Ocho personas fueron detenidas en varias ciudades del sur de los Estados Unidos por supuestamente pertenecer a una red de tráfico de personas que ayudaba a inmigrantes a cruzar la frontera en condiciones infrahumanas, ya que los metían en maletas o en cajas.

Los detenidos, motivados “por la codicia personal“, transportaron a “centenares o incluso miles” de inmigrantes desde México a Estados Unidos en condiciones que “pusieron en riesgo sus vidas“, informó el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, Kenneth Polite, en una rueda de prensa.

“Metían a las personas en espacios reducidos peligrosos con ventilación limitada y altas temperaturas, arriesgando su vida y su seguridad por dinero”, agregó.

Dos de los ocho detenidos son Erminia Serrano Piedra, alias Irma, y ​​Boss Lady, de 31 años, cabecillas de la red. La mayor parte de los arrestados tienen nacionalidad estadounidense, menos una que es mexicana y otro que tiene nacionalidad de EE.UU. y peruana.

Otras seis personas fueron arrestadas en varias ciudades de Texas, Luisiana, Misisipi y Alabama y están acusadas de facilitar el transporte y movimiento ilegal de migrantes dentro de Estados Unidos “en condiciones deplorables con fines de lucro”.

En una de las redadas se produjo la liberación de doce inmigrantes que estaban escondidos en una casa, entre ellos dos menores de edad.

Los migrantes supuestamente eran ciudadanos de México, Guatemala y Colombia, cuyas familias presuntamente pagaron a miembros de la organización para que los ayudaran a viajar ilegalmente a Estados Unidos.

Pasaban la frontera en condiciones infrahumanas y después eran resguardados en “casas de escondite” en lugares como Laredo y Austin, Texas.

Los conductores, que cobraban unos US$2 mil 500 por persona transportada, utilizaron varios métodos para llevarlos, entre ellos esconderlos en maletas o cajas de madera transportadas en camionetas o hacinarlos en la parte trasera de camiones con remolque, o en camiones cisterna.

Las autoridades estadounidenses decomisaron a los detenidos tres propiedades, donde al parecer ocultaban a los migrantes, así como dinero por valor de más de US$2.2 millones

La operación se realizó como parte de los esfuerzos de la Fuerza de Tareas Conjunta Alpha (JTFA en inglés), que fue establecida en junio de 2021 por el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, para mejorar la aplicación de las leyes contra los grupos de contrabando y trata de personas más prolíficos y peligrosos que operan en México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

El grupo de trabajo se centra en interrumpir y desmantelar las redes de contrabando y trata que abusan, explotan o ponen en peligro a los migrantes, y representan amenazas para la seguridad nacional.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó en un comunicado que “para evitar la propagación de enfermedades, el Sector del Valle del Río Grande (RGV) ha suspendido temporalmente las operaciones de admisión en el Centro de Procesamiento Central”.

Los migrantes detenidos en ese centro fueron trasladados a otros lugares mientras se resuelve la situación.

La oficina explicó que el personal médico del centro identificó a los migrantes bajo custodia con fiebres altas y con “signos de una enfermedad relacionada con la gripe” y que se les está brindando tratamiento médico.

Las autoridades migratorias no precisaron el número de migrantes afectados por la enfermedad.

El centro de procesamiento de McAllen es una de las instalaciones más abarrotadas de indocumentados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.

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La muerte de Carlos

El cierre del centro se da un día después de la muerte de Carlos Gregorio Hernández Vásquez, de 16 años, un joven originario de Cubulco, Baja Verapaz, que perdió la vida en su intento por llegar a Estados Unidos.

Las muertes de los menores migrantes guatemaltecos no dejan de levantar sospechas sobre los tratos a los que son sometidos una vez detenidos por la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

Bartolomé Hernández, padre de Carlos, dijo a la cadena de noticias Univisión que su hijo salió “contento” de casa, mientras que la madre, Gilberta Vásquez, exige justicia, puesto que asegura su hijo no estaba enfermo.

Con maquinaria especial, trabajadores de la construcción lograron el colapso de siete de las barreras y solo quedó en pie un muro fabricado con metal, debido a que no pudo ser derribado con facilidad.

Los prototipos se habían convertido en emblema del muro que busca construir en la frontera el gobierno de Donald Trump con el objetivo de frenar la migración y las drogas a Estados Unidos.

