La “fortificación” de la frontera entre Estados Unidos y México es un motivo permanente de fricciones entre Donald Trump y sus opositores.

La última chispa saltó en el estado limítrofe de Nuevo México, donde la gobernadora, Michelle Lujan Grisham, lanzó un desafío directo al mandatario.

La gobernadora demócrata ordenó “el retiro de la mayoría de los (118) soldados de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur del estado”.

Los militares habían sido desplegados en abril de 2018 por orden de la Casa Blanca pero la gobernadora fue tajante al decir que su estado “no participará en la farsa del presidente de infundir miedo en la frontera”.

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Hasta inicios de 2019, había alrededor de 2.200 guardias nacionales en los cuatro estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo México y Texas).

Cuando llegaron, la republicana Susana Martínez todavía era la gobernadora nuevomexicana y acató la decisión del mandatario.

Pero su sucesora no parece dispuesta a hacer lo mismo.

“Farsa”

La Guardia Nacional depende de las autoridades estatales. A diferencia de las Fuerzas Armadas, la integran civiles con entrenamiento militar que responden a emergencias como desastres naturales o problemas de orden público estatales, federales e internacionales.

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Los guardias no tienen autoridad para detener ni deportar a nadie. Solo proveen vigilancia, apoyo logístico o ayuda con proyectos de mantenimiento y construcción, como levantar barreras o instalar alambres de púas, explica un portavoz de la Guardia Nacional a BBC Mundo.

Así, liberan a las patrullas fronterizas para que puedan aplicar las leyes migratorias, lo que sí implica arrestar personas.

De los 118 guardias nacionales desplegados en la frontera sur de Nuevo México, la gobernadora busca retirarentre 103 y 107.

Entre estos últimos hay 25 que provienen de Arkansas, Kansas, Kentucky, Nueva Hampshire, Carolina del Sur y Wisconsin.

La gobernadora Lujan ordenó el martes que todos “regresen a sus lugares de origen inmediatamente”.

“Nuevo México no participará en la farsa del presidente de infundir miedo en la frontera al malutilizar nuestras diligentes tropas de la Guardia Nacional”, advierte la demócrata en su comunicado.

“Rechazo el argumento federal de que existe una crisis de seguridad nacional abrumadora en la frontera sur, donde se encuentran algunas de las comunidades más seguras del país”, añade.

¿En qué normas se basa Luján para desafiar al presidente?

Control de la gobernadora

La norma que regula la Guardia Nacional (conocida como Título 32) establece que esta opera bajo control de los gobernadores.

Pero el grupo también puede ser convocado a misiones federales bajo la ley de las Fuerzas Armadas. En estos casos, queda bajo control directo del presidente de EE.UU.

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“Pero los guardias de la operación Guardian Support son personal del Título 32, así que la gobernadora los controla”, explica un portavoz de la Guardia Nacional a BBC Mundo.

Los gobernadores deben aprobar la designación de la Guardia Nacional para fines federales (como cuidar la frontera)”, dice Doris Meissner, analista del Instituto de Políticas Migratorias de EE.UU., a BBC Mundo.

“En general, los gobernadores están de acuerdo (con estos fines federales), pero no es inusual que impidan algunas tareas”, añade la experta.

Cumpliendo la orden

Joseph Vigil, vocero de la Guardia Nacional de Nuevo México, dijo a BBC Mundo que “bajo la orden de la gobernadora, los líderes de la Guardia Nacional de Nuevo México han empezado la desmovilización para retirar a la mayoría de tropas de la frontera”.

El retiro de esta mayoría de soldados calculan que tome entre 45 y 60 días, según dijo el gobierno de Nuevo México a BBC Mundo.

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Un grupo de entre 11 y 15 soldados permanecerá en la frontera en los condados de Hidalgo y de Luna debido a que, según aclara la gobernadora, reconoce “las preocupaciones legítimas del suroeste de Nuevo México, en particular el condado de Hidalgo”.

Los habitantes de este lugar han pedido la ayuda de las autoridades “ya que los migrantes y solicitantes de asilo siguen apareciendo en su puerta”, de acuerdo a Luján.

Los guardias se quedarán “para ayudar con las necesidades humanitarias de las comunidades que han visto a grandes grupos de familias, mujeres y niños cruzando la frontera en la remota área de Antelope Wells en meses recientes”.

Antelope Wells es el cruce fronterizo por el que entró a EE.UU. Jakelin Caal Maquin, la niña guatemalteca de siete años que murió bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en diciembre.

Caal había llegado al lugar como parte de la caravana de migrantes centroamericanos que partió de Honduras en octubre de 2018.