Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de Guatemala informó este 23 de enero que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de no otorgó amparo provisional a dos brasileños vinculados al caso Odebrecht.

Se trata de los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado, directivos de la empresa Odebrecht, quienes debido a la resolución de dicha sala deberán comparecer personalmente el 1 febrero de 2023 a resolver su situación jurídica en audiencia de primera declaración.

En un video difundido por el MP, Curruchiche asegura que los directivos de la empresa brasileña fueron beneficiadas por el exjefe la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez; la exfiscal general de la República y jefe del MP, Thelma Esperanza Aldana Hernández; el jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, el expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, Juan Pablo Carrasco de Groote y la jueza Marta Claudette Domínguez Guerrero, mediante la aprobación de convenios de colaboración eficaz.

Curruchice explica en su video que “entre las múltiples ilegalidades y arbitrariedades que anulan todo lo actuado y que avalaron los exfuncionarios de la Cicig y la jueza se encuentra un mandato especial con representación otorgado por la constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima de fecha 1 de septiembre de 2017”.

Explica que en punto segundo de dicho mandato se establece lo siguiente: “el presente mandato no faculta a los mandatarios a representar al mandante ante los tribunales de justicia de Guatemala y por lo tanto bajo ninguna circunstancia deberá ser considerado como un mandato judicial”.

Curruchiche afirma que este documento es el que utilizó la jueza para favorecer a los directivos de Odebrecht, “lo que pone al descubierto las acciones que ese confabularon para perjudicar al Estado de Guatemala”, señala el jefe de la Feci.

“La investigación se encuentra debidamente sustentada y documentada con medios de convicción contundentes y por ningún motivo constituye una persecución política y venganza como lo pretenden hacer ver algunas personas e incluso hasta organismos internacionales”, dice Curruchiche en relación a la investigación del caso Odebrecht.

Agrega que a la comunidad nacional e internacional les manifiesta de “forma categórica que la Fiscalía Especial contra la Impunidad investigará y procesará a todas aquellas personas, que no importando la condición o estatus que posea, pero que hayan cometido actos ilegales en Guatemala, deberán responder ante la justicia, por lo que envía un mensaje claro y contundente que en la Fiscalía Especial contra la Impunidad velamos por el estricto cumplimiento de la ley y no vamos a tolerar ningún acto fuera de ella”.

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— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 23, 2023

Órdenes de captura

El pasado 16 de enero se giraron órdenes de captura contra Carrasco, Thelma Aldana, la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y el exmandatario de la Cicig, Luis David Gaitán Arana, en un caso que se denomina Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

Las órdenes de captura son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

Ese día Curruchiche emprendería acciones legales contra el excomisionado Iván Velásquez, -ahora ministro de Defensa de Colombia-, y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón, para que “respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos”, dijo ese día el jefe de la Feci.

Crisis diplomática

Ese mismo día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de Iván Velásquez y publicó en su cuenta de Twitter que jamás aceptaría una orden de captura contra su ministro, pues este demostró que luchó contra la corrupción y que no permitiría que esta lo persiga.

Además, llamó a consulta a su embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza.

El 17 de enero, Petro habló con periodistas de su país en Suiza y dijo que si Guatemala insistía en apresar a hombres justos, Colombia nada tenía que hacer con ese país, lo que desató una crisis diplomática.

Petro mencionó que Velásquez fue contratado -en Cicig- “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.

Ese mismo día, y en respuesta a las acciones de Colombia, Guatemala llamó a consulta a su embajadora en aquel país, Reagan Vega, y en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que lamentaba que “el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”.

“Guerrillero” y “traficante”

Ese 17 de enero, el presidente Alejandro Giammattei, quien se encontraba en un viaje en España, atendió una entrevista con la Agencia EFE, en donde se refirió al presidente colombiano como “guerrillero” y “traficante”, pero le pidió cordura para solucionar la crisis que desató el anuncio que el MP de Guatemala quería investigar a Iván Velásquez.

“Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir“, dijo Giammattei.

El 18 de enero, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que tanto Iván Velásquez como el demás personal que integró la Cicig, gozan de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos.

El 20 de enero Giammattei habló con W Radio de Colombia y reconoció que Iván Velásquez no podrá ser procesado, pero sí tiene que ser investigado.

El Ministerio Público (MP) pidió rechazó, en un comunicado de prensa, una supuesta injerencia de entes internacionales en asuntos judiciales de Guatemala.

El comunicado fue publicado el pasado 19 de enero, y en este se lee que el MP expresa “su preocupación y rechazo a la manifiesta y advertible injerencia de entes internacionales en los asuntos judiciales del país y la clara intención de obstruir la función legitima de un ente legalmente constituido”.

“Hoy más que nunca queda al descubierto el incumplimiento e irrespeto al ordenamiento juridico nacional e internacional, en el ámbito de los Derechos Humanos, por lo que es inaceptable que los órganos internacionales constituidos para tutelar el respeto de los mismos, inobserven todos los tratados, convenios y normativa internacional relacionada con estos y aplicable a todo Estado parte de las Naciones Unidas”, continúa el comunicado.

