Los datos oficiales de las autoridades dan cuenta que son siete los hombres fallecidos y dos las mujeres, quienes aparentemente no portaban documentos de identificación.

Entre las personas fallecidas son seis los de nacionalidad cubana según los datos compartidos por el Instituto Nacional de Migración (IGM), quienes consideran que se trataba de un grupo de migrantes. Los otros tres fallecidos son de nacionalidad guatemalteca.

No existe certeza de cómo se pudo originar el accidente, pero versiones coinciden que una camioneta tipo agrícola viajaba a excesiva velocidad, se trata del auto en donde se conducían los migrantes de manera irregular.

La forma de conducir del piloto hizo que a la altura del kilómetro 133 de la ruta al Pacífico se produjera un accidente que terminó involucrando a una motocicleta y a una jaula cañera que estaba estacionada.

El motorista involucrado en el accidente falleció y fue identificado como Ronald Valentín Chanchavac de 32 años, según el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Entre los tripulantes de la camioneta tipo agrícola se identificó a un hombre como Alexander López de 29 años, quien todavía fue trasladado a un centro asistencial.

Sin identificar

El Instituto Nacional de Migración trasladó a personal al lugar del accidente, para tratar de dar asistencia y acompañamiento por tratarse de personas extranjeras en una situación irregular en territorio guatemalteco.

Hasta ahora las personas extranjeras y la mayoría de los nacionales no han sido identificadas, y tan solo se conoce la forma en que cada uno de ellos vestía, ya que aparentemente no portaban documentos de identificación.

• Hombre no identificado, viste pantalón de lona color azul, sudadero color negro.
• Hombre no identificado, viste playera negra, pantalón negro, zapatos negro y blanco.
• Hombre no identificado, viste pantalón de lona color negro y chumpa color negro.
• Hombre no identificado, viste pants color negro, playera gris.
• Hombre no identificado, viste pantalón de lona color azul, suéter gris.
• Hombre no identificado, viste pantalón de lona color azul y playera azul.
• Hombre no identificado, viste pantalón color azul y playera azul.
• Mujer no identificada, viste pantalón color gris, suéter negro.
• Mujer no identificada, viste pants de color negro, playera color verde.

Una camioneta agrícola colisionó con una jaula cañera y una motocicleta, en el kilómetro 133 de la ruta al Pacífico, dos personas son trasladadas con múltiples fracturas, en el lugar se reportan nueve personas fallecidas. #CVBalServicio pic.twitter.com/4trBW4Y4oq

— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 3, 2024

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en el kilómetro 150 de la ruta Interamericana, en la aldea Santa Rosalía, Zacapa, se reporta la captura de César Ricardo Nova, de 34 años, piloto de la camioneta P-605JGY y Alfredo Piril Jiménez, de 45 años, conductor del automóvil P-458DQK.

En ambos vehículos trasladaban a 10 personas procedentes de Uzbekistán, quienes se encontraban de manera irregular en el país.

Los capturados fueron traslados al juzgado respectivo y a las 10 personas se les brindó la atención necesaria proporcionándoles alimento y agua.

También se realizaron las coordinaciones correspondientes para trasladarlos al Instituto Guatemalteco de Migración.

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El 19 de octubre, agentes de la PNC localizaron a 41 migrantes originarios de Haití quienes fueron abandonados entre cañaverales de Aldea Bacajía, San Andrés Villaseca, Retalhuleu.

De acuerdo a las autoridades, los migrantes con rumbo a la frontera, habían sido trasladados en un contenedor y abandonados por traficantes de personas asegurando regresar por ellos.

Guatemala es paso de muchas personas migrantes que buscan de forma ilegal llegar a Estados Unidos.

México ha detectado más de 190 mil migrantes indocumentados de enero a septiembre 2021 cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74 mil 300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, informó EFE.

Los agentes rastrearon y encontraron a un grupo de inmigrantes indocumentados a unas 20 millas al noreste de Eagle Pass el pasado miércoles 23 de junio. Se acercaron a ellos mientras descansaban. Los miembros del grupo huyeron y los agentes los persiguieron hasta que escucharon gritos de un lago artificial cercano, indicaron funcionarios de la  Patrulla Fronteriza.

Y agregaron que los agentes hicieron labores de rescate en la oscuridad para sacar a varias personas del lago, pero dos hombres identificados como guatemaltecos se ahogaron.

Uno de ellos recibió resucitación cardiopulmonar por al menos 30 minutos, mientras que el otro fue encontrado muerto más tarde. 