Un vecino del barrio Nido de Las Águilas de Tijuana -que se encuentra a 10 metros de la frontera- explicó que el ruido de la demolición podía escucharse a varios metros.

“Temprano nos despertaron cuando estaban taladrando”, dijo.

Para muchos turistas en Tijuana, era común visitar ese barrio para conocer los prototipos de muro de Trump, quien los visitó en marzo del año pasado.

El muro fue una de las grandes promesas de campaña de Trump y por ello el 15 de febrero pasado decidió pasar por encima del Congreso de su país y declarar una “emergencia nacional” para tener acceso a fondos federales que permitan su construcción.

Sin embargo, los demócratas, que dominan la Cámara de Representantes, pasaron el martes una resolución contra la declaración de “emergencia nacional” de Trump.

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Leandro Machado

Periodista de BBC Brasil en São Paulo

Hasta hace poco, Héctor Antuare, un venezolano de 45 años, no hubiese podido ubicar el municipio brasileño de Indaiatuba en el mapa.

“Nunca había oído hablar de él”, cuenta.

Pero, el año pasado, salió de su ciudad, Anaco, en el estado venezolano de Anzoátegui, y con ayuda de una brasileña fue a parar al interior del Estado de São Paulo, lugar que hoy es su casa y desde donde espera poder cambiar el destino de la familia que dejó atrás.

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Lejos de ser un sueño, para Antuare Brasil era una apuesta a ciegas: el hambre se sentó a su mesa en Venezuela y, de repente, se vio desesperado.

“Tenía dos opciones: Colombia o Brasil, pero había leído malas noticias sobre Colombia”, recuerda.

Así que cogió un autobús para Pacaraima, en el Estado de Roraima, donde un grupo de brasileños atacó el pasado fin de semana un campamento de inmigrantes y refugiados venezolanos, destruyendo sus pertenencias y expulsándolos de la ciudad.

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“Las amigas del bien”

La experiencia de Antuare con los brasileños fue mucho mejor que la de sus compatriotas atacados: conoció a Joyce Simões, que acabó convirtiéndose en una especie de madrina.

Ellalo llevó a Indaiatuba, le paga el alquiler de la casa y hasta le consiguió un empleo:.

Ya no es mecánico de perforación de petróleo, como en Venezuela, sino que ahora lava platos en un restaurante. Algo que le parece estupendo, después de todo lo vivido en los últimos tiempos.

Y Antuare no es el único que recibe la ayuda de Simões. En la casa de cuatro habitaciones en la que vive, también hay otros tres venezolanos. Todos son asistidos por un grupo de vecinas de Indaiatuba que se hacen llamar a sí mismas “Las amigas del bien” y se organizan a través de WhatsApp.

Las mujeres se conmovieron al oír las historias de venezolanos que, desesperados por la crisis económica y política en su país, lo dejaron todo y viajaron a Brasil.

“Queríamos ayudar, pero no sabíamos cómo. Tuvimos una oportunidad y hablamos: ‘¿Lo hacemos? Lo hacemos”, cuenta Simões, rodeada de centenares de ganchos de ropa en la tienda de segunda mano que administra en la ciudad.

Parte del dinero con el que ayuda a los cuatro venezolanos de Indaiatuba sale de este negocio. Otra parte proviene de donaciones de amigos y miembros del grupo de WhatsApp.

“Hablamos con las personas de la ciudad, que nos ayudaron de varias maneras, una donó una cosa, otra encontró una casa, otra consiguió un empleo y así”, afirma.

500 al día

La ONG Fraternidad Sin Fronteras administra un centro de acogida para 300 refugiados e inmigrantes en Boa Vista, la ciudad brasileña más afectada por la ola migratoria causada por la crisis en Venezuela.

Fue esta entidad la que puso a Simões en contacto con los venezolanos.

Brasil recibe una media de 500 venezolanos cada día. Sin embargo, el domingo pasado ingresaron 800.

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El camino brasileño comienza en Pacaraima, en la frontera con Venezuela. Después, llega a Boa Vista. Ahí miles de venezolanos están viviendo en refugios o campamentos improvisados en calles, plazas y carreteras.

Y en Boa Vista, con el número de inmigrantes llegando al 10% de la población, los servicios públicos están saturados.

