El relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, visitó este lunes 12 de febrero al periodista Jose Rubén Zamora Marroquín en una prisión de Guatemala, donde se encuentra detenido desde el 29 de julio de 2022.

De acuerdo con la CIDH, el relator Vaca se encuentra en Guatemala por invitación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, para constatar la situación de libertad de expresión en el país.

Vaca ingresó este lunes a la prisión ubicada en el cuartel de Mariscal Zavala, en el norte de la capital guatemalteca, para constatar la situación en la que se encuentra Zamora Marroquín, quien fue beneficiado con medidas cautelares de la CIDH en julio de 2023.

La misión de la CIDH que ingresó a la celda del periodista está encabezada por la secretaria ejecutiva, Tania Reneaum, y durante su estadía en Guatemala sostendrán distintas reuniones con funcionarios gubernamentales.

El 29 de julio de 2022, Zamora Marroquín, de 67 años, fue detenido tan solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en su medio de comunicación, elPeriódico, al círculo más cercano del entonces presidente, Alejandro Giammattei (2020-2024).

El periodista se encuentra a la espera de que un juzgado penal de Ciudad de Guatemala inicie la repetición del juicio por lavado de dinero en su contra, debido a que la sentencia de 6 años de prisión que le fue impuesta en 2023 fue anulada por una sala de apelaciones, al considerar que se habían cometido errores en el proceso anterior.

Durante su tiempo en prisión, Zamora Marroquín ha denunciado diversas violaciones a sus derechos, entre ellos destaca que en el juicio al que fue sometido se le impidió presentar documentos de descargo, así como testigos.

La semana pasada, Zamora Marroquín aseguró a periodistas que, desde la llegada del nuevo Gobierno, el pasado 14 de enero, sus condiciones en prisión han mejorado con garantías mínimas como acceso a agua caliente y más horas al aire libre.

En 2023, la familia del periodista denunció que el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei retrasó la aprobación de permisos para posibilitar visitas de observadores internacionales a Zamora Marroquín en prisión.

Una fuente del Ejecutivo confirmó a EFE que esta tarde el relator Vaca y la secretaria Reneaum serán recibidos por Arévalo de León en una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.

Además, durante el día la delegación de la CIDH se reunió con el canciller, Carlos Ramiro Martínez, para discutir sobre cooperación en temas relacionados a derechos humanos.

Otra visita

El subsecretario de Estado adjunto de EE. UU. para América Central, Eric Jacobstein, también visitó a Zamora en la prisión, un encuentro que asegura es parte del compromiso de Washington con el periodismo independiente y la libertad de expresión.

“Me siento honrado de haber podido reunirme con el respetado periodista José Rubén Zamora, quien está en prisión desde hace 563 días. Un momento crucial que reafirma el compromiso de #EEUU con el periodismo independiente y la libertad de expresión en #GUA”, escribió Jacobstein en X, antes Twitter, en un mensaje publicado por la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó este lunes 5 de febrero un escrito ante un tribunal de Guatemala en defensa de ocho periodistas guatemaltecos que fueron procesados y acusados de obstrucción a la justicia, en un caso que se encuentra bajo apelación y que se conocerá en los próximos días.

En marzo de 2023, la Justicia guatemalteca procesó a un grupo de periodistas por una serie de artículos publicados acerca del juicio contra el fundador y presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín.

Zamora Marroquín se encuentra en prisión desde julio de 2022 por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción tras “un proceso plagado de vicios e irregularidades, en evidente represalia” por su trabajo informativo crítico, señaló la SIP en un comunicado.

Los periodistas y columnistas señalados son: Denis Obdulio Aguilar González, Julia Catalina Corado Flores, Gerson Allende Ortiz, Édgar Armando Gutiérrez Girón, Gerli Alexander Valdez, Ronnie Alexander Ríos García y Gonzalo Marroquín Godoy, expresidente de la SIP.

Los periodistas acusados en este caso promovido por fiscales sancionados por Estados Unidos tuvieron que salir exiliados del país y no han podido continuar con su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo, dijo la SIP, con sede en Miami.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, tuvieron que abandonar Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra, según informes de prensa.

