Ameripol, organismo similar a Europol o Interpol integrado por países de América Latina y el Caribe, cuenta desde este jueves 9 de noviembre con la personalidad jurídica y los mandatos necesarios para reforzar el combate al crimen en el ámbito regional.

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, anfitrión de la cita, destacó el “gran paso” que se da frente a la amenaza regional que encarna la delincuencia organizada con la formalización de la Comunidad de Policías de América (Ameripol) como nueva plataforma de cooperación policial.

“Ya existen Interpol, Europol y Asiapol” y “todavía no habíamos podido formalizar esta instancia en el ámbito de las Américas”, declaró.

Según el ministro brasileño, la nueva personalidad jurídica de Ameripol le dará “más agilidad a las investigaciones” regionales, que abarcarán “desde crímenes medioambientales hasta el tráfico de armas, drogas y personas o el robo de vehículos en zonas fronterizas”.

Asimismo, sostuvo que permitirá una mayor “cooperación digital en materia jurídica civil y penal”, y un trabajo conjunto contra “los crímenes cibernéticos” y “la distorsión” que representa “el uso de internet para prácticas delictivas”.

Según el tratado constitutivo, Ameripol “promoverá y fortalecerá la cooperación” para “mejorar las competencias policiales” frente a los “desafíos de la seguridad pública y ciudadana”, con el objetivo de “consolidar la doctrina y filosofía policial para la prevención y neutralización del delito”.

Un esfuerzo regional cuajado durante 16 años

La Comunidad de Policías de América nació en 2007, durante un encuentro de organismos de seguridad realizado en Bogotá, ciudad en la que funciona su sede permanente.

El proceso se consolidó en otra reunión celebrada en República Dominicana en 2012, donde fueron aprobados los estatutos de este organismo, al que solo le faltaba el tratado constitutivo firmado este jueves para adquirir una plena personalidad jurídica.

Actualmente, Ameripol está constituida por 33 cuerpos policiales de 27 países latinoamericanos.

Sus miembros son Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay y Trinidad y Tobago.

Tiene además 31 observadores, en su mayoría organismos europeos y entre los que figuran la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía de España, así como Interpol y Europol, que colaboraron en el proceso que ha llevado al tratado constitutivo.

Una región con el 28 % de los asesinatos en el mundo

América Latina y el Caribe, que concentra cerca del 10 % de la población global, registró en 2022 el 28 % de los asesinatos ocurridos en el mundo y los índices han subido en forma constante desde 2012, según un estudio sobre inseguridad ciudadana del instituto brasileño Igarapé, especializado en el análisis de políticas públicas.

La investigación, apoyada en datos de organismos internacionales, apunta que el 41 % de las víctimas tenía entre 17 y 30 años, y que el 71 % de los asesinatos fueron cometidos con armas de fuego.

También cita encuestas regionales, según las cuales solo el 49 % de la población de América Latina y el Caribe dice sentirse segura en sus ciudades, frente a una media mundial que llega al 61 %.

Esas altas tasas de violencia son atribuidas en especial a la expansión de las organizaciones del crimen trasnacional, que en las últimas décadas se han fortalecido en la región y son responsables, entre otros delitos, del tráfico de drogas, armas y personas.

Entre las principales bandas que han internacionalizado sus operaciones figuran el Primer Comando de la Capital (PCC) brasileño, el Cartel de Sinaloa mexicano y el Clan del Golfo colombiano, que han extendido sus tentáculos por toda la región y tienen vínculos con poderosas mafias europeas, como la italiana Ndrangheta.

Un hombre fue capturado la mañana de este 18 de julio en Génova, Quetzaltenango, por posesión de pornografía infantil, reportó el Ministerio Público (MP).

Información del MP detalla que la Agencia Fiscal Región Occidente, de la Fiscalía contra la Trata de Personas, en coordinación con la fiscal regional y con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron un allanamiento en un inmueble ubicado en Génova.

Explicaron que este se llevó a cabo en seguimiento a la investigación de una denuncia que hizo la Interpol Roma (Italia) en la que indicaban que un número de teléfono de Guatemala formaba parte de un chat en el que se distribuye pornografía infantil.

