La entidad internacional puntualizó en un informe preliminar presentado en su 77 Asamblea General, a la espera de ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa, que el Gobierno guatemalteco también ha evitado la libre recopilación de información.

“El Gobierno limita la información a los medios de comunicación amparándose en la confidencialidad, en especial lo relacionado a la compra de vacunas para combatir la covid-19”, aseveró el informe de la SIP.

El documento detalla además que en el último año existieron “intimidaciones anónimas a través de las redes sociales” y con llamadas telefónicas a periodistas, y también “resoluciones de la Corte Suprema de Justicia” desfavorables para la libertad de expresión.

Específicamente, la SIP condenó que el pasado 27 de septiembre la Corte Suprema de Justicia ordenara iniciar un “caso penal” contra el medio impreso elPeriódico, después de que el matutino publicara evidencias de un caso de corrupción de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

El mismo Supremo determinó que no habían indicios de delitos por parte de Porras, sancionada en septiembre por Estados Unidos con el retiro de su visa al acusarla de “obstruir” la justicia en Guatemala en casos de alto impacto.

La SIP enfatizó que dicha sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra elPeriódico “contraviene” el artículo 35 de la Constitución de Guatemala, que apostilla que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos”.

El organismo periodístico internacional también recordó que el pasado 9 de junio fue allanada la casa del periodista José Corado, también de elPeriódico, sin que se conocieran los motivos por parte del Ministerio Público, después de que la policía local “le indicó” al comunicador que no había encontrado ilícitos en su residencia.

Desde 2020 a la fecha han sido asesinados tres periodistas en Guatemala por nexos con su labor, según recuentos de medios locales: Alfonso Guadrón Hernández, en agosto de este año; Bryan Guerra, en marzo de 2020 y Mario Ortega García, en noviembre de 2020.

Guadrón laboraba para un medio de su fundación en el departamento de Chiqumula (este); Guerra trabajaba para el canal de cable TLCOM también en Chiquimula, mientras que Ortega García era propietario del medio San José Total en el departamento de Escuintla (sur).

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguró este miércoles 21 de octubre que el Gobierno de Guatemala ha demostrado durante el 2020 “intransigencia” ante las críticas y también “falta de respuesta ante pedidos de información”.

Así lo indica un informe sobre la libertad de prensa en Guatemala elaborado por la misma SIP en el marco de su 76 asamblea general, que se realiza este mismo miércoles de manera virtual en Miami, Estados Unidos.

El documento destaca que el Gobierno del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ha tenido ciertos choques con la prensa desde que tomó posesión el pasado 14 de enero.

“Al principio de la pandemia el Gobierno impulsó acciones que provocaron un límite al acceso a la información”, aseveró el informe de la SIP.

La administración de Giammattei demostró posteriormente “intransigencia hacia las opiniones críticas” y también se ha caracterizado por “falta de respuestas ante pedidos de información”.

Además, de acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa, los comunicadores que trabajan afuera de la Ciudad de Guatemala tienen un panorama más complicado.

“En el interior del país muchos periodistas sufren agresiones y se ven amenazados y limitados por las autoridades locales o las mafias de la región”, enfatizó la organización internacional.

Críticas al “Centro de Gobierno”

La SIP subrayó que el Gobierno de Giammattei ha llevado a cabo “intimidaciones” después de la publicación de varios reportajes que fiscalizan al “Centro de Gobierno”, un órgano recién fundado este año.

“Esta entidad fue creada para coordinar las actividades y la comunicación entre los ministerios y el presidente, pero fue criticada porque su titular estaría cometiendo una usurpación de las funciones del vicepresidente, Guillermo Castillo”, recordó la SIP.

El titular del “Centro de Gobierno” es Miguel Martínez, denunciado por la prensa debido a que “habría sido nombrado por su estrecha relación con el presidente, sin tener las capacidades técnicas para el cargo”, como señala la SIP.

El pasado 11 de septiembre, dos días después de publicar un reportaje sobre los perfiles del “Centro de Gobierno”, el periodista Sonny Figueroa Alvarado fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) en el centro de la Ciudad de Guatemala por supuesto escándalo en la vía pública.

El periodista fue liberado sin cargos un día después, luego de que un juez de turno decretara falta de mérito por el delito de cohecho activo (soborno a un funcionario en el ejercicio de sus funciones), atribuido también por los agentes de la Policía.

Figueroa Alvarado aseguró que fue agredido por la policía mientras era trasladado a la Torre de Tribunales y el pasado lunes fueron detenidos los dos agentes que lo arrestaron el 11 de septiembre.

“En lugar de apoyarme porque me habían asaltado, los agentes policiales me trataron como delincuente”, aseveró Figueroa Alvarado este lunes en sus redes sociales.

“Me golpearon en el pecho y ya esposado me patearon las piernas para botarme. Me lastimaron la rodilla izquierda y a la fecha no puedo caminar bien. No deben permitirse los abusos”, añadió.

Durante 2019 se registraron 104 agresiones contra periodistas en Guatemala, según datos de la organización humanitaria Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala.