La India lanzó este sábado con éxito su primera misión espacial destinada al estudio del Sol, un lanzamiento que supone un nuevo logro para el programa espacial del país asiático, que la semana pasada se convirtió en la primera nación en alunizar en el polo sur de la Luna.

El despegue de la sonda Aditya-L1 (Sol, en sánscrito) con el cohete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) tuvo lugar a las 11.50 horas (6:20 hora GMT) desde el centro de Sriharikota en el estado suroriental de Andhra Pradesh, según mostró en directo durante la cuenta atrás la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO).

“Felicidades, Aditya-L1 ha sido inyectado en una órbita elíptica (…) que es lo que pretendía con mucha precisión el PSLV”, dijo el jefe del ISRO, Sreedhara Panicker Somanath, desde el centro de control tras confirmarse el éxito del despegue.

“A partir de ahora Aditya-L1 emprenderá su viaje, después de algunas maniobras en tierra iniciará su recorrido hasta el punto L1. Un viaje muy largo de casi 125 días”, agregó.

La sonda orbitará durante dieciséis días la Tierra, que empleará para ganar progresivamente velocidad, antes de dirigirse hacia su destino final: el primer punto Lagrange (L1), un lugar entre el Sol y la Tierra separado por 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta.

La misión tardará unos cuatro meses en alcanzar ese punto, que apenas supone un 1 % de la distancia que separa ambos cuerpos celestes, y que destaca por ser gravitacionalmente estable, ya que la atracción del Sol y la Tierra se encuentra en equilibrio facilitando la observación continuada de la estrella sin verse afectada por eclipses u ocultaciones.

Desde allí, Aditya-L1 estudiará las capas más externas del Sol, la fotosfera, la cromosfera y la corona, a través de siete cargas útiles que emplearán detectores electromagnéticos y de partículas y campos magnéticos, informó ISRO.

Estas herramientas tienen el objetivo de “obtener información que ayude a comprender los problemas del calentamiento coronal, la eyección de masa coronal, las actividades previas a las llamaradas solares y sus características, la dinámica del clima espacial, el estudio de la propagación de partículas y los campos en el medio interplanetario”, continuó la agencia espacial india.

La masa de Aditya-L1 es de 1480,7 kilogramos y se espera que permanezca en funcionamiento durante unos cinco años.

Aunque ISRO no ha informado del presupuesto de la misión, los medios locales estiman que asciende a unos 4.000 millones de rupias, equivalentes a más de 48 millones de dólares.

Con esta misión, la India se une a un selecto grupo de países que han enviado sondas para estudiar el Sol, entre ellos China, Estados Unidos, Japón, o la extinta Alemania Occidental (en colaboración con la NASA), además de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó en la red social X (antes Twitter) a los científicos de ISRO “por el lanzamiento exitoso de la primera misión solar de la India” y recordó que este nuevo viaje se une al reciente éxito cosechado por el país con su misión Chandrayaan-3 hacia la Luna.

El lanzamiento de Aditya-L1 se produce diez días después del histórico alunizaje de una sonda india en el inexplorado polo sur de la Luna, en el marco de la misión Chandrayaan-3 del ISRO, que convirtió al país asiático en la primera nación en alcanzar la zona más meridional del satélite terrestre. EFE

La razón que dio es que había un sonido de una alarma que era muy “molesto”, según una demanda presentada por abogados de la institución afectada en Nueva York.

Aunque había un cartel que explicaba cómo silenciar el pitido, el empleado presuntamente desconectó un interruptor por un error de lectura.

Según los abogados, las muestras almacenadas a -80 °C quedaron “insalvables”, lo que causó daños por valor de US$1 millón.

La universidad donde estaba el laboratorio ha demandado a la empresa de limpieza del empleado en cuestión por haberlo entrenado de forma inadecuada.

Había un botón para silenciarlo

El incidente ocurrió en septiembre de 2020 el Instituto Politécnico Rensselaer de Troy, de Nueva York.

Ahí se realizaba una gran investigación sobre fotosíntesis, dirigida por el profesor KV Lakshmi, la cual tenía el potencial de ser “pionera” en el avance del desarrollo de paneles solares, según el abogado del instituto.

El laboratorio tenía un contrato con la empresa de limpieza por US$1,4 millones.

Unos días antes de que el congelador fuera apagado, saltó una alarma que alertaba de un aumento de temperatura de 3 °C.

Aunque la fluctuación podría haber sido catastrófica, el profesor Lakshmi “determinó que los cultivos celulares, las muestras y la investigación no se veían perjudicados”, según se lee en la demanda incoada.

Debido a las restricciones por la pandemia de covid-19 en ese momento, las reparaciones del congelador se demorarían una semana.

Mientras tanto, colocaron un cartel que alertaba: “Este congelador emite un pitido porque está en reparación. Por favor, no lo mueva ni lo desenchufe. No es necesario limpiar esta zona”.

“Puede pulsar el botón de silencio de alarma/prueba durante 5-10 segundos si desea silenciar el sonido”.

