Como estaba ampliamente pronosticado, el veredicto final del pasado sábado fue que el expresidente no era culpable de incitar la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos en enero.

En la historia de Estados Unidos, solo hubo cuatro juicios de acusación presidencial y este fue, por mucho, el más corto.

Sin embargo, lo que le faltó en duración, lo compensará en consecuencias.

Este proceso sentó un precedente: el de un expresidente a juicio.

Las reputaciones de algunos se redefinieron y se creó un escenario turbulento para futuras batallas políticas.

Aquí ofrecemos un vistazo sobre algunos de los jugadores clave y cómo quedaron parados en este momento de la historia de Estados Unidos.

Donald Trump

Nuevo juicio, mismo resultado.

Una vez más, Trump evitó la condena del Senado porque sus compañeros republicanos, en general, se mantuvieron a su lado.

Y aunque la mayoría de los senadores votó por condenarlo (incluidos siete republicanos), la cuenta final de 57 a 43 no llegó a los dos tercios que requiere la Constitución.

Eso, en su nivel más básico, es una victoria para el expresidente. Todavía es elegible para postularse a la presidencia nuevamente en 2024, si así lo desea.

Su apoyo político, según todos los indicios, sigue en gran parte intacto, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

La mayoría de los legisladores republicanos se opusieron al proceso de juicio político. Quienes rompieron filas ya enfrentan feroces críticas y, en algunos casos, reprimendas formales de sus electores republicanos.

En un comunicado de prensa, el expresidente celebró su absolución, condenó a los demócratas y dijo que su movimiento político apenas comienza.

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Sin embargo, Trump y su movimiento, no salieron ilesos de este juicio político.

Una de las partes más memorables del caso de la acusación fueron los nuevos videos de los partidarios de Trump, con gorras de Make America Great Again y ondeando banderas de Trump, saqueando el Capitolio.

Esas imágenes estarán asociadas para siempre a la marca Trump.

Cada acto de campaña que celebre a partir de ahora evocará recuerdos de esos incidentes.

Puede que no le cueste entre las bases republicanas, pero es poco probable que los votantes independientes y los moderados lo olviden.

Republicanos en el Congreso

Hace un año, solo un senador republicano, Mitt Romney de Utah, votó a favor de condenar a Trump. Esta vez, se le unieron otros.

Sin embargo no fueron suficientes. Más votos republicanos para condenarlo habrían provocado la ira de los votantes, muchos de los cuales verían este giro contra Trump como una traición.

Pero en estados tradicionalmente republicanos, un desafío de compañero conservador es una preocupación mucho más apremiante que cualquier demócrata que se enfrente a ellos en las próximas elecciones.

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Tal vez el que tiene una situación más comprometida es el senador por Kentucky y líder de los republicanos, Mitch McConnell, que apoyó la absolución de Trump pero no se guardó las críticas.

“No hay duda de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los eventos del día”, afirmó McConnell.

Dijo que su voto de no culpable se debió a que considera que no es constitucional que los expresidentes sean sometidos a juicio político.

Los críticos de McConnell verán eso como una excusa, no como una postura de principios.

El tiempo dirá si sus compañeros republicanos están satisfechos con su voto, o con sus palabras.

Y en definitiva mucho dependerá de lo que haga Trump a partir de ahora.

¿Se lanzará nuevamente de lleno a la política, recordando a sus partidarios -y a sus críticos- estas batallas de juicio político a medida que se acerca el próximo día de elecciones? ¿O se quedará recluido en sus clubes privados y campo de golf?

Creo que todos sabemos cuál es más probable.

Joe Biden

La estrategia del presidente actual para manejar el juicio político de su antecesor fue mantener la distancia.

No estaba siguiendo de cerca las audiencias, aseguraron desde la Casa Blanca.

Durante el juicio mantuvo una apretada agenda de eventos relacionados con la pandemia del coronavirus.

Cuando Biden hizo un comentario fue solo para referirse a los nuevos videos que se mostraron sobre la violencia del Capitolio, imágenes que se habían reproducido repetidamente en las noticias de televisión.

El cálculo del gobierno de Biden es que sus logros políticos a largo plazo dependerán de su éxito al lidiar con la pandemia, la economía y otras preocupaciones del público estadounidense y no del resultado del juicio político de Trump.

Al final, el juicio tuvo poco impacto práctico en su progreso hacia la promulgación de su agenda legislativa.

