En el caso Cooptación del Estado, los más de 50 sindicados urgen para mayo próximo ir a etapa intermedia, en la que se determinará si van o no a juicio, pero antes tratan de impedir que se concrete la colaboración eficaz de tres sindicados que llegaron a acuerdos en 2018 con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Los colaboradores eficaces deben de formalizar su figura y beneficios declarando en anticipo de prueba ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, aunque en los últimos cinco años Ingrid Marisol Dávila Álvarez, María del Carmen Palencia Espinosa y Víctor Hugo Hernández no han podido declarar.

En el proceso ha habido demoras por amparos, agenda saturada del juzgado y cambios de juez desde que Miguel Ángel Gálvez se exilió.

En 2018 se avaló la colaboración eficaz y en el punto tercero de los acuerdos se tiene por obligatoriedad la declaración ante el juez. De no hacerlo y empezar la etapa intermedia, los sindicados podrían perder los beneficios que consensuaron con la Feci del Ministerio Público.

“Como consecuencia del presente acuerdo, el procesado o colaborador se obliga a rendir información testimonial en calidad de anticipo de prueba ante el juez Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo del grupo B del departamento de Guatemala para efectos de producir prueba legal y legítima en contra de los partícipes y cualquier otra persona que pudiera estar sindicada dentro de la investigación”, determinan los convenios.

La audiencia de etapa intermedia se programó para el 2 de mayo próximo, y la Feci en menos de 11 días debe justificar y convencer a la jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, de lo necesario de las declaraciones para que sean escuchados y no arriesgar los convenios.

Colaboradores

Entre los colaboradores eficaces está Hernández, quien fue contador y representante de un conglomerado de empresas que coordinó Juan Carlos Monzón, quien fue secretario de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Ese conjunto de empresas, por la investigación de la Feci se determinó que no existían, y por medio de ellas en la campaña de 2011 se recibieron aportes para el Partido Patriota (PP).

La investigación establece que las empresas de Hernández le entregaban facturas falsas y, en ocasiones, por servicios intangibles y difíciles de rastrear como “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repite constantemente.

Unos Q15 millones habría recibido Hernández por medio de la empresa que administraba y que eran parte de la red de Monzón y Baldetti.

Asimismo, Palencia Espinoza posee información de interés en el caso por haber sido la secretaria de Hernández.

La colaboración de Dávila Álvarez interesa a la Feci porque ella fue secretaria de Monzón en las empresas que tuvo, como por ejemplo en Canchas Deportivas, S.A. Ella a los fiscales les ha relatado cómo los operadores del extinto Partido Patriota acudían a la compañía.

Baldetti

En la audiencia de este miércoles, Baldetti anunció que no tenía representación legal y el abogado Gustavo Juárez confirmó su renuncia a continuar brindado su asesoría.

La jueza Recinos ordenó a Juárez continuar con la representación a la ex vicepresidenta hasta que consiga nuevo abogado.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti, fue condenado a más de 18 años de prisión conmutable, acusado de diversos delitos en los casos La Línea y Cooptación del Estado. El fallo condujo a una reducción de la pena, al estar bajo la figura de colaborador eficaz.

Monzón admitió desde comienzos del proceso judicial que participó dentro de la estructura criminal “La línea” por instrucciones de Baldetti, luego de permanecer prófugo y entregarse a la justicia, en octubre de 2015.

Las escuchas telefónicas que sostuvo con el exsuperintendente Carlos Omar Muñoz y los testimonios de otros implicados del caso como, Estuardo González, alias Eco, fueron pruebas que el Ministerio Público (MP) presentó y que Monzón respaldó en sus declaraciones ante el juez.

Monzón testificó acerca de las operaciones de “La línea” en distintas aduanas del país, apegado a la figura de colaborador eficaz.

Sentencia contra Monzón

El juez Miguel Ángel Gálvez resolvió que Monzón deberá cumplir una sentencia de 18 años, cuatro meses y dos días de prisión conmutable durante una audiencia que se llevó a cabo este viernes 28 de octubre de 2022.

Por el caso “La Línea”, Gálvez le impuso a Monzón una pena por el delito de asociación ilícita de 3 años y 4 meses; por casos especiales de defraudación, 3 años, 10 meses y 21 días; y por cohecho pasivo otros 2 años, 9 meses y 10 días más. Adicional se le impuso una multa de Q50 mil.