El escrito legal “amicus curiae” firmado por la SIP sostiene que, según el Ministerio Público, “los periodistas con sus publicaciones posiblemente han intentado amenazar o coaccionar a los miembros del Organismo Judicial, Ministerio Público y Auxiliares de la Administración de Justicia, afectando su integridad física y su honor, con el fin de influir en su comportamiento”.

La SIP destaca que la Fiscalía “de manera arbitraria e ilegal también solicitó que se ordenara investigar las fuentes de financiamiento, porque según ella las publicaciones de los periodistas, están siendo orquestadas por más gente, pidiendo también que se investigue organizaciones que los financian”.

El escrito legal indica que, con esas maniobras, se está “violentando lo regulado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que también establece que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados”.

El análisis de los abogados subraya que “las publicaciones sobre las cuales el Ministerio Público pretende realizar investigación penal, por el delito de obstrucción de justicia, se refieren a actuaciones realizadas por funcionarios públicos, en el pleno ejercicio de su cargo”.

Agrega que estas publicaciones, críticas o denuncias fueron hechas por periodistas guatemaltecos, del diario elPeriódico, y “constituyen ese ejercicio legítimo del derecho a la libre emisión del pensamiento, reconocido y garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala”.

En ese sentido, añade, “no resulta legalmente viable investigar penalmente las publicaciones realizadas por periodistas, puesto que lo legalmente establecido es que sea conocido por un Tribunal de Honor, conforme lo regula la Ley de Emisión de Pensamiento”.

El procesamiento de los periodistas por acusaciones de obstrucción de justicia contradice estándares internacionales en materia de libertad de expresión y la constitución guatemalteca, incluyendo artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y de la Constitución Política de la República de Guatemala, además de la Ley de Emisión de Pensamiento.

RSF condena irregularidades

Además, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó este lunes las irregularidades, vicios y falta de transparencia que han marcado la nueva audiencia del caso en contra Zamora.

El periodista cumple más de 500 días preso en Guatemala y su juicio por supuesto lavado de dinero está estancado por diversas acciones judiciales pendientes de resolver, mientras ha acusado estar secuestrado.

“El episodio ilustra categóricamente la arbitrariedad que rodea el caso contra el periodista”, señaló RSF en su posicionamiento.

Además, criticó que, como a decenas de periodistas y representantes de delegaciones diplomáticas de diferentes países, a RSF se le impidió asistir a la breve audiencia de este lunes.

Sobre la audiencia precisó que “solo sirvió para prolongar una vez más el juicio, basándose en argumentos burocráticos”.

En este sentido, RSF exigió a las autoridades judiciales de Guatemala actuar con responsabilidad y garantizar el derecho del periodista de obtener un juicio justo y transparente.

“Pedimos a las autoridades judiciales que dejen de actuar irresponsablemente y garanticen el derecho a un juicio justo y transparente”, dice el pronunciamiento de RSF.

Vestido con un traje negro, combinado con una camisa blanca y una corbata roja, el periodista Jose Rubén Zamora asistió este lunes 5 de febrero a la audiencia de apertura a juicio en su contra por el supuesto delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Se le observó tranquilo mientras esperaba ingresar a la sala de audiencia del juzgado décimo penal donde deberá comparecer ante el juez Jimi Bremer.

Sin embargo, la audiencia se suspendió y se aplazó para el 20 de febrero.

El motivo obedece a que el juez debía atender una citación de la Carrera Judicial y no se nombró a un juez sustituto para que se quedara a cargo de la audiencia.

Debido al poco espacio de la sala donde se desarrollaría la audiencia, representantes de organizaciones internacionales solicitaron que se pueda efectuar el debate en una sala con mayor espacio y que se de acceso a los medios de comunicación.

Jose Rubén Zamora también enfrenta otro proceso por el delito de supuesto lavado de dinero, caso por el cual ya tuvo sentencia de seis años de prisión, pero una Sala anuló la condena en contra del periodista y ordenó repetir el proceso penal.

Zamora Marroquín, de 67 años, fue detenido el 29 de julio de 2022, tan solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en el medio de su propiedad, El Periódico.

Derivado de su encarcelamiento, El periódico, el matutino de su propiedad que publicó más de 300 reportajes de corrupción desde 1996, se vio forzado a cerrar el pasado 15 de mayo.

Además, ocho reporteros y columnistas del medio de Zamora Marroquín estuvieron bajo investigación de la Fiscalía por sus publicaciones referentes a la persecución penal contra el periodista.