Filas enormes se acumulan en los puestos de salud y las escuelas están llenas. Hay casi 2.000 venezolanos viviendo en la calle. La situación está generando estrés y conflictos violentos.

En una entrevista con la BBC, la alcaldesa de Boa Vista, Teresa Surita, afirmó que si el gobierno federal no ayuda, la municipalidad “va a perder el control de la ciudad”.

El lunes, el gobierno de Roraima pidió al Tribunal Supremo el cierre de la frontera con Venezuela, algo que no sucedió.

Venezolanos huyendo de la crisis

Luis Nelson Baena, de 42 años, es uno de los venezolanos con los que vive Antuare. Natural de El Tigre, también en el Estado de Anzoátegui, viajó a Brasil en septiembre del año pasado.

Dejó en casa a su mujer y sus cuatro hijos. “El salario que ganaba solo alcanzaba para comprar una bolsa de arroz. Comenzamos a pasar hambre”, explica.

Su historia se parece mucho a la de Antuare, cuyo salario en el sector petrolero, que antes le permitía cubrir la salud y la educación de sus tres hijos, de repente no alcanzaba para comprar ni la comida de la semana.

“La situación económica se volvió desesperanzadora, la gente no sabía qué hacer. La manera de fortalecer a la familia fue salir”, afirma.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en Venezuela puede llegar a 1.000.000% en 2018. El alza constante y acelerada de los precios asfixia a diario a la población y dificulta la reanudación del crecimiento del país, que está sumido en una profunda crisis.

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Baena vivió en las calles de Roraima durante un mes. “En Boa Vista, esperaba hasta las 11 de la noche para recoger los restos de comida que una panadería dejaba fuera. Así vivía, amigo”, cuenta sentado en la cocina de su casa en Indaiatuba.

Después, fue cargador de camiones y, bajo el amparo de la organización humanitaria Fraternidad Sin Fronteras, consiguió un pasaje a São Paulo, donde vivió unos días en un albergue.

Así conoció a Simões, que lo llevó al interior, pagó su alquiler y le consiguió un empleo nocturno en un estacionamiento. Hoy, Baena gana US$370 al mes y envía la mayor parte de esta suma a su familia en Venezuela. Pero hace casi un año que no ve a su mujer y sus cuatro hijos.

La familia se comunica a través de mensajes que Baena envía a una vecina de su esposa. “Hasta compré un celular para mi mujer. Lo usó 20 días hasta que se lo robaron.

“Hablamos muy poco”, lamenta. “Mi sueño es traerlos a Brasil“.

Es el mismo sueño de Teoscar Ramón Mata, de 29 años, que dejó a su mujer y sus tres hijos pequeños en El Tigre.

El día de su partida, le pidió a su esposa que lo acompañara hasta la carretera. “Yo no quería vivir aquella despedida, dejar tus raíces atrás es un momento muy triste. Mi familia estaba pasando hambre y yo, de manos atadas. Tenía que hacer algo”, cuenta.

Ahora, Mata vive en Indaiatuba. Trabaja como auxiliar de cocina en un restaurante, un empleo al que también llegó por intermediación de Simões, a quien él llama “madre”.

“Ayudar es una cuestión de ciudadanía”

El ingeniero agrónomo Pedro Onofre, de 46 años, es otro brasileño que decidió ayudar a inmigrantes venezolanos. En mayo, conoció a German, médico y ex capitán del ejército venezolano que contó haber sido perseguido por participar en la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

Vivió casi un año en albergues de Boa Vista hasta que dio con Onofre por indicación de un amigo.

Onofre le prestó a German una casa en Brasilia para que se quedara allí unos meses. Después, le consiguió un empleo como auxiliar de logística en su propia empresa.

“Los inmigrantes y refugiados llegan muy sacudidos por esos procesos que son casi de expulsión del propio país. Con el tiempo, van recuperando la autoestima”, dice.

El ingeniero ayudó al venezolano a llevar a Brasilia a siete miembros de su familia. Ahora, la suegra de German también trabaja en la empresa.

“Él todavía tiene un hijo pequeño que se quedó en Venezuela, pero estamos tratando de traerlo a Brasil también”, cuenta Onofre. “Yo le ayudo porque es una cuestión de ciudadanía, un compromiso de humanidad“.