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Asimismo, en el caso Cooptación del Estado, el juez resolvió que deberá solventar la conmuta por el delito de asociación ilícita por 3 años y 4 meses; lavado de dinero, 5 años; cohecho pasivo, 2 años y 9 meses; y abuso de autoridad, de un año.

Gálvez aceptó la legalidad del convenio de colaboración eficaz entre Monzón y el Ministerio Público la semana pasada. Recordó este viernes que entre ese acuerdo Monzón “no solo pagó con bienes que fueron relacionados a los hechos” sino que permaneció en prisión y estaba siendo condenado.

“Él tiene que tener buena conducta por cierto tiempo, si no tiene esa buena conducta se va a iniciar el proceso por el nuevo delito”, advirtió el juez durante la audiencia, al referirse a las consecuencias legales en caso de que Monzón esté implicado en una nueva acción delictiva.

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Salió del país

Monzón, quien estuvo ausente durante la diligencia, declaró en la audiencia previa su “arrepentimiento” e instó a otros funcionarios públicos a que “las cosas cuando se puede y se quiere, se pueden hacer bien”.

Alexis Calderón, abogado defensor del exfuncionario, aseguró que Monzón “no está con ningún asilo político” y que él por sus propios medios está en el extranjero.

El exsecretario privado de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, se presentó este viernes 21 de octubre al Juzgado de Mayor Riesgo B para audiencia que da por finalizado lo estipulado en acuerdo de colaboración eficaz en el Caso La Línea y el caso Cooptación del Estado.

El juez Miguel Ángel Gálvez aceptó la legalidad del convenio de colaboración eficaz entre Monzón y el Ministerio Público (MP) y el viernes 28 de octubre dictará sentencia, según lo   acordado en el convenio.

Condenas solicitadas

En el Caso La Línea, el MP acordó una condena de 3 años y 4 meses por asociación ilícita, por caso especial de defraudación solicitó 3 años 10 meses y 21 días e inhabilitación para cargos públicos.

Además, por cohecho pasivo el ente investigador pidió 2 años 9 meses y 11 días de prisión.

En total, por el referido caso, el MP solicitó una condena de 10 años y dos días.

Mientras que en el Caso Cooptación del Estado la solicitud fue una pena de 3 años 4 meses por asociación ilícita, por cohecho pasivo 2 años y 9 meses (se otorga suspensión de la pena).

Por lavado de dinero 5 años y por abuso de autoridad 1 año (se otorga el perdón judicial).

En total en este caso, sería 8 años y cuatro meses de condena, aunque falta la decisión final del juez.

Durante la audiencia, Monzón resaltó la actuación del MP por haber avalado su “convenio y haber respetado los acuerdos”.

Dijo que la retribución económica de Q1 millón 560 mil producto del 4% de lo defraudado fue pagado en base al acuerdo de colaborador en Cooptación del Estado.

Mientras que el juez Miguel Ángel Gálvez indicó que dentro del acuerdo de colaborador eficaz la única facultad que tiene el juzgador es decirle al MP que cumpla con todos los requisitos.

Añadió que al aprobar el convenio de colaborador eficaz, la primera exigencia era que cumpliera Juan Carlos Monzón y diera sus declaraciones.

Monzón agregó que está de acuerdo con las disposiciones, las penas y el procedimiento abreviado que solicitó el MP.

Recordó los inmuebles que tuvo que entregar y que hay otros bienes que no están descritos y solo tienen medida cautelar, entre estos una casa y vehículos, que pidió fueran liberados.  

Antes de que el juicio por el Caso La Línea llegara a su fase final, Monzón advirtió que había riesgo que sus beneficios como colaborador eficaz se anularan, pero el MP aclaró que no lo harían.

Coincidentemente Monzón después de que el MP afirmara que respetaría el convenio de colaboración eficaz, ha presentado una denuncia en contra de la exfiscal general Thelma Aldana y del exfiscal Juan Francisco Sandoval.

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Después de la audiencia, Monzón dio declaraciones a la prensa. Le preguntaron de su opinión respecto de las personas que estaban imputadas junta a él y respondió que en beneficio de todos los procesados, “que bien que ya esté llegando a su final -el proceso- y los juzgados van a decidir si corresponde las sentencias solicitadas”.