“El Departamento del Sheriff del condado de Maverick y la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP están revisando el incidente”, informaron los funcionarios. “La Oficina del Inspector General del DHS también fue notificada del incidente”, agregaron. 

Si no puedes ver el video haz clic aquí.

Esa es una de las razones por las que la llamada Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, enviada al Congreso el primer día del mandato de Biden, ha sido calificada como “la más progresista en la historia” de ese país.

La propuesta también incluye un millonario fondo anual para países de Centro América, que, según el plan, servirá para ayudar a gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, a luchar contra los problemas de fondo que provocan que las personas huyan hacia Estados Unidos, como la violencia, la corrupción y el crimen organizado.

Muchos son escépticos sobre el futuro de la propuesta, puesto que para aprobarla se necesita una decena de votos de senadores republicanos y dentro de ese partido ya se han escuchado voces críticas al plan migratorio de Biden.

En este video explicamos en qué consiste, quiénes podrían beneficiarse y los desafíos que tiene por delante.

• En qué consiste el ambicioso plan de reforma migratoria con que Biden busca dar un camino a la ciudadanía a más de 10 millones de indocumentados
• De qué países de América Latina procede la mayor parte de los jóvenes indocumentados que viven en EE.UU. protegidos por el DACA

Tras cuatro años de mano dura contra los inmigrantes del saliente mandatario, Donald Trump, el equipo de transición de Biden anunció este miércoles 20 de enero los detalles del proyecto de ley que el demócrata envía al Congreso como parte de su compromiso de “modernizar” el sistema de inmigración, denominado “Ley de Ciudadanía de EE. UU. de 2021”.

La iniciativa, que deberá recibir al visto bueno de ambas cámaras legislativas, dominadas por los demócratas, pretende administrar y proteger de “manera responsable” la frontera, mantener a “familias y comunidades seguras y administrar mejor la migración en todo el hemisferio”, señaló un comunicado.

De ser aprobado, el proyecto legislativo de Biden supondría la mayor reforma migratoria desde el Gobierno del republicano Ronald Reagan (1981-1989), que legalizó a 3 millones de indocumentados en 1986.

Ciudadanía, un anhelo de años

No en vano, y como su nombre indica, su punto clave es ofrecer una vía a la ciudadanía en 8 años a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en EE. UU.

Los inmigrantes podrán conseguir un estatus legal temporal que les dará la opción de alcanzar 5 años después el permiso de residencia (“green card” o tarjeta verde) , si cumplen una serie de requisitos como carecer de antecedentes penales y pagar sus impuestos.

Pero un importante grupo de ellos, los menores que llegaron al país siendo niños de la mano de sus padres, también indocumentados y conocidos como “soñadores”, así como los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), en su mayoría centroamericanos, y los trabajadores agrícolas inmigrantes podrán aspirar a una residencia legal de “inmediato” y 3 años más tarde a la ciudadanía, destacó la nota.

Para evitar una avalancha de inmigrantes, el proyecto de ley establece que esta medida afectaría a los inmigrantes que estén “físicamente presentes en Estados Unidos el 1 de enero de 2021 o antes”.

Los deportados durante la Presidencia de Trump, desde el 20 de enero de 2017, y que estuvieron físicamente presentes durante al menos tres años antes de la expulsión pueden solicitar el mismo beneficio por “unidad familiar y otros fines humanitarios”, pero ya ese proceso dependerá del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), para el que Biden ha nominado al cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas.

En su audiencia de confirmación ante el Senado este lunes, Mayorkas puntualizó que se concederá la ciudadanía a “los individuos que han estado en el país durante muchos años, que han contribuido a nuestras comunidades y a la prosperidad económica de la nación”.

El senador demócrata Bob Menendez anunció este mismo miércoles que encabezará el esfuerzo legislativo en la Cámara Alta por la aprobación de este proyecto de ley y lo presentará a sus colegas para conseguir un sistema migratorio “justo, humano y funcional”.

“Los últimos cuatro años han sido traumáticos para las comunidades de inmigrantes que han sufrido implacables ataques de la Administración Trump. Hoy, pasamos la página de este capítulo oscuro de nuestra historia y comenzamos el arduo trabajo de reparar el daño y reconstruir una mejor unión que refleje los valores de nuestra nación”, aseguró.

En la Cámara Baja, el proyecto de ley estará patrocinado por la congresista hispana Linda Sánchez, quien dijo en un tuit que se ha esperado demasiado para esta reforma, por lo que no piensa perder el tiempo para ponerse “manos a la obra” para conseguirla.

