de Mayor Riesgo D”.

Presumen que había comunicación entre ambos, ya que previo a notificar a las partes procesales, Sandoval ya tenía conocimiento de una audiencia, la cual solicitó fuera corroborada por Santizo.

El 1 de febrero del 2022, Sandoval le habría informado a Santizo de forma literal que la juez cuarto no quería enviar el proceso y que “hay que ir a procurar a que lo mande”.

Según Curruchiche, el exfiscal Sandoval “tiene conocimiento de una carpeta judicial que se encuentra bajo reserva, a pesar de haber sido emitidas tres órdenes de aprehensión en su contra”.

Afirmó que el 1 de febrero, Santizo se comunicó con Sandoval y aunque el caso está bajo reserva y el exfiscal no es sujeto procesal, le habría informado acerca de apercibimiento presentado ante la juez para que no entregara el expediente y le solicitó se pudiera publicar que la jueza se negaba a entregarlo.

Luego Sandoval habría enviado un mensaje para indicar que en el Caso Odebrecht el Juzgado Cuarto Penal no envió al Juzgado de Mayor Riesgo D el expediente del proceso iniciado por el MP por la supuesta aprobación de acuerdos de colaboración eficaz.

Curruchiche señaló que Sandoval emitió recomendaciones en un proceso penal en el cual hay una orden de captura en su contra y le envió a Santizo el texto que tenía que publicar para hacer intimidación mediática contra la juez A del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal.

El Juzgado Séptimo Penal “A” autorizó solicitud de extradición del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

La solicitud de extradición fue avalada y se le señala al exfuncionario de haber cometido supuestamente denegación de justicia, tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

En ese sentido, la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público (MP) presentó ante el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, la solicitud de formal extradición ante el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Mientras que Sandoval, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, reaccionó en su cuenta de Twitter y escribió: “Los delitos que me inventan no están en el tratado de extradición entre Guatemala y EE. UU.”

El 12 de septiembre recién pasado, el MP informó que una orden de detención contra el exfiscal Sandoval se deriva de las investigaciones del caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

En un comunicado de prensa, el MP señaló en esa ocasión que la orden de aprehensión contra Sandoval fue dictada por el juez contralor de garantías por la posible comisión de los delitos de denegación de justicia, cuando era jefe de la Feci, así como la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal.

El comunicado agregó en esa oportunidad: “Según la investigación de la Fiscalía, Sandoval, en pleno ejercicio de su cargo como Fiscal de Sección, habría sostenido comunicación telefónica con el sindicado Jose Rubén Zamora Marroquín, con el propósito ilícito de compartirle información de una investigación. Posteriormente, cuando ya no se encontraba en el ejercicio de su cargo, sostuvo comunicación telefónica con Zamora Marroquín, en la cual se ofreció a intervenir en casos que se encuentran en investigación y de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo”.

Añadió que por el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, el juez contralor de garantías anteriormente resolvió ligar a proceso penal al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias.

Para leer más: Caso Jose Rubén Zamora: organizaciones de prensa de Perú entregan carta al canciller Búcaro y piden “liberación” de periodista

Otras órdenes de captura

El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal giró otra orden de captura contra exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval por los delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.

La información se confirmó el 3 de septiembre de 2021 y esta orden de captura se debe a un caso que se encuentra bajo reserva.

El 30 noviembre de 2021, el MP informó que por una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos se giró una orden de aprehensión contra Juan Francisco Sandoval, por delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, fraude y conspiración.

El Juez Séptimo Penal Fredy Orellana resolvió que la exauxiliar fiscal Samari Gómez deberá permanecer en prisión preventiva en el centro carcelario de Mariscal Zavala, durante una audiencia que se desarrolló este martes 25 de octubre.

La defensa de Gómez solicitó una revisión de la medida y pidió que se otorgara medida sustitutiva para que la acusada permaneciera en arresto domiciliario, en Sacatepéquez, pero el juez Orellana la rechazó.