Dijo que está de acuerdo con las sentencias solicitadas en su caso.

También le consultaron de qué lección deja a su persona estos procesos judiciales que ha librado en estos años, a lo que dijo: “en lo personal una lección realmente fuerte en que las cosas se deben hacer bien y se pueden hacer bien”.

Agregó: “El arrepentimiento que definitivamente tengo y la verdad es que insto a todos los funcionarios públicos a que las cosas cuando se puede y se quiere, se pueden hacer bien”.

Recordó los bienes que logró como empresario y según Monzón, esos beneficios son de él y de su familia.

“Nadie sabe dónde estoy, de repente aquí vivo siempre”, respondió a otra pregunta.

Caso La Línea

El 18 de octubre recién pasado, el MP presentó en el Tribunal de Mayor Riesgo B las conclusiones en el Caso La Línea y solicitó condenas en contra de 29 implicados.

Contra los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, el ente investigador pidió penas por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.

Para ambos exfuncionarios solicitó 30 años de cárcel y una multa de Q73.1 millones.

Las primeras capturas en esta caso  ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por el exbinomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti.

Mientras que el caso Cooptación es una investigación que señala a varios miembros del Partido Patriota (PP) que supuestamente lograron establecer una red que cooptaba al Estado y cometía varios actos de corrupción.

Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, declaró este lunes 29 de agosto en el Tribunal de Mayor Riesgo B en donde se sigue el juicio por el Caso La Línea y defendió que es inocente de las acusaciones que se le imputan.

Pérez Molina dijo que es inocente de los señalamientos que le está haciendo el Ministerio Público y que son ellos los que tienen que demostrar la culpabilidad de lo que le sindican.

El exmandatario dijo a los miembros del Tribunal que quería iniciar con un pequeño recuento de reuniones que tuvo con el entonces jefe de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, en octubre de 2013.

Señaló que cuando Velásquez llegó al país se reunió con diferentes sectores de la sociedad y también con su gobierno y en esas reuniones se acordó apoyo mutuo y también colaboración en el tema de aduanas con el objetivo de elevar los niveles de recaudación y combatir las estructuras de defraudación aduanera.

Agregó que la Cicig ya tenía conocimiento de estos temas y por eso de mutuo acuerdo se decidió combatir este flagelo.

Recordó que a finales de octubre de 2013 el Gobierno inició operativos por una intervención aduanera pues la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) era una dependencia autónoma y no se podía entrar a cambiar sus funciones.

Fue así que se montaron operativos fuera de las aduanas, se asignaron policías y soldados, así como personal del Ministerio Público, para revisar la mercadería, que los marchamos de los contenedores estuvieran bien colocados y todo lo que permitiera no interferir con la SAT.

En la audiencia reprodujo una audio de Velásquez, en donde este reconocía que junto al Gobierno habían decidió investigar a las estructuras de defraudación en aduanas.

Pérez Molina dijo que ese audio era importante, porque aclaraba que desde el Gobierno había esfuerzos para luchar contra esos delitos.

Recuerda que en diciembre del 2014 empieza la acusación contra él y que es ilógico que él mismo hubiera pedido dicha intervención en las aduanas y acordar la colaboración de la Cicicg si él hubiera estado involucrado en algún ilícito.

La acusación es que él y la entonces vicepresidenta Baldetti eran los líderes de una organización dedicada a defraudar al fisco y se que se hablaba de más de 100 mil llamadas que había como medios de prueba.

Pérez Molina afirmó ante el Tribunal, que de esas 100 mil llamadas solo en una se escucha su voz y es una llamada con el superintendente de Administración Tributaria.

El expresidente expresó que de igual  manera esa llamada o escucha que presentaron es ilegal, puesto que él gozaba de antejuicio y nadie podía grabar ese tipo de llamadas.

“Yo llamé al señor Carlos Muñoz -jefe de la SAT- y él no contestó en ese momento entonces devolvió la llamada 5 o 10 minutos después; la llamada entró a Casa Presidencial y tal como se oye en la escucha telefónica, le dicen que se espere, que van a transferirla. Quiere decir que los que estaban haciendo la intercepción en ese momento no pueden hablar de algo inevitable, porque es una llamada a la línea y él -Muñoz- había dicho que quería hablar con el presidente de la República y el presidente gozaba de antejuicio… lo que ellos debían haber hecho -quienes grababan- era cortar la llamada, porque era una persona que gozaba de antejuicio y no se podían hacer escuchas telefónicas”, dijo Pérez Molina.