Según el MP como resultado de la diligencia se coordinó con la PNC la aprehensión en flagrancia de Doblin Antulio González de León, por el delito de posesión de material pornográfico de personas menores de edad.

A González se le señala de distribución y tenencia de material pornográfico de personas menores de edad.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este lunes a un hondureño sindicado de haber cometido un asesinato en su país.

El sospechoso fue identificado como Inoan Moreno de 29 años y tenía una alerta activa de parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol en inglés), según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La captura se realizó en el departamento (provincia) de Izabal, en el extremo noreste de Guatemala, a unos 250 kilómetros de la capital del país centroamericano, de acuerdo con la misma fuente.

Moreno fue puesto a disposición de las autoridades, quienes coordinarán su entrega a la justicia de Honduras.

La denuncia contra el capturado fue emitida hace unos meses en la capital de Honduras, Tegucigalpa.

Además, la PNC señaló que se localizaron en Izabal a cuatro migrantes de nacionalidad hondureña.

“Los migrantes fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración por ingresar a territorio guatemalteco sin llenar los requisitos migratorios“, indicó la PNC en sus redes sociales.

De acuerdo con datos de la PNC, Moreno es el cuarto hondureño capturado en Guatemala que es señalado por delitos graves en 2023.

Hondureño capturado con alerta roja de Interpol

En un puesto de control institucional ubicado en el Km. 264.7, ruta a Río Dulce, Livingston, Izabal, policías Antinarcóticos de #SGAIA detienen a Inoan Moreno, de 29 años, de nacionalidad hondureña pic.twitter.com/Wu6ZVXS1VB

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 5, 2023

https://twitter.com/RedInformativaH/status/1665522805973172224

rtes la organización de cooperación policial internacional.

La operación bautizada “Trigger IX” tuvo lugar entre el 12 de marzo y el 2 de abril, gracias a la cooperación entre 15 países, y permitió además la incautación de 300.000 cartuchos y 203 toneladas de cocaína, precisa en un comunicado la organización con sede en Lyon (este de Francia).

“El hecho de que una operación dirigida contra las armas de fuego ilícitas haya dado lugar a decomisos de drogas tan masivos es una prueba más (…)de que estos delitos están interrelacionados”, declaró el secretario general de Interpol, Jürgen Stock.

El valor de la droga incautada, que además de la cocaína incluye otros productos estupefacientes, se eleva a 5.700 millones de dólares. Las autoridades incautaron también 372 toneladas de precursores de drogas.

La operación condujo a la “desarticulación” de 20 grupos delictivos organizados, incluida la detención de miembros del brasileño Primeiro Comando da Capital, de la pandilla Mara Salvatrucha y del Cártel de los Balcanes, “todos implicados en el tráfico de armas de fuego”, según la organización.

Según las cifras globales del comunicado, se detuvo a 14.260 personas, se incautaron 8.263 armas y 305.000 cartuchos. Uruguay decomisó 100.000 piezas de munición, que traficaban “dos ciudadanos europeos”, en la mayor incautación de este tipo en el país.

Las autoridades de Brasil y Paraguay también cerraron varios puntos de venta de armas de fuego por operaciones irregulares y sin licencia.

Whether used as currency or to protect key trafficking routes, illicit firearms are at the heart of organized crime.

During Operation Trigger IX, officers identified links to corruption, fraud, drug & human trafficking, environmental crime & terrorist activities.#FundedbyEU pic.twitter.com/8V3bz70KuH

— INTERPOL #ForASaferWorld (@INTERPOL_HQ) April 18, 2023

La cooperación policial permitió descubrir otros delitos como corrupción, fraude, tráfico de seres humanos, crímenes medioambientales y actividades terroristas, detalla Interpol.

Once personas fueron liberadas en Paraguay de un tráfico de seres humanos y Colombia, en cooperación con Venezuela, detuvo a una persona venezolana que Interpol buscaba por terrorismo y tráfico de armas.