Pero días después de que empezara a sonar la alarma, el encargado de la limpieza desconectó el interruptor que suministraba electricidad al congelador.

Según un informe presentado por el personal de seguridad del instituto, el encargado de la limpieza pensó que estaba encendiendo el interruptor cuando en realidad lo había apagado, informó el diario New York Post.

Cuando los investigadores descubrieron el error, la temperatura había tenido un aumento de 50 grados, hasta alcanzar -30 °C.

La mayoría de las muestras que debían conservarse a -80 °C quedaron “comprometidas, destruidas e insalvables, echando por tierra más de 20 años de investigación“, según la demanda.

El abogado Michael Ginsberg dijo a la cadena NBC News que el empleado de limpieza escuchó “alarmas molestas”.

Los abogados que lo entrevistaron dijeron que “aun así, no parecía creer que hubiera hecho nada malo, sino que solo intentaba ayudar”.

El equipo jurídico del instituto afirma que la empresa que empleó al trabajador no formó adecuadamente a su empleado.

La compañía de limpieza declinó hacer comentarios.

La NASA, a través de su portal digital en español, ha publicado este martes 23 de agosto un nuevo artículo donde informa acerca de la próxima misión llamada Artemis I, cuyo objetivo es viajar a la órbita de la luna.

Artemis I es una misión que no cuenta con tripulación y que su principal objetivo es abrir el espectro para la exploración del espacio.

El equipo que conforma Artemis I ha establecido una ventana del lanzamiento para el próximo 29 de agosto, entre las 8.33 am y las 10.33 am.

En caso de que la primera fecha haya algún fallo, el equipo tiene de alternativa el 2 y 5 de septiembre.

Aporte de guatemaltecos

Además, el artículo mostró el trabajo de Eileen Meda, una estudiante de Ingeniería Mecánica Industrial de la Universidad del Valle en Guatemala, en la elaboración de una pieza de termoplástico, un material que puede soportar temperaturas extremas que será de utilidad para uno de los hardware especiales que acompañará a Artemis I, llamado PLASM.

“Eileen Meda debía ser precisa. Sosteniendo la pieza con la mano izquierda y la herramienta con la derecha, la estudiante de Ingeniería Mecánica Industrial pulió como una artesana los bordes del termoplástico“, resalta el artículo.

Este hardware, desarrollado en BioServe Space Technologies, permitirá un experimento biológico llamado Genómica de la radiación en el espacio profundo (DSRG en inglés) que fue seleccionado por el departamento de Ciencias Biológicas y Físicas (BPS en inglés) de la NASA.

Cuando despegue, #Artemis I llevará un pedacito de Guatemala a la órbita de la Luna.

Estudiantes de la @uvggt manufacturaron componentes del hardware para un experimento biológico seleccionado por @NASASpaceSci para viajar a bordo de la nave Orion: https://t.co/VoACF5QTdd pic.twitter.com/8zWaCaAmSh

— NASA en español (@NASA_es) August 23, 2022

El objetivo de la BPS es realizar investigaciones de biología espacial que ayuden a los seres humanos a buscar formas más eficientes de prosperar en el espacio profundo.

Por su parte, DSRG se encargará de estudiar el efecto de la radiación espacial en microorganismos. Será uno de los cuatro experimentos que viajará de ida y de vuelta a bordo de la nave Orion, en Artemis I.

Para leer más: El primer satélite guatemalteco Quetzal-1 gana el People’s Choice Award 2020

“Para que los astronautas vivan y trabajen de forma segura y sostenible en la Luna, y más adelante en Marte, debemos entender primero cómo la elevada radiación ionizante, la alteración de la gravedad y la alteración de la atmósfera afectarán nuestra capacidad para prosperar”, dijo Craig Kundrot, director de la División de BPS de la NASA.

DSRG es liderado por Luis Zea, ingeniero y científico guatemalteco que se desempeñó en jefe de implementación e investigador principal en proyectos de BioServe Space Technologies, en la Universidad de Colorado Boulder.

And includes components developed in #Guatemala by Universidad del Valle de Guatemala @uvggt student team led by Prof. Andrés Viau & Rodrigo Aragón. Left to right: Esteban Herbruger, Iñaki Alvarado, Prof. Aragón, Prof. Viau, Diego Aguirre, Eileen Meda, and Diego Hernandez (4/n) pic.twitter.com/uIHQSIZulJ

— Luis Zea (@SpaceLuisZea) November 10, 2020

Este será un experimento biológico que llevará células de levadura que serán expuestas a la radiación cósmica durante el viaje y se estudiará su efecto sobre el ADN de estas.

“La razón por la cual estamos hablando levaduras es porque más del 70 por ciento de su genoma tiene equivalentes en el genoma humano“, dice Zea en el artículo de la NASA.

El artículo afirma que PLASM viajará en la órbita de la luna en uno de los asientos de la nave Orión, y que amerizará en el Océano Pacífico luego de terminada la misión, que según los expertos puede tardar varias semanas.

DSRG comenzó en 2019 y gracias a la invitación de Luis Zea, la Universidad del Valle conformó un equipo de estudiantes y docentes de Ingeniería Mecánica que trabajaron en la fabricación las piezas de termoplástico PLASM durante el primer bimestre del 2020.

