Jorge Villavicencio, exministro de Salud del gobierno del Partido Patriota (PP) detenido por un caso de corrupción, falleció este 20 de julio a causa de complicaciones por coronavirus, confirmó el Hospital Roosevelt.

El deceso ocurrió a las 21.55 horas.

El exfuncionario estaba recluido en la cárcel dentro de la base militar Mariscal Zavala, pero fue hospitalizado a causa de una infección respiratoria el 10 de julio para lo cual requirió oxígeno.

Señalamientos

Villavicencio estaba en prisión preventiva por el caso Asalto al Ministerio de Salud, que según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, entre 2012 y 2014, se conformó una red de exfuncionarios y exdiputados para cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales, por gestiones durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por esos legisladores.

Aparte, a causa de su estado de salud, no se celebró el 13 de julio la audiencia de primera declaración en el Juzgado Cuarto por un supuesto contrato irregular que tenía Patricia Marroquín de Morales, esposa del expresidente Jimmy Morales.

Camargo está hospitalizado

Al confirmar la muerte de Villavicencio, el Sistema Penitenciario (SP) informó que varias personas fueron trasladadas a hospitales para su evaluación.

Uno de ellos fue Édgar Camargo, exdirector del Sistema Penitenciario condenado por dar beneficios a reos a cambio de dinero, quien fue diagnosticado con covid-19.

El SP informó que Camargo aún se encuentra en el Hospital General San Juan de Dios.

Jorge Villavicencio, exministro de Salud del gobierno del Partido Patriota (PP), fue ligado a proceso este 2 de marzo por cinco delitos dentro del caso Asalto al Ministerio de Salud.

Se trata de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho, fraude y tráfico de influencias.

Su hija, Saraí Villavicencio Delgado, será procesada por asociación ilícita, tráfico de influencias en forma continuada, lavado de dinero y cohecho activo.

Esa fue la resolución que dictó Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, a cargo del caso.

La investigación

De acuerdo con el MP, entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota y la gestión de Jorge Villavicencio como ministro de Salud, se conformó una red de exfuncionarios y exdiputados para cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales, por gestiones durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por esos legisladores.

El MP estimó en julio de 2019, en la presentación del caso, que los sobornos fueron de Q50 millones.

Correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura son parte de los indicios de la fiscalía.

En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos de ese año, se habrían cobrado Q17 millones en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatépequez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.

El exlegislador es señalado en el caso Asalto al Ministerio de Salud, en el que está señalado el exministro de esa cartera Jorge Villavicencio y otros exfuncionarios.

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El Ministerio Público (MP) informó que este lunes 10 de febrero Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, ligó al excongresista por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada. El caso está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

El 19 de diciembre del 2019, el Juzgado de Mayor Riesgo D ligó a procesoa 15 personas en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Pérez se había entregado este 10 de febrero al juzgado. Tenía orden de captura desde el 16 de julio de 2019.

Durante la presentación del caso, la Feci señaló a Pérez de la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.

Entre los ligados a proceso judicial están el expresidenciable Luis Fernando Pérez, el exdiputado Roberto Kestler y Jairo Pérez Castillo sobrino del expresidente Otto Pérez Molina.

El caso se hizo público el 26 de julio 2018. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) descubrieron que entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota (PP), hubo cobro de sobornos por Q53.9 millones a través de empresas de cartón coludidas con funcionarios.

La corrupción figuraba a través de proyectos de remoción y reparación de hospitales durante el estado de Calamidad del terremoto de San Marcos.

La red estaba a cargo supuestamente de Jorge Villavicencio, primer ministro de Salud del gobierno del PP y su hija Saraí Villavicencio Delgado.

El exministro de Salud durante el gobierno del Partido Patriota (PP), Jorge Villavicencio Álvarez, y su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado, fueron enviados a prisión provisional a la cárcel de Mariscal Zavala mientras se lleva a cabo la audiencia de primera declaración por los cargos que existen en su contra.