Los países participantes en Trigger IX fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

The arrests and seizures just announced in Operation Trigger IX are record-breaking.

They show the scale of the threat posed by transnational organized crime networks and demonstrate INTERPOL's unique value supporting efforts in the field.

Full story: https://t.co/ytiTax8BbW pic.twitter.com/xtXSV0m57B

— Jürgen Stock (@INTERPOL_SG) April 18, 2023

El secretario general de Interpol, Jurgen Stock, afirmó que la agencia policial mundial está investigando cómo podría la organización vigilar la delincuencia en el metaverso.

El metaverso es el concepto ampliamente debatido, pero aún no hecho realidad, de que en el futuro las personas estarán representadas por avatares tridimensionales en su vida en línea.

Interpol ha construido su propio espacio de realidad virtual (RV), donde los usuarios pueden realizar cursos de formación y asistir a reuniones virtuales.

Stock aseguró que es importante que la agencia no se quede atrás.

“Los delincuentes son muy sofisticados y profesionales a la hora de adaptarse con rápidez a cualquier nueva herramienta tecnológica disponible para cometer delitos”, aseveró.

“Tenemos que responder a ello. A veces los legisladores, la policía y nuestras sociedades van un poco por detrás”.

“Hemos visto que si lo hacemos demasiado tarde, ya repercute en la confianza en las herramientas que estamos utilizando y, por tanto, en el metaverso. En plataformas similares que ya existen, los delincuentes lo están aprovechando”.

El entorno, al que solo se puede acceder a través de servidores seguros, permite a los agentes de policía experimentar lo que podría ser el metaverso, lo que les da una idea de los delitos que podrían producirse y cómo podrían vigilarse.

¿Qué es el metaverso?

Hay quien piensa que el metaverso podría ser el futuro de internet.

Se cree que la realidad virtual podría ser lo que el smartphone moderno es a los primeros y toscos teléfonos móviles de los años ochenta.

En lugar de estar en un ordenador, en el metaverso podrías utilizar unos lentes para entrar en un mundo virtual que conecte todo tipo de entornos digitales.

Pero como aún no es más que una idea, no existe una única definición consensuada del metaverso.

En otras palabras, llamar metaverso a un mundo de realidad virtual es un poco como llamar internet a Google.

Entonces, ¿cómo puede Interpol, una organización que facilita la cooperación policial mundial, investigar el metaverso si aún no existe?

Aquí es donde entrarían en juego los mundos virtuales.

Pero dentro de estos mundos virtuales ha habido problemas en la vida real.

En 2022, una investigación de la BBC detectó problemas de acoso verbal y sexual dentro de los juegos de realidad virtual, que un periodista calificó de “inquietantes”.

Ese mismo año, unos activistas afirmaron que el avatar de una investigadora de 21 años había sido agredido sexualmente en Horizon Worlds, la plataforma de realidad virtual de Meta.

¿Qué es un delito metaversal?

Madan Oberoi, Director Ejecutivo de Tecnología e Innovación de Interpol, afirmó que existen problemas a la hora de definir un delito metaversal.

“Hay delitos que no sé si se pueden calificar de delitos o no”, afirma.

“Por ejemplo, se han denunciado casos de acoso sexual. Si nos fijamos en las definiciones de estos delitos en el espacio físico e intentamos aplicarlas en el metaverso, surge una dificultad. No sabemos si podemos calificarlos de delito o no, pero esas amenazas están ahí, así que esas cuestiones están aún por resolver”.

Según él, uno de los grandes retos a los que se enfrenta Interpol es la concienciación sobre estos problemas.

“El ejemplo que suelo utilizar es que si tienes que salvar a una persona que se está ahogando, necesitas saber nadar”, dijo.

“Del mismo modo, si las fuerzas del orden están interesadas en ayudar a las personas que han resultado heridas en el metaverso, necesitan conocer el metaverso. Y ese es uno de nuestros objetivos: asegurarnos de que el personal encargado de hacer cumplir la ley empiece a utilizar el metaverso y se concientice”.

“En ese sentido, es muy importante”.