Melissa Alejandra Palacios Chacón, de 21 años, desapareció el 4 de julio de 2021 en Zacapa. Ese mismo día fue encontrada sin vida.

En el caso, el Ministerio Público señaló a María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle como los principales sospechosos del asesinato de la joven. Ambos fueron capturados el 25 de agosto y ligados a proceso el 9 de septiembre.

El 7 de diciembre, José Maximino Morales González juez de Primera Instancia Penal de Zacapa, donde se ventila el caso, benefició a Bonilla Archila y Marroquín Ovalle con el cambio de delitos de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta.

En la audiencia los abogados de Bonilla Archila explicaron al juez que su defendida mató a Melissa en un “estado de ira”. El juez aceptó la justificación.

En conferencia de prensa, la familia de Palacios Chacón explicó que el juez no tomó en cuenta parte de la pesquisa del Ministerio Publico que muestra los chats que sostuvo María Fernanda Bonilla Archila con José Luis Marroquín Ovalle quien trabajaba como su seguridad.

Anabella Chacón, madre de Melissa, explicó que las pruebas que el juez no tomó en cuenta están en el expediente.

De acuerdo con la pesquisa. Bonilla Archila y Marroquín Ovalle, chatearon sobre cómo eliminar a Palacios Chacón durante la noche la medianoche del 3 y madrugada del 4 de julio, según los registros que se muestran en las conversaciones de WhatsApp.

Detalle de las conversaciones:

Bonilla Archila: “Vamos hacer algo mañana”.

Bonilla Archila: “Vamos a las 12 a San Jorge”.

Marroquín Ovalle: “¿Vamos?”.

Bonilla Archila: “Vamos a ir hacer algo”.

Bonilla Archila: “Pero a nadie vamos a decir”.

Marroquín Ovalle: “Va”.

Marroquín Ovalle: “Es (…)”

Bonilla Archila: “Exacto”.

Bonilla Archila: “Pero yo si la voy a matar a puros pijazos”.

Marroquín Ovalle: “Tráela para aka i la echamos”.

Bonilla Archila: “Y no a eso vamos a ir mañana pue”.

Bonilla Archila: “Ella se va a ver conmigo”.

Bonilla Archila: “Solitos vamos a ir”.

Bonilla Archila: “Pero aquí es fácil para dejarla ir”.

Bonilla Archila: “Sin decir a nadie”.

Marroquín Ovalle: “va”.

Bonilla Archila: “si”.

Denuncia a juez

La familia de Melissa denunció que tuvieron acceso a información sobre una supuesta negociación entre el juez y familiares de los detenidos para efectuar el cambio de los delitos y beneficiarlos para concederles libertad condicional.

La denuncia contra el juez José Maximino Morales González fue recibida en la fiscalía municipal de San Jorge, Zacapa y fue registrada bajo el expediente número MP287-2021-3944.

Según el ministro de Gobernación, Gendri Reyes se encuentran investigando el posible tráfico de migrantes en Esquipulas, Chiquimula, el cual quedó en evidencia luego de un trabajo periodístico de Guatevisión y Prensa Libre.

A decir de Reyes, la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) tiene a su cargo la investigación, tomando en cuenta que hubo señalamientos de migrantes que aseguraron que agentes policiales les exigieron sobornos.

Reyes expuso que en conjunto con una unidad de la Embajada de Estados Unidos han logrado trabajar de forma conjunta para llevar a cabo investigaciones en contra estructuras de trata de personas.

En el año en que Black Lives Matter se convirtió en un grito de guerra en todo el mundo, BBC News Brasil, en colaboración con una ONG local, el Foro Brasileño de Seguridad Pública (BFPS), se propuso investigar estas muertes.

¿Cuál es la verdadera magnitud de la violencia policial letal en Brasil y quién está en mayor riesgo?

Advertencia: este artículo contiene imágenes y descripciones que algunos lectores pueden encontrar perturbadores.

Tres adolescentes, tres muertes

João Pedro tenía 14 años cuando le dispararon por la espalda mientras jugaba en casa con sus primos.

Guilherme Guedes, de quince años, desapareció afuera de la casa de su abuela antes de recibir un disparo en la boca.

E Igor Rocha Ramos, de 16 años, murió cuando se dirigía a comprar pan, mientras su madre estaba en casa recuperándose del coronavirus.

¿Qué conecta a estas muertes? Se alega que los tres adolescentes fueron asesinados por la policía brasileña en 2020 y más de seis meses después, sus familias dudan que se haga justicia.

Caso uno: Igor Rocha Ramos, fallecido a los 16 años, 2 de abril de 2020

“Había perdido tanta sangre que corría a lo largo de toda la calle. Desde la parte superior, donde yacía, hasta abajo”, dice Ana-Paula Rocha, la madre de Igor.

“No me dejaron acercarme. Me retuvieron todo el tiempo. Luego lo llevaron al hospital. No me dejaron ir en la ambulancia”.

