En redes sociales circulan videos de un desalojo en la finca Chabiland, en el sur de El Estor, Izabal.

En las imágenes se observa que algunas viviendas fueron incendiadas y el desalojo habría sido violento el martes 16 de noviembre, por lo que autoridades brindaron su postura al respecto de lo sucedido.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que recomendó a la Policía Nacional Civil (PNC) aplicar protocolos internacionales en materia de derechos humanos ante el desalojo en El Estor. Añadió que los delegados de la institución determinaron que el Juez dio posesión de la finca al mandatario judicial.

Añadió que hubo ranchos que se incendiaron por lo cual recomendó a la Comisaría de la PNC que su personal no realizará acciones de esa naturaleza, aunque indicaron que no eran ellos, que los ranchos tenían fuego y material inflamable.

Afirmó que también recibieron información de la PNC de que antes del desalojo se promovió el diálogo; sin embargo, los pobladores no quisieron salir voluntariamente, ambos extremos no pudieron ser verificados por el personal de la PDH en Izabal.

Mientras que Pablo Castillo, portavoz del Ministerio de Gobernación, indicó que la información de la PNC es que en esa diligencia estuvo presente el Juez competente, delegados de la PDH, PNC y representantes de las partes afectadas.

Añadió que el desalojo fue pacífico y la PNC únicamente brindo seguridad perimetral.

Respecto de las viviendas incendiadas, dijo que refiere la PNC que los mismos moradores adujeron que preferían quemarlas, que dejar sus cosas en la propiedad privada.

Indicó que las autoridades de todas las instituciones presentes observaron tal situación.

En algunas publicaciones en redes sociales se afirmaba que el estado de Sitio que rige en El Estor fue aprovechado para el desalojo y quemar viviendas; sin embargo, las autoridades dieron su postura al respecto.

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En un comunicado, la PNC informó este miércoles 17 de noviembre que se llevó a cabo un desalojo en la finca Chabiland, con orden y presencia de juez, pero también con presencia de juez de Paz, Gobernación Departamental, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público y PDH.

Afirmó que se siguieron los protocolos y el debido respeto a los Derechos Humanos de las personas. Añadió que hubo un grupo de personas que con machetes y garrotes con clavos amenazó a los participantes en la diligencia.

“A pesar de la tensión se mantuvo el orden, el juez fijó tiempo de una hora a los invasores para el desalojo pacifico, también un agente de PNC hizo saber en Qéqchi lo indicado por el juez, situación que se repitió varias veces”, asegura el comunicado.

Agregó que los invasores se retiraron del lugar y todo lo actuado por PNC quedó documentado por siete instituciones, por lo que rechazan que “se pretenda, malintencionadamente, indilgar la quema de los ranchos abandonados que construyeron los invasores”.

Procurador se pronuncia

Se consultó al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien informó que de acuerdo con los protocolos internacionales se debe garantizar la protección contra los desalojos forzosos y el derecho humano a una vivienda adecuada y a la seguridad de la tenencia, que están garantizados sin discriminación alguna.

También, garantizar la igualdad de derechos de mujeres y hombres a la protección contra los desalojos forzosos y la igualdad de disfrute del derecho humano a la vivienda adecuada y a la seguridad.

Añadió que en el caso del desalojo en El Estor, la PDH recomendó a la PNC no hacer uso excesivo de la fuerza excesiva.

Previamente la juez de Paz recomendó que se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Agregó que hay expediente de verificación abierto, y que los delegados de la Auxiliatura de Izabal verificaron que antes del desalojo se promovió el dialogo; sin embargo, los pobladores no quisieron salir voluntariamente.

Los delegados informaron que los pobladores se dispersaron, después se escucharon detonaciones “posiblemente había bombas o morteros” aunque no se pudo constatar qué eran.

El director regional del Inab, Carlos Archila, dio a conocer que son siete grupos los que se asentaron y están sustrayendo los recursos naturales del Parque Nacional Laguna Lachuá. Contabilizan 211 familias y 2,600 hectáreas taladas, que equivale a 18 por ciento del área protegida.

Y agregó que no comprende por qué el Organismo Judicial no toma acciones en contra de los invasores, y que tienen conocimiento de que un diputado tiene injerencia en ese organismo del Estado.

A un kilómetro

En la presentación sobre el impacto de las invasiones en el área, Pedro Silvestre, coordinador técnico regional del Inab, hizo notar que los invasores se encuentran a un kilómetro de distancia de la reconocida Laguna Lachuá.

Video: Detectan nueva invasión en el Parque Nacional Laguna Lachuá

Y destacó que a lugar llegan turistas nacionales e internacionales, y que la misma está siendo contaminada porque los invasores se establecen en los afluentes que desembocan en la laguna.

Pocos guardarecursos

Las autoridades mencionaron que para proteger el Parque Nacional Laguna Lachuá solo tienen 30 guardarecursos entre el Inab y el Conap, quienes resguardan las 319 caballerías que lo componen.

Es decir que cada protector debe cubrir, al menos, unas 476 hectáreas, por lo que hicieron el llamado para que otras instituciones se sumen al rescate del área protegida.

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