Villavicencio Álvarez se presentó este lunes 2 de diciembre en la sede del Juzgado, el cual giró orden de detención en julio de este año a petición del Ministerio Público (MP) por su supuesta vinculación a casos de corrupción.

El exfuncionario está implicado en los casos Asalto al Ministerio de Salud y Pacto Colectivo, tenía una orden de captura desde julio de este año.

Villavicencio llegó acompañado de su hija, que también es señalada en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

El MP informó que les imputará los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, entre otros delitos contra la administración pública. Sin embargo, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, suspendió la audiencia de primera declaración.

La audiencia de primera declaración se pospuso para el 13 de diciembre próximo, ambos fueron traslados a Mariscal Zavala.

Pacto colectivo

Uno de los casos comenzó en el 2013 cuando se aprobó el pacto colectivo del Ministerio de Salud Pública, la aprobación de esos beneficios se autorizó sin dictámenes financieros y del análisis laboral.

Asalto al Ministerio de Salud

Autoridades también investigan  un caso de corrupción a gran escala en el Ministerio de Salud, por hechos ocurridos entre 2012 y 2014, en el cual estiman cobros de sobornos por Q53.9 millones, a través de empresas contratistas coludidas con los funcionarios.

El caso involucra al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, durante el gobierno del Partido Patriota, a su hija Saraí Villavicencio Delgado, y al ex diputado Luis Fernando Pérez Martínez, como presuntos cabecillas de una estructura dedicada a cobros ilícitos por proyectos de remoción y reparación de hospitales, durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos en 2012. Así como por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el ministerio y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por diputados del Congreso de la República.

La investigación está fundamentada con tres miles de correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura.

Cooptación del Ministerio de Salud

Según la acusación del MP al menos 118 personas se encontraban involucrados en la estructura criminal. Se han solicitado 28 órdenes de captura, 34 citaciones y 10 solicitudes de antejuicio contra diputados del Congreso de la República. Hacia las 12 horas se había confirmado la captura de 18 personas.

La imputación señala que la estructura comenzó a operar cuando el doctor Jorge Villavicencio asume como ministro de Salud Pública en 2012. Su hija Saraí Villavicencio Delgado, junto a Luis Fernando Pérez, entonces diputado, presuntamente habrían montado una estructura en la institución para facilitar la contratación de obras públicas y compra de bienes y servicios a través de la colocación de sus allegados en puestos claves en la institución.

Los diputados contra los que el MP solicita retiro de antejuicio han sido relacionados por su presunta intervención en procesos de remozamiento de hospitales, así como por solicitar plazas fantasma o por solicitar a Villavicencio plazas en la institución para sus recomendados.

Diez diputados y  involucrados

También se solicitó el retiro de antejuicio contra diez congresistas:

-Boris España, por los delitos de Asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias.
-Estuardo Galdámez, pot los delitos de Asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones, lavado de dinero y tráfico de influencias y cohecho activo.
-Luis Alberto Contreras, por Tráfico de influencias.
-Marco Antonio Lemus, Tráfico de influencias.
-Humberto Leonel Sosa, Tráfico de influencias.
-Carlos Santiago Nájera Sagastume, Tráfico de influencias.
-José Inés Castillo Martíenz, Tráfico de influencias.
-Rodolfo Leonel Castañón, Tráfico de influencias.
-Ronald Estuardo Aragón, por peculado por sustracción.

En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos, según la imputación se habrían cobrado Q17 millones, en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez, Villa Nueva, se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.

En la imputación también se incluye a Jaime Pérez Castillo, sobrino del expresidente Otto Pérez Molina; y entre los contratos por los que se intentó cobrar una comisión, sin lograrlo, un proyecto de construcción de un hospital modular en Mixco, por entre Q75 y Q80 millones, cuando Otto Pérez Leal, fungía como alcalde de ese municipio. La adjudicación del proyecto, sin embargo, ya no se llevó a cabo.