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“Usted no puede generalizar”

Los tres venezolanos que conversaron con la BBC en Indaiatuba dijeron haber tenido siempre buenas relaciones con los brasileños. Los conflictos fueron pocos.

Mata cuenta que hace unos meses, en Boa Vista, fue acusado de robo cuando compraba comida en una tienda de comestibles. “La empleada dijo que yo estaba robando, llamé al gerente y pedí que viéramos las cámaras de seguridad. Después de hacerlo, vieron que no había hecho nada”, recuerda.

El ataque de brasileños a venezolanos en Pacaraima del pasado sábado ocurrió después de que un inmigrante fuera acusado de robar y herir a un residente de la ciudad.

“Si un venezolano hace algo mal, usted no puede generalizar y creer que todos los venezolanos son malos. Lo mismo pasa con los brasileños: si uno te trata mal o te ataca, no puedo concluir que todos sean malas personas”, afirma Mata .

Baena hace una reflexión parecida. “Está claro que hay venezolanos que llegaron en Brasil e hicieron cosas malas, pero no por eso se va a atacar a todos. Quienes vinieron a Brasil lo hicieron porque estaban desesperados, pasando necesidades”, dice.

Su “madrina”, Simões, critica la acción de los brasileños en Pacaraima.

“Mira, cuando conocí a los cuatro que vinieron aquí, estaban desesperados por conseguir un empleo. Necesitan ayudar a las familias que dejaron allí. Si cada brasileño, en vez de limitarse a criticar, hiciera algo para ayudarlos, tal vez la situación mejoraría bastante“, opina.

Onofre, que ayuda a inmigrantes en Brasilia, critica lo que llama “sentimiento de intolerancia” por parte de los brasileños.

“Estuve en Boa Vista la semana pasada y percibí que la intolerancia está creciendo mucho. Presencié situaciones de agresión e insultos en lugares con una situación precaria. La gente culpa a los venezolanos de todo lo malo que pasa en la región”, sostiene.

“Caminar con sus propios pies”

La farmacéutica Ana Lúcia Guimarães, de 49 años, también ayuda financieramente una familia de venezolanos que huyeron de la crisis.

Ella cuenta que se sensibilizó sobre su situación tras ver reportajes sobre refugiados en Europa. “Quedé muy tocada, ¿sabes? Sentí un dolor muy grande y me puse en su lugar. Tener que abandonar su casa, su familia, es algo muy difícil, así que decidí ayudar”, dice.

Voluntaria en Fraternidad Sin Fronteras, Guimarães tenía un galpón vacío en Goiânia, la ciudad donde vive. Con ayuda de amigos, habilitó el espacio para recibir a una familia de venezolanos.

Ella conoció a Yovantza, de 26 años, y a Luis, de 27, en una visita a los albergues de Boa Vista. La pareja tiene tres hijos, pero solo una de las niñas viajó con ellos a Brasil. La farmacéutica pagó el pasaje aéreo de la familia de Roraima a Goiás.

Después, matriculó a la pequeña en una escuela y consiguió empleos para la pareja. Yovantza trabaja en una casa, y Luis, como auxiliar de panadero.

“Ellos llevaban dos años desempleados, incluso pasando necesidades”, cuenta Guimarães. El sueño de estos venezolanos es traer a los dos hijos que se quedaron con la abuela materna.

La farmacéutica brasileña dice que va a ayudar a otras familias de inmigrantes. “Solo estoy esperando que Yovantza y Luis se tengan cierta estabilidad en Goiânia y puedan caminar con sus propios pies. Lo van a conseguir”, dice.

“¡Las leyes de inmigración de Estados Unidos son una desgracia!”, exclamó el presidente Donald Trump ante sus seguidores esta semana.

No es algo nuevo en el discurso del mandatario estadounidense, pero en esta ocasión las palabras de Trump estaban relacionadas con una historia muy concreta: la muerte de Mollie Tibbets.

Esta joven estudiante de 20 años desapareció el 18 de julio después de salir a trotar en la localidad rural de Brooklyn, en Iowa.

Su cuerpo fue hallado este martes en un campo de maíz tras las indicaciones que le dio a la policía su supuesto asesino.