Según el exfuncionario, la acusación contra habla de más de 5 mil correos electrónicos, pero en ninguno aparece su nombre. También mencionó que se incautaron conversaciones e información de medios electrónicos y tampoco aparece su nombre.

Afirma que en las escuchas telefónicas se menciona que las personas hablaban del 1 o del dueño de la finca, pero no se menciona que hablaron con Otto Pérez Molina o con el presidente directamente.

“No di ordenes ilegales”

Perez Molina también señaló que los colaboradores eficaces del caso en ningún momento dijeron que recibieron órdenes ilegales directas de su persona y asegura que no lo dijeron, porque no existió nunca una orden directa.

Comentó que en la acusación se le señala a él y a Baldetti de ser los cabecillas de una red de defraudación que era dirigida operativamente por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta y  colaborador eficaz del caso.

Los señalaban de ser una estructura que anómalamente hacía el ajuste y cobro de mercancías que se les asignaba selectivo rojo en las aduanas de Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y la Aduana Central, justamente en la semana cuando él había hablado con el comisionado Velásquez de lanzar un esfuerzo común de luchar contra el contrabando y la defraudación aduanera.

“No hice nada ilegal”, aseguró Pérez Molina y mencionó que no colaboró con ninguna estructura criminal y que no hay argumentos ni investigaciones sólidas contra él.

No conocía a los jefes de SAT

Según Otto Pérez Molina, no conocía personalmente a Carlos Muñoz ni a Omar Franco y que su relación era por cuestiones laborales, únicamente los entrevistó cuando fueron seleccionados para integrar la terna de aspirantes al cargo.

Afirmó que durante su gobierno, la recaudación fiscal sobrepasó las metas establecidas.

“Yo no pertenecía a ninguna organización como quieren hacer pensar deliberadamente, tampoco conocía ningún procedimiento aduanal, mucho menos la papelería que se utilizaba, yo no conocía de pólizas, no conocía de ninguna papelería o trámites que se dan en la aduana eso lo vine a conocer aquí cuando se empezó el caso”, comentó Pérez.

Habla de Juan Carlos Monzón

Otto Pérez también señaló que la acusación habla de la cola o la colocha, que era supuestamente el dinero que obtenían ilegalmente en las aduanas y que de esta el 50% iba para “los de arriba” y el restante se dividía entre varias personas o grupos”.

Comentó que la distribución de la cola que menciona la declaración Monzón que está en los dispositivos incautados en ningún momento se menciona a Otto Pérez Molina, solo al 1 y a 2, y que hay cosas que  no están firmadas, ni pagos, ni fechas ni nada que pueda respaldar más que lo que está diciendo el colaborador eficaz.

Pérez Molina también señaló que el otro colaborador eficaz, Salvador González, jamás dijo que él o Baldetti le hubieran encargado dinero y Monzón en el Tribunal dijo que en una oportunidad sí le había entregado dinero a él, pero no pudo demostrarlo, porque no hay fotos, videos, cheques o una cuenta que lo compruebe.

Dijo que la acusación en su contra es circunstancial y que el Caso La Línea se formó con el fin de asegurar la permanencia de la extinta Cicig en Guatemala.

Seis años después de que Juan Carlos Monzón Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, se convirtiera en colaborador eficaz -en abril de 2016 ratificaron convenios- del Ministerio Público (MP) en el caso La Línea y Cooptación del Estado, las impugnaciones por esos acuerdos estaban resueltos.

Sin embargo, este jueves 23 de junio, en una audiencia de apertura a juicio en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, en la que la que se cumpliría lo consensuado y se optaría por el procedimiento abreviado, la La Fiscalía contra la Corrupción (Feci) se ausentó y se informó que sometieron a análisis la legalidad de los convenios.

Con la inasistencia de los fiscales de Feci a la audiencia, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, le explicó a Alexis Calderón, abogado de Monzón, que se debía resolver la situación en otra audiencia con la presencia de los fiscales.