El abogado defensor planteó que Gómez se presentara una vez al mes al Ministerio Público, para así constatar que no había riesgo de fuga. Además, propuso que la acusada no sostendría conversaciones con ningún colaborador del Ministerio Público, excepto algún familiar.

No obstante, el juez Orellana negó la petición a la exfiscal acusada por presuntamente revelar información confidencial o reservada, en un caso en el que el Ministerio Público vincula también al periodista José Rubén Zamora.

Feci señala a Samari Gómez

La resolución del Juez se basó en los argumentos que expuso la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Orellana argumentó que Gómez incumplió con un permiso para retirar sus objetos personales del Ministerio Público.

Ya que, según los fiscales del MP, estuvo un aproximado de seis horas dentro de las instalaciones, cuando solo se le permitía ingresar y retirar sus pertenencias.

“Seis horas y media en una reunión, lo que denota es confianza, posible amistad íntima, un lazo interpersonal. Conocimiento previo con esas personas que estuvo reunidas quienes laboran en la FECI”, dijo el juez.

También puede leer: Conred inspecciona caverna en calzada Roosevelt y Empagua descarta peligro en el sector

Además, dijo: “No es lógico, no es común, que un privado de libertad sea recibido en el Ministerio Público por seis horas y media, irse a encerrar, irse a platicar e irse a almorzar”.

El juez también resolvió que “la jefa del Ministerio Público gire sus órdenes para que se realice una investigación objetiva, inmediata, profesional y técnica, para que se logre determinar o individualizar quién o quiénes, posiblemente pudieron haber incurrido en estas faltas que regula la ley orgánica del Ministerio Público, sean auxiliares fiscales, agentes fiscales, técnicos”.

Orellana dio un plazo de 45 días para que el Ministerio Público presente un informe para establecer si hay posible responsabilidad disciplinaria o penal.

Anteriormente, ya había rechazado la medida de arresto domiciliario que la defensa de Gómez solicitó el pasado 14 de septiembre.

La exauxiliar fiscal ha sostenido ante el juez, durante el proceso, que actuó con base a lo establecido en el convenio de colaboración eficaz.

Defienden su inocencia

La exauxiliar fiscal ha sostenido ante el juez, durante el proceso, que actuó con base a lo establecido en el convenio de colaboración eficaz. “En ningún momento yo realicé acciones contrarias a las instrucciones de la agente fiscal a cargo del expediente”, expuso.

El 9 de septiembre de este año, el juez imputó a Gómez por un delito, mientras que a Zamora por supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. La defensa de ambos sostienen su inocencia, considerando que las pruebas presentadas por la Feci no sólidas.

La detención de Zamora generó una ola de pronunciamientos de organizaciones y organismos nacionales e internacionales, entre estas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que abogó por su libertad inmediata.  

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), informó este miércoles 19 de octubre en la cuenta de Twitter del Ministerio Público (MP) acerca de órdenes de captura contra Leily Santizo, exmandataria de la Cicig, y el exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Curruchiche explicó que como parte de la investigación desarrollada en seguimiento al caso Cooptación y Corrupción Judicial, fue girada la orden de aprehensión contra Santizo por la posible comisión de obstaculización a la acción penal.

Añadió que el juez también giró una nueva orden de captura nacional e internacional contra el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro al “advertir indicios suficientes de la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”.

Según la Feci, el 10 de enero de 2022 por medio de una red de mensajería se reveló la existencia de un mensaje en el que Santizo habría indicado a Sandoval que le envió el memorial de conexión de causa vía correo electrónico.

En ese sentido, Sandoval el 12 de enero habría manifestado por mensaje de texto que tenía conocimiento que el 5 de febrero citarían a los abogados y fiscales del Caso Odebrecht, “lo cual denota que posiblemente sostenían comunicación con personal del Juzgado de Mayor Riesgo D”.