Cambio de condiciones en prisión

“Al menos ahora ya me puedo bañar con agua caliente”, expresó Zamora Marroquín este lunes 5 de febrero, en referencia que desde la salida de Alejandro Giammattei de la presidencia y la llegada del nuevo mandatario, Bernardo Arévalo de León al Gobierno, han cambiado algunas condiciones básicas en su estadía en la prisión en el cuartel militar de Mariscal Zavala en la Ciudad de Guatemala.

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Durante más de 500 días, Zamora Marroquín ha permanecido en una pequeña bartolina, con apenas una hora al aire libre al día y donde su salud se ha deteriorado con la pérdida de más de 30 libras de peso y algunos problemas respiratorios.

Hace dos años, el comunicador aseguró públicamente que intentaban fabricar un caso en su contra para callar las investigaciones de su medio. EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó este viernes 26 de enero que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó el jueves 25 que el gobierno “no va a utilizar herramientas para perseguir judicialmente a la prensa”, al tiempo que aseguró que “la libertad de expresión es una prioridad en la agenda del gobierno nacional”.

Esto lo afirmó el mandatario durante un encuentro que sostuvo con una delegación de la SIP y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La misión de las dos organizaciones internacionales, liderada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y el director de programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna, se reunió durante una hora con el presidente guatemalteco, en el Despacho presidencial del Palacio Nacional de la Cultura, en la capital guatemalteca.

La delegación, también integrada por otras autoridades de la SIP, incluido a su primer vicepresidente, José Roberto Dutriz; la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, y el director ejecutivo, Carlos Lauría, se encuentra esta semana en Guatemala para evaluar la situación de la libertad de prensa en el país luego de un periodo sombrío para el periodismo local, “caracterizado por la criminalización sistemática de periodistas por parte del Ministerio Público y un sector de la Justicia”.

“La decisión del presidente Arévalo de conceder una reunión a dos organizaciones internacionales cuya misión principal es la defensa de la libertad de expresión a menos de dos semanas de asumir su cargo, es una señal inequívoca de la importancia que su gobierno le asigna a la protección del periodismo y la promoción de los derechos humanos”, destacó Rock.

“La reunión fue sumamente productiva y Arévalo manifestó su compromiso de cambiar la dinámica de los últimos años, dominada por la persecución judicial contra periodistas, la estigmatización y el acoso constante de las voces críticas y el ocultamiento de información ante la ausencia del estado de derecho”, agregó.

Visitan a Rubén Zamora

La misión incluyó la visita a José Rubén Zamora -fundador y presidente de elperiódico-, quien se encuentra preso en la cárcel militar Mariscal Zavala desde julio de 2022, “por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción tras un proceso plagado de vicios e irregularidades, en evidente represalia por su trabajo informativo crítico”.

La SIP añadió que Arévalo destacó que el caso Zamora es “emblemático” de la persecución política a la que fue sometido el periodista por sus denuncias y dijo que, si bien su gobierno no tiene la potestad para liberarlo, esperaba que en la próxima audiencia se le otorguen medidas sustitutivas para continuar sus procesos bajo detención domiciliaria.

El gobierno de Arévalo decidió levantar las restricciones que pesaban sobre Zamora y el propio ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo visitó en la prisión al día siguiente de asumir.

Zamora narró a la misión las violaciones flagrantes y los métodos de tortura, de índole psicológica y física, a los que ha sido sometido durante su prolongado encarcelamiento.

“No existe ningún justificativo legal para que pase un minuto más en la prisión,” expresó Martínez de la Serna, del CPJ.

“En primer lugar, Zamora nunca debería haber ido preso sino enfrentar su absurda acusación en libertad. Ya pasó demasiado tiempo, Zamora debe ser liberado para poder estar junto a su familia”, añadió.

En octubre 2023, la SIP expresó satisfacción por la decisión de la Segunda Corte de Apelaciones de Guatemala de anular la condena de seis años de prisión de Zamora y ordenar un nuevo juicio, que comenzará el 5 de febrero.

El CPJ instó a las autoridades guatemaltecas que respeten el derecho de Zamora a un juicio justo en su nuevo proceso.

La SIP agregó que como consecuencia de las presiones políticas y económicas elPeriódico cesó sus operaciones el 15 de mayo de 2023.  Además, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado efectuar una visita in situ -en el lugar- de supervisión de las medidas cautelares de Zamora otorgadas por la CIDH.

