Ramírez, de 38 años, recibió la inyección letal en el penal de Huntsville y fue declarado muerto a las 18.41 hora local (23.41 GMT)

Sus últimas palabras estuvieron dedicadas a la familia de su víctima, Pablo Castro, y a la suya propia, incluyendo a su esposa y a su hijo.

La ejecución de Ramírez se había postergado en tres ocasiones y se llevó a cabo a pesar de las objeciones del fiscal de distrito del Condado Nueces, Mark González, quien se opone a la pena de muerte.

El caso de Ramírez alcanzó notoriedad a nivel nacional cuando el reo apeló al Tribunal Supremo de Justicia con su reclamo de que se permitiera que Dana Moore, el pastor de la Iglesia bautista en Corpus Christi, estuviera presente en la sala de ejecución, y orara en voz alta y lo tocara durante el proceso.

El Tribunal Supremo dictaminó que Texas había violado la libertad religiosa de Ramírez al negarle permiso para que su pastor lo acompañara en sus momentos finales.

En julio de 2004 Ramírez y dos mujeres decidieron robar una tienda para conseguir dinero y comprar drogas y, según los documentos del juicio, cuando se encontraron con Castro, de 46 años de edad, padre de 9 y abuelo de 14, Ramírez le asestó al menos 29 puñaladas.

Ramírez y sus cómplices huyeron del sitio llevándose 1,25 dólares que es todo lo que Castro tenía consigo.

Más tarde Ramírez y las dos mujeres llevaron a cabo otro robo y estaban a punto de cometer un tercero cuando la Policía los localizó. Las mujeres fueron arrestadas pero Ramírez escapó a México donde logró evadir a las autoridades por más de tres años hasta que lo capturaron cerca de la frontera en febrero de 2008.

Un traficante de drogas condenado por asesinar a cinco personas, incluidas dos niñas, recibió una inyección letal el 17 de julio, el tercer preso federal ejecutado en Estados Unidos esta semana.

Dustin Honken, de 52 años, originario de Britt, Iowa, fue declarado muerto a las 14.36 hora de Guatemala en la prisión de Terre Haute, en el estado del medio oeste de Indiana, dijo el Departamento de Justicia.

Honken fue condenado en Iowa en 2004 por los asesinatos en 1993 de dos traficantes de drogas que se convirtieron en informantes del gobierno e iban a testificar sobre el comercio de metanfetaminas.

También por asesinar a la novia de uno de los dos hombres y sus dos hijas, de 10 y 6 años.

Ave María, Madre de Dios, ruega por mí. Dustin Honken.

“No había razón para que el gobierno lo matara ahora”, dijo Shawn Nolan, el abogado de Honken, en un comunicado.

“El hombre que mataron hoy era un ser humano que podría haber pasado el resto de sus días ayudando a otros y redimiéndose aún más”, agregó.

Honken recitó un poema del inglés Gerard Manley Hopkins llamado Heaven-Haven. Sus últimas palabras fueron:  “Ave María, Madre de Dios, ruega por mí”.

Fue el tercer preso federal ejecutado en la prisión de Terre Haute esta semana después que el Departamento de Justicia anunció el mes pasado que reanudaría las ejecuciones federales.

La pena de muerte se restableció a nivel federal en 1988, pero solo se había utilizado en tres ocasiones antes de las ejecuciones de esta semana, la última en 2003.

Solo un puñado de estados, ubicados principalmente en el conservador sur del país, todavía llevan a cabo activamente ejecuciones.

En 2019, 22 personas fueron ejecutadas.

La mayoría de los delitos se juzgan según las leyes de cada estado, pero los tribunales federales manejan algunos de los delitos más graves, como los ataques terroristas, los crímenes de odio y los casos de crimen organizado.

Después de 17 años, las ejecuciones federales de Estados Unidos se iban a reanudar este 13 de julio con la ejecución de Daniel Lewis Lee, pero de último momento se suspendieron por recursos legales interpuestos por la familia de las víctimas.