Un cambio semántico: De “Alien” (extranjero) a no ciudadano

Una de las modificaciones que incluye la iniciativa de Biden es semántico, pero recoge un pedido de larga data de parte de las organizaciones y activistas a favor de los inmigrantes, que han expresado su malestar por que se vincule a esta comunidad con términos como “extranjero ilegal”.

“El proyecto de ley reconoce a Estados Unidos como una nación de inmigrantes al cambiar la palabra ‘extranjero’ por ‘no ciudadano’ en nuestras leyes de inmigración”, destaca el comunicado.

Otra de las aspiraciones de la ley será la reunificación familiar, dando especial importancia a los grupos familiares LGBTQ + y permitiendo igualmente a los inmigrantes con peticiones aprobadas de patrocinio familiar reunirse con sus seres queridos en EE.UU. de forma temporal mientras esperan por las tarjetas de residencia.

También la propuesta de ley incluye una provisión que prohíbe la “discriminación basada en la religión y limita la autoridad presidencial para emitir prohibiciones futuras” y aumenta las visas de diversidad de 55 mil a 80 mil.

Entre otras de sus polémicas decisiones, Trump instauró nada más llegar a la Casa Blanca un veto migratorio a los nacionales de once países con una significativa población musulmana (Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Birmania, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y Yemen) y que incluye restricciones para Venezuela y Corea del Norte.

Un muro “Desfinanciado”

Para intentar lograr el necesario apoyo republicano en el Senado, Biden incluyó además nuevos recursos en la frontera, su decisión de dejar de lado la construcción del muro en la frontera con México -la promesa electoral cumplida a medias por Trump- y apostar sobre todo por la “tecnología” para acelerar la detección del cruce ilegal de mercancías y estupefacientes.

La nueva propuesta pretende de igual forma destinar fondos para mejorar el “profesionalismo” de los agentes fronterizos y crear un comité para investigar posibles “malas conductas”, y busca mejorar la atención de individuos, familias y menores bajo la custodia de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

La decisión fue tomada por el juez de distrito Nicholas Garaufis en Brooklyn (Nueva York), quien ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que notifique públicamente que aceptará nuevas aplicaciones para el programa.

El DACA fue creado por el presidente Barack Obama en 2012 y su sucesor en el cargo, Donald Trump, lo congeló, prohibiendo que se sumaran a él más jóvenes, después de que en la Corte Suprema de EE.UU. bloqueara la propuesta de la Casa Blanca para poner fin al programa.

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, quien asumirá el cargo el 20 de enero del año próximo, confirmó en las últimas semanas que piensa apoyar el programa que protege de la deportación a los conocidos como “dreamers” (soñadores).

La medida

El juez Garaufis ordenó al DHS que publique un aviso en sus sitios web señalando que desde el lunes se aceptarán nuevas solicitudes para acceder al DACA.

El juez también ordenó que el comunicado dejara en claro que la autorización de empleo bajo el programa tendrá de nuevo una duración de dos años y no de uno.

• Qué pasa ahora con DACA y otras 3 preguntas sobre la protección a jóvenes indocumentados que respaldó la Corte Suprema de EE.UU.

En julio pasado el secretario interino del DHS, Chad Wolf, dispuso el bloqueo de nuevas aplicaciones al programa mientras lo sometíaºn a una “reconsideración total”.

Esa disposición también limitaba la autorización de empleo para los beneficiaros a solo un año y restringía su capacidad para viajar fuera de Estados Unidos.

Obama

El juez Garaufis estableció en noviembre que Wolf fue designado ilegalmente para su puesto, lo que significa que no tenía la autoridad para emitir el memorando de julio respecto al DACA.

El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

• La Corte Suprema de EE.UU. bloquea el intento de Trump de poner fin al programa DACA que protege a jóvenes indocumentados en EE.UU.

La administración de Trump argumentó varias veces que Obama se excedió en sus atribuciones constitucionales cuando creó el programa a través de una acción ejecutiva y sin consultar al Congreso.

En aquel momento, Obama optó por la creación del DACA después de que el Congreso no aprobara una norma para reformar la política de inmigración de Estados Unidos.

Estados Unidos cerró unas dos horas este sábado el puente internacional que conecta la ciudad texana de El Paso con la mexicana Ciudad Juárez, en Chihuahua, ante la presencia de un grupo de migrantes indocumentados, informó la policía de México.

Agentes de la Oficina de Migración y Aduanas (CBP) de Estados Unidos bloquearon en la madrugada el paso de automovilistas y también de peatones por el puente internacional Santa Fe, también llamado Paso del Norte, colocando alambre de puás.