Agrega que les preocupa el interés de interferir en los asuntos internos de Guatemala, a través de “ataques infundados contra el derecho de una nación a investigar las denuncias que el órgano competente recibe por los posibles delitos que son cometidos”.

El documento también hace referencia a que toda fiscalía general o Ministerio Público, como representante del poder público en materia de investigación y persecución penal, “es un bastión fundamental en la construcción de un Estado de Derecho que garantiza el cumplimiento de la ley, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos, razón por la cual, exigirle que no cumpla con su función legal es sinónimo de impunidad”.

El comunicado también explica que en un sistema legítimo de derecho, el fin no justifica el medio, y que las personas que por ley estaban obligadas a perseguir la corrupción y velar por el principio de legalidad, posiblemente lo hicieron pero violentándolo.

Señala que es por eso que consideran necesario investigarlo y que un juez, valore el caso y resuelva conforme al principio jurídico.

En el documento el MP afirma que es respetuoso de cualquier opinión nacional o internacional, reitera que “nadie puede ser superior a la ley, pues la observancia de la misma garantiza la paz y la armonía entre los pueblos”.

“El Ministerio Público nuevamente exhorta a la comunidad nacional e internacional a que se respete el estado de Derecho, la democracia y especialmente los principios del debido proceso y de legalidad, instando a todas las personas que tengan conocimiento de la comisión de un delito, a presentar las denuncias correspondientes como vía establecida en la ley, en vez de recurrir sin fundamento a publicaciones que violentan los derechos humanos, lo cual puede ser constitutivo de delito y generar impunidad”.

Las críticas

El pasado 16 de enero el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, Rafael Curruchiche informó a través de un video que un juez había ordenado la captura de cuatro personas vinculadas al caso Odebrecht.

Las órdenes de detención fueron contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, cónsul honorario de un país de la Unión Europea, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y exasesor de la empresa Odebrecht.

Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

Curruchiche también dijo que la Feci emprendería acciones legales correspondientes para que “respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón”.

Por esa razón miembros del cuerpo diplomático, algunas entidades internacionales y la ONU se pronunciaron y expresaron su preocupación por el acoso a funcionarios de justicia en Guatemala, y por una posible persecución contra personas que lucharon contra la corrupción en Guatemala.

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, concedió una entrevista a W Radio de Colombia en la que habló de los señalamientos que la Feci hizo contra Iván Velásquez, ex jefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual ministro de Defensa de Colombia, y las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro en relación a ese tema.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci), del Ministerio Público (MP) anunció el pasado 16 de enero que quiere llevar ante la justicia a Velásquez, quien es señalado de avalar, ilegalmente, los acuerdos de colaboración eficaz de tres brasileños que eran directivos de la constructora Norberto Odebrecht, y que son señalados de entregar sobornos a funcionarios guatemaltecos.

Los señalamientos de la Feci motivaron que Colombia llamara a consulta a su embajadora en Guatemala, que a su vez respondió de la misma manera, lo que generó una crisis diplomática.

Además, el presidente colombiano, Gustavo Petro, defendió a su ministro y dijo que Velásquez fue contratado -en Cicig- “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.

“Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, señaló Petro.

Giammattei, por su parte, dio una entrevista en España referente a la crisis diplomática y allí llamó “Guerrillero” y “traficante” al mandatario colombiano.

En la entrevista de Giammattei con W Radio, Giammattei confirmó que su gobierno reconoce la inmunidad del ministro de Defensa colombiano, pero que deberá ser investigado.

Giammattei hace referencia a que Guatemala y Colombia tienen 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y dijo que no quisiera que estas se vieran transformadas por la crisis.

“Las diferencias entre los países se deben resolver por la vía diplomática. No vale la pena tratar de eludir algún grado de incomodidad. Hemos propuesto al gobierno de Colombia que se pueda escalar a través de los cancilleres”, dijo Giammattei a W Radio.

El mandatario guatemalteco hizo referencia a que en el país hay “auténtica” libertad entre poderes del Estado y que cada quien tiene sus funciones.

La inmunidad de Velásquez

“Guatemala ha sido respetuoso de todos los convenios y tratados, así haya cometido un delito el señor no se le podrá procesar, pero hay que investigarlo. Entonces si él está involucrado no podrá ser juzgado, pero investigado sí”, recoge la Radio W.

El pasado 18 de enero, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, dijo en una rueda de prensa en la sede de ese organismo que “el personal internacional de la Comisión -Cicig-, en los términos del acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala sobre el establecimiento de la Cicig, gozan de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos”.

El portavoz agregó que el Secretario General “expresa su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se ejerce la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala”.

En cuanto a las declaraciones en las que Giammattei llamó “guerrillero” a Petro, el mandatario guatemalteco dijo en la entrevista a W Radio que lo único que hizo fue recordar el paso del presidente colombiano por el M-19, una organización guerrillera.

Corta la entrevista con la radio

La entrevista con W Radio la izo Julio Sánchez Cristo, director informativo de la mañana de ese medio de comunicación.