El gobierno de Donald Trump planeaba ejecutar a Daniel Lee, un supremacista blanco sentenciado a muerte en 1999 por el asesinato de una pareja y una niña de 8 años.

Un tribunal estadounidense suspendió el 10 de julio la ejecución federal programada para el lunes y que habría sido la primera en 17 años, a solicitud de familiares de las víctimas de los condenados, preocupados por su salud debido a la pandemia del coronavirus.

El Departamento de Justicia interpuso una apelación unas horas después de esta decisión. Las apelaciones pueden llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que podría demorar algunos días.

Pero familiares de sus víctimas, incluida la abuela de la niña, Earlene Peterson, de 81 años, acudieron a la justicia esta semana para postergar la ejecución.

Invocando su vulnerabilidad al nuevo coronavirus, los querellantes explicaron que se enfrentaban a una elección imposible entre su derecho a asistir a los últimos momentos de la persona condenada y las preocupaciones por su salud en caso de aglomeración.

“El gobierno tiene un interés legítimo en garantizar que la ejecución se lleve a cabo rápidamente”, pero eso viene después del interés de tratar a los familiares de las víctimas “con justicia, respeto y dignidad”, decidió la jueza Jane Magnus-Stinson, de un tribunal federal de Indiana.

“La familia espera que el gobierno federal los apoye y no apele el fallo”, dijo el abogado Baker Kurrus en un comunicado.

“Esperamos que el gobierno finalmente actúe de una manera que alivie el dolor de Peterson y su familia en lugar de aumentarlo”, agregó.

Peterson, una opositora a la pena de muerte, ha pedido reiteradamente a Trump que sea “indulgente” con Daniel Lee, asegurándole que no quiere que lo ejecuten.

Alegando que “actúa en nombre del público y las familias”, la administración republicana ha programado cuatro ejecuciones federales este verano boreal.

En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los actos más graves (ataques terroristas, crímenes racistas) o cometidos en bases militares, entre varios estados o en reservas de nativos americanos.

En los últimos 45 años, solo tres personas han sido ejecutadas a nivel federal, incluido Timothy McVeigh, responsable del atentado de Oklahoma City (168 muertos en 1995) en 2001. La última ejecución federal data de 2003.

Las ejecuciones se reanudarán el martes por la noche en Estados Unidos, con una inyección letal en el estado de Misuri (centro), después de dos meses y medio de interrupción debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

Esta vez le toca a Walter Barton, de 64 años, condenado a muerte por el asesinato a puñaladas de una octogenaria, en la localidad de Ozark en 1991, crimen que el reo niega haber cometido.

Los abogados de Barton presentaron una apelación de última hora ante la Corte Suprema de Estados Unidos para suspender la ejecución, pero el máximo tribunal rechazó la solicitud el 27 de abril pasado sin comentar el caso.

Debido a la irrupción de la pandemia de covid-19, el 5 de marzo se interrumpieron todas las ejecuciones en Estados Unidos.

La anciana, a quien el condenado conocía, manejaba una parcela de casas rodantes. Barton fue una de las tres personas que descubrieron su cuerpo apuñalado.

Tras una larga saga judicial, Barton fue condenado en 2006 en base a rastros de sangre y el testimonio de un exdetenido, cuya fiabilidad disputan sus abogados.

Los abogados acudieron a la máxima Corte alegando que los argumentos de la condena fueron frágiles. Como prueba de ello, señalan que sus dos primeros juicios fracasaron sin conseguir un veredicto y los dos siguientes fueron anulados tras sendas apelaciones. Finalmente un quinto proceso condenó a Barton.

Cuando Misuri fijó fecha para la ejecución, en febrero, los abogados comenzaron a construir un nuevo caso basado en evidencia científica que dicen que refuta las pruebas de rastros de sangre. Pero sus esfuerzos se han “ralentizado considerablemente” por el confinamiento por la pandemia, argumentan.