Ante la invitación de la SIP a suscribir las declaraciones de Chapultepec y Salta, el presidente Arévalo se comprometió a analizarlas con mayor profundidad junto a su equipo jurídico para corroborar que estuvieran alineadas con el marco legal del país, e indicó que no vería inconvenientes para firmarlas en un plazo razonable.

Durante la conversación con la SIP y el CPJ, Arévalo también ponderó la importancia de dejar atrás el bloqueo y ocultamiento de información que definieron a la administración anterior, para promover un sistema con acceso mucho más amplio y transparente para beneficio de la democracia.

El mandatario también fue enfático al señalar que su gobierno “desempolvará” mecanismos de protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos que habían quedado paralizados durante el gobierno de Jimmy Morales. Afirmó, además, que es esencial para garantizar que los periodistas cumplan con su labor informativa sin temor a represalias en especial en el interior del país donde no existen garantías mínimas de seguridad para la prensa.

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Funcionario visita a Zamora

La Embajada de Estados Unidos en su cuenta de la red social X informó que Patrick Ventrell, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, visitó al periodista José Rubén Zamora.

“Logré visitar al periodista José Ruben Zamora, a sus 546 días en prisión, para verificar su estado de salud e integridad física. Expresé el compromiso continuo de EE. UU. con el periodismo independiente y la libertad de expresión, como pilares de la democracia en Guatemala”, resaltó el funcionario estadounidense.

“Logré visitar al periodista José Rubén Zamora, a sus 546 días en prisión, para verificar su estado de salud e integridad física. Expresé el compromiso continuo de #EEUU con el periodismo independiente y la libertad de expresión, como pilares de la democracia en Guatemala”.… pic.twitter.com/QFKYPhoGGP

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 26, 2024

Este miércoles 13 de diciembre, el juez Jimi Bremer le notificó al periodista Jose Rubén Zamora que se suspendía la audiencia de apertura a juicio por el posible delito de conspiración para la obstrucción de la justicia.

Ahora, la audiencia quedó programada para el 5 de febrero de 2024.

En agosto recién pasado, la defensa de Zamora había pedido cambiar de juez con el argumento que Bremer ya había dado opinión del caso, pero no le aceptaron la recusación.

El 28 de febrero recién pasado, Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, fue ligado a proceso por conspiración para la obstrucción de la justicia en un segundo caso que el Ministerio Público (MP) le imputa al periodista.

En esa ocasión, el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, resolvió que había suficientes indicios para ligar a proceso a Zamora, como el audio que entregó Ronald García Navarijo, el principal testigo del MP en los dos casos que enfrenta Zamora, uno por supuesto lavado de dinero y este por supuesta conspiración para la obstrucción de la justicia.

El 19 de enero pasado, Zamora y otras tres personas, entre ellas dos abogados del periodista fueron señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en un caso por intentar desviar una investigación.

Este caso es parte de una investigación que surge de la información recibida por la Feci, con la cual se logró establecer una posible conspiración para obstruir una investigación en curso relacionada a dinero posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos que el periodista habría cometido en 2013.

Según la Feci, cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro fue destituido como jefe de la Feci, Zamora y los otros tres involucrados “se alarmaron y se reunieron para planificar el desvío de la investigación de la recepción del dinero que posiblemente asciende al monto de por lo menos Q200 mil en efectivo y que estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en ese entonces”.

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Sentencia anulada

El 13 de octubre de 2023, una sala de Apelaciones de Guatemala anuló la condena en contra del periodista Jose Rubén Zamora y ordenó repetir el proceso judicial en el que fue encontrado culpable por lavado de dinero en junio de este año.

El comunicador, de 66 años, fue condenado a seis años de prisión el 12 de junio pasado, por un supuesto caso de lavado de dinero.

Su detención tuvo lugar el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en el medio de su propiedad, elPeriódico.

El periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora Marroquín cumplió este miércoles 29 de noviembre 16 meses en prisión a la espera de la repetición del juicio en su contra por un supuesto caso de lavado de dinero.

La familia de Zamora Marroquín aseguró a EFE que espera que el periodista sea “exonerado” por los cargos en su contra en el debate que iniciará en febrero, después de que una sala de Apelaciones ordenara repetir el proceso en su contra por “errores de forma” en el primer juicio celebrado este año.

