La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que había retirado la inmunidad a María Reyna Salazar, jueza de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, pues le denegó un amparo a la juzgadora.

En la resolución de la CC se menciona que se deniega el amparo solicitado por María Belén Reyna Salazar en contra la resolución de la CSJ, que le retiró la inmunidad y la separó del cargo el pasado 31 de marzo.

Según se informó, Igor Bitkov, su esposa Irina Bitkova y la hija de ambos, Anastasia Bitkova, quienes fueron condenados por uso de documentos falsos, presentaron la petición de retiro de inmunidad de la jueza Salazar.

Cuando la familia rusa estaba en el proceso legal, habían designado a dos personas para que se hicieran cargo de hijo menor de edad, que en ese entonces tenía 3 años, pero según ellos la jueza no accedió a eso y lo envió a un hogar.

La familia rusa aseguró que en ese sitio el menor fue víctima de maltrato y por eso interpusieron la denuncia contra la jueza.

La defensa de la jueza había argumentado que la decisión de enviar al niño a un hogar de protección era porque el menor carecía de documentos personales, porque los papás estaban en prisión y los documentos que presentaron para que se les otorgara la custodia del infante a sus abogados no coincidían con la identidad que reclamaban para el niño.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) deberá otorgar un Código Único de Identificación (CUI) y emitir un nuevo Documento Personal de Identidad  (DPI) Especial de Mayor de Edad Reconocido Bajo el Estatuto de Refugiado a los integrantes de la familia Bitkov, condenados en Guatemala por compra y uso de documentos falsos, luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió un amparo en favor de dicha familia rusa.

La resolución de la CC obra en el expediente 4129-2021 y tiene fecha del 7 de febrero de 2022, pero se hizo pública en una publicación de elPeriódico este 13 de julio.

La CC en el documento otorga amparo a los postulantes contra el Renap y los restablece en la situación jurídica afectada.

Además, se ordena al Renap que en el plazo de 5 días, contados a partir de que se encuentre firme el presente fallo asigne un Código Único de Identificación a los integrantes de la familia Bitkov y que se emita a cada uno un nuevo Documento Personal de Identidad Especial de Mayor de Edad Reconocido Bajo el Estatuto de Refugiado.

Se señala que dichos documentos deben tener todas las formalidades propias de los documentos personales de identificación de los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados en el país que estén inscritos en dicho registro, de conformidad con la Ley del Registro Nacional de las Personas, el Reglamento para la Emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) y el Reglamento para la Emisión del Documento Personal de Identidad Especial.

La resolución detalla que, en caso de incumplimiento por parte del Renap, se le impondrá la multa de Q2 mil a los miembros de su Directorio y a cada uno de los funcionarios que resulten responsables, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales en que pudieran incurrir.

La petición de los Bitkov

En la resolución, a que Prensa Libre también tuvo acceso, se menciona que la CC examinó la sentencia del 19 de mayo de 2021, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción de amparo promovida por Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova contra el Renap.

Añade que la familia rusa reclamó la omisión del Renap de resolver tres escritos de fecha 13 de diciembre de 2019, presentados por Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova -uno por cada accionante- el 17 de diciembre del mismo año, mediante los cuales solicitaron la creación y autorización del Reglamento que ordena los artículos 83 y 84 del Código de Migración y la emisión de documentos de identificación personal provisional para cada uno de ellos.

Denunciaron en esa oportunidad violación a los derechos a la vida, libertad de acción y libertad de locomoción.

La familia señalaba que  a la fecha en que promovieron el amparo, la autoridad impugnada -El Renap, aún no ha emitido ningún pronunciamiento, a pesar de los múltiples requerimientos de información sobre el trámite antes relacionado -acto reclamado-.

Según la argumentación del Renap en el proceso, para emitir el DPI se debían de cumplir ciertos requisitos legales contenidos en la ley de la materia así como en la normativa específica, por lo que es necesario analizar el contexto e instituciones que intervenían en el presente asunto.