El Senado perdió sólo tres días de actividad y no podrá aceptar el proyecto de ley de alivio de covid de Biden hasta que la Cámara de Representantes apruebe la versión en la que ha pasado la semana trabajando.

Con el juicio concluido, el Senado también reanudará la confirmación de los nombramientos del gobierno de Biden, incluido el candidato a fiscal general Merrick Garland.

Todo esto debería complacer a Biden y su equipo.

Sin embargo, si la base demócrata decide que el precio de seguir adelante con la agenda política de Biden fue no responsabilizar plenamente a Trump, por ejemplo, llevando a cabo un juicio rápido sin testigos, es posible que pague un precio político de todos modos.

En las batallas políticas que se avecinan, Biden necesita un Partido Demócrata unido. Si hay dudas después de este juicio político, podrían comenzar a surgir grietas.

Donald Trump cometió el “más grave crimen constitucional” de un presidente estadounidense, cuando incitó a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el mes pasado, afirmaron el lunes los fiscales demócratas en la víspera de su juicio político en el Senado.

En su presentación final antes de que los 100 integrantes de la Cámara Alta se reúnan para juzgar a Trump, los nueve fiscales en el juicio -todos congresistas demócratas- insistieron igualmente en que el caso no debe ser sobreseído.

Los abogados de Trump urgieron este lunes al Senado para que desestime el juicio en un documento publicado horas antes, alegando que este “carece de jurisdicción” para juzgar a Trump, quien dejó el cargo el 20 de enero, al no ser ya el presidente activo.

Los líderes demócratas rechazaron directamente el argumento y dijeron que había una evidencia “abrumadora” de delitos y faltas graves procesables.

“Su incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos -que causó la disrupción de la transferencia pacífica del poder- es el más grave crimen constitucional jamás cometido”, expusieron en el documento.

“El artículo de acusación argumenta que una ofensa imputable por la Constitución no está sujeta a una moción de desestimación (y) está dentro de la jurisdicción del Senado actuando como Corte de Impeachment”, aseguraron.

Existe también una creciente presión para que el juicio se resuelva de forma rápida para que el Senado pueda centrarse así en otras prioridades legislativas como el gran plan de ayuda contra el coronavirus impulsado por Joe Biden.

Pero ante la tensión política generada por la invasión del Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump, los líderes militares han considerado necesario hacer un recordatorio.

“La violenta protesta en Washington D.C. el 6 de enero fue un asalto directo al Congreso, al edificio del Capitolio y a nuestro proceso constitucional”, dice una circular dirigida a los miembros del Ejército y firmada por los siete generales y el almirante que conforman el Estado Mayor Conjunto.

“Cualquier acto contra el proceso constitucional no solo atenta contra nuestras tradiciones, valores y juramento; también va en contra de la ley”, agrega la nota, publicada este martes.

Los analistas aseguran que se trata de un mensaje insólito por parte de los líderes de las ramas militares del Ejército, aunque se enmarca en este clima de tensión en el que vive el país.

“Estamos viviendo un momento excepcional y esto es una prueba”, dice a BBC Mundo el mayor general retirado Dana Pittard.

“Nuestra república está atravesando un momento peligroso. Lo que dice el Estado Mayor Conjunto no es excepcional: básicamente repite su juramento a la Constitución”, dice por su parte a BBC Mundo Peter Feaver, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Duke y experto en Defensa.

“Pero lo que es excepcional es que sientan la necesidad de decirlo y que las tropas necesiten que se lo recuerden”, agrega el autor del libro “Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations” (Servidores públicos armados: acción, supervisión y relaciones cívico-militares”).

Miles de simpatizantes de Trump invadieron el Congreso el 6 de enero en el momento en el que se certificaba el triunfo de Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre.

El asalto por parte de ciudadanos que creen -como sostiene Trump- que hubo un fraude en las elecciones provocó la muerte de cinco personas.

Este miércoles Trump, quien cederá el poder el 20 de enero, se convirtió en el primer presidente de la historia de EE.UU. en ser sometido a un segundo impeachment.

En este último proceso se lo acusó de “incitación a la insurrección”.

Silencio roto

Una semana después de los hechos, el Ejército rompió su silencio.

El secretario de Defensa interino, Chris Miller, condenó el asalto la pasada semana, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, no había hablado.