Como madre soltera que trabaja, Ana-Paula crió a sus cuatro hijos con un salario mensual de solo US$300.

Junto a sus tres hijas, Bruna, Barbara y Beatriz, y su hijo menor Igor, compartían casa en Jardim São Savério, un suburbio en las afueras de Sao Paulo, cerca de donde Ana-Paula trabaja como conductora de autobús.

El día que un agente de policía disparó a Igor, Ana-Paula estaba en casa recuperándose del coronavirus. Sufría de síntomas graves, incluidos problemas respiratorios, y se había estado aislando durante 11 días en su dormitorio.

Igor se ofreció como voluntario para ir a la panadería a comprar pan y papas fritas para almorzar con unas salchichas que habían quedado.

Salió de la casa alrededor de la 1:15 de la tarde, y solo 10 minutos después, Ana-Paula escuchó un grito ensordecedor que venía de la calle.

“Han matado a un niño. Han matado a un niño y se parece a Igor“, dice Ana-Paula que gritó el vecino. Aterrorizada, se quitó las zapatillas, bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta principal a la calle.

Luchando por respirar, recuerda que se arrancó su barbijo.

Decenas de vecinos ya estaban en la calle, maldiciendo y filmando a la policía con sus teléfonos. Entonces recuerda el grito aterrorizado de su hija Bruna.

“¡Fue en la cabeza, mamá! El disparo fue en la cabeza”, gritó Bruna. Ana-Paula dice que fue entonces cuando entró en pánico.

Filmadas por varios testigos, las gráficas imágenes de los teléfonos móviles muestran cómo tanto Bruna como Ana-Paula son contenidas agresivamente mientras intentan pasar entre el número cada vez mayor de policías que rodean el cuerpo de Igor.

“Me dolió tanto verlo así. Me quitó una parte de mí”, dice, mientras se funde en lágrimas.

Diez meses después, nadie ha sido arrestado por la muerte de Igor, pero la policía militar de Sao Paulo dice que su caso aún está bajo investigación.

Ana-Paula dice que mientras estaba en el lugar, uno de los agentes le dijo: “Fue un tiroteo, señora”, dando a entender que Igor tenía un arma.

Pero ella insiste en que Igor no tenía pistola y que simplemente estaba en camino a comprar pan. Los testigos también le dijeron a la BBC que no vieron a Igor con un arma.

El departamento de policía de Sao Paulo dice que aún deben investigar a fondo las afirmaciones del agente de que Igor estaba armado.

Los informes del hospital confirmaron que Igor murió en la calle de un solo disparo en la nuca. Las imágenes y los informes de testigos muestran que cayó cerca de la panadería.

Ana-Paula dice que seguirá luchando para conseguir justicia para Igor, pero le preocupa que el sistema judicial también esté predispuesto en contra de quienes viven en los barrios más pobres de la ciudad.

“Si mi hijo fuera el hijo de un hombre rico, el agente ya estaría en la cárcel. Pero este policía, está ahí afuera, sigue trabajando con normalidad”.

Las autoridades confirmaron que el policía involucrado sigue cumpliendo sus funciones habituales.

Joven, varón y negro

En los primeros seis meses de 2020, la policía mató a 3.148 personas en Brasil. Eso es un promedio de 17 personas muertas cada día.

Incluso en el relativamente pequeño estado de Río de Janeiro (población: 16 millones), la policía mató a más personas en los primeros seis meses del año que en todo Estados Unidos (población: 328 millones).

Pero en Brasil, la violencia policial letal se ha normalizado tanto que rara vez desencadena protestas masivas como las que se ven en EE.UU. o Nigeria.

Además, se estima que solo alrededor de 1 de cada 10 muertes a manos de la policía resulta en un cargo criminal.

Cuando se trata de la brutalidad policial en Brasil, la regularidad con la que las personas pierden la vida es tratada, tanto en las calles como en los medios de comunicación y los tribunales, con apatía y evasión de responsabilidades.

Para comprender quién está más en riesgo, la BBC, en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, examinó los perfiles de más de 1.000 personas que murieron a manos de la policía en el estado natal de Igor, Sao Paulo, y en Río de Janeiro, durante los primeros seis meses de 2020.

Lo que descubrimos fue que en Sao Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, donde una gran mayoría de personas se autoidentifican como blancas, casi el 60% de todos los fallecidos eran brasileños negros.

Más del 99% de todos los muertos eran hombres y casi el 30% tenían menos de 24 años.

Pero en Río de Janeiro, el estado más mortífero de Brasil en términos de brutalidad policial, el 75% de todos los fallecidos por la acción policial son negros, una proporción aún mayor.

En Río, si eras joven, negro y del sexo masculino, tenías cinco veces más probabilidades de morir a manos de la policía en 2020 que un joven blanco.

Es importante señalar que, en nuestra investigación, todas las estadísticas sobre personas vivas utilizan categorías raciales autoidentificadas. En el caso de los fallecidos, se determina su raza según consta en los registros policiales.

En Brasil, la descripción racial de una víctima de asesinato es designada por el forense o el oficial de policía investigador, utilizando las categorías amplias de negro, blanco, otro o desconocido.