Según medios colombianos, Giammattei había aceptado la entrevista en el marco de Fitur, que se lleva a cabo en España.

Luego de haber respondido las preguntas sobre la crisis diplomática con Colombia y otros temas, el entrevistador le dijo a Giammattei que quería  hacerle una última y era sobre si al él no le preocupaba que el fiscal anticorrupción encargado de la causa contra Iván Velásquez y el escándalo de Odebrecht sea una persona que no tiene visa a Estados Unidos. (En referencia a que el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche fue designado por Estados Unidos  listado de personas a quienes señala de ser actores involucrados en corrupción en Guatemala.

Antes de que finalizara la pregunta, el presidente Giammattei lo interrumpió y le dijo: “Con el debido respeto que me merece. Le dije que ese tema ya no lo iba a tocar más. Yo le pido a usted que respete lo que quedamos, usted ya había convenido que ese tema ya lo habíamos dejado”.

“Si usted tiene alguna duda, con mucho gusto yo le puedo dar aquí el número de teléfono de la Fiscalía… llamen a la Fiscalía y preguntenle, a mí no me tienen que preguntar del estado o estatus de un fiscal, no es mi responsabilidad, no tengo por qué conocer la vida, si tienen visa, si no tienen visa, si tienen hijos o no tienen hijos. Yo no conozco a los fiscales”, dijo Giammattei un tanto molesto.

El entrevistador intentó hacerle otra pregunta y Giammattei le responde: “Señor, respete lo que habíamos quedado. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, se terminó la entrevista”, y colgó. El entrevistador dijo: “señor presidente, muchas gracias”.

En la entrevista de Giammattei con W Radio, el incidente con el entrevistador inicia en el minuto 17.36.

“Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos sean los que están siendo perseguidos y procesados”, afirmó Türk en un comunicado.

“Igualmente preocupantes son los ataques contra quienes intentan combatir contra uno de los peores virus que afligen a cualquier sociedad: la corrupción”, agregó.

Funcionarios de justicia y otras personas implicadas en la lucha contra la impunidad o en procesos anticorrupción han sido investigados, detenidos, acusados e incluso condenados por abuso de poder, obstrucción a la justicia y conspiración, señaló la nota oficial.

Otros han abandonado el país temiendo por su seguridad, indicó la oficina de la ONU, recordando que entre 2021 y 2022 documentó un aumento de más del 70 por ciento en el número de funcionarios de justicia que sufren intimidación o se enfrentan a cargos penales por su trabajo en casos de corrupción o de abusos.

“Pido a las autoridades que tomen las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del sistema de justicia y proporcionen la protección necesaria a los funcionarios de justicia”, concluyó Türk.

En un comunicado, la ONu recuerda que el 16 de enero de este año, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, anunció órdenes de captura contra tres funcionarios de justicia. Uno fue miembro del personal de la Cicig, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo respaldado por la ONU encargado de investigar y enjuiciar delitos graves en el país. El Gobierno cerró la CICIG en 2019.

El funcionario era Iván Velásquez, quien fungió como jefe de la Cicig y ahora es ministro de Defensa de Colombia.

El documento expresa que entre 2007 y 2019, la Cicig apoyó al sistema judicial nacional a tratar más de 100 casos de alto perfil de presunta corrupción y otros delitos penales que involucraban a funcionarios del Gobierno, miembros del Congreso y de las Cortes, y varios individuos del sector privado.

Recuerda que tras la disolución de la Cicig, se ha producido un aumento constante del número de casos de hostigamiento y acusaciones penales contra sus antiguos funcionarios y fiscales.

“Estos procesos judiciales y la falta de garantías al debido proceso socavan el estado de derecho en todo el país”, afirmó el Jefe de Derechos Humanos de la ONU.

El lunes 16 de enero, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), anunció su intención de llevar a la justicia al excomisionado Iván Velásquez por supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El Ministerio Público (MP) hizo el anuncio por medio de Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, quien informó que un juzgado competente también ordenó la captura de cuatro personas vinculadas al caso Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

El fiscal guatemalteco también mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón”.

Lo indicado por el funcionario ha causado reacciones en Colombia, donde Gustavo Petro, presidente colombiano, afirmó que Iván Velásquez, durante su trabajo en Cicig, fue nombrado para “destruir la impunidad que dominaba y domina Guatemala”.

El fiscal Curruchiche no se ha pronunciado en Guatemala; sin embargo, dio declaraciones a dos radios colombianas, una es BluRadio Colombia, en la que se refirió a Velásquez y también fue cuestionado.

Afirmó en la entrevista que el ahora ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, pudo haber cometido algunos delitos relacionados con contratos de Odebrecch, pero fue más allá: acusó al excomisionado de hacer parte de una estructura criminal.

Manifestó que Velásquez pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración.

Dijo que por medio de una investigación lograron establecer que dentro del MP de Guatemala operó una estructura criminal y según unos análisis de acuerdos de colaboradores eficaces, “el señor Iván Velásquez Gómez interviene de forma directa”.

Afirmó que mediante comunicaciones vía correos electrónicos y que fueron proporcionadas por una persona que ahora es testigo, se aportó una serie de indicios documentales.