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Bloqueo mental

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La razón radica en la identidad del supuesto autor del crimen: Cristhian Bahena Rivera, un inmigrante mexicano de 24 años.

Una cámara de la zona capturó imágenes del auto de Rivera circulando una y otra vez cerca del lugar donde desapareció Tibbetts, según figura en el sumario.

Rivera confesó que siguió a la joven con su vehículo, después salió y se puso a trotar, primero detrás de ella y luego a su lado.

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El acusado contó que entró en pánico cuando ella amenazó con llamar a la policía. Después de eso, Rivera no recuerda lo que pasó hasta que se vio manejando el auto, con el cadáver de la chica en el maletero.

Rivera arrastró el cuerpo unos 20 metros y lo dejó en un campo de maíz cubierto por unas hojas.

El miércoles, un juez del tribunal del condado de Poweshiek ordenó su permanencia en prisión bajo fianza de US$5 millones.

Inmigrante “indocumentado”

La noticia del arresto y confesion de Rivera tuvo gran repercusión ya que la desaparición de la joven había desencadenado un intenso operativo de búsqueda.

POLICE HANDOUT

De inmediato trascendió que el sospechoso era un inmigrante que, según la policía, vivía de forma ilegal desde hace al menos cuatro años en Iowa.

El presidente Trump se pronunció sobre el caso este martes durante un mitin en Virginia y lo volvió a hacer el miércoles en un mensaje de video que compartió en Twitter.

“Una persona vino de México de forma ilegal y mató (a Tibbetts), necesitamos que nuestras leyes migratorias cambien, necesitamos que nuestras leyes fronterizas cambien”, subrayó.

“Tenemos las peores leyes de todo el mundo”, añadió, para después insistir en que necesita financiación para construir el muro en la frontera entre EE.UU. y México.

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La Casa Blanca también tuiteó sobre el caso, compartiendo un video sobre familiares de estadounidenses muertos a manos de inmigrantes indocumentados.

For 34 days, investigators searched for 20-year-old Mollie Tibbetts. Yesterday, an illegal alien, now charged with first-degree murder, led police to the cornfield where her body was found.

The Tibbetts family has been permanently separated. They are not alone. pic.twitter.com/BBskwHEJoU

— The White House 45 Archived (@WhiteHouse45) August 22, 2018

Confusión sobre su estatus legal

Del otro lado, el abogado de Rivera, Allen Richards, afirmó que su cliente tiene estatus legal en Estados Unidos.

Sus jefes en Yarrabee Farms, la granja en la que trabajaba Rivera, explicaron que el hombre superó los controles migratorios y que era buen empleado.

Las autoridades creen que Rivera utilizó otro nombre y entregó documentación falsa cuando presentó la solicitud para trabajar en la granja.

“Lo que hemos sabido en las últimas 24 horas es que nuestro empleado no es quien dijo que era”, indicó el propietario de la granja, Dane Lang.

REUTERS

Qué dice la familia de Mollie

“En nombre de toda la familia de Mollie, agradecemos a las personas de todo el mundo que pensaron y rezaron por nuestra niña”, dijo la familia de Tibbetts en un comunicado difundido este miércoles.

La familia pidió que se respete su privacidad y no quiso entrar en la polémica sobre el estatus migratorio del autor del crimen.

“Por favor, recuerden. El mal viene en TODOS los colores“, escribió en Facebook Billie Jo Calderwood, tía de Mollie.

Cabe recordar que el tema de los crímenes cometidos a manos de inmigrantes indocumentados fue utilizado por Trump ya desde que anunció su candidatura a la presidencia de EE.UU.

Así, Trump se refirió varias veces al caso de José Inés García Zárate, un inmigrante indocumentado de 45 años que fue acusado de matar a la joven Kate Steinle en San Francisco en 2015.

García Zárate fue absuelto en diciembre de 2017 después de que el tribunal fallara que la muerte de Steinle fue accidental.

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Por Hugo Sanchinelli

Los empleadores habrían contratado y maltratado a los trabajadores, a pesar de que no contaban con autorización legal para estar en ese país, informaron las autoridades federales.

La operación fue dirigida por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El operativo se enfocó en cerca de una docena de negocios y fábricas, en las cuales se arrestaron a más de 130 trabajadores y a 14 dueños de empresas y gerentes.