Negro, en este caso, suele incluir tanto a individuos negros como a individuos ‘pardos’ (mestizos).

Como el último país de las Américas en abolir la esclavitud, Brasil sigue siendo profundamente desigual, y los brasileños negros y mestizos tienen más probabilidades de experimentar una menor esperanza de vida, educación y nivel de vida.

Caso dos: Guilherme Guedes, secuestrado y asesinado a los 15 años, 14 de junio de 2020

Una de las muertes más atroces de 2020 en Brasil fue la de Guilherme Guedes, quien desapareció fuera de la casa de su abuela y luego fue encontrado muerto a tiros.

“Hubiera preferido que mi hijo tuviera covid-19 en lugar de morir como lo hizo”, dice su madre, Joyce da Silva dos Santos.

“Mucha gente me dice: ‘Es el plan de Dios’. No, para mí este no es el plan de Dios. ¿Es el plan de Dios que una persona muera de dos balas en la cabeza?”.

La última vez que Joyce vio a su hijo fue en una barbacoa familiar. Cuando empezó a hacerse tarde, Guilherme (Gui) se ofreció a acompañar a su abuela a casa.

En el camino recogieron pasteles de pollo, los favoritos de Gui, cuenta Joyce.

Después de ayudar a su abuela a meterse en la cama, Gui volvió a salir a la calle y se encontró con otro chico de su edad. El niño le advirtió que había dos “policías vestidos de civil” que se dirigían hacia ellos.

“Pero Gui dijo: ‘No. No me iré, porque no he hecho nada malo‘”, dice Joyce. “Así que se quedó. Y ahí es cuando llegaron los dos”.

Imágenes de la cámara de seguridad frente a la casa de la abuela de Guilherme muestran a dos hombres rodeando a Guilherme en la calle.

Su cuerpo fue descubierto seis horas después, arrojado a 6 kilómetros de distancia en una ciudad cercana. Los informes forenses muestran que le dispararon una vez en la boca y otra en la nuca.

Siete meses después, la Oficina de Seguridad Pública de Sao Paulo dice que ambos sospechosos en el video han sido identificados.

Actualmente en prisión y esperando un juicio, el sargento Adriano Fernandes de Campos niega todos los cargos. La policía sigue buscando al segundo sospechoso, el exoficial Gilberto Eric Rodrigues.

Joyce dice que creciendo Guilherme siempre temió a la policía, pero que ella le decía que no había razón para tener miedo.

“Le quité el miedo”, dice Joyce. “Pero hoy prefiero que mis hijos le teman a la policía”.

“Creo que para ellos, todo el que vive en las afueras es un criminal. Creen que un niño de 15, 16, 17 años no puede tener zapatillas de marca en sus pies”.

Una historia de violencia

¿Por qué la policía de Brasil es tan agresiva? Parte de la respuesta se encuentra en el pasado del país.

Saliendo de dos décadas de dictadura militar, en las que miles fueron torturados y cientos asesinados, Brasil heredó dos fuerzas: la militar y la policía civil.

Los cadetes de la policía militar continúan recibiendo una formación más parecida a los reclutas del ejército, a pesar de ser los principales responsables de la vigilancia callejera diaria.

En tanto, la policía civil asume funciones más judiciales y administrativas.

El exjefe de policía del estado de Río de Janeiro, Robson Rodrigues da Silva, dice que la presión sobre los agentes de policía en Brasil no puede subestimarse.

Con una de las tasas de criminalidad más altas del mundo, argumenta que la policía en Brasil está mal pagada y no recibe suficiente apoyo.

Con el tiempo, la imprevisibilidad y la volatilidad del trabajo pueden causar un “daño psicológico significativo” a muchos agentes.

“La suposición general de cualquier policía es que es muy probable que alguien esté armado“, dice Robson, “porque la disponibilidad de armas de fuego en estas áreas refleja cuán ineficiente es el sistema para evitar que tales armas lleguen fácilmente a manos de delincuentes”.

“Esto genera tensión y miedo, y cuando esto se manifiesta en un policía, es mucho más probable que reaccione mal ante una situación”.

Para Robson, en ningún lugar es más peligroso ser policía que en las favelas de la ciudad de Río.

Rodeando la ciudad, apiladas precariamente en las laderas de las montañas, las miles de favelas de Río carecen no solo de una presencia policial permanente, sino también de escuelas y hospitales.

Muchos están bajo el control de bandas del crimen organizado, lo que los convierte en lugares volátiles para todos los que viven y trabajan allí, incluida la policía.

El año pasado, Río de Janeiro fue, por lejos, el estado más mortífero de Brasil en términos de violencia policial letal, contribuyendo con una cuarta parte de todas las muertes a manos de la policía en el país.

¿Por qué Rio es tan mortal? La respuesta: redadas antidrogas. Son operaciones en las que decenas de agentes ingresan a las favelas, a menudo con el apoyo de helicópteros y vehículos blindados, en persecución de bandas delictivas organizadas.

En esta guerra civil entre la policía y las bandas de narcotraficantes, las personas inocentes tienen más que perder.

