Denuncias de migrantes sobre el peligro que representan las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) de México recopiladas en 2022 por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, en inglés) “anticipaban” la tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez, reveló este lunes el informe anual de la organización fronteriza con sede en El Paso (Texas).

El informe llamado “El Estado de los Derechos Humanos y Civiles en México de 2022” documentó 56 casos en los que se identificaron 202 abusos a migrantes. Más de la mitad (116) de estos abusos fueron cometidos por agentes o personal del INM.

Fernando García, director de BNHR, calificó la situación de los migrantes que pasan por territorio mexicano como “preocupante”.

“La muerte en Ciudad Juárez de migrantes que estaban bajo candado no fue una cuestión aislada”, dijo el activista en entrevista con EFE sobre los hallazgos del informe.

Para octubre del año pasado ya había dos denuncias documentadas por BHNR del uso de candados en albergues del INM. “Esta es una cuestión sistémica”, resaltó García, y agregó que la práctica de encerrar a los migrantes “es común por parte del Instituto” y la tragedia ocurrida en el centro de migración de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes el mes pasado, había sido anticipada.

Uno de los casos fue denunciado por un migrante ecuatoriano de 39 años que estuvo detenido más de un mes en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula (Chiapas).

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“Los agentes del INM me insultan, me tratan mal, me tienen detenido. Es como un secuestro porque no me puedo comunicar con mi familia. En las noches ponen candados a las puertas donde nosotros estamos descansando, como si fuéramos delincuentes. Nosotros no cometimos ningún delito. Nos engañaron que nos iban a ayudar y luego nos encerraron”, dijo en su testimonio el migrante.

El informe además identificó 25 incidentes de abuso verbal y psicológico por parte de trabajadores del INM hacia los migrantes y 15 violaciones al debido proceso.

“También vemos un sistema de corrupción que afecta a esta institución”, la cual debería desaparecer, consideró García.

El reporte identificó igualmente 50 abusos perpetrados por la Guardia Nacional de México. Al respecto, García advirtió que no se debería permitir que los soldados lidien con temas de inmigración. “Se documentó la muerte de un migrante por disparos de un soldado”, relató.

Treinta y cuatro de los abusos fueron cometidos por la Policía de México y dos por miembros de la Secretaría de Marina.

García subrayó que el reporte solo es una muestra de lo que está pasando porque documenta los casos de migrantes que están dispuestos a denunciar. “Los casos son muchos más”, aseveró.

Agregó que no solo los migrantes son víctimas de estas políticas. El informe recolectó varias denuncias de indígenas mexicanos a los que se les violó su derecho de tránsito en el país.

La organización hizo una serie de recomendaciones en las que instaron al Gobierno de México a garantizar que todas las agencias e instituciones policiales rindan cuentas por sus acciones, que se castigue a los abusadores, que se repare el daño y que se realicen cambios sustanciales a las políticas y estrategia migratorias actuales en el país.

También se recomendó la abolición inmediata del INM, entre otras propuestas. “Estamos pidiendo que lo eliminen. Ya no tiene sentido; es un centro de corrupción, de injusticia y de abuso que han matado migrantes. No se puede seguir sosteniendo una estructura de ese tipo”, puntualizó.

Los restos de dos migrantes guatemaltecos fallecidos en el incendio en un centro de detención en México llegaron este viernes a Guatemala, con lo que se completa la repatriación de los 19 ciudadanos de este país muertos en esa tragedia.

Los cuerpos llegaron en un avión de la Fiscalía de México a la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca en la capital, donde los ataúdes fueron colocados a un costado de la pista y cubiertos con flores y la bandera nacional, antes de ser llevados a sus comunidades para ser sepultados.

Estas víctimas son Marco Lucas, de 18 años, originario del poblado indígena de Nentón (oeste) y de Eyner García, de 40, del municipio de San José Pinula (vecino a la capital). Los restos de los otros 17 migrantes guatemaltecos fueron repatriados el martes.

“Guatemala y México continúan cooperando conjuntamente en todo lo que sea necesario“, dijo la vicecanciller guatemalteca, Shirley Aguilar, en un breve acto en la base.

Otros nueve guatemaltecos resultaron heridos en el siniestro, de los cuales siete siguen hospitalizados, cinco en estado crítico, de acuerdo con la cancillería local.

El incendio del 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez, en el norte de México, dejó 40 muertos: 19 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano.

Un migrante prendió fuego a un colchón en una celda donde permanecía con otros 67 hombres, en medio de una protesta por una posible deportación, y el personal a cargo del centro no hizo nada por evacuarlos, según los investigadores mexicanos.

Cuatro funcionarios fueron detenidos, así como el migrante señalado de provocar el incendio.

Manuel Alexander Chox Tambriz, de 22, es uno de los 19 migrantes guatemaltecos que murieron en el incendio de una sede del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, México, el 27 de marzo último.  Su deceso se lamenta en el idioma quiché, la lengua natal que habla su familia en la aldea Patzité, en Nahualá, Sololá.

La familia Chox Tambriz espera la ansiada noticia después de la tragedia: la repatriación de Manuel Alexander.

Lejos de la capital guatemalteca, a unos 163 kilómetros, parientes y amigos del joven concurren en la casa de la familia para expresar su solidaridad y el pesar por su muerte.

Desde hace nueve días en esa vivienda de block se reciben las visitas. En la cocina mujeres y hombres preparan tamales de masa y caldo de res, mientras que para el refresco hay pinol. Todo sea para despedir al joven víctima.

