Los veteranos del Ejército llevaron 21 bloqueos a nivel nacional, como medida de presión para que en el Congreso se apruebe la iniciativa de ley 5664, la cual contempla un resarcimiento de Q120 mil para cada soldado que prestó servicio militar entre 1960 y 1996, durante el conflicto armado interno.

La iniciativa de ley actualmente está siendo analizada por las comisiones de Derechos Humanos, Defensa Nacional y Finanzas del Congreso, quienes deben emitir un dictamen. Las comisiones están evaluando el impacto económico de la propuesta de ley, sin embargo, se desconoce la cantidad de soldados que serían beneficiados con la iniciativa.

El diputado de Victoria, Manuel Rivera, presentó una iniciativa de ley para modificar el Código de Trabajo. La propuesta es que se aumente los días de descanso por licencia de maternidad.

Actualmente una mujer goza de 84 días entre el pre y post parto. Si se aprueba la modificación, el descanso se prolongaría por 21 días, para tener un total de 105.

“La madre trabajadora gozará de un descanso retribuido con el ciento por ciento (100%) de su salario durante los cuarenta (40) días que precedan al parto y los sesenta y cinco (65) días siguientes; los días que no pueda disfrutar antes del parto, se le acumularán para ser disfrutados en la etapa post-parto, de tal manera que la madre trabajadora goce de ciento cinco (105) días efectivos de descanso durante ese período”, dice el primer artículo de la iniciativa.

El diputado Manuel Rivera de Victoria presenta iniciativa de ley para ampliar el plazo de licencia por maternidad. Propone que las madres tengan 105 días de descanso en lugar de 84. pic.twitter.com/dwhbIRgQdK

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) March 9, 2020

Además, la propuesta contempla 30 días más en casos de enfermedad, complicación o nacimiento con discapacidad.

Durante la sesión plenaria de este miércoles, los diputados conocieron en primera lectura la iniciativa 5431, Ley General de Infraestructura Vial. Una propuesta que cambiaría el modelo para la construcción de carreteras de una manera más eficiente. La normativa incluye la creación de la Superintendencia de Infraestructura Vial, denominada SIVIAL que se encargaría de otorgar contratos a empresas para la construcción de carreteras, sin restarle autoridad al Ministerio de Comunicaciones.

Además desaparecería la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, COVIAL y  la Dirección General de Caminos quedaría como una dependencia encargada de atender las carreteras pero en caso de emergencias.

“El Estado mantendría la rectoría de los proyectos carreteros pero una empresa contratada sería la encargada de la gestión de los activos”, fue una de las explicaciones que dio el Presidente de la Comisión de Economía, Carlos Barreda, al dictaminar la iniciativa.

Esta iniciativa de ley surgió en el Encuentro Nacional de Empresarios en 2017 y luego de una mesa técnica logró dictamen favorable el 17 de diciembre de 2018. Este miércoles empezó su aprobación en el Congreso y dependerá de los jefes de bloque que la segunda lectura se incluya en la agenda de la próxima semana.

Guatemala sin invertir en red vial

Dentro de los considerandos del dictamen, los diputados aseguran que desde 2013 no se ha construido ni un kilómetro adicional de red vial y desde el año 2011 no se ha ampliado la red vial pavimentada. “A pesar de su importancia, según cifras disponibles para Guatemala provistas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre el año 1985 y el 2013 la red vial creció 80%, equivalente a un aumento de 7,335 kilómetros, lo que implica una tasa de crecimiento igual a un 1.80% anual”.

Esta semana los diputados conocerán en primera lectura las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, una propuesta que generó reacciones a favor y en contra.

El diputado Fernando Linares Beltranena dijo que era para dar cumplimiento a los acuerdos de Paz porque esta normativa dará una amnistía a los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

Mientras el congresista Walter Félix aseguró que era una iniciativa que promovía la impunidad para todos los acusados por crímenes de lesa humanidad.

El artículo 3 de la reforma modifica el 5 de la ley de reconciliación nacional establece lo siguiente:

“Se declara la amnistía o extinción total de la responsabilidad penal por los delitos que, hasta la entrada en vigencia de esta ley, hubieran cometido en el enfrentamiento armado interno, como autores, cómplices o encubridores, las personas que pertenecieron a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), así como las autoridades del Estado. miembros ele sus instituciones o cualquiera otra fuerza establecida por ley, perpetrados con los fines ele prevenir, impedir, perseguir o reprimir las acciones ele la URNG o sus unidades integrantes, amnistía que se extiende a tocios los cielitos tipificados en el Código Penal v otros cuerpos legales vigentes al 27 de diciembre de 1996. Los cielitos cuya responsabilidad penal se declara extinguida en este artículo se conceptúan de naturaleza política y la autoridad judicial declarará el sobreseimiento definitivo sin más trámite. Ninguna persona que haya participado en el enfrentamiento armado interno, será objeto de medidas de coerción o persecución penal.”

Los diputados Eva Monte, Delia Bac, Estuardo Galdámez, Karla Martínez y Dolores Beltrán presentaron una iniciativa de ley para reformar el artículo 407 del Código Penal.

