Los denunciantes sostienen que el protocolo que se aprobó en el Congreso es inconstitucional porque “elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer”.

Además, agregan que “posibilita que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional, como matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados dado que no se fija límite temporal alguno”.

En el proyecto recién aprobado por la senado argentino permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, regula las condiciones para el acceso a esa práctica y permite la objeción de conciencia por parte del personal de salud.

La ley también consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.