Atrapados entre la violencia y el virus

Como periodista que vive y trabaja en las favelas, Bruno Itan suele ser el primero en entrar en escena cuando estalla una pelea entre la policía y las pandillas.

Pero el año pasado, en medio de la creciente pandemia de coronavirus, Bruno describe una redada policial que sacudió a su comunidad hasta la médula.

“Tan pronto como llegué, vi muchos cuerpos esparcidos por las calles. Fue tan terrible, creo que por un momento la gente se olvidó del virus. Era una escena de guerra, con sangre por todas partes y agujeros de bala”.

Era el mediodía del viernes cuando más de una decena de policías ingresaron al Complexo do Alemão en busca de narcotraficantes. Dos horas después, los lugareños dicen que al menos 12 personas habían muerto y la policía dejó atrás cinco cuerpos.

Atrapados entre la violencia policial y el virus, muchos residentes se vieron obligados a romper la cuarentena para retirar los cuerpos, que según dicen habían comenzado a oler en unas pocas horas debido al calor abrasador del verano de Río.

“Todos estaban ayudando. Algunas personas estaban limpiando la sangre, otras repartían sábanas, alguien más prestó su auto, mientras que otras estaban ayudando a llevar los cuerpos.

“Necesitaban ayudarse a sí mismos y a los demás. Una madre no iba a poder cargar el cuerpo de su hijo por sí misma”.

Creciendo en las favelas, Bruno dice que ha aprendido a convivir con la violencia. Sabe qué hacer cuando el grupo de WhatsApp de la comunidad advierte de una redada.

Sabe dónde esconderse -en el piso del baño o detrás de una puerta- pero siempre lejos de cualquier vidrio o ventana.

Pero para Bruno, a pesar de haber vivido cientos de redadas, la escalada de violencia policial el año pasado, en combinación con la pandemia, fue reprensible.

“La violencia siempre llega, pero nunca 12 personas mueren en una mañana. Tal vez una o dos. Una o dos muriendo, puede que le resulte extraño, pero desafortunadamente para nosotros esto se ha vuelto normal. ¿Pero 12?”

Caso tres: João Pedro Matos Pinto, 18 de mayo de 2020

A principios del año pasado, un aumento en las muertes a manos de la policía en Río de Janeiro significó que 2020 parecía bien encaminado para convertirse en el peor año en dos décadas en términos de brutalidad policial letal.

Pero esto se frenó debido a un solo caso, el asesinato de un adolescente en mayo, que paralizó todas las redadas policiales en las miles de favelas de Río.

Justo después de la hora del almuerzo de un lunes, un escuadrón de policías militares sin orden judicial ingresó ilegalmente a la casa donde João Pedro, de 14 años, jugaba con sus primos.

Se dispararon más de 70 rondas de munición dentro de la casa, y João Pedro murió por una bala de la policía en la espalda.

“João era un niño muy hogareño. Dondequiera que iba, siempre estaba con sus padres. Su rutina era la escuela, el hogar, la iglesia“, dice su madre, Rafaela Coutinho Matos, maestra de 36 años.

El día que mataron a su hijo, Rafaela estaba en su casa en São Gonçalo, en las afueras de Río. João había ido a jugar a la casa de este primo, a la vuelta de la esquina.

Aproximadamente a las 2:30 pm escuchó el helicóptero de la policía. “Llamé a João y le dije: ‘Hijo, estoy muy preocupada porque el helicóptero está disparando’. Pero él dijo: ‘Mamá, cálmate, estamos dentro de la casa‘”.

Esa fue la última vez que Rafaela habló con su hijo. Los informes oficiales de la policía y los relatos de testigos han confirmado que, tras arrojar dos granadas, la policía entró en la casa y abrió fuego.

Las autoridades dicen que sus agentes estaban persiguiendo a varios narcotraficantes armados que se cree que saltaron el muro y entraron en la propiedad.

Los primos de João le dijeron a su mamá que corrieron en todas direcciones cuando la policía entró a la casa, tratando de esconderse de las balas.

Tumbados boca abajo en el suelo, los niños se cubrieron la cabeza con los brazos para protegerse. Congelados por el miedo, solo más tarde se dieron cuenta de que João había recibido un balazo en la espalda.

“No imaginé un rifle de asalto. Me imaginé una herida superficial”, dice Rafaela, rompiendo a llorar.

Después de que se descubrieron las heridas de João, lo llevaron al helicóptero de la policía. Las autoridades dicen que aún están investigando cómo fue trasladado su cuerpo.

Pero sus amigos y primos dicen que los obligaron a llevar su cuerpo ellos mismos a un automóvil, antes de que lo cargaran en el helicóptero.

Durante 17 horas, Rafaela no supo adónde habían llevado a su hijo. La familia pasó toda la noche visitando hospitales locales hasta que finalmente a la medianoche les dijeron que su cuerpo estaba en la morgue local.

A pesar de acaparar la atención de los medios brasileños, Rafaela cree que es poco probable que alguien sea arrestado u obligado a rendir cuentas por el asesinato de su hijo.