Monzón en la audiencia esperaba optar al beneficio acordado con la Feci del procedimiento abreviado, figura en la que aceptaría cargos como asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera, cohecho pasivo, lavado de dinero y abuso de autoridad -sindicado en ambos casos-, con el beneficio de la anulación de la pena y no purgaría prisión.

Según se informó, el titular de la Feci, Rafael Curruchiche, solicitó los informes del caso La Línea y Cooptación del Estado en los que está vinculado Monzón, así como los convenios de colaboración eficaz, que se firmaron en 2016, para tener una opinión de la fiscal general Consuelo Porras, quien podría determinar -de manera unilateral- si se anulan o no.

Calderón dijo en la audiencia de este día que solicitaba que se emplazara al MP a que cumpla con los acuerdos de colaboración eficaz que se firmaron oportunamente y a que se cumpla con el punto quinto de sendos acuerdos de colaboración que es gestionar la vía del procedimiento abreviado, tal y como se planteó.

Dijo que, de lo contrario, en una audiencia donde se presenten estos actos conclusivos de apertura a juicio, el MP solicitaría que Monzón vaya a juicio por delitos que se les se les imputa, pero esos ya fueron resueltos en un acuerdo de colaboración, en un convenio en que se acordó con el MP la forma en que se iba a resolver la situación jurídica del exsecretario de Baldetti.

Calderón dijo que dichos acuerdos fueron puestos a disposición para que fueran homologados y que el juzgado nada ha tenido que ver en estos acuerdos, sino simplemente homologar lo que se llevó a cabo de su oportunidad por el MP, los cuales fueron impugnados y confirmados en una sede jurisdiccional y que, por lo tanto, lo único que tiene que hacer el MP es cumplir con dichos acuerdos.

El abogado pidió que se resolviera conforme a derecho en el sentido de emplazar al MP a efecto de que se presente a la audiencia que para el efecto se señale y se cumpla con lo firmado oportunamente para resolver la situación jurídica del señor Juan Carlos Monzón.

El abogado de la Procuraduría General de la Nación  que se presentó a la audiencia, le dijo al juez Gálvez que es razonable que el fiscal que se encuentra ahora al frente de esa fiscalía – José Rafael Curruchiche- quiera imponerse a las situaciones que han derivado en los temas de colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón y que en ese sentido es viable la petición que hace la fiscal en cuanto a acatar ese oficio que le ha sido remitido por su superior jerárquico y asumir la postura que crean conveniente.

En qué situación quedaría Monzón

Los convenios que permitieron a Monzón ser el colaborador eficaz permitieron que, por medio de su testimonio en el comienzo del caso La Línea, se revelaran siete casos más de corrupción que relacionaron a funcionarios, políticos y empresarios.

Las autoridades, con la declaración del exsecretario de Baldetti -que duró cuatro días en 2018- en las primeras fases de los casos, detuvieron a 57 personas.

Algunas fuentes consultadas sobre el caso de Monzón dijeron que si a este le anulan los convenios de colaboración eficaz y se decide enviarlo a juicio quedaría pendiente de resolver esa situación e incluso si es que finalmente se cambia de juez, puesto que Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite este miércoles 15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

Este proceso podría significar que Gálvez sea separado de su cargo mientras solventa su situación jurídica en donde es señalado por el delito de prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal.

Dijeron que una eventual cancelación de los convenios de colaboración de Monzón podría originar una orden de captura y que aunque el exsecretario de Baldetti está en extranjero tendría que estar huyendo de país en país y algún día la Interpol pudiera atraparlo y enviarlo a Guatemala.

Por otro lado, el análisis al que ha sometido el MP estos acuerdos de colaboración eficaz buscarían anular los relatos de Monzón y tendrían efectos en los casos Cooptación del Estado, TCQ, la Coperacha, Aceros de Guatemala, Bufete de la Impunidad, Plazas RIC y Redes.

Los siete casos, que podrían ser alterados en caso se anule la versión de Monzón, se encuentran en etapa intermedia.

Caso reciente

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pidió este martes 21 de junio anular el convenio de colaboración eficaz firmado con el exdiputado Édgar Cristiani.

El exparlamentario había aportado información valiosa que vinculaba a exfuncionarios del extinto Partido Patriota (PP) en actos de corrupción.

La solicitud fue planteada ante el Juzgado A de Mayor Riesgo.

