El magistrado Roaldo Isaías Chávez Pérez, vocal I de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, citó el miércoles 24 de agosto a las 11 horas al juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, para presentar sus pruebas de descargo en el antejuicio que se tramita en su contra promovido por la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

El trámite del antejuicio ha tenido dos cambios de juez pesquisidor. En un inicio la CSJ nombró a la magistrada Zonia Santizo para hacerse cargo de esta diligencia, pero presentó una excusa aduciendo que tenía amistad con Gálvez.

En lugar de Santizo, la CSJ designó a la vocalía I de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, la cual era ocupada de forma interina por el magistrado Eduardo Galván Casasola, quien originalmente ocupa la vocalía II. Esto, debido a que el presidente de la sala, Gustavo Dubón, tenía licencia para ausentarse por temas de salud.

De tal cuenta, en un inicio se informó que sería Galván Casasola el pesquisidor de Gálvez, sin embargo, la licencia de Dubón finalizó el 1 de agosto. Con ello, el magistrado Chávez Pérez, quien ocupaba la presidencia interina, regresó a la vocalía I, por lo que deberá encargarse de las pesquisas del antejuicio.

Chávez Pérez también fue pesquisidor del antejuicio contra la exjueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán, quien salió al exilio tras denunciar persecución. En este proceso, el togado fue cuestionado ya que dispuso que las audiencias se realizaran a puerta cerrada, sin acceso a la prensa.

La denuncia

El juez Gálvez fue denunciado por la FCT por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales con circunstancias agravantes en forma continuada por aplicar prisión provisional contra varios sindicados de corrupción a partir de 2015.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite el  15 de junio a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la FCT el pasado 11 de mayo.

El caso ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos, quienes ven un intento por atacar la independencia judicial de Gálvez y una persecución política.

De igual forma, múltiples organizaciones internacionales han manifestado su preocupación ya que ven que los ataques, hostigamientos, amenazas y acciones judiciales contra operadores de justicia en Guatemala han incrementado.

A partir de 2015, el juez Gálvez ha ligado a proceso y enviado a juicio a múltiples exfuncionarios y empresarios sindicados por actos de corrupción, incluidos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. También a militares acusados por violaciones de derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno.

El investigador de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) Juan Pappier considera que en Guatemala existe un “declive muy grave” en cuanto al respeto a los derechos humanos y la justicia, con cierta proyección a la situación que vive Nicaragua, aunque también con otros matices.

“Guatemala está en un momento de declive muy grave en la vigencia del Estado de Derecho en el país, con muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos porque hoy la enorme mayoría de las instituciones están cooptadas”, aseguró Pappier en una entrevista con Efe.

El investigador de la organización humanitaria añadió que en el país centroamericano “no hay independencia judicial” y “cualquier fiscal u operador de justicia que se atreva a investigar a los corruptos tristemente sufre demandas penales espurias y algunos de ellos han sido arrestados o han tenido que salir al exilio”.

Al menos 24 de los funcionarios de justicia (fiscales y jueces) han tenido que salir de Guatemala desde 2018, aunque con mayor frecuencia en los últimos meses, debido a su protagonismo en la lucha anticorrupción registrada entre 2014 y 2021, según denunció la ex fiscal general (2014-2019) Thelma Aldana el 20 de mayo pasado.

Dichos funcionarios han señalado de la persecución judicial a la actual jefa del Ministerio Público y fiscal general del país, Consuelo Porras, sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos bajo acusaciones de “obstruir” la Justicia en Guatemala.

“Esto no es normal en una democracia del siglo XXI, en una democracia funcional”, expuso el abogado argentino sobre los 24 exfuncionarios guatemaltecos exiliados.

Precisamente el ultimo informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Guatemala en el capítulo IV.B del mismo por violaciones a los derechos humanos, en un listado donde le acompañan Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Similitudes con Nicaragua

Pappier, investigador de la división de las Américas de Human Rights Watch, considera que Guatemala podría estar siguiendo los pasos del Gobierno de Nicaragua en cuanto a justicia, cooptación del Estado y derechos humanos, pero con otros matices.

“Hay diferencias por supuesto con Nicaragua, donde estamos hablando de un dictador o una familia de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que controlan todo el poder”, recordó.

Por el contrario, en Guatemala “estamos hablando de un modelo oligopólico de poder” en el sentido económico, donde “hay un conjunto de actores que controlan y han cooptado las instituciones”, puntualizó el abogado.

De cualquier manera, Pappier sí considera que “el ejemplo de Nicaragua tiene algunas similitudes con lo que pasa en Guatemala y la primera es este tema de la destrucción del Estado de Derecho, y Nicaragua es un ejemplo claro de lo que pasa cuando se cooptan las instituciones democráticas”.

La segunda similitud donde el investigador de HRW cree que “la comparación es valiosa” es en referencia a la comunidad internacional.

“Yo creo que la comunidad internacional cometió un error en Nicaragua, porque dejó pasar el tiempo y no reaccionó cuando las instituciones democráticas se estaban destruyendo. Y las reacciones más fuertes recién vinieron cuando habían muertos en las calles de Managua, cuando había sangre en las calles”, subrayó.