La mayoría de los arrestos ocurrieron al norte de Nebraska y sur de Minnesota. Muchas de las compañías sorprendidas por los agentes federales estaban en O’Neill, Nebraska, un pueblo de unos 3 mil habitantes localizado a unas 160 millas al noroeste de Omaha.

Las autoridades dijeron que aún estaban buscando a tres propietarios o gerentes para ponerlos bajo custodia.

Tracy Cormier, la agente especial a cargo de la operación, aseguró que la redada era una de las más grandes realizadas en los 15 años de historia de HSI.

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“Podría decir que el número de órdenes de captura criminales que se están ejecutando será uno de los más grandes para HSI”, dijo Cormier. “No tengo conocimiento de una más grande”.

Entre 350 y 450 agentes federales, así como oficiales locales participaron en la operación, agregó.

El objetivo de la operación es inusual en cuanto se arrestaron a los operadores de los negocios. En la mayoría de redadas de inmigración se arresta únicamente a los trabajadores de los que se sospecha residen y trabajan ilegalmente en el país.

“Toda la investigación se inició, básicamente, porque nos enteramos que estas empresas estaban engañando a los trabajadores y a los contribuyentes, y a sus competidores”, dijo Cormier.

Las empresas crearon toda una trama que usaba nombres y números de seguridad social falsos para emplear a personas que se encuentran en el país de manera ilegal, dijo Cormier.

Los negocios usaron la “fuerza, el fraude, la coerción, las amenazas de arresto y/o deportación” para explotar a los trabajadores, agregó.

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Las compañías que contrataron a los inmigrantes indocumentados también obligaron a los trabajadores a cobrar sus cheques con la misma empresa a una tarifa exorbitante, y retuvieron los impuestos que le descontaron a los trabajadores sin transferir el dinero al gobierno, dijeron las autoridades.

“En cierto modo, nos recuerda la reactivación de una antigua política llamada ‘company store’, donde la empresa solía mantener a los mineros de carbón endeudados con la compañía por todo tipo de servicios que les prestaba… como el cobro de cheques”, dijo.

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Decenas de trabajadores, sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país, fueron arrestados, dijo Cormier. Algunos recibirán citaciones para comparecer ante un juez de inmigración y serían liberados, pero quienes tienen antecedentes criminales permanecerán bajo la custodia de ICE.

Las redadas ocurren cuando la Administración del presidente Donald Trump ha estado llevando a cabo operativos que han acaparado mucha atención contra empresas que contratan mano de obra ilegal.

El funcionario del Departamento de Estado se encuentra en Guatemala como parte de una gira por los países que conforman el Triangulo Norte, para evitar que continúe la migración ilegal.

“Queremos juntos abordar el tema de la migración y detener a las organizaciones del crimen organizado y pandillas”, resaltó.

El funcionario norteamericano informó que Estados Unidos mantiene su política de emisión de visas para turistas, estudiantes y de trabajo.

“Nuestros estándares para adjudicación de visas no han cambiado, Estados Unidos continúa dando visas como siempre”.

Risch instó a los guatemaltecos a no tomar el riesgo de viajar con redes de traficantes de personas y coyotes, esto podría tener consecuencias legales ademas de ser enviado de vuelta al país.

“No le haga caso a nadie que le diga que le va sacar la visa”.

Según el subsecretario en los último 12 meses se han procesado 16 mil visas para que connacionales permanezca de forma legal en Estados Unidos, 86 mil solicitudes adjudicadas de visas para turistas y estudiantes y se han otorgado 7 mil visados a trabajadores temporales.

El enviado del Departamento de Estado reiteró el apoyo de Estados Unidos en mantener el combate contra la corrupción en el país.

“Estados Unidos apoya fuertemente la lucha contra la impunidad en Guatemala”.

Sin embargo, tiene poco tiempo para celebrar: los electores esperan una solución a los problemas más apremiantes de la segunda economía latinoamericana como la violencia ligada al narcotráfico, la incesante corrupción y la complicada relación con Estados Unidos.

Trump y el TLCAN

La relación de México con Estados Unidos se ha tensado desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y amenazó con abandonar el vital Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y construir un muro entre ambos países.

Sin embargo, el trato entre Trump y López Obrador tuvo un inicio cordial. Este lunes, el presidente estadounidense dijo que habló con López Obrador por teléfono con quien anticipó “una muy buena relación”.