En la pared de un corredor de la casa se exhibe la fotografía de Manuel Alexander y su madre, Catarina Tambriz, por ocasiones se para a contemplar su rostro.

El joven salió el 19 de marzo último y el 25 de ese mismo mes llamó a su madre y le confirmó que había sido detenido por agentes de Migración de México, pero que había rumores de que los dejarían salir pronto. Dos días después murió en el incendio.

El padre de Manuel Alexander está en Estados Unidos desde hace 15 años y con él se encontraría en territorio estadounidense para empezar el sueño americano.

El graduado

La familia Chox Tambriz aseguró que el joven se graduó de bachiller en computación desde hace tres años, pero nunca logró encontrar un trabajo.

Su padre desde hace 15 años envía remesas, y pese a ese apoyo aún faltaba la realización del joven, quien no vio opciones de desarrollo en Nahualá y decidió migrar.

No es el único graduado en Patzité, aldea con mil 700 habitantes, y con maestros, peritos contadores y bachilleres desempleados, o en el mejor de los casos, ganando Q50 diarios en labores de agricultura.

Las otras víctimas mortales de Nahualá son Francisco Javier Sohom Tzoc, Gaspar Josué Cuc Tzinquin y Marcos Abdon Tziquin Cuc, ellos viven en aldeas en el área de boca costa de ese municipio.

El personal a cargo de un centro de detención donde murieron 39 migrantes, entre ellos 16 guatemaltecos, durante un incendio en la mexicana Ciudad Juárez no hizo nada para evacuar a esas personas, aseguró este miércoles 29 de marzo la Fiscalía General.

“Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego”, dijo en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.

Ocho personas han sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión, señaló en la misma conferencia la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Agregó que se trata de dos agentes federales y un agente estatal de migración, así como de cinco miembros de una empresa de seguridad privada.

La fiscal anunció que este miércoles se pedirá a los jueces cuatro órdenes de captura y detalló que la muerte de los migrantes se investiga como presunto homicidio.

“Se inició la carpeta por el delito de homicidio y daño en propiedad ajena, pero, de acuerdo con las investigaciones se analizarán otros delitos”, sostuvo Herrerías.

Los presuntos responsables “ya están rindiendo sus declaraciones” ante la Fiscalía, agregó.

La secretaria de Seguridad ajustó de 38 a 39 el número de fallecidos la noche del pasado lunes.

También reportó 27 lesionados, de los cuales seis están “sumamente graves”, 10 en estado “grave” y nueve “delicados”.

Repatriación, un proceso complicado

Las autoridades detallaron que el proceso de repatriación de los cuerpos es un proceso complicado, debido a que se debe tener la plana certeza de que se trata de la personas que es reclamada por los familiares.

Herrerías señaló que las necropsias fueron practicadas por la Fiscalía estatal, pero “una vez identificado el cuerpo por los datos de los consulados y huellas dactilares, se hace el protocolo de entrega del cadáver, reconocimiento de un familiar y se hace el acompañamiento” por parte del gobierno mexicano.

“Esta tarde ya estaba el primer familiar a la espera de reconocer uno de los cuerpos, pero la funcionaria dijo que es un proceso largo porque “se debe tener la certeza de que se trata de esa persona”.

En tanto, la fiscal Rodríguez detalló que el Gobierno de México dará todas las facilidades para el traslado de los cuerpos hacia los países de origen.

Detalles

Se informó que una de las ordenes de captura es contra un migrante, el cual ha sido señalado por los otros migrantes. Las autoridades no dieron detalles si esta persona está hospitalizada o no.

También detallaron que hay declaraciones que confirman que los migrantes no tenían agua y que también tenían miedo a ser deportados.

Las autoridades mexicanas señalaron que se investiga las redadas que se dieron horas antes del incidente, pues hay quienes dicen que muchos de los migrantes detenidos fueron llevados a esos centros de detención.

Diferencia en cifra de muertos

En una conferencia de prensa el 28 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro, dijo que Guatemala tenía que lamentar la muerte de 28 connacionales en el incendio ocurrido en Ciudad Juárez.

Horas más tarde las autoridades del Minex fueron cuestionadas sobre esa cifra, debido a que en México circulaban listados de supuestas víctimas de la tragedia, por lo que se pidió que se aclararan las cifras.

Minex dijo que para evitar la revictimización de los migrantes no iban a hacer públicos los nombres de las víctimas y que este 29 de marzo habría una reunión con la Fiscalía de México para oficializar algunos datos.

Fue hasta las 13.15 horas que el Minex publicó un comunicado en el que oficializó que la cifra de guatemaltecos muertos en el incidente era de 20 y no 28 como se había informado.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), lamenta profundamente la muerte de varios migrantes de distintas nacionalidades, quienes perdieron la vida en un incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Según el comunicado del Minex, hasta el 28 de marzo el Gobierno de México había proporcionado únicamente información preliminar, pero que luego de unas reuniones con autoridades mexicanas de Migración y de la Fiscalía, oficialmente “se nos ha informado que fallecieron 20 guatemaltecos a causa del incendio”.

Afirma que todas las víctimas guatemaltecas son hombres mayores de edad.

Solo 16 corroborados

La publicación del Minex aclara que se ha podido corroborar la identidad de 16 personas, por medio de fotografías, pero los otros cuatro aparecen en los listados mexicanos como guatemaltecos, pero la Cancillería no ha podido confirmar plenamente la nacionalidad guatemalteca, debido a que en el incendio se quemaron sus documentos y fotografías.