La jueza de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, le negó este martes la anulación de caución por Q300 mil a Jonathan Chévez en el caso Cooptación del Estado.

Chevéz, por medio de sus abogados había solicitado que se anulara esa caución que lo mantiene en prisión preventiva por ese caso.

Sin embargo; en la sesión la Procuraduría General de la Nación señaló que el sindicado no había reunido los requisitos para ser beneficiado con la supresión del pago de los Q300 mil.

El 29 de mayo pasado, Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con imputados del caso, y caución.

La Corte de Constitucionalidad, en febrero pasado, resolvió un amparo en favor de Chévez en el que ordena que no sea procesado penalmente por financiamiento electoral no registrado debido a que esa figura delictiva no estaba vigente cuando se consumaron los hechos según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

En el caso Bodegón también está vinculado Chevéz y la defensa pedirá arresto domiciliario, aunque no hay fecha aún de la audiencia.

El Juzgado de Mayor Riesgo B aceptó este jueves 1 de junio reducir la fianza a Jonathan Chévez de Q1 millón a Q300 mil. Chévez es acusado en el caso Cooptación del Estado.

Además, el Ministerio Público solicitó un estudio socioeconómico al procesado en caso no pueda pagar la fianza.

El lunes 29 de mayo, Chévez acudió a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, con la juzgadora Eva Recinos.

En esa ocasión, los abogados defensores pidieron que se otorgara medidas sustitutivas y Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo y prohibición de comunicarse con imputados del caso.

También le impuso la caución de Q1 millón, la cual fue reducida.

La investigación del Ministerio Público (MP) ha vinculado a Chévez en los casos Cooptación del Estado, Transurbano y Bodegón.

Ha sido señalado de lavar dinero a estructuras dirigidas por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cuando gobernaron Guatemala.

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El caso

El caso Cooptación del Estado se originó de la investigación del caso La Línea.

La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP descubrieron un esquema financiero que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, etc, en los que se reportaban operaciones desde el 2008, cuatro años antes que el Partido Patriota (PP) llegara al poder.

Hace ocho años fue detenido Jonathan Chévez, y fue señalado de lavar dinero a estructuras dirigidas por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cuando gobernaron el país.

El Ministerio Público (MP) ha vinculado a Chévez en los casos Cooptación del Estado, Transurbano y Bodegón, y por medio de sus abogados ha objetado los señalamientos con acciones legales logrando resoluciones a su favor en dos procesos.

La Corte de Constitucionalidad en febrero pasado resolvió un amparo en favor de Chévez en el que ordena que no sea procesado penalmente por financiamiento electoral no registrado debido a que esa figura delictiva no estaba vigente cuando se consumaron los hechos según las pesquisas de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal cumplió la orden del tribunal constitucional. La Feci pidió a la jueza Segundo Penal, Sara Yoc, reformar el delito y la juzgadora no lo hizo debido a que justificó que la resolución constitucional no lo ordenó. Yoc en esa audiencia dictó libertad a Chévez debido a que era el único delito por el que estaba siendo señalado.

Este lunes 29 de mayo, Chévez acudió a la sala de audiencias del Juzgado de Mayor Riesgo B, con la juzgadora Eva Recinos.

Los abogados defensores pidieron que se otorgara medidas sustitutivas y Recinos le otorgó arresto domiciliario, arraigo, prohibición de comunicarse con coimputados del caso, y caución de Q1 millón, la cual deberá pagar en plazo de 15 días.

Al sindicado le hace falta solventar su situación en el caso.

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Tercer caso

Los abogados defensores de Chévez tienen previsto pedir medidas sustitutivas en el caso El Bodegón, el tercer proceso por el que aún se mantiene en prisión.

En este caso, Chévez fue enviado a juicio en marzo de 2017 por asociación ilícita, contrabando aduanero en delito continuado y alternativamente por el delito de lavado de dinero.