Cristiani había dado información clave para los casos Caja de Pagos RIC y Plazas en el Congreso de la República, entre otros.

Ahora, la sede del Ministerio Público en Barrio Gerona busca que no sea tomado en cuenta en esas investigaciones, pese a que los convenios ya fueron autorizados por un juez y están vigentes.

Édgar Cristiani fungió como secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República durante el gobierno del Partido Patriota en 2015 y 2016. 

En el caso de Plazas del Congreso se investiga el hecho de que varias que personas contratadas no asistían a sus labores y tres colaboradores trabajaban en una de sus empresas entre el 2014 y el 2016.

La declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario de la Vicepresidencia, finalizó el lunes 20 de junio y se preveía que durara más.

El colaborador eficaz en el Caso La Línea declaró durante cinco horas y no duró días como pensaron los abogados de ambos acusados.

Además, el Ministerio Público (MP) no profundizó en preguntas y detalles del relato de Monzón, quien en su declaración en videoconferencia afirmó que la estructura de La Línea también pretendía traficar drogas.

También declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B que hubo “intervención del Ejército” en las aduanas del país ordenada por el entonces presidente Otto Pérez Molina para corroborar y que “no fue intervención administrativa, sino más bien una intervención operativa”.

Durante las horas de la declaración, Monzón también ejemplificó el modo de operar de los involucrados para obtener dinero de impuestos que pagaban importadores en mercaderías.

Qué dice el abogado defensor

Este martes 21 de junio, César Calderón, abogado de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, indicó que Monzón tenía que declarar en aspectos relacionados con el Caso La Línea.

El abogado cree que el colaborador eficaz ya no quiso extenderse sobre otros temas que pudo haber hablado. También cree que lo que abordó es lo único de lo cual podía manifestarse en la audiencia del lunes 20 de junio.

Afirmó que la Fiscalía no extrajo más información que la extrajo la fiscal en la audiencia.

“Nosotros esperábamos que el Ministerio Público interrogara mucho más y si tenía conocimiento de testigo que trajera más conocimiento al caso, pero escasa la pregunta que se hizo por parte del Ministerio Público, bastante menguada, entonces por eso terminó muy rápido”, manifestó.

Agregó que se tenía programada dos o tres días para esa declaración. “Me sorprendió que fuera tan breve”, señaló.

A decir de Calderón, en la declaración hay aspectos positivos para la parte acusadora, pero también para la parte de la defensa, “todas las incongruencias, todas las cosas que no son probables, todas las cosas comprobables, todas las cosas que son confusas o se confrontan con otras declaraciones de otros testigos”.

Dijo que la parte fundamental de la defensa es sacar esas incongruencias, “esas cuestiones que son contrarias a otros tipos de declaraciones en circunstancias de tiempo, modo y lugar”.

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Se consultó respecto del tema a Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP, e informó que el tribunal de sentencia programó en tres días la declaración, pero los abogados defensores no hicieron interrogatorio, y solamente se desarrolló el lunes 20.

Dijo que si no lo interrogaron, fue situación de los abogados defensores que ellos deberían responder.

Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, comenzó este lunes 20 de junio a declarar por videoconferencia en el juicio del Caso La Línea.

Monzón empezó su declaración relatando que fue Roxana Baldetti, vicepresidenta en 2013, la que le pidió empezar a mejorar la recaudación de ingresos aduaneros.

En ese año, según Monzón, le presentaron a Salvador González, lías Eco, quien empezó a hacerse cargo del plan para integrar la estructura La Línea.

Cuando el Tribunal de Mayor Riesgo B le cuestionó  del tiempo aproximado en que fueron entregados los resultados a la exfuncionaria, Monzón respondió que desde mayo del 2013 hasta enero del 2015.

También declaró que hubo “intervención del Ejército” en las aduanas del país ordenada por el entonces presidente Otto Pérez Molina para corroborar y que “no fue intervención administrativa, si no más bien una intervención operativa”.

Recalcó que en esta intervención se hizo presente el Ejército en distintas aduanas del país, “más que todo en las portuarias por orden del señor presidente, si no estoy mal hubo dos”.

En su declaración, Monzón agregó que los integrantes que participaron en esa operación “no tenían el conocimiento de identificar si una papelería o una documentación estaba bien hecha o estaba en ley, por lo que los miembros de tropa lo pasaban fácil y sin darse cuenta”.

