Con 119 votos a favor, diputados del Congreso de la República archivaron este martes 15 de marzo la polémica Ley para la Protección de la Vida y la Familia que elevaba las penas por aborto y prohibía el matrimonio homosexual, lo que generó una ola de críticas que obligaron al presidente Alejandro Giammattei a advertir que vetaría la normativa.

La Ley fue archiva mientras frente al Congreso se desarrollaban protestas por parte de grupos de la sociedad civil, quienes considerabas que esa normativa atentaba contra los derechos de muchas personas.

El pasado 11 de marzo, el mandatario solicitó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que archivara la norma aprobada el Día Internacional de la Mujer, al considerar que violaba la Constitución y convenios internacionales suscritos por Guatemala.

Este martes, la Ley fue archivada mediante un acuerdo presentado por el oficialismo. La Junta Directiva no permitió la discusión de las objeciones y entró a votar directamente, lo cual generó el disgusto de la oposición.

El martes  8 de marzo , 101 de 160 diputados aprobaron la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que elevaba de tres a 10 años la pena máxima de cárcel a “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause”.

También castigaba con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de esta.

La norma aprobada había reformado el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala, y restringió a los centro educativos la posibilidad de enseñar sobre diversidad sexual, entre otras limitaciones para la población LGBTI.

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— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 15, 2022

 “De la época medieval”

Partidos opositores y organizaciones feministas y de derechos humanos alertaron que la aplicación de la ley podría provocar la criminalización de los abortos espontáneos, y aumenta el riesgo de crímenes de odio contra personas de diferente orientación sexual.

Varias bancadas en el Congreso también habían solicitado a la presidencia del Congreso archivar la ley al señalar que viola derechos constitucionales como la libertad de expresión y de conciencia.

“Esta ley estaba hecha demasiado fascista. Parecía ya de la época medieval”, indicó Alma Chacón, activista del Consorcio por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

Sin embargo, consideró que el pedido de Giammattei para engavetar la ley “no va a terminar” con la política conservadora del gobierno. “No podemos bajar la guardia”, advirtió.

El aborto es un tema que polariza constantementea la población guatemalteca. Pero en los últimos días su discusión ha divido más las opiniones y ha subido de tono. Y es que los diputados pretenden aprobar una iniciativa de Ley que bajo la idea de protección a la familia, busca castigar a las mujeres por abortar, aunque se trate de un acto involuntario.

La iniciativa ha sido polémica desde su concepción porque se mete en otra cancha complicada: el matrimonio homosexual, ganando la simpatía de un gran grupo de guatemaltecos conservadores pero para los médicos, es preocupante pues no considera ciertos aspectos.

Iniciativa pone en riesgo a mujeres y a médicos

Aprofam explica, por ejemplo, que la iniciativa 5272 pretende restringir el trabajo de los profesionales de la salud pues crea más obstáculos para que las mujeres que más lo necesitan puedan recibir servicios de salud.

“En el artículo 10 de la Iniciativa 5272, se criminaliza a las mujeres que tienen una pérdida o aborto espontáneo, forzando a las mujeres a demostrar ante un juez que no fue negligencia. Sin embargo, estudios médicos indican que entre el 10% y 15% de los embarazos terminan en abortos espontáneos, por lo que este artículo genera una carga de trabajo adicional innecesaria, tanto para el sistema de salud como para el judicial, ante eventos que ocurren de manera frecuente y muchas veces por causas desconocidas; por lo que se coloca al personal de salud en la lamentable tarea de cuestionar a las mujeres en vez de cumplir con su función primordial de proteger la vida y la salud de éstas”, dice el comunicado de Aprofam.

Preocupados por retroceso

La Organización Panamericana de la Salud refiere que Guatemala ha disminuido la tasa de muerte materna de 205 en el año 1990 a 88 por cada mil nacidos vivos en 2015 y eso, asegura, Aprofam, es gracias al esfuerzo de médicos y del personal sanitario por identificar y reducir las barreras que obstaculizan el acceso a servicios de salud para las mujeres en Guatemala, sobre todo en casos de emergencia obstétrica, algo que este proyecto de ley podría poner en riesgo.

¿Por qué? porque entre otras cosas:

Se impide la libertad de expresión y penaliza a las personas que hablan del aborto en público o privado, asimismo obstaculiza la labor de los médicos para atender un problema grave de salud pública, en vista de que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna.

… Esperamos que los legisladores tomen en cuenta los graves efectos de esta iniciativa y actúen de acuerdo con los mejores intereses de protección a la vida y al derecho a la salud de las mujeres y adolescentes de Guatemala, concluye Aprofam.