La ejecución se llevará a cabo en la prisión de Bonne Terre, Misuri. El aplazamiento también resultó denegado el lunes por el gobernador de ese estado, el republicano Mike Parson.

Un portavoz del Departamento de Cárceles de Misuri dijo que se ha verificado la temperatura a los que ingresen a la prisión, donde no han surgido casos de COVID-19. Habrá tres áreas separadas para ubicar a los testigos de la ejecución, para asegurar el distanciamiento social.

Ya se habían cancelado ejecuciones en otros estados por motivos ligados a los riesgos derivados del coronavirus.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, informó que varios tribunales de Texas y Tennesse también adoptaron la medida, señalando en particular que las ejecuciones reúnen a demasiadas personas: guardias, abogados, testigos y familiares.

Los opositores a la pena de muerte se han movilizado por el caso Barton: “Walter puede ser inocente. La salud y la seguridad del público se verán comprometidas solo por llevar a cabo el espectáculo”, denunció en su cuenta de la red Twitter una asociación de derechos civiles de Misuri que reclama alternativas a la pena de muerte.

Robert “Bobby” Long, de 65 años, fue ejecutado en la prisión estatal de Florida en Raiford, dijo el Departamento Correccional.

“La ejecución se dio sin incidentes”, dijo en un comunicado Michelle Glady, directora de comunicaciones del departamento.

Long fue sentenciado a muerte en septiembre de 1985 por asesinar a una mujer un año antes.

Durante la investigación, confesó haber matado a otras siete y haber cometido múltiples violaciones, según la orden de ejecución.

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El entonces recientemente divorciado y padre de dos hijos comenzó su trayectoria violenta a comienzos de los años 1980.

Escogía a sus víctimas en la sección de clasificados de los diarios locales: mujeres que estuvieran vendiendo artículos. Iba a sus casas, las violaba y huía. Así se ganó el apodo del “violador de los anuncios clasificados”.

En 1984, comenzó a asesinar y durante ocho meses secuestró, violó y ahogó o cortó las gargantas de ocho mujeres para luego abandonar sus cuerpos.

Fue descubierto luego de violar numerosas veces a una joven de 17 años, que se las arregló para convencerlo de que la dejara ir y luego avisó a la policía.

Su ejecución fue la octava en lo que va de año en Estados Unidos.

Donnie Edward Johnson, de 68 años, fue declarado culpable en 1984 de asesinar a su esposa, Connie Johnson, en Memphis, Tennessee, al colocar una bolsa de basura de plástico en su garganta y sofocarla.

Michael Brandon Samra, de 41 años, fue condenado en 1998 por su participación en los asesinatos de Randy Duke, la novia de Duke, Dedra Mims Hunt, y las hijas de Hunt, de seis y siete años.

Samra tenía 19 años cuando se cometieron los asesinatos en 1997 en Pelham, Alabama.

Llevó a cabo los crímenes con el hijo de 16 años de Duke, Mark, quien estaba enojado con su padre porque le había negado el uso de su camión.

Mark Duke también fue condenado a muerte, pero su sentencia cambió a cadena perpetua luego de que la Corte Suprema estadounidense dictaminara en 2005 que quienes tienen menos de 18 años en el momento de cometer delitos no deben ser ejecutados.

Los abogados de Samra habían apelado pidiendo que se considerara que era menor de 21 años al momento del crimen, lo cual fue rechazado por la Corte Suprema.

Luego solicitaron a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, que concediera el indulto por el mismo motivo, pero ella se negó alegando que su estado “no tolera actos asesinos de ninguna naturaleza”.

En Tennessee, Johnson le pidió al gobernador Bill Lee que suspendiera su ejecución porque había sido redimido a través de la práctica religiosa adventista durante su tiempo en prisión.

A pesar de contar con el apoyo de la iglesia e incluso de la hija de su víctima, Lee se negó.

En lo que va de 2019, Estados Unidos ha realizado siete ejecuciones.

(Con información de AFP)