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Por eso, Pappier piensa que “es un error de la comunidad internacional esperar tanto” y esa “lección” hay que “aplicarla” en Guatemala si se quiere evitar que “termine en una situación como la de Nicaragua o Venezuela”.

De igual forma, el investigador de Human Rights Watch ve como trascendental que “los guatemaltecos entiendan que sin Estado de Derecho no hay” derechos humanos.

“Y esto es importante que lo entiendan todos los guatemaltecos, incluyendo los empresarios que promueven y apoyan el desmantelamiento de las instituciones del país, porque el día de mañana puede haber un Gobierno distinto y si este Gobierno por ejemplo no respeta la propiedad privada, ¿a quién van a acudir estos empresarios?”, concluyó Pappier.

Guatemala vivió entre 2014 y 2019 una cruzada anticorrupción que dejó más de 200 políticos y empresarios de élite acusados por el Ministerio Público de la exfiscal general Thelma Aldana, exiliada actualmente en Estados Unidos, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el colombiano Iván Velásquez, recientemente nombrado ministro de Defensa en su país. EFE

Foto principal: Pixabay

La subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya, sostuvo este lunes una apretada agenda como parte de su visita de cuatro días a Guatemala, que incluyó un encuentro con algunos jueces locales y defensores de la justicia.

La funcionaria estadounidense informó en sus redes sociales que se reunió durante la tarde de este lunes con “jueces independientes” guatemaltecos y miembros de la sociedad civil “que luchan contra la corrupción”.

Entre los jueces presentes con Zeya se encontraba Erika Aifán, jueza de casos de alto impacto a quien EE. UU. galardonó en marzo pasado como “Mujer Coraje” por su labor en defender la justicia y la igualdad, en un premio que también fue entregado a mujeres de otros 14 países.

“Los jueces y miembros de la sociedad civil demuestran su coraje y su compromiso diario. Les enfaticé nuestro apoyo a ellos y a su rol fundamental en la democracia de Guatemala”, expuso Zeya.

Precisamente Aifán ha denunciado este año que ha sido víctima de amenazas a su independencia personal y también a su seguridad física, sin respaldo del Organismo Judicial y del Estado guatemalteco.

Junto a Aifán también participó en el encuentro el juez Miguel Ángel Gálvez, que en 2015 procesó por corrupción al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) y quien también lleva casos de alto impacto, pero de etapa intermedia.

En la reunión con la funcionaria estadounidense también participaron Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, junto con Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, entre otros.

La visita de Zeya a Guatemala empezó este domingo y se extenderá hasta el 1 de diciembre para tratar temas relacionados con la migración y la seguridad.

Este lunes, la subsecretaria también mantuvo reuniones con líderes sindicales, el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, y el canciller, Pedro Brolo, entre otros puntos de su agenda.

En concreto, Zeya pasará por Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango y acudirá en representación del Gobierno estadounidense a la reunión anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, según informó del Departamento de Estado en un comunicado la semana pasada.

“Asociaciones sólidas”

“La subsecretaria Zeya destacará el compromiso de Estados Unidos con sus socios guatemaltecos para solucionar las causas de la migración irregular, progresar en la aplicación de la ley y ofrecer servicios de protección a los migrantes vulnerables, refugiados y demandantes de asilo”, apuntó el Gobierno estadounidense en la nota de prensa.

“Necesitamos asociaciones sólidas en toda Centroamérica para gestionar la migración irregular y aumentar la prosperidad y la seguridad para todos. ¡Hay mucho trabajo que hacer!”, sostuvo la funcionaria, se acuerdo con la Voz de América.

Zeya citó que hizo hincapié al canciller sobre la necesidad de que Guatemala sea “un líder regional en reforma democrática y fortalecimiento del estado de derecho”.

“En estos intercambios, la subsecretaria Zeya destacará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con los socios guatemaltecos para abordar las causas fundamentales de la migración irregular, impulsar el Estado de derecho y brindar servicios de protección a migrantes vulnerables, refugiados y solicitantes de asilo”, apunta el comunicado de prensa del departamento de Estado.

Good to meet w/ @PedroBroloGT to talk about our collaboration on security issues, migration management, & our continued commitment to help Guatemala beat the pandemic. I emphasized Guatemala’s opportunity to be a regional leader on democratic reform & strengthening rule of law. pic.twitter.com/iruOJVYebH

— Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) November 29, 2021

Una serie de acciones que los jueces ha padecido y que incluso han finalizado ante la Junta Disciplinaria Judicial, coloca en alerta el riesgo que podría estar corriendo la independencia judicial.

Debido a que los jueces de mayor riesgo se ha buscado someterlos a sanciones con el fin de obligarlos a favorecer grupos de poder o delitos cómo: corrupción, crimen organizado y conflicto armado.

Auditorias preventivas

Ninguno de los jueces se opone a la auditorias realizadas por la Supervisión General de Tribunales. Consideradas como practicas sanas y de fortalecimiento al sistema de justicia.