“Concluimos que el señor Velásquez Gómez al frente de esta Comisión pudo haber cometido algunos delitos”, señaló.

Según el fiscal guatemalteco, estos acuerdos fueron hechos al margen de la ley y se dieron ciertas órdenes para que Camargo viajará a Brasil cuando no tenía ninguna competencia, porque el trabajo lo que tenían que hacer los fiscales del MP.

Añadió que la Cicig solo daba acompañamiento a las investigaciones y no “podía intervenir de forma directa”.

Aseguró: “Nosotros tenemos indicios sólidos, contundentes, que nos hacen prever y establecer que el señor Iván Velásquez Gómez tiene responsabilidad en los hechos penales que nosotros estamos investigando aquí en Guatemala”.

Cuando a Curruchiche le preguntaron si lo que estaba diciendo es que Velásquez hizo parte de la estructura criminal de Odebrecht, el funcionario respondió: “es correcto, así lo indican los elementos de investigación con los que contamos en este momento”.

Indicó que hubo una serie de reuniones en la Cicig y la exfiscal general Thelma Aldana y el excomisionado intervinieron de forma directa y con “pleno conocimiento de la situación”.

También le cuestionaron al fiscal si tienen alguna pista o alguna prueba de que Velásquez recibió dinero y este respondió: “hasta el momento no, pero los indicios nos indican que él tenía conocimiento de toda esta negociación, tenía conocimiento de los montos que se iban a pagar”, porque se les beneficio a los brasileños en este caso a que pagaran una multa de Q500 mil y “ya estaba todo cerrado”.

Mencionó que hacen los análisis técnicos y jurídicos para saber “cuál es el procedimiento que vamos a emplear para lograr atraer al señor Velásquez Gómez a esta investigación”.

Recordó que en 2022 anularon las declaraciones de los brasileños implicados y ahora están citados a Guatemala el 1 de febrero para que comparezcan a resolver su situación jurídica.

Añadió: “En este momento nosotros no hemos podido establecer primeramente que el señor Velásquez Gómez haya recibido dinero, cuando yo me refiero que él formaba parte de esa estructura criminal, es porque él tenía conocimiento de la forma, del motivo de cómo se estaba llevando a cabo esta negociación, del dinero que se le iba a pagar al Estado de Guatemala, del dinero que se le iba a beneficiar a la empresa Odebrecht y del dinero con que se iba a beneficiar a los colaboradores brasileños”.

Curruchiche dijo que “no es revancha” y que se hacen investigaciones “serias, objetivas e imparciales”.

Además le preguntaron qué piensa de la reacción del gobierno colombiano que llamó a consultas y respondió: “a mí como fiscal del MP únicamente me interesan las investigaciones, lo que piensen u opinen otras personas pues no me interesa, mi norte es hacer justicia, pero con objetividad, con imparcialidad, lo que piense el señor presidente de ustedes, lo que piense, opine o escriba el señor ministro de la Defensa de Colombia, a mí no me interesa lo que ellos piensen u opinen de mí”.

Para leer más: Presidente de Colombia, Gustavo Petro, defiende a su ministro Iván Velásquez y dice que en Guatemala lo persiguen por los intereses que tocó

El fiscal guatemalteco también habló a la radio colombiana La FM en la que enfatizó que por ahora no les consta que Iván Velásquez haya recibido dinero producto de los sobornos que pagó la empresa Odebrecht, pero sí hay “indicios sustentables, indicios sólidos que nos permiten establecer que el señor Iván Velásquez Gómez tuvo conocimiento, participó en la pérdida de 384 millones de dólares del Estado de Guatemala”.

Afirmó que el excomisionado intervino de forma directa, lo cual establecieron por medio de declaraciones testimoniales y correos electrónicos para las negociaciones.

Además, se dio “un visto bueno” para que fiscales de Guatemala viajaran a Brasil sabiendo que no tenían la competencia para suscribir este tipo de acuerdos de colaborador eficaz.

El fiscal afirmó que por ahora no han girado ninguna orden de aprehensión en contra de Iván Velásquez, ya que inician la investigación.

Recordó que en el mandato entre Guatemala y Naciones Unidas se establece que se goza de cierta inmunidad, por lo que hacen los análisis para saber cómo proceder y que Velásquez venga a Guatemala a “responder por los hechos que pudo haber cometido”.

“Esto es una investigación seria, objetiva e imparcial”, dijo Curruchiche cuando le preguntaron si se trataba de una revancha.

De nuevo le preguntaron respecto de la reacción del presidente de Colombia, e indicó: “es muy peligroso para la institucionalidad que usted opine de este esta manera cuando usted no conoce las dos verdades, usted no conoce las dos caras de la moneda, usted no conoce las dos versiones. Yo respeto mucho lo que dijo el presidente de Colombia”.

Afirmó que dos personas han dado información relevante para el proceso de investigación y eso permitió solicitar cuatro órdenes de captura.

Dijo que en este caso vienen algunas fases “muy interesantes, yo creo que muchas personas aquí en Guatemala se van a sorprender de lo que va a acontecer más adelante”.