Medio centenar de migrantes mexicanos y de Centroamérica se presentaron en el cruce con la intención de cruzarlo, pero autoridades de Estados Unidos y México los convencieron de desistir mientras la CBP cerraba el paso fronterizo, reportó a la AFP un funcionario de la policía federal mexicana.

El cierre duró unas dos horas. Agentes de la CBP abrieron el puente tras cerciorarse de que los migrantes ya se habían retirado.
Desde octubre del año pasado, los flujos migratorios que cruzan el territorio mexicano para entrar ilegalmente a Estados Unidos han experimentado una escalada que ha tensado las relaciones entre Washington y México.

En junio, Washington amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no frenaba el paso de indocumentados, principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

En respuesta, México desplegó a unos 21 mil soldados, 6 mil en su frontera sur -por donde acceden la gran mayoría de indocumentados- y unos 15 mil en el norte, donde comparte 3 mil 200 km de frontera con Estados Unidos.

Estados Unidos amaga con imponer los aranceles si México no demuestra en septiembre que ha disminuido el flujo de migrantes indocumentados.

Según registros del Instituto Nacional de Migración, solo por la implementación del Plan Gobernanza, que duró tres días, fueron expulsados 218 indocumentados.

Hubo tres grupos mayoritarios de migrantes expulsados de Guatemala en ese operativo: 69 hondureños, 63 salvadoreños y 40 haitianos. Además, el 12 de junio último fueron expulsados 90 haitianos que fueron detenidos en la Central de Mayoreo, en la zona 12 de Villa Nueva, cuando intentaban abordar autobuses que los trasladarían a Ayutla, San Marcos, en la frontera con México.

El vocero de la PNC, Pablo Castillo, expuso que continúan con la identificación de migrantes que transitan en el territorio sin autorización, y aclaró que el Plan Gobernanza fue temporal, pero la estrategia para reducir la migración ilegal “tiene más etapas” que se ejecutarán, y no descartó que se implementen más operativos.

Fue el pasado 11 de junio que el gobierno guatemalteco cambió sus políticas migratorias para frenar el paso de migrantes por el territorio nacional en su intento por llegar a Estados Unidos. La detención y expulsión es la estrategia principal del Ministerio de Gobernación para detener el éxodo masivo.

La Policía Nacional Civil (PNC) implementó varios operativos para detectar el traslado de migrantes y el Plan Gobernanza fue la acción policial más grande que desplegó en rutas nacionales para lograr las detenciones.

El endurecimiento de las políticas migratorias por Gobernación se aplicó luego de los compromisos asumidos por las autoridades guatemaltecas con Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., a finales de mayo pasado.

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Según PDH la expulsión no es aplicable

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Javier TOVAR | © Agence France-Presse

La autoridad fronteriza (CBP) ha liberado desde marzo a 40.000 familias centroamericanas que están solicitando asilo en Estados Unidos. No tienen como mantenerlos detenidos debido a la “capacidad limitada” de sus instalaciones.

Pero los traslados a San Bernardino, 100 km al este de Los Ángeles, comenzaron apenas hace una semana.

Tres furgonetas blancas con el logotipo de la CBP hacen su entrada. Los indocumentados, muchos niños, están en la parte de atrás que no tiene ventanas.

Al abrir la puerta, que antecede una especie de jaula, lo primero que se escucha es “¿Alquilan aquí teléfonos?”.

“Se vinieron así a Estados Unidos, ustedes sabrán lo que tienen que hacer“, les responde en español el agente que conducía el vehículo. “¿Qué quieren, que les dé mi casa?“, les dice a continuación.

Sus rostros muestran una mezcla de cansancio e incertidumbre, pero al mismo tiempo de esperanza por estar en libertad. El oficial les recuerda que tienen que volver a la corte de migración en la fecha pautada o serán deportados.

Jennaya Dunlap, de la organización Coalición Justicia para Inmigrantes (IC4IJ), y unos 10 voluntarios sirven de comité de bienvenida.

“Bienvenidos”, les dice. “No se preocupen, aquí los vamos a ayudar”.

Los voluntarios, que protegen a los inmigrantes de hablar con la prensa, les dan agua, barras de granola, les preguntan si tienen algún problema de salud. Muchos no han comido bien o tomado una ducha en días.

Luego los trasladarán al único albergue hasta ahora habilitado, en una iglesia católica.

En el grupo hay adolescentes y niños muy pequeños, que bostezan y usan las rodillas de sus representantes como almohada. La ley prohíbe detener a un menor por más de 20 días.

 “Motivación política”

Estados Unidos enfrenta un drástico incremento de solicitudes de asilo de centroamericanos, que aseguran huir de la violencia en sus países.