La investigación continúa en desarrollo para determinar los cobros realizados por 450 plazas en el ministerio que habrían representado favores políticos a diputados, cobros mensuales a la organización o posibles plazas fantasma.

En la indagación, realizado luego de tres años de análisis de información documental y testimonial, también se relaciona al ex director del Instituto Guatemalteco de Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, cuando este era secretario privado del entonces presidente, Otto Pérez Molina. Rodríguez presuntamente se habría beneficiado, a través de intermediarios, de algunos contratos de remozamiento de centros de salud y hospitales.

Los detenidos están implicados en supuestas anomalías detectadas en el Pacto Colectivo de los trabajadores de Salud, entre 2012 y 2014.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado Quinto de Instancia Penal, donde informan a los 11 implicados el motivo de su detención. La audiencia de primera declaración se fija para el martes 22 de enero.

Abuso de autoridad y lavado de dinero son los delitos por los que el Juzgado Quinto giro las ordenes de captura. pic.twitter.com/ljlGEFBpES

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) January 18, 2019

Los detenidos son:

1. Jorge Luis Pérez Ramírez / Director General de Recursos Humános del Ministerio de Salud
2. Edgar Encarnación Lara Caballeros / Jefe de Desarrollo de Servicios de Salud
3. Edna Carolina Prera Guinther / Gerente General Administrativo Financiero
4. Byron Francisco Ponce Molina / Jefe de Administración de Recursos Humanos
5. Susy Verónica Rios Morales / Asesora Jurídica
6. Carlos Guillermo Quijada Sandoval / Supervisor de Hospitales
7. Roberto Guarán Jiménez / Director Financiero del Ministerio de Salud
8. Dora Regina Ruano Saldaña / Esposa del sindicalista Luis Lara
9. Luis Antulio Alpirez Guzmán /Dirigente del Frente Nacional de Lucha
10. Javier Eduardo Méndez Franco
11. Rolando Eberto Cancinos Barrios

Detalles del caso

Llamó la atención la agilidad con la que se agilizó la negociación del Pacto Colectivo, del 5 al 21 de agosto del 2013 (10 días hábiles).  Solo se encontró un acta, por lo que se estima que negoció en una sola sesión.

A pesar de no contar con dictámenes financieros del Ministerio de Finanzas y del Departamento Financiero del Ministerio de Salud, se suscribieron compromisos económicos tanto a empleados como del abogado que asesoró la negociación del pacto.

Al suscribir el Pacto Colectivo, “de manera legal y arbitraria”, se aumentaron los viáticos a los funcionarios del Ministerio de Salud, función que compete exclusivamente al presidente de la República.

La fiscalía también señala un pago por servicios profesionales al abogado César Landelino Franco López, quien recibió dos pagos de Q7 millones, de los cuáles le fueron acreditados aproximadamente Q6 millones 375 mil 600, en cada ocasión.

Los pagos para Franco López se hicieron al debitar asignaciones para cubrir fondos de funcionamiento del Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt.

Al recibir el dinero, el abogado emitía cheques para José Gabriel Sepúlveda López, Rolando Cancinos Barrios y Javier Eduardo Méndez Franco.

El abogado en ningún momento prestó servicios al Estado de Guatemala, confirma el fiscal Stuardo Campo.

El fiscal Stuardo Campo explica una modalidad por el desvío de fondos. pic.twitter.com/ckJExqaLv3

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 18, 2019

Pendientes de captura

Jorge Villavicencio exministro de salud por abuso de autoridad y peculado por sustracción en forma de delito continuado.

Elsa Marina Avalos Lepe,  exviceministra de Trabajo y Previsión Social por permitir las ilegalidad plasmadas en el pacto colectivo.

El abogado César Ladelino Franco López.

José Gabriel Sepúlveda, posible trabajador del abogado.

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