Le cuestionaron que si por la situación entre ambos países se ha medido el impacto en las relaciones empresariales y económicas, a lo que el funcionario manifestó: “a mí lo único que me interesa es el proceso penal, lo demás creo que no debe de ser así”.

 Contra quiénes son las órdenes de captura

Las órdenes de captura son contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y exasesor de la empresa Odebrecht.

También se autorizó la aprehensión de la exfiscal general Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó este martes a la cordura a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, y le aclaró de que el Ministerio Publico (MP) guatemalteco está investigando al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y en ningún caso se trata de una “persecución penal”.

Petro llamó a consultas a su embajadora en Guatemala después de que el MP guatemalteco advirtiera que pretende procesar a Velásquez por su papel al frente de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017.

“Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir“, dijo Giammattei en una entrevista con EFE en Madrid, España.

El presidente de Guatemala incidió en no “caer en el juego de Petro”, por varias razones.

La primera es que “a diferencia de allá (Colombia), hasta donde sé, y no me meto en los asuntos internos de los países, están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado, allá ellos y su Justicia, en mi país si algo hemos procurado es la independencia de los poderes del Estado“, dijo Giammattei.

Agregó que “dentro de esos -los poderes del Estado-, la total y absoluta independencia y respeto total a las decisiones de los jueces y magistrados”.

“Que puedo estar o no de acuerdo, es otro tema, pero mi obligación como ciudadano es respetar lo que los jueces y los tribunales dictan”, añadió el presidente Giammattei.

Investigación, no persecución

Giammattei incidió en que lo que hay abierto contra Velásquez en Guatemala es un proceso de investigación, “que es muy distinto a un proceso de persecución penal. Sería bueno que alguien ilustre al señor Petro sobre la diferencia entre una y otra”.

“Hasta el momento no hay una orden de captura, hay un proceso de investigación y creo que se hubieran podido aclarar muchas cosas”, añadió.

El presidente de Guatemala indicó que como respuesta a la retirada de la embajadora colombiana en su país, ellos están haciendo lo mismo en Colombia.

“La semana pasada recibí las cartas credenciales de la embajadora de Colombia que me mandó un mensaje del presidente Petro totalmente distinto a lo que ahora está declarando”, recordó.

Por eso, subrayó Giammattei, “yo llamaría a la cordura, esto es un problema que puede ser visto desde las cancillerías y cualquier explicación que requieran con mucho gusto se puede dar”.

Descartó la idea de poder hablar con Gustavo Petro directamente: “Yo creo que es innecesario, en primer lugar porque él en campaña insultó a mi país y jamás pidió disculpas. De hecho en su toma de posesión la que nos representó fue la embajadora. Nadie del Gobierno fue”.

“En este caso le diría al señor Petro – tal vez el problema es que después de haber sido perseguido y traficante y todo no comprenda mucho la situación– , que retirar a los embajadores lo único que nos pone es al borde del rompimiento y yo quiero mucho a Colombia, la conozco desde hace muchos años, tengo un respeto absoluto por el pueblo colombiano. He estado allí cantidad de veces”, señaló el presidente de Guatemala.

200 años de relaciones entre Guatemala y Colombia

Por eso el presidente de Guatemala argumentó que tras más de 200 años de relaciones diplomáticas, culturales y de cooperación “tirarlas al traste por un proceso de investigación que ni siquiera se sabe en qué va terminar es un absurdo”.

“Confío en que alguien le aconseje a Petro. Si él tiene una duda para eso están los cancilleres, las misiones diplomáticas, el poder a través de nosotros abrir el diálogo con las personas que llevan al cabo las investigaciones, porque a mí me agarraron por sorpresa”, dijo.

Pero “salir despotricando no beneficia a nadie, ni a él mismo”, concluyó Giammattei, que no quiso continuar la conversación sobre ese tema “para no cometer el error de ofender como nos ofendieron sin razón”.

“A veces en los temas en cuestión de relaciones entre países lo último que debe haber es una respuesta no pensada, no meditada. Si fuera así viviríamos en guerra todo el mundo”, señaló.

“Cordura es luchar contra la corrupción”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que en política el concepto “cordura” supone “luchar contra la corrupción”, en respuesta a su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, con quien mantiene un enfrentamiento por la intención de la Justicia de Guatemala de procesar a su ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del estado solo conducen a la sociedad al genocidio”, escribió Petro en su cuenta de Twitter en respuesta a lo dicho el martes por Giammattei.

Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del estado solo conducen a la sociedad a al genocidio.

La historia de Guatemala y Colombia estan llenas de genocidios por entregar el estado a las mafias. https://t.co/PIo2yOqWRz

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2023

“Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, criticó en redes sociales el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, dijo el funcionario.

Nos preocupan las órdenes de captura del @MPguatemala contra personas que trabajaron para garantizar la #RendiciónDeCuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el #EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 17, 2023

Dentro de este caso, el Ministerio Público de Guatemala ha anunciado acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, quien estuvo al frente de la Cicig, lo que ha abierto un conflicto diplomático entre ambos países.