Presumen que había comunicación entre ambos, ya que previo a notificar a las partes procesales, Sandoval ya tenía conocimiento de una audiencia, la cual solicitó fuera corroborada por Santizo.

El 1 de febrero del 2022, Sandoval le habría informado a Santizo de forma literal que la juez cuarto no quería enviar el proceso y que “hay que ir a procurar a que lo mande”.

Según Curruchiche, el exfiscal Sandoval “tiene conocimiento de una carpeta judicial que se encuentra bajo reserva, a pesar de haber sido emitidas tres órdenes de aprehensión en su contra”.

Afirmó que el 1 de febrero, Santizo se comunicó con Sandoval y aunque el caso está bajo reserva y el exfiscal no es sujeto procesal, le habría informado acerca de apercibimiento presentado ante la juez para que no entregara el expediente y le solicitó se pudiera publicar que la jueza se negaba a entregarlo.

Luego Sandoval habría enviado un mensaje para indicar que en el Caso Odebrecht el Juzgado Cuarto Penal no envió al Juzgado de Mayor Riesgo D el expediente del proceso iniciado por el MP por la supuesta aprobación de acuerdos de colaboración eficaz.

Para leer más: Sala de Apelaciones rechaza apelación de la Feci y confirma falta de mérito a favor de Siomara Sosa y Leily Santizo

Curruchiche señaló que Sandoval emitió recomendaciones en un proceso penal en el cual hay una orden de captura en su contra y le envió a Santizo el texto que tenía que publicar para hacer intimidación mediática contra la juez A del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal. 

Sandoval se pronuncia

Por medio de su cuenta de Twitter, el exfiscal Juan Francisco Sandoval se pronunció e indicó que se enteró de la cuarta orden de captura en su contra y de la orden de aprehensión contra Santizo, con quien se solidariza.

Añadió que el anuncio de la Feci está acompañado por una serie de mensajes “que lo único que denotan es que estoy ejerciendo la defensa en mis casos y que tenía una comunicación con una de las bogadas que forman parte del equipo”.

Señaló que el mensaje que brinda la Feci “es que ni siquiera podemos ejercer la defensa”.

“Se habla de un caso que está reservado, pero obviamente el caso no estaba reservado para mí, porque el mismo fiscal anuncian que yo tenía una orden de captura en una de esas causas”, afirmó.

Dijo que con estas acciones no se puede ejercer la libertad de expresión.

Los mensajes que envía la nueva acción en mi contra: 1) No puedo ejercitar mi defensa; 2) No puedo tener acceso a los procesos en los que me han señalado; 3) No puedo tener acceso a los medios de comunicación. Solidaridad con Leily Santizo. pic.twitter.com/AGOKFEZ1EV

— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) October 19, 2022

El Ministerio Público (MP), informó este lunes 12 de septiembre, que derivado de la investigación desarrollada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente resolvió girar orden de aprehensión en contra de Juan Francisco Sandoval Alfaro.

En un comunicado de prensa, el MP señala que la orden de aprehensión contra Sandoval fue dictada por el juez contralor de garantías por la posible comisión de los delitos de denegación de justicia, cuando era jefe de la Feci, así como la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias y obstaculización a la acción penal.

“Según la investigación de la Fiscalía, Sandoval Alfaro, en pleno ejercicio de su cargo como Fiscal de Sección, habría sostenido comunicación telefónica con el sindicado Jose Rubén Zamora Marroquín, con el propósito ilícito de compartirle información de una investigación. Posteriormente, cuando ya no se encontraba en el ejercicio de su cargo, sostuvo comunicación telefónica con Zamora Marroquín, en la cual se ofreció a intervenir en casos que se encuentran en investigación y de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo”, se lee en el comunicado.

Agrega que por el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, el juez contralor de garantías anteriormente resolvió ligar a proceso penal al periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias; Samari Carolina Gómez Díaz por el delito de revelación de información confidencial o reservada y Flora Emilza Silva Flores, por el delito de lavado de dinero u otros activos.