“Creo que va a tratar de ayudarnos con la frontera”, dijo tras meses de un tenso vínculo por la dura postura antiinmigrante de su gobierno.

López Obrador confirmó la llamada en Twitter y dijo que propuso un acuerdo de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y reduzcan la migración. “Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes”, dijo.

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Sin embargo, entre los mayores nubarrones económicos en el horizonte está el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que México revisa actualmente con Estados Unidos y Canadá.

Para México es vital llevar la negociación a buen puerto pues 80% de sus exportaciones tienen como destino a Estados Unidos, su mayor socio comercial.

Se espera que las negociaciones se retomen en algún momento de julio y que continúen hacia 2019, para encontrar solución a las propuestas más duras de Estados Unidos como su exigencia de revisar el acuerdo cada cinco años.

“Alcanzar algún acuerdo depende que Estados Unidos suavice su postura y abandone algunas de sus posturas más controvertidas”, según la firma Eurasia.

Violencia

Tras su triunfo, López Obrador prometió cambiar la actual estrategia militar para combatir a los cárteles de las drogas y la violencia.

“Más que el uso de la fuerza atenderemos las causas que originan la inseguridad”, dijo en su primer mensaje tras conocerse los resultados oficiales preliminares, al referirse a la desigualdad y la pobreza, aunque no especificó detalles. Agregó que elaborará un plan de reconciliación en el país.

El 2017 fue el año más violento desde que se tienen registros con 25.324 homicidios, según cifras oficiales. La campaña electoral dejó 145 políticos asesinados en menos de un año.

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“Los grupos criminales se siguen peleando por el control de los cultivos de amapola, de la distribución de la heroína y creo que la violencia no va a mermar por un buen rato”, dice a la AFP el exagente de la DEA Mike Vigil, afirmando que una nueva estrategia es urgente.

Vigil llama a capacitar a las policías locales y combatir la corrupción entre los gobernantes que han permitido la explosión del crimen.

“Tiene que atacar a todo el grupo desde arriba hasta abajo, a la gente que está metida en la corrupción, que está protegiendo a estos grupos criminales”.

– Corrupción –

El tema que más rabia y hartazgo generan entre los mexicanos, la corrupción fue una parte vital de las campañas electorales y el eje por el cual López Obrador construyó su candidatura.

Este domingo reiteró que su gobierno se concentrará en “combatir la corrupción”, aunque no dio detalles de cómo lograrlo.

El gobierno saliente se vio manchado por escándalos que incluso salpicaron al propio presidente, Enrique Peña Nieto, como la casa que su esposa compró a un contratista del gobierno, un cuadro que provocó que el PRI terminara repudiado en las urnas.

“Hay una mucho más alta percepción de más corrupción. Nadie puede decir cuánto, pero tuvimos escándalos que involucraban al señor presidente y a su esposa, a secretarios de Estado”, recuerda Arturo Sánchez, académico del Tecnológico de Monterrey.

“El tema de la corrupción fue un canal a través del cual se canalizaron muchas de las inconformidades y del hartazgo que tiene la sociedad”, agrega.

Por ello los electores no dejarán de demandar al nuevo gobierno una solución a ese problema, afirma Sánchez: “Creo que la sociedad estará esperando inmediatamente de que algo se resuelva de una forma más tangible”.

– Migración –

La migración acaparó los reflectores internacionales por los cientos de familias que huyen de la violencia en Centroamérica para pedir asilo en México o en Estados Unidos.

El fenómeno se complicó ante la fuerte postura antiinmigración del gobierno de Donald Trump, que momentáneamente instituyó una política de separación de familias en la frontera que generó indignación mundial.

López Obrador se refirió al tema al mencionar que bajo su gobierno, “quien desee migrar, lo haga por gusto y no por necesidad”.

Para los expertos el nuevo gobierno debe atender las causas que provocan que México sea un país expulsor de migrantes, una nación de tránsito y un lugar de destino para muchos de ellos.

“Debe dar las condiciones y potenciar el desarrollo regional para que la gente no se vaya, debe dar garantías a todos los que quieran pasar por México y darles un trato humanitario y apoyar a todos aquellos extranjeros que quieran venir a México a través de un proceso legal”, agrega Laborde.

yug/jhb/lp

© Agence France-Presse

El virtual presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, confirmó que habló con el mandatario estadounidense y le propuso “reducir la migración y mejorar la seguridad”.