La Fiscalía del país centroamericano solicitó el lunes la captura de David Gaitán, exabogado de la Cicig por supuestas irregularidades en el caso de investigación que implica a la constructora brasileña Odebrecht.

Lo acusa del delito de abuso de poder por haber participado en la suscripción de varios convenios de cooperación, supuestamente anómalos, con directivos de Odebrecht.

Por dicho caso también se lanzó una orden de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara guatemalteco-americana (Amcham), la exsecretaria general del MP Mayra Véliz y la exfiscal general Thelma Aldana.

También aseguró que emprenderá acciones legales contra Velázquez, quien fuera jefe de la Cicig entre 2013 y 2017, período durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.

En respuesta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de su ministro y advirtió de que las relaciones con Guatemala se verán afectadas si la Fiscalía guatemalteca sigue adelante.

Ambos Gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores en modo de protesta.

Otras reacciones

Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, publicó el 16 de enero un tuit en el que señaló: “Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ , @ThelmaAldana y David Gaitan”. El mensaje iba acompañado del video en donde el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Feci de Guatemala, dio a conocer órdenes de captura en el caso Odebrecht.

En ese video, el fiscal guatemalteco dice que iniciarán acciones legales contra Iván Velásquez.

Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ @ThelmaAldana y David Gaitan. https://t.co/kfZfK3km8G

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 16, 2023

En otro mensaje en Twitter, Pappier señaló como correcto el análisis del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dijo que jamás aceptaría la orden de captura de su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien demostró luchar contra la corrupción.

Según Pappier, “la justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la Cicig. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional”.

Correcto análisis del Pdte. @petrogustavo. La justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la CICIG. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional. https://t.co/OPxbq2LELy

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

En otro mensaje pidió al presidente Petro que promueva que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) “condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

“Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_ . Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.”, publicó en Twitter.

El Pdte. @petrogustavo debería promover que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_. Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

Además, compartió entrevistas que dio a varios medios de comunicación colombianos en los que dice que no tiene mayor sentido tomar en serio la investigación de la Fiscalía de Guatemala en contra del ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez.

Qué dice el MP

Referente al tema, la Fiscalía señaló que “al Ministerio Público, según su mandato legal y constitucional, le corresponde la investigación y velar por el estricto cumplimiento de la ley, en ese sentido es una institución independiente que no está sujeta a ningún sector nacional o internacional por lo que realiza todas sus investigaciones de conformidad con el principio de objetividad, imparcialidad y legalidad.

Agrega que “tal y como informamos ayer en el video en el que dio declaraciones el Lic. Curruchiche, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión de Juan Pablo Carrasco de Groote, Thelma Aldana, Mayra Yohana Veliz López y Luis David Gaitán Arana”.

Foto principal: El subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols, habla durante una entrevista con Efe el 7 de junio de 2022. (Foto Guatevisión: EFE)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), publicó este martes 17 de enero un comunicado en el que afirma que llamó a consulta a su embajadora en Colombia, tras la crisis diplomática que surgió luego que el Ministerio Público guatemalteco afirmara que tomaría acciones legales contra Iván Velásquez, exjefe de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y ahora ministro de Defensa de Colombia.

“En atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacia la Justicia guatemalteca”, se lee en el comunicado difundido por el Minex.

Agrega que “lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”.

En el documento también se lee que en ese sentido, “hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas”.

Reagan Vega es la embajadora de Guatemala en Colombia.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, al día de hoy, no ha recibido ninguna nota del Ministerio Público al respecto”, señala en comunicado.

El comunicado concluye con que “Guatemala reitera el respeto de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y hace un llamado para que el asunto se resuelva por la vía diplomática y el diálogo”.

El Minex aclaró que llamar a consultas a un embajador es una manera diplomática de expresar molestias sobre un asunto entre dos países.  Señaló que eso no significa romper relaciones, pero es una manera de marcar el terreno de una inconformidad.

Añadió que se espera que la embajadora de Guatemala en Colombia, se movilice en las próximas 48-72 horas, dependiendo temas logísticos y que eso también debería ocurrir con la diplomática colombiana.

La crisis diplomática

El pasado lunes, 16 de enero, la Feci, a través del su jefe Rafael Curruchiche, informó mediante un video que un juez giró órdenes de captura contra cuatro personas en el caso denominado Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

Se trata del abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y  exasesor de la empresa Odebrecht.

Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

Iván Velásquez también

Ese mismo día, el fiscal Rafael Curruchiche, dijo que tomaría acciones legales también contra el extitular de la Cicig, Iván Velásquez. “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón”.

La Feci señala a Iván Velásquez de avalar, presuntamente de forma ilegal, los acuerdos de “colaborador eficaz” de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala y por eso dice que lo llevará ante la justicia.

Colombia llama a consulta a su embajador

Ese mismo día, el Gobierno de Colombia llamó a consulta a su embajadora acreditada en Guatemala, Victoria González Ariza, luego de que la Feci hiciera señalamientos en contra de Iván Velásquez.