Monzón indicó la manera en que La Línea recaudaba la denominada “la cola” cómo parte de los impuestos aduaneros que se pagaban por importaciones.

Explicó que “si un importador de mercadería variada tenía que pagar Q100 de impuestos, contactaba o tenía una relación con una estructura externa, no pagaba la referida cantidad, pagaba Q80”, era un pago de Q50 a la Superintendencia de Administración Tributaria directamente y “Q30 me los vas a pagar a mí”.

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Los Q30 eran repartidos entre toda le estructura y era lo que reportaba Osama Azzis Aranki en los cuadros y estaba dividido porcentualmente para los miembros de La Línea.

Qué pasó en una reunión

Luego indicó: “Soltó una reunión en la oficina de Luis Mendizábal, que es arriba de la Boutique Emilio en la zona 10, no sabía yo en dónde iba a ser la reunión, porque Estuardo González me convocó a una reunión en la cual estaban Javier Ortiz, Estuardo González, este señor Miguel Lemus, Antony Segura y yo”.  

Recordó: “Cuando ingresé yo ahí fue que tuve la reunión con Javier, nos sentamos en una mesa y yo me sentí incómodo, yo sabía del funcionamiento de esa oficina con el señor Luis Mendizábal y casi no hablé para nada, se estipuló unas cosas ahí de que este señor Antony Segura iba a apoyar a desprestigiar a Carlos Muñoz, que iba a ser estrategia para poder que el presidente decidiera sacarlo”.

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Agregó: “Incluso, puedo decir que fue cinco minutos que estuve en esa reunión, porque en papel escrito en una nota con un lapicero me puso Javier a que leyera”.

Qué decía la nota

“Está autorizado a que trabajemos tambos, y yo en el mismo papel leí ¿Qué son tambos? Le puse yo, y él me puso drogas, y le dije, no, no autorizo eso, con esa misma situación me levanté y le dije a Estuardo que me iba”.

Añadió que al día siguiente habló con González y le dijo que era la primera y la última vez que hacía una reunión de esas y “mucho menos en esa oficina”.

Mientras que el abogado César Calderón cuestionó a Monzón si ha cumplido con el convenio de colaboración eficaz y le pidió que mencione qué inmuebles devolvió al Estado de Guatemala.

El señalado afirmó que devolvió un inmueble en la zona 15, casa de playa en Monterrico, oficina de canchas en edificio Sixtino y dos vías en Antigua Guatemala.

Caso La Línea

Las primeras capturas ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por el binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti.

En el 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.

La investigación del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.

El Tribunal de Mayor Riesgo “B” convocó a Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, para que declare en el juicio contra los acusados del caso La Línea.

La convocatoria es para el próximo 20 de junio por videoconferencia y se prevé que dicha declaración dure tres días.

Dentro del caso por supuesta defraudación aduanera, Monzón figura como testigo como parte de un convenio de colaboración eficaz.

Él declarará por videoconferencia ya que actualmente se encuentra fuera del país, luego de las medidas que obtuvo por aportar información.

Goza de libertad desde el 15 de junio de 2015, luego de cumplir con los convenios de colaboración eficaz en los casos La LíneaJuan Carlos Monzón, exsecretario de Baldetti, deberá declarar por videoconferencia en caso La Línea y Cooptación del Estado.

Al ser colaborador eficaz de la fiscalía, Monzón fue clave en los procesos penales en contra Baldetti y el expresidente Otto Pérez Molina.

Luego de permanecer prófugo de la justicia, se entregó el 5 de octubre del 2015 y permaneció dos años y ocho meses en prisión.

El caso

Las primeras capturas ocurrieron el 16 de abril de 2015 contra una red de defraudación aduanera presuntamente liderada por el binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti.

En el 2015 se revelaron varios procesos judiciales por presunta corrupción. La mayoría de esos expedientes señalaba la participación de funcionarios, y el primer proceso de esa era fue el caso La Línea.

La investigación del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), alertaban de una red de defraudación en las aduanas, que estaba siendo operada por altos funcionarios.

Los primeros allanamientos contra la presunta red criminal dejaron más de una docena de capturas.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la jueza octava penal de aquel momento, Marta Sierra de Stalling.