João no es el primer hijo que se pierde en su comunidad, dice, y no será el último.

“Nunca hablé con João sobre el racismo. Ni siquiera me detuve a pensar en ello, porque nunca imaginé que estaría viviendo lo que vivo hoy. Pero sí, creo que fue un prejuicio”.

“Porque la policía piensa que todos los que viven en la favela son delincuentes. No todos son delincuentes y estos asesinatos suelen ocurrirles a negros“.

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, declaró públicamente que João era inocente y que su muerte sería investigado a fondo. Pero ocho meses después, las autoridades han confirmado que aún no se ha detenido a nadie.

Sin embargo, impulsado por una gran respuesta en los medios de comunicación brasileños, el caso de João Pedro condujo a una sentencia sin precedentes de la Corte Suprema.

Todas las redadas policiales se suspendieron temporalmente mientras los residentes continuaron en cuarentena en sus hogares durante la pandemia.

Nuestra investigación sobre la cantidad de personas que murieron a manos de la policía en Río el año pasado mostró que antes de que se detuvieran las redadas policiales, en promedio 150 personas fallecieron cada mes.

Pero en junio de 2020, después de que se suspendieran las redadas, solo 34 personas murieron.

Eso es un 80% menos que en junio de 2019.

Todavía son 34 vidas perdidas en un solo mes, pero muestra que al detener las redadas policiales, se pueden salvar cientos de vidas.

Consultada por la BBC sobre si las redadas policiales se reiniciarían después de que terminara la cuarentena, la oficina de seguridad de Río de Janeiro respondió: “Todos los allanamientos se realizan con base en la inteligencia, y siguen estrictos requisitos legales, priorizando siempre la preservación de la vida”.

Para el exjefe de policía del estado, Robson Rodrigues da Silva, quien en su rol anterior solía coordinar operaciones en las favelas de la ciudad, tal caída en el número de muertos no fue inesperada.

“Al interrumpir este círculo vicioso, sucedió algo que esperábamos: una reducción drástica tanto de las muertes de agentes de policía como de las muertes de personas a manos de la policía”.

“Muestra que elegir la guerra como estrategia para enfrentar al enemigo -no importa lo que se haya dicho antes- está completamente mal y necesitamos revisar nuestra estrategia”.

Pero, como señala Robson, no solo se salvan vidas de civiles, sino también la propia policía.

A pesar de representar solo el 34% de la fuerza, los oficiales negros y mestizos representan más del 50% de las muertes policiales.

Son más vulnerables a la violencia letal que sus homólogos blancos, lo que según Robson, se deriva del racismo sistémico en la sociedad.

“El mismo problema de asegurar la movilidad social que enfrentan los negros en nuestro país también existe dentro de la policía. Porque a pesar de tener muchos agentes negros, están más abajo en la escala jerárquica“, señala.

“Este es un aspecto de nuestra sociedad que está mal y es racista. Pero todavía no nos hemos recuperado de ser un país que apoyó la esclavitud durante demasiado tiempo. Todavía tenemos que encontrar una salida y mejorarlo”.

Sin embargo, David Marques del Foro Brasileño de Seguridad Pública rechaza los comentarios de Robson de que el racismo dentro de la fuerza policial es simplemente un producto del racismo en la sociedad brasileña en su conjunto.

El experto en muertes policiales por delitos violentos en Brasil dice que hay otros factores en juego.

“Para que la fuerza policial se convierta en parte de la lucha contra la desigualdad racial violenta es necesario construir un debate más amplio sobre el impacto del racismo en la seguridad pública y que esta discusión motive a los policías a cambiar sus acciones cotidianas en la calle”.

“Además, también es necesario profundizar la discusión sobre la victimización policial. Más policías han muerto fuera de servicio y por suicidio que en el trabajo. Esto significa que abordar el tema de las condiciones de trabajo de la policía es fundamental”, afirma.

Al examinar el número de policías muertos en los primeros seis meses de 2020, la investigación de Marques encontró que de 103 policías asesinados, el 70% estaban fuera de servicio en ese momento.

Para aumentar sus ingresos, muchos agentes de policía tienen un segundo empleo como guardias de seguridad. Pero sin uniforme y sin apoyo operativo, es cuando corren más riesgo de sufrir violencia letal.

Justicia

En los tres casos -Igor Rochas Ramos, Guilherme Guedes y João Pedro Matos Pinto-, sus familias ahora deben esperar para ver si se hace justicia.

Pero incluso en el caso de más alto perfil, el de João Pedro, el abogado de la familia, Daniel Lozoya, no está convencido de que la investigación vaya a conducir a un arresto.

“Es importante resaltar que en el caso de João, con toda la conmoción mediática, la investigación se llevó a cabo con más diligencia que el caso promedio”, dice Lozoya.

“El patrón que suelen tomar estas investigaciones es que solo escuchan a la policía. Siguen solo las versiones de los hechos de la policía, a veces alargándolo durante años hasta que finalmente son despedidos”.