Resolvió que no era factible emitir el referido documento de forma inmediata y automática, en virtud que el mismo es inexistente dentro de la normativa vigente.

La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, concluyó que existía inobservancia por parte de los amparistas (los Bitkov) al formular su petición para la obtención del DPI.

Que efectivamente los interponentes de las acciones contaban con el reconocimiento del Estatuto de Refugiado otorgado por el Estado de Guatemala, pero que debían efectuar el trámite administrativo de residencia temporal como refugiados, porque el DPI solo se puede entregar a extranjeros que ha cumplido con ese requisito.

Que la alegación de los Bitkov de que la excusa de la falta de reglamento para cumplir con lo ordenado por el Código de Migración, no se pueden emitir los documentos referidos si no se cumplen con los procedimientos administrativos establecidos en la ley de la materia, por lo que su emisión no es de forma inmediata.

Agregaba que los interponentes habían trasladado al ambiente constitucional un asunto administrativo, y que los Bitkov, en sus memoriales, hacían referencia a normas no específicas para la obtención del Documento Personal de Identificación.

El caso Bitkov

Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia Bitkova llegaron legalmente a Guatemala en 2009 y adquirieron posteriormente documentos supuestamente legales que los acreditaban como originarios de Taxisco, Santa Rosa, los cuales fueron obtenidos a través de una red de falsificación en la entidad migratoria guatemalteca, según una investigación oficial.

Este caso involucraba a los Bitkov y a 40 personas más y fue denominado por las autoridades como Caso Migración.

La familia había enfrentado un primer proceso por los delitos de supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados y había tenido una sentencia condenatoria en enero de 2018.

Tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso a su fase intermedia, previo a conocer si la familia, y una red de 40 presuntos falsificadores, irían a juicio.

El caso de Igor Bitkov fue separado del de su esposa e hija, por lo que el ciudadano ruso fue procesado y condenado en diciembre de 2018 a siete años de prisión por haber falsificado documentos y por los delitos de supresión y alteración de estado civil, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público  y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato concluyó en septiembre de 2020.

La familia ha intentado demostrar su calidad de inmigrante y “víctima” de una mafia dentro del Instituto Nacional de Migración al venir a Guatemala, luego de haber supuestamente, según su versión, tenido que salir de su natal Rusia donde presuntos empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes.

Sin embargo, la prensa local ha señalado que la familia poseía en Rusia una empresa papelera valorada en US$700 millones y que, tras haber defraudado a sus accionistas por US$6 millones, se fugaron y llegaron a Guatemala.

Durante diversas fases del proceso judicial, la familia rusa se ha visto involucrada en señalamientos del propio Gobierno de Guatemala, la ONU (ente que regía a la CICIG) y el senado estadounidense, llegando a conseguir que varios políticos republicanos, como el senador Marco Rubio, sugirieran una posible “conspiración” entre la CICIG y el Kremlin.

La familia rusa también fue apoyada por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quien se mostraba conmovido la supuesta persecución en contra de los europeos y solía mencionar el caso como un ejemplo de los presuntos excesos cometidos por la CICIG, entidad que lo acusaba, junto a la Fiscalía guatemalteca, de haber cometido delitos electorales con tal de hacerse del poder en la elección de 2015.

El 20 de julio de 2020 la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la sentencia contra 40 acusados en el Caso Migración, entre las que destacan las condenas de las ciudadanas rusas Irina y Anastasia Bitkova, esposa e hija de Igor Bitkov, respectivamente.

Irina y Anastasia Bitkova fueron sentenciadas a ochos años de prisión por el delito de supresión y alteración del estado civil, y a seis por uso de documentos falsificados.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó y endureció la sentencia dictada contra el ciudadano ruso, Igor Bitkov, quien seguirá condenado a 7 años de cárcel inconmutables por el uso de documentos falsificados.