El periodista de investigación, de 67 años, se encuentra recluido en la prisión del cuartel Mariscal Zavala desde el 29 de julio de 2022, tan solo 5 días después de haber publicado fuertes críticas contra el presidente Alejandro Giammattei por supuestos actos irregulares de su Administración.

Esta semana, la organización Reporteros Sin Fronteras reconoció a Zamora Marroquín con el premio a la independencia por su recorrido de dos décadas denunciando la corrupción estatal de Guatemala por medio de elPeriódico, diario que fundó y presidió hasta el año pasado.

“Mi padre es un preso político desde hace 486 días”, dijo José Carlos Zamora, que recogió el galardón en nombre de su progenitor, detenido a la espera de un nuevo juicio.

La investigación penal contra Zamora Marroquín por un supuesto lavado de dinero está a cargo del fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos, y el mismo que ha sido señalado por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, de ser parte de un plan para evitar su investidura en enero de 2024.

El pasado 10 de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló en un informe que los periodistas del país son perseguidos por los mismos actores que han judicializado los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto.

Desde 2019, al menos 50 personas entre periodistas, jueces y fiscales han salido exiliados de Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra por parte del Ministerio Público (MP).

Por segundo año consecutivo, Guatemala ocupa el puesto 19 de una lista de 22 países de América, incluidos en el índice de Chapultepec, un barómetro que publica cada año la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para medir los niveles de la libertad de expresión y prensa en el continente.

Con esa posición, Guatemala está entre las naciones que llegan a su nivel más bajo en el promedio de libertad global de libertad de prensa, de acuerdo con las estimaciones de la SIP, que celebra su asamblea general anual en la Ciudad de México.

El deterioro de esas libertades se ha incrementado en los últimos cuatro años, según se evidencia en el índice de Chapultepec, que en el 2020 situó a Guatemala en el puesto 15; en el 2021, en el 17; en el 2022, en el 19; y en el 2023 en la misma posición. Los datos corresponden del 2 de agosto del 2022 al 1 de agosto de este año.

Esos cuatro años coinciden con la administración del presidente Alejandro Giammattei y donde se han dado casos como el procedimiento judicial del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien fue detenido en 2022 y condenado en julio pasado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, un proceso que, según la SIP, alcanzó a ocho reporteros y columnistas de elPeriódico, “quienes se vieron obligados a exiliarse fuera de Guatemala, ante la posibilidad de ser procesados por sus publicaciones periodísticas”.

El Índice Chapultepec hace un llamado de alerta en cuanto a la percepción que se tiene en 22 países de las Américas sobre las políticas comunicacionales, leyes y comportamientos judiciales que, en su conjunto, afectan los derechos comunicacionales y garantías a la prensa, “pilares fundamentales de todo sistema democrático”.

El llamado de alerta del Índice de Chapultepec se da porque el promedio global de la región descendió a su nivel más bajo desde la primera edición de esa medición, publicada en 2020. “Solo 47.84 puntos (Guatemala acumula 32.07 puntos) de 100 posibles, la primera vez que se coloca por debajo de los 50 puntos”, señala el documento, que agrega que una de las razones de esto, respecto a la respecto de la vida y seguridad de los periodistas, “es su bajo nivel promedio en la dimensión de violencia e impunidad, cuya media general es 16.15 puntos (Guatemala tiene 5.67 puntos), de un máximo teórico de 42 unidades”.

“La situación del barómetro evidencia que en nuestra América son constantes las regresiones en perjuicio de derechos comunicacionales en Nicaragua, Venezuela y Cuba, calificadas como naciones sin libertad de prensa ni de expresión, así como tendencias importantes de deterioro de estos principios democráticos en Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala”, dice la SIP, que además destacó que estos últimos países están incluidos en la franja de “alta restricción”.

Informe

Un informe basado en la medición del Índice de Chapultepec de este año señala que “la libertad de expresión agoniza en Guatemala”, donde entre 2022 y 2023 “se consolidó la regresión autoritaria y el régimen autocrático” y que el proceso electoral “propició el incrementó de la violencia contra el gremio periodístico, en el marco de un aumento generalizado de la violencia política y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos”.