Sin embargo, las recientes auditorias ejecutadas entre el 14 y 18 de mayo pasado marcaron una alerta a los órganos jurisdiccionales de la Jueza Ericka Aifán y Miguel Ángel Gálvez, debido a que estas son constantes.

El oficio indicaba que los supervisores debían revisar como mínimo 15 expedientes. Además, detectar si existe mora judicial y verificar las causas. Una de las alertas se debe a que la mora existe en la mayoría de los juzgados derivado de la falta de jueces.

El director de la Supervisión General de Tribunales, explicó que la auditorias eran parte de su labor y que también servían para identificar las carencias que los juzgados podrían padecer.

Temor entre jueces por la independencia judicial

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, manifestó su preocupación por las auditorias en el que indicó lo siguiente:

“La eventual instrumentalización que puedan hacer algunos litigantes y abogados del procedimiento de inspección judicial, utilizando mecanismos de presión e intimidación”. 

En la actualidad la Jueza de Mayor Riesgo “C”, Ericka Aifán se encuentra en un torbellino de acciones en su contra y las visitas por parte de la Supervisión General de Tribunales son constantes, que se ha hecho presente incluso sin que haya pasado un mes.

La quejas interspuestas contra Aifán son por el abogado Moisés Galindo, procesado por el caso de fideicomisos en la Municipalidad de Guatemala, el exmagistrado Eddy Orellana, sindicado en el proceso llamado “Comisiones paralelas” y la última interpuesta por la familia rusa, Bitkov procesada en el caso Migración.

Esté último caso le provocó una denuncia y una multa de Q1,000 a la jueza Aifán por supuestamente no acatar lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones de cerrar el proceso penal contra la familia rusa.

La jueza accionó ante la Corte de Constitucionalidad, debido a que señaló que la sala no le ordenó cerrar el proceso por que no desobedeció. La jueza expuso en el ocurso en queja que razonó cda uno de los argumentos y envió a un nuevo juicio a Igor Bitkov, su hija y esposa. Sin Embargo, la Sala Tercera busca orillar a Aifán a que cierre el caso.

La sala de los favores

La Sala Tercera de Apelaciones del ramo penal se ha caracterizado por su resoluciones polémicas. Una de ellas y la más evidente fue la resolución de la Magistrada Blanca Stalling, que le otorgó salir de prisión debido a que no existía peligro de fuga, cuando fue capturada tratando de huir con peluca y pistola como quedó evidenciado en vídeos.

Además, se encuentra la resolución del antejuicio contra el entonces alcalde capitalino, Alvaró Arzú, por el caso denominado “Caja de Pandora”. Pero pesa también sobre la Sala que el presidente el magistrado Jaime Amílcar González firmó una resolución de Corte Suprema de Justicia de un pleno que no participo. La resolución negaba levantar el antejuicio a seis diputados entre ellos Luis Rabbé y Aristídes Crespo.

González fue denunciado por la Magistrada María Eugenia Morales. Sin embargo, fue la jueza suprema que debió enfrentar a la Junta Disciplinaria por denunciar el hecho, ya que habría entregado como evidencia el acta firmada por González.  la Magistrada salió librada de los señalamientos.

La Supervisión General de Tribunales realizó revisiones preventivas a los órganos juridiccionales, los primeros en la lista los juzgados y tribunales de mayor riesgo. La auditoria revisa los horarios de salida y entrada del personal, si visten adecuadamente, revisión de expedientes.

Además, Ángel Joaquín, Director de la Supervisión General de Tribunales explicó que también se observa el funcionamiento y que necesidades tienen los jueces.

Alertas sobre  la independencia judicial

Las alertas sobre si podría existir una vulneración a la independencia judicial, se debe a que hay jueces que han sido sometidos a investigaciones continuas por casos precisos de corrupción y del conflicto armado.

Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencia Penales explica que han existido casos “frívolos” cómo el del juez “B” de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez y la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia Morales.

Ambos fueron llevados ante la Junta Disciplinaria del Organismo judicial. Díaz resalta que son casos que no debieron proseguir. Ambos salieron victoriosos de dichos procesos disciplinarios.

En el caso de la Jueza “C” de Mayor Riesgo Ericka Aifán ha recibido con frecuencia  a la Supervisión General de Tribunales. Las quejas son prevenientes de el abogado Moisés Galindo, el exmagistrado Eddy Orellana y la familia rusa Bitkov.

 Instrumentalización

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad  se pronunció a través de un comunicado para expresar su preocupación en la señala “la instrumentalización que puedan hacer algunos litigantes y abogados del procedimiento de inspección judicial, utilizándolos como un mecanismo de presión o intimidación al libre ejercicio de la judicatura independiente”.

Además, en el comunicado también hacen un llamado a las autoridades judiciales a garantizar los procedimientos objetivos e imparciales en la tramitación de los procesos.

Por el contrario El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Marlon López indicó que era parte del trabajo de la Supervisión General de Tribunales hacerse presente ante las quejas que existan contra los jueces.