Según la investigación preliminar, el presunto líder de esta red criminal era Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia de primera declaración apuntaba a que había indicios serios contra los detenidos, pues la fiscalía a cargo del proceso respaldó sus señalamientos con una serie de interceptaciones telefónicas.

Pérez Molina y Baldetti se encuentran en prisión actualmente.

La exvicepresidenta Roxana Baldetti, su exasistente Daniela Beltranea se enfrentan al proceso penal por plazas fantasmas y negocios  en el RIC (Registro de Información Catastral) en la audiencia de primera declaración el Ministerio Público señaló a 15 sindicados.

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Caso RIC: Este es el segundo proceso que enfrenta Daniela Beltranena exasistente de Roxana Baldetti. pic.twitter.com/4ZyJyl1Xa9

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 17, 2018

Las investigaciones han dado cuenta que por instrucciones de Roxana Baldetti , su secretario privado Juan Carlos Mónzón, junto a Emilia Ayuso contrataron a personas en el RIC basados en una lista específica de  personas a su conveniencia.

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Caso RIC: Juzgado Cuarto de Instancia da inicio a la audiencia de primera declaración, y verifica la presencia de los sindicados empezando por Roxana Baldetti Elías. pic.twitter.com/qg4p7gJtvg

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 17, 2018

El Ministerio Público señaló que el presupuesto asignado al registro de información catastral fue una oportunidad rentable y que pasaba desapercibida. En el 2012 el RIC contaba con un presupuesto de Q50 millones, sin embargo  en el 2013 le fue asignado un moto por Q275 millones.

El juez de Mayor Riesgo “B” Miguel Ángel Gálvez tendrá que resolver una petición inusual.

la Fiscalía especial contra la impunidad hizo una inusual solicitud en el caso de exmagistrado de la corte suprema de justicia Douglas Charchal,  ha pedido que se habra debate por asociacion ilícita en el caso TCQ y un proceso express por tráfico de influencias por haber aceptado ser culpable.

Caso TCQ: @MPguatemala pide al apertura a juicio por el delito de asociación ilícita en contra de exmagistrado Douglas Charchal y procedimiento abreviado por tráfico de influencias. Juez resolverá después de un breve receso. pic.twitter.com/o1xRGGaNoZ

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 10, 2018

Conversaciones reveladoras

El Ministerio Público reveló que tienen 103 medios de investigación para comprobar el delito de asociación ilícita en contra de Douglas Charchal, de acuerdo a la hipótesis el fiscal Juan Francisco Sandoval señalo que Charchal integró la estructura criminal y era parte de una estructura criminal,  en una de las imputaciones se basó en una conversación por medio de un chat del 15 de junio de 2015 entre la exvicepresidenta Roxana Baldetti y del exdiputado Edgar Cristiani que fue la persona por medio del cual se conoció al exmagistrado Charchal, y se establece que su nombramiento fue para obtener favores de la Corte Suprema de Justicia y servía como operador judicial.

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Con 103 medios de investigación, el Ministerio Público solicitó apertura a juicio por el delito de asociación ilícita y procedimientos abreviado por tráfico de influencias en contra de Douglas René Charchal por haber aceptado la culpabilidad de los hechos. pic.twitter.com/HtfY1wxkfJ

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 10, 2018

Defensa niega la vinculación

El abogado Juan Alberto Guevara defensor de Douglas Charchal había realizado una negociación legal con el ente investigador para que se frenara la persecución penal por el delito de asociación ilícita basada en las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón en las que señala que Charchal no pertenecía a la estructura criminal del caso TCQ. Pero la CICIG y la PGN no lo aceptaron indicando que desconocían el acuerdo entre el Ministerio Público y el exmagistrado.

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Douglas Charchal escucha los señalamientos por el delito de tráfico de influencias vinculado en el caso TCQ. Señalado de haber emitido una resolución a favor de una licencia de construcción de TCQ que la Municipalidad de Escuintla pedía Q24 millones para otorgala. pic.twitter.com/og4gc9DYou

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) September 10, 2018

El juez Miguel Ángel Gálvez tendrá que resolver esta solicitud, si desestima o no la persecusión penal por el delito de asociación ilícita, además se podría concluir el procedimiento abreviado por el delito de tráfico de influencias, en la que el exmagistrado aceptará su culpabilidad.