“El exilio se ha incrementado debido a que, para algunos periodistas, es la única salida posible ante los embates de quienes detentan el poder político. La libertad de expresión ha sido profundamente afectada, debido a prácticas tales como el silenciamiento impuesto, el cierre de fuentes y la opacidad en cuanto al acceso a información pública”, refiere el informe.

Agrega que “lo que se demuestra en el período de medición del índice -de Chapultepec- es que en Guatemala se hace uso del sistema de justicia y del aparato represivo del Estado para silenciar medios, periodistas y voces disidentes y, de esta forma, tomar por asalto la libertad de expresión”.

“Este silenciamiento de la prensa genera un efecto inhibidor de la democracia y, por lo tanto, la empobrece. La violencia contra periodistas y comunicadores se sostiene como un continuum, pero tuvo un incremento durante el proceso electoral”, refiere el informe, que añade que “de persistir la tendencia de agresiones se alcanzará un récord en el país” y que la “libertad de expresión agoniza en Guatemala”.

“Tragedia autoritaria”

Durante la presentación del Índice, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Hugo Jornet, dijo que América padece una “auténtica tragedia autoritaria”.

“Es cada vez más difícil hablar de democracias plenas y el impacto sobre el ejercicio periodismo es directo y esto lo refleja claramente la nueva edición del índice”, estableció.

Dijo que, ante el declive democrático, es imprescindible promover “más y mejor democracia” y que lejos de bajar los brazos hay que redoblar la lucha por la libertar, los reclamos país por país y la búsqueda de alianzas con organismos internacionales y otras organizaciones que defienden la libertad de expresión.

“Unamos fuerzas para que no haya más opresión y censura en el continente”, concluyó.

Con información de EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este 16 de octubre su satisfacción por la reciente decisión de una sala de Apelaciones de Guatemala que anuló la condena en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador de El Periódico, y ordenó repetir el proceso judicial en el que fue encontrado culpable por lavado de dinero en junio pasado.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, afirmó que la decisión de la Corte de Apelaciones “refleja un paso significativo en la búsqueda de la justicia y la protección de la libertad de expresión en Guatemala”.

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, espera que “ahora sí se pueda garantizar un proceso legal justo y transparente y reiteramos nuestro pedido para que se libere de inmediato a Zamora”.

Tras un recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación, la Corte de Apelaciones de Guatemala anuló el viernes 13 de octubre la condena de seis años de cárcel impuesta a Zamora, reconocido mundialmente por su tenaz labor informativa de denuncia en contra de la corrupción, apuntó la SIP, con sede en Miami, Florida (EE.UU.).

La apelación exponía una discrepancia con la sentencia original que condenó a Zamora por lavado de activos y lo absolvió de los cargos de chantaje y tráfico de influencias.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, indicó que la decisión del tribunal es un “hecho positivo en un proceso judicial que ha estado plagado de vicios e irregularidades de todo tipo”.

Jornet, director periodístico del periódico La Voz del Interior, de Argentina, se mostró convencido de que la condena de Zamora fue “en represalia directa por su trabajo y nunca debería haber ocurrido”.

“Esperamos que en el nuevo juicio se revierta la flagrante violación del derecho a la defensa y Zamora sea absuelto de todas las acusaciones espurias”, aseveró.

La SIP ha venido denunciando el uso del Ministerio Público (MP) de Guatemala como “brazo del poder político” del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei para presentar cargos contra los abogados de Zamora y bloquear sus posibilidades de defensa.

El MP también acusó a seis periodistas y tres columnistas de El Periódico por opinar sobre el caso, incluido el expresidente de la SIP Gonzalo Marroquín Godoy, primo de José Rubén Zamora.

Como consecuencia de las presiones políticas y económicas, El Periódico cesó sus operaciones el 15 de mayo.

En visita de la SIP a Guatemala en diciembre de 2022, la organización denunció la grave debilidad y falta de independencia de las instituciones públicas, tras mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público y con representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas y está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.

Una sala de Apelaciones de Guatemala anuló la condena en contra del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y ordenó repetir el proceso judicial en el que fue encontrado culpable por lavado de dinero en junio pasado.

El hijo de Zamora Marroquín, Ramón Zamora, confirmó este viernes 13 de octubre la revocación de la condena, decretada el pasado jueves por la Sala Segunda de Apelaciones.

