Siete hombres fueron condenados a penas de entre 2 años y 8 meses y 3 años de prisión sindicados de usurpación agravada luego que en el 2018 ingresaron violentamente a dos fincas ubicadas en Colomba y Flores, Quetzaltenango.

Según informó Agroindustrias San Francisco Miramar, S.A. en un comunicado de prensa del 22 de agosto de 2022, los propietarios de las fincas San Francisco Miramar y Auyón, que pertenecen a esa empresa vencieron en juicio a los usurpadores que las tomaron violentamente en el año 2018, con el fin de apropiarse de manera ilegal de las tierras.

“Los propietarios demostraron, ante las leyes guatemaltecas, ser legítimos propietarios de dichas fincas, y después de cuatro años fueron sentenciados”, afirma un comunicado de prensa de la empresa.

Añade que los condenados por ocupar la finca San Francisco Miramar son:

• Feliz Reymundo Gabriel, condenado a 2 años y 8 meses de prisión.
• Adolfo Isalas Santizo Solís, 2 años y 8 meses de prisión.
• Pedro Ribal Herrera de León, 2 años y meses de prisión.

Por la invasión a la finca Auyón:

• Hugo René Bravo López, 3 años de prisión.
• Cristóbal Eduardo López Rodas, 3 años de prisión.
• Adolfo Isaías Santizo Solís, 2 años de prisión.
• Gustavo Adolfo Hernández Nimatuj, 3 años de prisión.

Los sindicados cometieron el delito de usurpación agravada y, según la empresa, todavía hay cinco personas pendientes de captura por este caso.

Según la empresa, los señalados usurparon las fincas de forma violenta y eso dejó “incalculables pérdidas por los destrozos provocados”.

“Agroindustrias San Francisco Miramar S.A. probó en tribunales que las propiedades usurpadas estaban debidamente registradas en las diferentes instituciones del Estado de Guatemala, lo cual certifica la legitimidad de la tierra por parte de la entidad administrativa a cargo de estas, según el derecho constitucional de Guatemala en su artículo 39 que garantiza el derecho a la propiedad privada”, se lee en el comunicado.

Afirman que llegarán hasta las últimas instancias, en apego a la ley, para que “todos los incitadores de esta usurpación no queden en impunidad, y así sentar un precedente, de que la propiedad privada en Guatemala debe de ser respetada”, se lee en el documento.

La usurpación

El comunicado agrega que los ahora sentenciados ingresaron a las fincas San Francisco Miramar y Auyón, el 14 de julio y 15 de octubre de 2018, respectivamente, acompañados por más de 3 mil familias, que según ellos, fueron movilizadas bajo engaños al decirles que esta propiedad era pública y que estaba en venta.

Menciona que las personas “entraron de manera violenta a las propiedades, derribaron plantaciones de hule y café, robaron madera y derribaron árboles, obviamente sin licencia; marcaron, midieron, empezaron a repartir y a vender la tierra usurpada”.

También detallan que además provocaron muchos destrozos, mataron animales, destruyeron sembradíos, plantas en cultivo y producción, contaminaron nacimientos de agua y “bajo amenazas impidieron a los dueños y trabajadores ingresar para cumplir con sus labores, lo que generó pérdidas millonarias”.

El documento también refiere que los promotores de la invasión estaban armados, se movilizaban en carros de último modelo y cobraron, a los usurpadores, dinero por venderles la tierra, y eso les generó millones de quetzales.

Mujeres y hombres están listos para evitar cualquier intento de invasión, los montículos están siendo vigilados y pareciera que los vecinos se preparan para una batalla.

Aunque la realidad no está alejada, el lunes último durante los enfrentamientos con los grupos de invasores hubo disparos.

Los testimonios de vecinos de Nimajuyú coinciden en que del grupo de invasores un hombre sacó una pistola y le disparó a un menor, el joven se recupera de las heridas en el hospital.

La violencia de ese enfrentamiento ha dejado en alerta permanente a los vecinos que defienden las áreas verdes y están preparados con palos, piedras y cascos para evitar la incursión a esos terrenos.

En el bulevar principal de Nimjuyú todo transcurrió sin alteraciones por enfrentamientos, el mercado abrió y las tiendas también funcionaron.

Las familias volvieron a caminar en la vía principal y no se reportó la agrupación de personas con la intención de invadir.  aunque en el ingreso a los asentamientos nuevo amanecer quedaron barricadas como toneles para protección de los grupos de la ocupación ilegal.

El gobernador departamental de Alta Verapaz, Érik Nolberto Guerrero Milián, indicó que se vive una crisis en el tema de invasiones, pues incluso hay personas armadas que están ocupando tierras, no solo en la Laguna Lachuá sino que también en Cubilgüitz y otros terrenos del Estado.

Tres policías

El funcionario agregó que para proteger el área hay solo tres elementos policiales que son superados por la cantidad de personas que se están agenciando de las tierras, e incluso vendiendo los derechos a Q600 por familia.

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Incitación

Guerrero Milián señaló que están mediando para recuperar dichos lugares, donde tienen reportes que hay personas de un país vecino que están promoviendo las invasiones.

La sociedad civil indica que este tipo de acciones está patrocinado por algunas autoridades a escala nacional que tienen poder e incitan a los pobladores de escasos recursos a adueñarse de estas propiedades del Estado, destruyendo los pocos tesoros naturales que tiene el departamento.

Sin acciones

La falta de acción de las autoridades preocupa a las autoridades locales, quienes dicen estar sujetos a cumplir con lo establecido en protocolos, pero que mientras tanto están llegando camiones llenos de personas a tomar posesión de las tierras.

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