Regular e investigar en el metaverso

En cuanto a la regulación, Nina Jane Patel, cofundadora y directora de la organización de investigación del metaverso Kabuni, afirma: “Lo que es ilegal y perjudicial en el mundo físico debería serlo también en el mundo sintético virtual“.

“En este ámbito de convergencia, nos encontraremos en una situación muy difícil si podemos tratarnos de una determinada manera en el mundo virtual, pero no en el mundo físico”.

“Y estaremos provocando mucha desconexión y falta de comunicación entre lo que es un comportamiento humano aceptable en nuestro mundo digital y nuestro mundo físico”.

Stock dijo que la Interpol será fundamental para investigar futuros delitos metaversales.

“Con un clic, las pruebas están en otro continente”, afirmó. “La ciberdelincuencia es internacional por naturaleza“.

“Por eso Interpol es tan importante, porque no solo existe la ciberdelincuencia nacional: casi todos los casos tienen una dimensión internacional”.

“Esto hace que el papel de Interpol, casi 100 años después de su creación, sea tan importante en el mundo actual, porque ningún país puede luchar contra este tipo de delitos de forma aislada”.

“En eso consiste Interpol con 195 países miembros. Todos son necesarios para hacer frente a este tipo de delitos”.

Era el represente legal de una cadena de supermercados que presuntamente eludió las responsabilidades tributarias y evadió impuestos que ascienden a Q150 millones, según los datos que comparte la Policía Nacional Civil (PNC).

El hombre señalado por la justicia guatemalteca responde al nombre de Francisco José Barrios Hernández de 41 años de edad, quien era requerido por mantener activa una orden de captura desde finales del 2020.

Las autoridades sospecharon que el hombre pudo darse a la fuga y salir del país justo cuando Guatemala se enfrentaba a un confinamiento y serias medidas de restricción por la pandemia, por lo que solicitaron apoyo de la Interpol.

El 8 de abril del 2021 se consiguió activar una alerta roja con motivo de una captura internacional, incluso no es el primer proceso de este sujeto por delitos relacionados con las finanzas.

Reportes destacan que el 27 de julio del 2021 Barrios Hernández fue detenido en el operativo “Quetzal” desarrollado en Panamá por la sindicación de blanqueo de capitales, cargo que en Guatemala es conocido como lavado de dinero u otros activos.

Este 26 de noviembre tras un proceso jurídico, administrativo y migratorio, las autoridades de Panamá deportaron al guatemalteco que tras pisar suelo guatemalteco fue detenido por los agentes de la PNC.

La INTERPOL-Guatemala se apersonaron al interior de las instalaciones de Migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde capturan a Francisco José Barrios Hernández, de 41 años, acusado del delito de “Defraudación Tributaria y Casos Especiales de Defraudación Tributaria pic.twitter.com/h9w62Ym6Jx

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 26, 2022

Forma de operación

Reportar declaraciones en cero, acogerse a un procedimiento de resistencia de acción fiscalizadora, cumplir con el pago de multa, y luego en la omisión de pago de impuestos, es la tipología de evasión que se develó en este caso, en mayo de 2021 por la intendencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Este proceso se tuvo que llevar a cabo durante una auditoría profunda, con base en las retenciones del IVA, cruces de información con proveedores del comercial, y se determinó un menoscabo preliminar de Q150 millones.

Esta serie de operaciones habrían sido cometidas por medio de Grupo Simply -que administra la cadena de supermercados La Barata-, según informaron el año pasado las autoridades tributarias.

En el caso de Grupo Simply, la mayoría de las transacciones se daban en efectivo y ello perjudicó a esa empresa al no tener respaldos suficientes para evidenciar su operación -contable-, (por lo que) la empresa pudo haber incurrido en costos y gastos deducibles del pago de sus impuestos.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), solicitó a la Interpol desactivar la alerta roja internacional que se había girado para detener al exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría. 

Según se informó, Ligorría aún tiene orden de captura vigente por su implicación en el caso denominado Construcción y Corrupción. 

El 13 de enero de 2022, la Feci había pedido que la orden de captura contra del exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, fuera anulada y se analizaba la posibilidad de pedir que el caso por el cual es investigado fuera desestimado. 