“Tenemos la esperanza de que ahora podremos tener un juicio justo donde se respete su derecho a la defensa”, aseveró el hijo de Zamora Marroquín.

El comunicador, de 66 años, fue condenado a seis años de prisión el 12 de junio pasado, por un supuesto caso de lavado de dinero.

Su detención tuvo lugar el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes acusaciones de corrupción en el medio de su propiedad, elPeriódico, al círculo más cercano del actual presidente, Alejandro Giammattei.

La decisión de la corte obedece a una solicitud de la Procuraduría General de la Nación y el mismo Zamora Marroquín, y obliga al periodista a enfrentar un nuevo proceso legal también por chantaje y otros delitos.

La captura en 2022 y condena en 2023 de Zamora Marroquín ha sido criticada con fuerza tanto a nivel nacional como internacional.

El periodista ha sido uno de los más críticos con los gobiernos de turno desde la fundación de elPeriódico en 1996, con cientos de investigaciones de corrupción.

Durante el proceso penal en su contra, Zamora Marroquín denunció violación a su derecho a la defensa y se vio obligado a cambiar de abogado en siete ocasiones, ya que cuatro de sus defensores terminaron imputados, acusados de diferentes delitos.

Hace dos años, el comunicador aseguró públicamente que Giammattei y la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, intentarían fabricar un caso en su contra para callar las investigaciones de su medio.

Porras se encuentra bajo una fuerte presión ya que desde el 2 de octubre miles de personas en Guatemala se han manifestado para exigir su renuncia, señalada de intentar modificar los resultados electorales de este año.

Por incomparecencia del Ministerio Público (MP), el Juzgado Quinto Penal suspendió este jueves 5 de octubre la audiencia en la que se discutiría si la investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) contra experiodistas y excolumnistas de elPeriódico, continúe en lo Penal o sea trasladada a un Tribunal de Imprenta.

Por ahora, el caso continúa en lo Penal y no ha sido trasladado a Tribunal de Imprenta.

Este caso se trata de la investigación que pidió la fiscal Cinthya Monterroso en febrero de este año, y que fue autorizada por el juez Jimi Bremer, luego de publicaciones efectuadas por periodistas y columnistas que trabajaron en elPeriódico.

El 28 de febrero recién pasado, el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, a solicitud de la fiscal Monterroso ordenó investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación, como parte del proceso que se sigue en contra de Jose Rubén Zamora Marroquín, quien el 14 de junio pasado fue hallado culpable de lavado de dinero y condenado a seis años de prisión inconmutables.

Según el MP, los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia. En esa ocasión, la fiscal Monterroso solicitó al juez que se investigue a otros periodistas que, de acuerdo con su criterio, colaboraron con Zamora.

Esa solicitud en febrero se hizo durante la audiencia en la que Zamora, presidente de elPeriódico, también fue ligado a proceso penal por conspiración para la obstrucción de la justicia, en un segundo caso que el MP le imputa al periodista.

Monterroso, en su argumentación en esa oportunidad para solicitar que se investigue a otros periodistas, dijo que Zamora montó una campaña de desprestigio por medio publicaciones en elPeriódico y que para ello habría contado con la colaboración de otras personas.

Señaló Monterroso en la audiencia de febrero: “No solo se dio a la tarea el señor Jose Rubén de indicar que esto es una persecución política, que esto es un montaje, sino que se dio a la tarea de mentir reiteradamente porque, por poner uno de tantos ejemplos y como parte de mi labor fiscal es documentar todas las incidencias en los casos, y en portada (de elPeriódico) el 30 de julio de 2022 se dijo por parte del señor Alexander Valdez que se había detenido al señor Zamora Marroquín y que en las diligencias a Aldea Global se detuvo al personal”.

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La investigación que fue ordenada por el juez en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico ha originado reacciones de organizaciones locales e internacionales, ante la preocupación de que en Guatemala se atente contra la libertad de prensa.

Se consultó al MP respecto de su incomparecencia a la audiencia e informó que “no fue posible asistir a la audiencia ya que por el bloqueo que un grupo de personas tiene frente al Edificio Gerona no se puede acceder a la fiscalía en donde está el expediente”.

Añadió que “estos bloqueos no solamente perjudican a las personas que intentan poner denuncias, sino también el desarrollo de las audiencias”.

El ente investigador afirmó que se presentó memorial de excusa.