El presidente Donald Trump, que mantiene un discurso antiinmigrantes, ha dicho que los demandantes de asilo abusan del modelo, asegurándose la entrada con “demandas frívolas” para luego nunca ir a corte y quedarse en el país sin papeles.

Según cifras oficiales, entre octubre pasado y abril fue aprehendido casi medio millón de personas, 99.000 solo en el mes pasado.

La CBP dijo a la AFP que muchos indocumentados han sido trasladados de la frontera a otras ciudades del país para descongestionar el área, donde el flujo de inmigrantes no cesa.

Las autoridades fronterizas en principio coordinaban las liberaciones con ONG locales, pero a medida que esas organizaciones se han visto sobrepasadas en su capacidad, comenzaron a dejar a los indocumentados en terminales de buses.

Cuando son liberados, están desorientados. Se preguntan “¿dónde estamos?, ¿qué región es esta?”, cuenta Dunlap. “Algunos tratan de ver las placas de los autos”.

“No les informan al subirlos en la camioneta que van a San Bernardino o a donde sea”, critica la activista.

La mayoría no habla inglés, no tiene dinero, no sabe moverse en el país, y para eso es la estadía en San Bernardino, por lo general de solo de un par de días, para organizar el viaje al próximo destino, donde les espera un familiar o un amigo que los recibirá.

Dunlap señaló que 90% de las personas que ha recibido provienen de Guatemala y que además, la mayoría cruzó la frontera por Arizona.

¿Por qué enviarlos a San Bernardino?

La CBP no especificó, pero Dunlap considera que hay “una motivación política” relacionada con la amenaza que por estos días hizo el presidente Donald Trump, de enviar a miles de indocumentados a ciudades santuario, esas que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias.

Y San Bernardino es una de ellas… aunque no para todos.

Apenas se detuvo la furgoneta de CBP, un hombre blanco de barba frondosa y canosa se acercó y espetó: “Mándelos de regreso a Tijuana”.

La guatemalteca Victorina Morales, de 45 años, es una mucama en el Trump National Golf Club en Bedminster desde 2013, cuando fue contratada tras presentar documentos falsos. Sus tareas incluyen hacer la cama de Trump cuando éste se aloja allí y limpiar su baño, informó el Times.

Ella y la exempleada Sandra Díaz, de 46 años, que actualmente es una residente legal, dijeron al Times que en el club hay otros trabajadores indocumentados, y que los supervisores han tomado medidas para evitar que sean detectados y puedan mantener sus empleos.

El Times dijo que no hay pruebas de que Trump o ejecutivos de su empresa familiar, la Organización Trump, estuviesen al tanto del estatus migratorio de los empleados.

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“Tenemos decenas de miles de empleados en nuestras propiedades y tenemos prácticas de contratación muy estrictas”, dijo un portavoz de la organización.

“Si algún empleado presentó documentación falsa en un intento de evadir la ley, serán despedidos inmediatamente”, añadió.

Diaz recordó que en 2012 Trump se enojó porque una de sus camisas de golf, supuestamente limpia, tenía manchas naranjas en el cuello, que la mucama atribuyó a su maquillaje.

Tanto Diaz como Morales describieron al presidente como exigente pero amable, a veces distribuyendo propinas de 50 o 100 dólares.

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Morales, que gana 13 dólares la hora, dijo que los empleados estaban crecientemente molestos por la retórica negativa de Trump sobre los inmigrantes hispanos y dijo que un supervisor los trataba de “inmigrantes ilegales estúpidos”.

“Estamos cansados del abuso, los insultos, de la manera en que habla de nosotros cuando sabe que estamos aquí ayudándolo a hacer dinero”, dijo al Times.

“Sudamos para atender cada una de sus necesidades y tenemos que aguantar sus humillaciones”, se quejó.

Poco después del inicio de su campaña presidencial, varios empleados sin papeles fueron despedidos. “Mucha gente se fue”, dijo Morales.

El Times informó que la mucama ha solicitado el asilo y estudia presentar una demanda por discriminación y abuso en el lugar de trabajo.

La fuerza laboral civil estadounidense incluye a 7.8 millones de inmigrantes sin papeles, según el Centro de Investigación Pew.

Relata anécdota

Morales recuerda que en una ocasión Trump se acercó a ella en su carrito de golf, mientras limpiaba unas ventanas grandes y viendo que por su estatura no llegaba a la parte superior de los vidrios, agarró su trapo y lo hizo él mismo.

Después, le preguntó de dónde era y cuando le respondió que de Guatemala, él le dijo que “los guatemaltecos son gente muy trabajadora” y le entregó una propina generosa, detalla en la entrevista al New York Times.