La Feci solicitó anular la orden de captura en contra de Julio Ligorría, quien es señalado de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, delitos que habría cometido para beneficiar al desaparecido Partido Patriota (PP) que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina, preso por actos de corrupción. 

En esa oportunidad, Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, confirmó que se hizo la petición a la jueza Aifán, cuando ella estaba al frente del Juzgado de Mayor Riesgo D, luego de haber sometido a un análisis la investigación y determinar que esta no debe continuar. También se solicitó que la persecución penal en contra de Ligorría fuera desestimada. 

Curruchiche señaló que las investigaciones que se hacen en la Feci son objetivas e imparciales y que no deben estar sesgadas ni con fines ideológicos o mediáticos, por lo que luego del análisis “hemos concluido que lo que procede es revocar la orden de aprehensión por los dos delitos y solicitar la desestimación”. 

El caso contra Ligorría 

Ligorría tiene orden de captura por lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. 

El caso comenzó en 2016 y en ese momento se presentó el caso por la posible vinculación de Ligorría en la entrega de dinero para la campaña electoral del entonces PP de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. 

Ligorría fue señalado por el Ministerio Público (MP) y la inhabilitada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de haber organizado reuniones para lograr el financiamiento electoral ilícito que llevó a la Presidencia al Partido Patriota en el 2011. 

Según la investigación de la Feci, Ligorría implementó una estrategia que involucran a dos empresas de telecomunicaciones y una de ellas trasladó Q15 millones para financiar la campaña electoral del cancelado Partido Patriota en el proceso de elecciones de 2011. 

La empresa que habría entregado el dinero al partido político lo hizo para solucionar una diferencia monetaria que tenía con la otra compañía de telecomunicaciones. 

Según la Feci, Ligorría y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, fueron quienes idearon la estrategia. 

El exdiplomático es un consultor político internacional con más de 25 años de experiencia. Durante la administración del PP, fue nombrado como embajador de Guatemala ante Washington DC en septiembre de 2013 y en noviembre, 2015, dejó el cargo. 

Julio Ligorría se encuentra prófugo desde 2017 y el Ministerio Público sospecha que se encuentra en España. 

La Policía Nacional Civil (PNC), informó este viernes 22 de abril, que Honduras expulsó de su país y entregó a Guatemala a un hombre sindicado de integrar la banda delincuencial denominada Renacer 502, señalado de asociación ilícita y conspiración para el tráfico ilícito de personas. 

El detenido es Walter Neftaly Trujillo Fajardo, de 32 años, quien fue capturado por agentes de la PNC de Interpol en el kilómetro 306, oficina de Migración, frontera de Corinto, Honduras. 

Según la PNC, esta persona tenía una alerta roja internacional por los delitos de asociación ilícita y conspiración para el tráfico ilícito de personas, de fecha 10 de febrero del 2021 emitida por un juzgado de Guatemala. 

La banda 

La PNC reportó que el detenido es presunto colaborador de la estructura “Renacer 502” la cual se dedicaba al tráfico ilícito de personas en el área del Oriente del país.  

Esta estructura fue desarticulada por la PNC en coordinación con Ministerio Público en 2021 donde se realizaron 20 diligencias y se logró la captura de 11 personas. 

El Ministerio Público informó que la Organización International de Policía Criminal (Interpol), activó la alerta roja para seis guatemaltecos que presuntamente están involucrados en el caso denominado Clima, corrupción y poder, por un supuesto desfalco de Q30 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La alerta roja es una notificación o una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

Las personas a las que se les activó esta alerta roja son:

1. Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla (esposa del diputado Jorge García Silva)
2. Jorge Eduardo García Monterroso (hijo del diputado Jorge García Silva)
3. Silvia Patricia Martínez Bonilla
4. Sabrina María Véliz Castañeda (asesora del diputado Jorge García Silva)
5. Juan Carlos Véliz Castañeda
6. Emilio Alfredo Barillas Padilla
7. Klaus Herbert Flesicher Kepfer

Estas personas están prófugas de la justicia guatemalteca y ahora son buscados también por la Interpol en todo el mundo.

