En septiembre del 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió por mayoría al general retirado Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fue procesado por un caso de genocidio contra el pueblo Ixil, ocurrido en 1982, sentencia que fue desaprobada por sectores sociales y el Ministerio Público (MP).

Ante la sentencia, la Fiscalía y los querellantes presentaron una apelación especial para revertir la absolución, pero no lograron los resultados deseados.

Este miércoles 24 de febrero, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo de Extinción de Dominio rechazó la apelación presentada por el MP y varias organizaciones sociales, por lo que la sentencia absolutoria continúa en firme.

Francisco Vivar, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), lamentó la resolución de la Sala, pues confirma la absolución de Rodríguez Sánchez.

Agregó que analizarán el proceso y que presentarán un recurso de casación, pero antes deberán estudiar los argumentos para que sea la Corte Suprema de Justica la que los valide y revierta las sentencias.

“Lamentamos que el sistema de justicia de Guatemala nuevamente les dé la espalda -a las víctimas- y obviamente con eta resolución se genera impunidad. Muchas de las víctimas sobrevivientes no han llegado al final del camino, muchos testigos han fallecido y en memoria de ellos no claudicamos. Hay que recordar que la CC dictó un fallo en forma fraudulenta que dejó sin efecto la primera sentencia y ahora una sala superior deja incólume el fallo dictado por el tribunal B”, señaló Vivar.

En agosto del 2018, el MP pidió que Rodríguez Sánchez fuera condenado a 80 años de cárcel por la muerte de mil 771 indígenas ixiles en manos de soldados que estaban a su cargo cuando fue jefe de inteligencia en 1982 y 1983.

Por el delito de genocidio solicitó la pena de 50 años de cárcel y 30 por delitos contra deberes de humanidad.

Ese era el segundo debate que enfrentaba el exjefe militar por los mismos cargos. En 2013 estuvo en el banquillo de los acusados junto con el difunto general retirado José Efraín Ríos Montt, a quien condenaron a 80 años de cárcel, aunque la sentencia fue cancelada por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) 10 días después por errores procesales.

Ese año, el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Rodríguez Sánchez. Después de una apelación se ordenó la repetición del juicio en un nuevo tribunal.

Un tribunal guatemalteco tiene programado dictar sentencia este miércoles en el juicio contra el general retirado José Rodríguez, un jerarca de la inteligencia militar durante el gobierno de facto de Ríos Montt, en una de las épocas más cruentas del conflicto armado que desangró al país entre 1960 y 1996.

“Confiamos en que la justicia guatemalteca cumplirá con su papel fundamental de (…) no dejar en la impunidad delitos de trascendencia internacional que afectan la dignidad de la humanidad entera”, dijo a periodistas Teresa Velasco, en representación de las víctimas.

De acuerdo con organizaciones querellantes en el proceso, Rodríguez contaba con una red de inteligencia durante la guerra y “caracterizó al grupo ético maya ixil como enemigo interno”, lo que dio lugar a la matanza de 1.771 indígenas a manos del ejército en el norteño departamento de Quiché.

Esperan condena contra militar

“Mediante la prueba testimonial, pericial, documental y evidencia material ha quedado demostrada la responsabilidad penal del acusado”, señalaron en un comunicado la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que acompañan a las víctimas.

El juicio contra Rodríguez inició en octubre del año pasado tras un turbulento proceso judicial, luego de que la corte constitucional separó su caso del proceso de Ríos Montt, quien falleció el 1 de abril pasado a la edad de 91 años.

El exdictador y Rodríguez fueron condenados en 2013 a 80 años de cárcel por genocidio, pero el tribunal constitucional anuló la sentencia al detectar errores en el proceso y ordenó repetir el juicio.

La guerra civil guatemalteca dejó un saldo de 200.000 muertos y desaparecidos, concluyó en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU.

La misma comisión estableció que “agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”, principalmente el pueblo ixil, porque consideraban “que constituían o podían constituir la base de apoyo de la guerrilla”.