Los congresistas proponen agregar los literales P y Q para crear dos tipos penales nuevos previo a las elecciones generales. El primer artículo llamado “acoso político” propone prisión de 2 a 3 años contra quien presione, hostigue o persiga a candidatos, funcionarios o políticos.

Quien realice cualquiera de estas acciones por cualquier medio de difusión (medios de comunicación, redes sociales) iría a prisión, además quedaría inhabilitado para ejercer cargo público.

Esta es la iniciativa que penalizaria el acoso político. pic.twitter.com/uT4OQo9pf8

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 30, 2018

“Los políticos tienen derecho a defenderse”, dice diputada

Eva Monte de la bancada Alianza Ciudadana, aseguró que los políticos tienen derecho a defenderse. Dijo que la iniciativa no violaba la libertad de expresión aunque dijo que cualquier persona que realice una crítica debe ser sancionada sino presenta pruebas de lo que dice o escribe.

“Cuando vienen y nos dicen que estuvimos metidos en procesos de corrupción y todo, mientras no esté comprobado o no esté denunciado, cómo pueden probarlo, eso ya entra dentro de una sanción y es una forma de coacción en contra de la persona que es candidata”, detalló la congresista.

Con la iniciativa se sancionaría con prisión a cualquier persona que "critique" a políticos y candidatos. pic.twitter.com/bMl2f1oXSF

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 30, 2018

Violencia Política

La iniciativa también crea el inciso “Q” y establece que quien o quienes realicen actos de agresión física y/o psicológica o cualquier tipo de coacción contra personas, postulantes electas, designadas o en el ejercicio de la unción política, durante o después del proceso electoral será sancionado con prisión de 2 a 5 años.

Incluye un agravante para los empleados o representantes legales de una empresa de una multa de 5 a 20 mil quetzales.

En 2019 se cumplen 10 años de la emisión de los primeros DPI y según la ley la vigencia del documento personal de identificación es de 10 años a partir de su emisión. Esto quiere decir que el próximo año vencerán los primeros DPI. La diputada Eva Monte presentó una iniciativa de ley que busca ampliar el plazo de vigencia,

Según la congresista son 1 millón 37 mil 805 DPI que vencerían, pero datos del RENAP dan cuenta de 409 mil 103 en esa condición.  Lo que es un hecho es que los guatemaltecos que se les vence su DPI no podrán votar en las Elecciones Generales a menos que lo actualicen o que los congresistas aprueben la normativa.

DPI por un año más

La iniciativa propone que la vigencia sea de un año más. Esto permitiría a los guatemaltecos tener su documento por más tiempo, poder votar y también realizar otros trámites.

EL director del RENAP aseguró que apoyan la normativa porque en el interior del país, algunas personas no tienen los recursos económicos para pedir el documento, además porque las sedes del Registro les queda retirado.

Agregó que tienen la capacidad para extender los DPI y que si se aprueba la normativa dejarían de percibir cerca de Q34 millones.

Director del RENAP asegura que tienen la capacidad de extender los 409 mil DPI que se venceran en 2019 pero apoyan la iniciativa porque no todos los guatemaltecos tienen dinero para solicitar el documento. pic.twitter.com/f5hIYuAOt7

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 18, 2018

Integrantes de Mujeres Transformando el Mundo entregaron a la diputada Sandra Morán enmiendas a la iniciativa 5376, Ley de Protección Integral a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas.

Las organizaciones que promovieron la iniciativa decidieron dar marcha atrás al artículo 7 y el cual generaba controversia ya que despenalizaba el aborto en menores de 14 años que resultaran embarazadas producto de una violación.

Mujeres Transformando el mundo y diputada Sandra Morán presentan enmiendas a la iniciativa 5376, eliminan el artículo 7 que proponía interrumpir el embarazo producto de una violación en niñas menores de 14 años. pic.twitter.com/f9uSrmtuf7

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) September 4, 2018

Esto contemplaba el artículo 7 y que ahora ha sido retirado de la propuesta:

“No será punible para prestadores de servicios de salud, la interrupción medicamentosa voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes igual o menor de 14 años que a consecuencia de una violación sexual, explotación sexual y trata de personas resulte con un embarazo forzado. Para lo cual se aplicará el Segundo Kit medicamentoso, dentro de las 12 semanas de gestación”.

Según la diputada Sandra Morán, con estas modificaciones ya no habría justificación para que la comisión dictamine desfavorablemente la iniciativa. Cree que el resto de la normativa ayudaría a las niñas y adolescentes víctimas de una violación sexual a ser protegidas por el Estado y a garantizarles una vida digna.

Según la diputada ya no hay motivos para que la iniciativa 5376 no sea dictaminada favorablemente. Pide que el Estado proteja a víctimas de violación sexual. pic.twitter.com/azVFbcJZmC

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) September 4, 2018

La Comisión de la Mujer que tiene a su cargo emitir el dictamen pospuso el mismo por considerar que aún debían analizar algunas aspectos. El presidente Anibal Rojas aseguró que con solo eliminar un artículo no se le puede dar un dictamen favorable sino que debe analizarse cómo queda la propuesta.