El fallo también le revocó el beneficio de la suspensión de la pena en uno de los dos delitos por el que fue encontrado culpable. Es decir, Bitkov debe cumplir con los 7 años de prisión una vez la sentencia quede firme.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), informó que dicha sala dio con lugar un recurso de apelación especial por motivo de fondo que fue interpuesto por la Unidad de Impugnaciones del MP.

Refirió que Bitkov había sido sentenciado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y a dos años por el delito de uso de documentos falsificados, pero le suspendieron la condena por ese último delito por lo cual el ciudadano ruso solo debía purgar 5 años de prisión.

Sin embargo, con el fallo de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, se confirma que Bitkov sí deberá purgar los 7 años de prisión.

El caso Bitkov

Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia Bitkova llegaron legalmente a Guatemala en 2009 y adquirieron posteriormente documentos supuestamente legales que los acreditaban como originarios de Taxisco, Santa Rosa, los cuales fueron obtenidos a través de una red de falsificación en la entidad migratoria guatemalteca, según una investigación oficial.

Este caso involucraba a los Bitkov y a  40 personas más y fue denominado por las autoridades como Caso Migración.

La familia había enfrentado un primer proceso por los delitos de supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados y había tenido una sentencia condenatoria en enero de 2018.

Tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso a su fase intermedia, previo a conocer si la familia, y una red de 40 presuntos falsificadores, irían a juicio.

El caso de Igor Bitkov fue separado del de su esposa e hija, por lo que el ciudadano ruso fue procesado y condenado en diciembre de 2018 a siete años de prisión por haber falsificado documentos y por los delitos de supresión y alteración de estado civil, de acuerdo a la investigación de la Feci y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato concluyó en septiembre de 2020.

La familia ha intentado demostrar su calidad de inmigrante y “víctima” de una mafia dentro del Instituto Nacional de Migración al venir a Guatemala, luego de haber supuestamente, según su versión, tenido que salir de su natal Rusia donde presuntos empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes.

Sin embargo, la prensa local ha señalado que la familia poseía en Rusia una empresa papelera valorada en US$700 millones y que, tras haber defraudado a sus accionistas por US$6 millones, se fugaron y llegaron a Guatemala.

Durante diversas fases del proceso judicial, la familia rusa se ha visto involucrada en señalamientos del propio Gobierno de Guatemala, la ONU (ente que regía a la CICIG) y el senado estadounidense, llegando a conseguir que varios políticos republicanos, como el senador Marco Rubio, sugirieran una posible “conspiración” entre la CICIG y el Kremlin.

La familia rusa también fue apoyada por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quien se mostraba conmovido la supuesta persecución en contra de los europeos y solía mencionar el caso como un ejemplo de los presuntos excesos cometidos por la CICIG, entidad que lo acusaba, junto a la Fiscalía guatemalteca, de haber cometido delitos electorales con tal de hacerse del poder en la elección de 2015.

Irina y Anastasia Bitkova fueron sentenciadas a ochos años de prisión por el delito de supresión y alteración del estado civil, y a seis por uso de documentos falsificados.

Junto a esas dos sentencias, la Sala también confirmó otras 38, según Juan Francisco Sandoval, fiscal contra la corrupción del Ministerio Público, quien añadió que este lunes fueron notificados de la resolución de la Sala.

Agregó que la condena contra las 40 personas es por tener vínculos con el caso denominado Migración, relacionado a una red de tráfico de personas.

“Es su momento el tribunal dio certeza probatoria a los medios que fueron presentados con la Fiscalía con relación a una red para el ingreso, tránsito y traslado ilegal de personas en el país”, dijo Sandoval. 

El 5 de enero del 2018, el Tribunal de Sentencia Penal para Procesos de Mayor Riesgo A condenó a ese grupo de personas y fue hasta este lunes que la sentencia fue confirmada.