Fue el propio presidente colombiano Gustavo Petro, quien informó que llamó a consultas a su embajadora, y reiteró que no aceptará “la orden de captura de nuestro ministro Velásquez” y que su embajadora se llama “inmediatamente a consulta”.

“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.

Defiende a Iván Velásquez

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este martes 17 de enero, a su ministro de Defensa, Iván Velásquez, luego que la Feci anunció su intención de llevar a la justicia al excomisionado.

Petro dijo a periodistas en Suiza, a donde viajó para participar en el Foro Económico Mundial, que como toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, el ministro Iván Velázquez lo hizo cuando fue nombrado “en la comisión independiente judicial por las Naciones Unidas, refiriéndose a la Cicig.

Señaló que Velásquez fue contratado -en Cicig- “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.

Agregó: “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este martes 17 de enero, a su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fungió como jefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público anunció su intención de llevar a la justicia al excomisionado.

La Feci señala a Iván Velásquez, de avalar presuntamente de forma ilegal los acuerdos de “colaborador eficaz” de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala y por eso dice que lo llevará ante la justicia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó a Suiza para participar en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos, pero atendió a periodistas a su llegada a Zúrich para hablar sobre la situación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Petro dijo a los periodistas que como toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, el ministro Iván Velázquez lo hizo cuando fue nombrado “en la comisión independiente judicial por las Naciones Unidas, refiriéndose a la Cicig.

Señaló que Velásquez fue contratado -en Cicig- “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.

“La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse, solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velásquez en Guatemala es que la sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales”, dijo Petro a los periodistas.

“Los criminales reaccionan, nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él -Velásquez- un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad,  sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, acorralado por quienes ejercen esa impunidad, así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro”, comentó el presidente colombiano.

Agregó: “Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”.

#VideoBlu “Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país”, señaló el presidente Petro sobre la situación del ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“Lo vamos a respaldar, es un hombre justo”, dijo #MañanasBlu pic.twitter.com/8TLOAVMjVO

— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 17, 2023

El pasado 16 de enero, Petro publicó en su cuenta de Twitter: Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”.

Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitirimos que la corrupción lo persiga.

Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2023

Además, la vicepresidenta de esa nación, Francia Márquez Mina, escribió en su cuenta de Twitter que apoya a Velásquez, a quien definió como una persona ” ejemplo de dignidad y entereza”.

“Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al Ministro de Defensa @IvanVelasquez. Un ser humano ejemplo de dignidad y entereza. Desenmascarar la corrupción jamás debe significar persecuciones judiciales a quien desempeña con valentía esta tarea”.

Expresamos nuestra solidaridad y respaldo al Ministro de Defensa @Ivan_Velasquez_.

Un ser humano ejemplo de dignidad y entereza.

Desenmascarar la corrupción jamás debe significar persecuciones judiciales a quien desempeña con valentía esta tarea.

— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) January 17, 2023

El caso

El pasado lunes, 16 de enero, la Feci, a través del su jefe Rafael Curruchiche, informó mediante un video que un juez giró órdenes de captura contra cuatro personas en el caso denominado Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

Se trata del abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y  exasesor de la empresa Odebrecht.

Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

Contra Iván Velásquez

En el video el actual jefe de la Feci mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón.

Según la Feci, Velásquez habría incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia y conspiración.

Correos electrónicos en poder de las autoridades del MP vincularían a Velásquez con el cambio de acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños vinculados a la constructora Norberto Odebrecht.

Por el momento la Feci no ha aclarado si ya hay una pesquisa formal contra Iván Velásquez o algún requerimiento al gobierno de Colombia.

Foto principal: Gustavo Petro, presidente de Colombia, -de lentes- a su llegada a Davos, Suiza. (Foto Guatevisión: Presidencia de Colombia)

El Ministerio Público (MP), a través de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó que un juzgado competente ordenó la captura cuatro personas vinculadas al caso Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

Curruchiche informó, mediante un video difundido por el MP en redes sociales, que las órdenes de captura fuero solicitadas por la Feci y son contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y  exasesor de la empresa Odebrecht.

Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

Van contra Iván Velásquez

En el video el actual jefe de la Feci mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón.

También mostró en pantalla algunos correos electrónicos en los que supuestamente se comprueban las negociaciones entre las autoridades de ese entonces y Odebreecht.

Explicó que “en un correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la funcionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón a Juan Pablo Carrasco de Groote le indica que la exfiscal Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz”.

Agrega que el 3 de agosto de 2017, “Juan Pablo Carrasco de Groote envía correo electrónico al abogado brasileño Guillermo Solis y le informa sobre una reunión sostenida en la Cicig, y en la que participaron la exfiscal general Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez,  quienes otorgan el visto bueno para que se suscriban los acuerdos de colaboración eficaz en Brasil, lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”.

Curruchiche señala que el 11 de agosto de 2017, Adriana Camargo Garzón envía un correo electrónico a Juan Pablo Carrasco, con copia al correo Iván Velásquez Gómez con el siguiente mensaje: “Luego de la revisión final de los últimos ajustes a los acuerdos de colaboración eficaz, se ha recibido visto bueno para seguir adelante con el trámite, en tal virtud, la semana siguiente se harán las coordinaciones con el juzgado contralor del caso para concretar su firma y las declaraciones en anticipo en Brasil”.