El caso en el Insivumeh

La trama de corrupción fue denominada por el Ministerio Público P como “Caso Clima, Corrupción y Poder”, pues en ella se presume que participaron altos funcionarios de Insivumeh, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana, su familia y asesores del Congreso.

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El 5 de noviembre de 2021 las autoridades realizaron 36 allanamientos en Chiquimulilla, Santa Rosa; Sacatepéquez; Mixco, San José Pinula, Chinautla y la capital, como parte del caso y detuvieron al entonces director del Insivumeh, Yeison Broderson Samayoa Velásquez y a la subdirectora Astrid Amanda Montes de León.

Además, a otras 14 personas que estaban involucradas en la trama de corrupción.

El 30 de noviembre de 2021, las 16 personas capturadas en este caso fueron ligadas a proceso y algunos fueron beneficiados con arresto domiciliario.

Ligados y en prisión preventiva

• Yéison Bróderson Samayoa Velásquez, director del Insivumeh, por los delitos de fraude, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
• Astrid Amanda Montes de León, subdirectora ejecutiva del Insivumeh, por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Élmer Yasid Ramírez Hernández por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Lesly Johanna España Torres por los delitos de fraude y asociación ilícita.

Ligados y con arresto domiciliario

• Adelso Antonio Marroquín Sandoval por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Toribio Alfonso Sequén Jocop por los delitos de fraude, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Élmer Yovani Pinto Ramírez por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Pedro Peña Alvarado por los delitos de fraude y asociación ilícita.
• Carlos Manuel Caal de La Cruz por el delito de fraude.
• Manuel de Jesús Hernández Marroquín por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Jorge Porfirio Navichoque Sánchez por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Mónica Daniela Tagre Ordóñez por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Marleny Gessel Díaz Lic, por los delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos y Asociación Ilícita.
• Tracy Mishael Sánchez Rivera por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Susana Carolina Catalán Pereira por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
• Cindy Jerusalén Chicoj Hernández por los delitos de testaferrato, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Según la Fiscalía, aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

La Fiscalía Contra la Corrupción solicitó este miércoles 1 de diciembre la activación de la Notificación Roja de la Policía Internacional (Interpol) para facilitar la ubicación y captura en cualquier país de varios implicados en una trama de corrupción en el Insivumeh identificada como “Caso clima, corrupción y poder”.

La solicitud de activación de la Notificación roja tiene como objetivo ub icar y capturar en cualquier parte del planeta a Mirtha Trinidad Monterroso Bonilla, Jorge Eduardo García Monterroso, Silvia Patricia Martínez Bonilla De Marckwordt, Sabrina María Véliz Castañeda, Juan Carlos Véliz Castañeda, Emilio Alfredo Barillas Padilla Y Klaus Herbert Fleischer Kepfer, todos prófugos de la justicia guatemalteca por su presunta participación en un caso de corrupción en el Insivumeh por al menos Q30 millones.

“La Fiscalía Contra la Corrupción solicitó la activación de la Notificación Roja en Interpol para que sean ubicados y localizados en cualquier país”, señaló la Fiscalía.

Ligados a proceso

Las 16 personas que fueron implicadas por el Ministerio Público (MP) en un caso de corrupción por al menos Q30 millones en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) fueron ligadas a proceso este martes 30 de noviembre, reportaron fuentes judiciales.

La trama de corrupción fue denominada por el MP como “Caso Clima, Corrupción y Poder”, pues en ella se presume que participaron altos funcionarios de dicha dependencia, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, el diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana, su familia y asesores del Congreso.

Pero fue la jueza Quinto Penal, Judith Secaida, quien decidió ligar a proceso penal al grupo y enviar a prisión preventiva al director del Insivumeh, Yeison Samayoa Velásquez, y a la subdirectora ejecutiva, Astrid Amanda Montes. El resto de implicados quedó bajo arresto domiciliario.

La trama

De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.

Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.

El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, este martes dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.

La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien funge como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.

Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.

El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.

Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.