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“Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes”, escribió en Twitter López Obrador, quien según los conteos parciales ganó la presidencia de México con amplia ventaja.

Trump afirma que podría tener una buena relación con López Obrador

“Acabo de hablar con el presidente electo de México”, dijo a periodistas en la Oficina Oval. “Creo que la relación va a ser muy buena. Tuvimos una gran conversación”, señaló.

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“Creo que va a tratar de ayudarnos con la frontera”, añadió, tras meses de un tenso vínculo con sus vecinos del sur por la dura posición de Washington hacia los migrantes indocumentados.

Ante el riesgo de ahogamiento en el Mediterráneo o morir de frío en los Alpes, las organizaciones humanitarias asumen su rol e intervienen para auxiliar a seres humanos en peligro, sean cuales fueren las circunstancias.

Pero también benefician “a los traficantes, al reducir el precio del pasaje” hacia Europa, acusó el martes el presidente francés Emmanuel Macron, sumándose a las críticas de otros dirigentes europeos.

“No se puede aceptar de forma duradera esta situación en nombre de (la acción) humanitaria, pues eso quiere decir que ya no existe ningún control” agregó Macron.

“Las oenegés tienen razón de ir a salvar a gente, pero por otra parte los traficantes utilizan a las oenegés”, afirmó este miércoles el exdiputado europeo Daniel Cohn-Bendit. “Hay hoy un problema objetivo: los traficantes toman el dinero, y se dicen: ‘enviamos a la gente al mar, y emitimos luego una señal de SOS'”, explica a la cadena BFM

Frente a las costas de Libia los traficantes de seres humanos han comprendido que ya no necesitan invertir en barcos de alta mar capaces de llegar hasta las costas italianas. Les basta con botes inflables, que sobrecargan con migrantes, e incluso se llevan el motor de la embarcación una vez pasado el límite de las aguas territoriales libias, tras dejar a los migrantes un número de teléfono para pedir socorro.

Estado de necesidad

En los Alpes, los voluntarios relataron hace poco a la AFP que sus números de teléfono personales habían sido utilizados por los traficantes. “Se los revenden a los migrantes”, explica a la AFP Philippe Wyon, responsable de la ONG “Refugio solidario”. “Nos hallamos atrapados, pues nuestra misión es socorrer a la gente que está en peligro en la montaña, pero desde luego no hacer de taxi para los traficantes”.

Para el doctor Philippe de Botton, presidente de Médicos del Mundo-Francia, las asociaciones son víctimas de una crítica injusta.

“Ayudamos a los migrantes desde un punto de vista humanitario, pero no hacemos en absoluto el juego a los traficantes” afirma a la AFP.

“Lo que sí hace el juego a los traficantes es criminalizar el rescate en el mar o cerrar las fronteras. Si acogiéramos a la gente antes de estudiar sus casos, como debería ser la norma, acabaríamos con el mercado de los traficantes”, prosigue.

“Cuando sabemos lo que ocurre en Libia, la declaración del presidente Macron es de un increíble cinismo (…) que se alinea con la posición populista italiana, casualmente en víspera del Consejo europeo del jueves”, agrega.

La ONG Mission Lifeline, acusada de no haber entregado a los guardacostas libios a los migrantes que socorrió -y cuyo barco podrá desembarcar este miércoles por la noche en Malta tras una semana en el mar- defendió su posición en un comunicado.

“La única orden que el barco rehusó fue la de entregar a estas personas a los supuestos guardacostas libios, ya que ello habría violado la convención de Ginebra sobre los refugiados, y habría sido por lo tanto (un acto) criminal”, aseguró la ONG.

En marzo, el barco “Open Arms” de la ONG española Proactiva Open Arms, que recorre el Mediterráneo para  ayudar a los migrantes, fue judicialmente incautado en Sicilia por sospechas de ayuda a la inmigración clandestina, por haber rehusado entregar a los migrantes a los guardacostas libios.

La incautación fue levantada por un juez siciliano que consideró que la ONG había actuado en “estado de necesidad”, porque los derechos fundamentales de los migrantes socorridos no estaban garantizados en Libia.

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