El jefe de la Feci mencionó también, este hecho se concretó el 8 de septiembre de 2017, cuando la jueza Marta Claudeth Domínguez Guerrero aprobó los acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños Luiz Antonio Mameri, Marcos de Cerqueira Lima Machado y Eduardo Oliveira Gedeón.

Los ciudadanos brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, exdirectivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, tendrán que rendir su primera declaración por un caso de corrupción que salpica a Guatemala el 1 de febrero de 2023, según informó la Feci recientemente.

El 28 de noviembre de 2022, Feci informó que, a requerimiento de ellos, el Juzgado de Mayor Riesgo D dejó sin efecto, y por consiguiente sin valor jurídico alguno, la audiencia de primera declaración de Mameri y Lima Machado, la cual fue celebrada el 8 de septiembre de 2017 en el caso Odebrecht.

“Ante los hechos evidentes, en los cuales quedan de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron un grave detrimento al estado de Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley”.

Iván Velásquez, quien dirigió la Cicig en Guatemala y quien fue declarado persona no grata por el entonces presidentes Jimmy Morales, actualmente es Ministro de Defensa Nacional de Colombia.

#CasoAcuerdosFraudulentosCorrupciónEImpunidad
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/mO7gEJqlqC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 16, 2023

Caso Odebrecht y Guatemala

El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, entre ellos Guatemala.

Odebrecht es una empresa constructora de Brasil que se dedicó a emitir sobornos en toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.

Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que, además, participaron agencias fiscales de al menos 10 países.

Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre Suchitepéquez y San Marcos.

En ese caso, el Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.

Los hechos por enlistar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios del más alto perfil se le designó a la Feci, cuya investigación permitió la captura de algunos abogados en enero de 2018.

Lima Machado expone en la videoconferencia que estaban interesados en invertir en Guatemala, por lo que hicieron una exploración en el 2010, pero antes de ello investigaron si el Estado de Brasil podía financiar algunos proyectos en este país. Cuando les dijeron que sí, viajaron   a Guatemala durante el cuarto trimestre de ese año.

El colaborador eficaz señaló que empezó a tener cercanías con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero fue con la gestión del Partido Patriota con la que se concretó el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente.

Según el relato, durante el gobierno de la UNE el representante de Odebrecht se reunió con dos técnicos de la Dirección General de Caminos, quienes le entregaron el plan vial 2007-2017. Luego de estudiarlo se reunió con el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, y el presidente Álvaro Colom, quien le ofreció el tramo carretero.

Gobierno del PP

Lima Machado expone que, en una fiesta de un amigo, en diciembre del 2011, conoció a Alejandro Sinibaldi, con quien platicó brevemente y le expuso que estaban interesados en invertir en Guatemala.

Después de un tiempo se concretó una reunión con Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones.

Debido a que el proceso no avanzaba, Lima Machado cuenta que tuvo que reunirse con la vicepresidenta Roxana Baldetti, “quien me presentó a Arturo Batres Gil. Luego de varias semanas, Batres Gil me llama para decirme que ya no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la vicepresidenta de la República, por lo que le indiqué que no podía porque era tema del Ministerio de Comunicaciones”.

En septiembre del 2012, Sinibaldi  le dijo al colaborador eficaz que era necesario agendar un dinero para él, ya que, de lo contrario, no podría avanzar el proyecto, pero Lima Machado respondió que tenía que hablarlo con su líder, Luiz Antonio Mameri.

En enero del 2013, Sinibaldi le solicitó a Mameri el pago de la comisión del 7.5 por ciento del total del contrato —unos US$9.9 millones— para gestionar los procesos y concretar el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente; luego de un tiempo aceptó, según el relato grabado.

Otra de las referencias de Lima Machado señala que el fallecido exministro de Finanzas Públicas Pavel Centeno fue el encargado de elaborar los términos de referencia del préstamo para ejecutar el proyecto.

Para que el banco brasileño aprobara el crédito fue necesario que se presentara un contrato.

El colaborador eficaz contó que hicieron un borrador y, para su sorpresa, de un día a otro el Congreso aprobó el borrador que ellos propusieron al momento de hacer la negociación, sin hacerle modificaciones.

“En abril del 2013 se pagó la mitad del anticipo de la obra, US$38 millones 223 mil 490.17, y de ahí salieron los siete primeros desembolsos para funcionarios públicos”, afirma Lima Machado.

Según la investigación y lo confirmado por Lima Machado, Manuel Baldizón habría recibido US$1.2 millones de los US$3 que habían pactado.

Debido a que  en la casa de Sinibaldi hubo una reunión con Baldizón y el ahora colaborador eficaz, ese día aquel le dijo que había que entregarle una cuota a este último.

Batres era secretario privado de Baldetti y es uno de los prófugos del caso por haber recibido US$4.9 millones en sobornos, según la pesquisa.