“En virtud de que el caso se encuentra bajo reserva judicial, según lo establece la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en el momento procesal oportuno se estarán dando a conocer los avances de la investigación”, se lee en el comunicado del MP.

Añade que “el MP reitera su firme compromiso de velar por el estricto cumplimiento de la ley mediante investigaciones objetivas, imparciales e independientes, con apego al principio de legalidad”.

#ComunicadoDePrensa#CasoChantajeImpunidadYLavadoDeDinero
Ministerio Público informa: pic.twitter.com/tTKuikhVox

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 12, 2022

Sandoval responde

Respecto a la nueva orden de captura, Sandoval emitió un comunicado en el que señala que se trata de “un proceso espurio” para criminalizarlo.

“El fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la antes conocida como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ha anunciado hoy, 12 de septiembre, una nueva orden de captura en mi contra. Se trata de la tercera que el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras gestiona. Esta es una nueva acción y proceso espurio con el evidente fin de criminalizarme. Al fiscal Curruchiche lo mueve un deseo de venganza por la labor realizada contra la corrupción, y contra numerosos personajes responsables de apropiarse de fondos públicos”, señala Sandoval en el documento.

Sandoval añade que, “desde que llegó a ese cargo, el señor Curruchiche se ha dedicado a perseguir a antiguos fiscales contra la corrupción, jueces independientes y a periodistas que han denunciado los robos al erario”.

También dijo que “en cambio, ha defendido y defiende de forma activa, a quienes se han enriquecido con el dinero de los contribuyentes. Incluso procura que los corruptos, los responsables de restarle oportunidades a las personas más necesitadas del país, operen en impunidad”.

“Bajo su mando, y por deseo expreso de la señora Consuelo Porras, la FECI dejó de perseguir la corrupción para pasar a facilitarla. Una orden más de captura en mi contra no me desvela. En cambio, pone en evidencia al sistema judicial que, trabaja para los corruptos”, concluye el comunicado.

Integrantes de varias organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa para mostrarle su apoyo al juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez, debido a que magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad a solicitud de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

Esto es por haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), en el caso conocido como Diario Militar.

Miriam Nineth Ramírez Gálvez, de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que la conferencia de prensa fue para mostrar su apoyo y dar a conocer un comunicado de respaldo al juez Gálvez, por la persecución que hay contra su trabajo.

El comunicado menciona que el incremento de las amenazas a la integridad e independencia judicial contra el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, las cuales se intensificaron a partir del 6 de mayo de 2022, cuando resolvió enviar a debate oral y público a 9 exmilitares y policías acusados de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, violencia sexual y asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno, resolución dictada en el caso conocido como Diario Militar.

Añade que les causa profunda preocupación la admisión de la solicitud de antejuicio interpuesta “a través de una denuncia espuria, con intenciones claras de violentar la independencia judicial de juezas y jueces que conocen casos de alto impacto”.

Agrega el comunicado que dichas denuncias provienen de “actores con evidentes nexos con el pacto de corruptos y criminal, quienes pretenden obstaculizar el derecho al acceso de justicia de las víctimas, así como darle continuidad al debilitamiento del sistema judicial”.

“La indignación que nos generan las acciones ilegales y espurias, las cuales evidencian el continuo de la obstrucción de la justicia y el derecho a la verdad de miles de víctimas y sobrevivientes, quienes por más de tres décadas siguen esperando respuestas a sus demandas,  por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por las fuerzas de seguridad del Estado que actuaron de manera clandestina e ilegal”, cita el comunicado.

Solidaridad

El documento también establece que son solidarios con las y los familiares de víctimas del Caso Diario Militar, y que esperan que sus demandas no se queden en un limbo legal por acciones que pretenden menospreciar su palabra, mantener la impunidad para que la historia no se conozca, ni se juzgue y continuar con las políticas de olvido.