“Con tantos casos el año pasado, algo que nunca deberíamos tener que considerar normal está sucediendo, lamentablemente, todos los días. En la sociedad, esto genera una insensibilidad, una anestesia en cómo las personas se relacionan con estos casos, y solo los más extremos terminan generando atención. ”

La mamá de João Pedro, Rafaela, dice que antes de la pérdida de su hijo, nunca tuvo miedo de la policía ni de dejar que sus hijos jugaran en las calles.

Pero ahora, afirma, debe aprender a criar a su otra hija, Rebeca.

“Hoy no sabemos cómo vamos a seguir”, dice Rafaela. “A veces la gente me mira y me dice:’ Oh, pero tienes a Rebeca’, pero un niño no reemplaza al otro”.

“No le hemos contado lo que pasó, solo que su hermanito ahora está en el cielo. Pero hace un tiempo, cuando jugaba con un primo de la misma edad, este le preguntó: ¿Dónde está tu hermano João?. Y ella respondió: ‘¿No lo sabes? Mataron a mi hermano‘”.

La investigación surgió luego de la denuncia presentada, el 20 de abril, por la Comisión Presidencial contra la Corrupción, al considerar que existieron irregularidades durante el proceso de adjudicación de dos eventos para la compra de medicamentos para tratar a pacientes con covid-19.

Ese mismo día, el Ministerio de Salud destituyó al viceministro técnico Rodolfo Galdámez, y el administrativo, Héctor Marroquín en medio de la emergencia sanitaria.

La fiscalía advirtió que de confirmarse las irregularidades, llevarán el caso ante los tribunales de justicia.

El 39.2 por ciento de los guatemaltecos tiene la intención de migrar, y el 85 por ciento dijo que lo haría a Estados Unidos, según la encuesta de cultura democrática realizada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

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El cuestionario no refleja el por qué los guatemaltecos quieren migrar a Estados Unidos, pero la mayoría lo hace por falta de oportunidades, por falta de empleo y pobreza.

El estudio también refleja que el 75 por ciento tiene poco interés en la política, mientras que uno de cada tres no está empadronado. También detalla que durante el periodo de la encuesta el 89.7 por ciento no simpatiza con un partido político.

Por aparte, la encuesta también detalla que 1 de cada 5 guatemaltecos no votaría el próximo 16 de junio, mientas que uno de cada tres refiere votaría en blanco o nulo.

Asíes y el Barómetro de las Américas presentaron el estudio de cultura política de la democracia en Guatemala, el cual se realizó del 22 de enero al 20 de marzo.

Para la encuesta se realizaron mil 596 entrevistas y el total de la información fue recolectada en dispositivos electrónicos. El trabajo de campo fue realizado por Asíes.

Inseguridad

Por aparte la encuesta detalla que el 45.5 por ciento de los guatemaltecos considera que la inseguridad sigue siendo el principal problema. El porcentaje se redujo en comparación al 2017, cuando era el 57 por ciento.

Otros problemas que a la población le afecta es la economía, con un 30.4 por ciento, y un 15.9 por ciento lo asocia a la política

Sobre la percepción de inseguridad en el barrio, los guatemaltecos consideran que esta ha aumentado. En el 2004 se reportaba un 42.2 por ciento y en el 2019 se registra un 52.5 por ciento. La victimización por delincuencia sigue afectando, a 1 de cada 5, a pesar de que hubo una reducción de crímenes entre 2017 y 2019.

Los alcaldes Pedro Caba Caba, de Chajúl; Pedro Raymundo Cobo; de Nebaj; Juan José Tiú, de Sacapulas; Guadalupe Baten, de Cunén; Pedro Rolando Us Maldonado, de Uspantán; y Pedro Gamarro de Chicamán tienen investigaciones en curso por denuncias en su contra por delitos que van desde abuso de autoridad, violación, malversación y fraude.

Los seis alcaldes niegan las acusaciones

La Fiscalía del Ministerio Público en Nebaj, es la que más investigaciones acumuladas tiene, algunas provienen desde el 2007.

Al no haber una condena firme, los alcaldes se presentan una y otra vez a participar como candidatos de sus municipios.

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La celebración de Año Nuevo se convirtió en una pérdida millonaria para al menos 8 locales que fueron consumidos en un incendio en la Calle del Arco, Antigua Guatemala.

Los cuerpos de socorro fueron alertados por personas que se encontraban celebrando el nuevo año, cuando inició el siniestro. Los socorristas utilizaron 12 mil galones de agua y lograron controlar luego de cuatro horas.

El fiscal Víctor Méndez indicó que las pesquisas están a cargo de Eduardo Estrada y Luis Recopachi, arquitecto conocedor de bienes muebles patrimoniales. El Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala tendrá que denunciar el hecho, para que el órgano investigador deduzca responsabilidades por medio de la investigación.

Méndez admitió que es un caso fortuito que afectó el Patrimonio Cultural de la Nación, aseguró que la investigación es complicada por el tipo de delito.

Muestras de agradecimiento

Los propietarios de los restaurantes afectados colocaron una manta con el fin de agradecer la ayuda de los Bomberos Voluntarios y Departamentales, quienes ayudaron controlar el fuego.

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