Respaldo a jueces

La organizaciones también mencionan que respaldan a juezas, jueces y operadores de justicia que llevan a cabo su quehacer en un clima de amenazas, represión, cierre de espacios democráticos y de utilización de las instituciones para perseguir penalmente a quienes trabajan para que la impunidad y la corrupción no sean la norma en el país, como lo fue en los años más oscuros de la historia reciente guatemalteca.

Exhortaron a la comunidad internacional a que esté atenta al acontecer político y social de Guatemala para que los retrocesos en el ejercicio de los derechos humanos no lleguen a un punto de no retorno.

“Les pedimos que sigan acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado en su anhelo y exigencia de que se respeten las garantías de no repetición para que ninguna persona viva el horror de la represión, nunca más”, se lee en el documento.

Instan a la población en general a que se informe responsablemente, observe, analice y proponga acciones en defensa del Estado de Derecho, donde la justicia se aplique de manera pronta, efectiva e imparcial, y no se vulneren los derechos humanos de y todos.

Situación preocupante

Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos  (CALDH), expresó que es preocupante la situación que viven no sólo los operadores de justicia sino también líderes y lideresas en el interior del país y señaló a la Fundación Contra el Terrorismo como uno de los promotores de estos procesos.

Recordó que activistas y defensores de derechos  humanos y líderes que están en los territorios también tienen denuncias espurias y hay una alta criminalización contra ellos, pero ahora se ha sumado la situación en el sistema de justicia.

Recalcó que los operadores de justicia probos están siendo perseguidos por la FCT, que es quien está articulando esa persecución penal con la complicidad de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, específicamente la CSJ, quien en lugar de declarar sin lugar las denuncias espurias, les dan trámite, nombra jueces o juezas pesquisidores, que según él, son parte de esa mismo sistema de impunidad judicial.

Quieren sacar a los jueces

Señaló que esas condiciones se dan para que sea declarada con lugar el antejuicio y que el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar sea separado del cargo, tal y como ocurrió con el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, quien está fura mientras soluciona su situación jurídica.

“Definitivamente lo que están buscando es separar a estos jueces y juezas independientes de su judicaturas, mientras resuelven su situación jurídica sabiendo que en Guatemala para resolver una situación de ese tipo, que es eminentemente política, tardarán mucho tiempo en resolverlo”, afirmó Reyes.

Comentó que es muy preocupante la situación que se está dando y mencionó que hay que observar todas y cada una de las instancias que se dan, pues hay que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad abiertamente responde a ciertos intereses.

“El camino es bastante delicado, porque no hay una salida jurídica a esos casos, simplemente van a haber resoluciones contrarias y eso va a dañar al sistema de justicia”, puntualizó Reyes.

Recordó que otros jueces como Erika Aifán y operadores de justicia como el exjede de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, se han ido al exilio por la persecución política y jurídica promovida por organizaciones y fundaciones como la Fundación contra el Terrorismo.

“Estamos ante una dictadura… ya estamos frente a una dictadura de Estado donde todos los organismos van a hacer comparsa de lo mismo, entonces cualquier solicitud de este tipo, cualquier situación que se dé contra ciertos jueces van a ser perseguidos penalmente”, señaló Reyes.

Persecución jurídica y política

Comentó que lo que vive el juez Gálvez es una persecución política-jurídica, la cual tienen para ciertos jueces, pues ha resuelto en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pero también en casos como La Línea en donde están señalados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

“Sabemos que la factura que le están tratando de colocar al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar es una factura muy alta por todos los casos del presente como los casos de justicia transicional que ya llevado”, afirmó.

Reyes comentó que están a la espera de medidas cautelares provisionales que se están pidiendo a la Corte Interamericana y esperan que sean emitidas a favor del juez Gálvez.

Manuel Farfán, también de Famdegua, aseguró que están en reuniones con los familiares con las organizaciones para tomar decisiones y acciones prontas.