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Y, según la agencia Reuters, no lo había hecho porque quería mantenerse alejado de la política. De acuerdo a medios locales, muchos soldados habían expresado en privado su preocupación por la falta de dirección tras lo que muchos ven como un ataque a la democracia.

El silencio de Milley contrastó con su presencia en un paseo junto a Trump en junio del año pasado después de que la Guardia Nacional y agentes de policía dispersaran a un grupo de manifestantes pacíficos que estaban cerca de la Casa Blanca protestando por la muerte del afroestadounidense George Floyd.

Ahora, con el Ejército de nuevo en el punto de mira tras el asalto al Capitolio, Milley y el resto de altos mandos militares consideraron clave hacer un recordatorio a pocos días de que Biden asuma como su comandante en jefe.

“El derecho a la libertad de expresión y de reunión no dan a nadie el (derecho) de recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección”, dice la circular hecha pública el martes.

El Pentágono está trabajando junto al FBI para ver si hay miembros en activo del Ejército entre los asaltantes del Capitolio, y también para saber si alguno de los 10.000 efectivos de la Guardia Nacional que reforzarán la toma de posesión de Biden el día 20 requiere una mayor investigación.

“El Ejército es un reflejo de la sociedad a la que sirve y por eso hay diferentes creencias. Y hay que asegurarse de que no haya gente ahí fuera que quiera derrocar a nuestro gobierno”, dice el mayor general retirado Dana Pittard.

¿A quién le habla el Estado Mayor Conjunto?

Según Pittard, la circular tiene un doble destinatario: la tropa y el público en general.

“En lo interno seguro que hay gente que de alguna manera puede simpatizar con la insurrección. Será una minoría, por supuesto, pero con la circular se deja claro que es inaceptable”, afirma el exmilitar, que admite que eso puede ser preocupante.

Este jueves se reportó que grupos de extremistas armados tienen como objetivo la toma de posesión de Biden la próxima semana.

“Y en lo externo, se quiere que la gente sepa que nuestra tradición, que ha funcionado tan bien, es que el Ejército no puede ser usado como un arma política interna, no puede tomar partido”, agrega.

“Obviamente hay una preocupación de que la gente no haya entendido completamente el papel del Ejército”.

“El Ejército no debe lealtad a un individuo, y debe enfatizarse de nuevo. Por eso el Estado Mayor publicó esa carta”, afirma Pittard.

Richard K. Betts, director del Instituto Saltzman de Estudios de Guerra y Paz de la Universidad de Columbia, coincide con Pittard, pero agrega un destinatario más: el presidente.

“Es una señal a Trump para que no abuse de la Constitución poniendo al Ejército de su lado en un intento ilegítimo de anular la elección presidencial”, dice Betts a BBC Mundo.

Una tensa relación

Durante el gobierno de Trump ha habido momentos en los que la tradicional neutralidad política de los uniformados, algo que Pittard define como un “valor sagrado”, ha sido sometida a una gran presión.

“El presidente Trump intentó sin éxito que el Ejército le sea leal a él en lugar de a la Constitución. Muchos otros líderes populistas y autoritarios en el mundo lo han intentado. Pero el Ejército de Estados Unidos se ha resistido”, dice Feaver.

Quizás el momento de mayor tensión fue cuando Trump hizo que en junio del año pasado la Guardia Nacional participara en el dispositivo de seguridad contra las protestas contra el racismo que despertó la muerte del afroestadounidense George Floyd.

Floyd murió mientras era detenido con violencia por policías blancos.

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El presidente clamó entonces por el fin de las protestas que vinculó con la “izquierda radical”.

En ese contexto se produjo el paseo de Trump con Milley, en uniforme de campaña, para hacerse una foto frente a una iglesia que había sido vandalizada durante las protestas cerca de la Casa Blanca.

Eso sucedió después de semanas de cuestionamientos de algunos militares por la forma en la que Trump había respondido a las protestas con el despliegue de la Guardia Nacional.

La presencia junto a Trump de Milley, el oficial de más alto rango del Ejército, fue vista como si los altos mandos validaran la gestión de Trump de las protestas.

El jefe militar admitió después que se había equivocado.

“No debería haber estado allí. Mi presencia en ese momento y en ese ambiente creó una percepción de los militares involucrados en la política interna”, dijo.

En aquel momento el presidente se planteaba incluso invocar Ley de Insurrección de 1807 para desplegar tropas en servicio activo en todo el país para sofocar las protestas, una línea que varios militares estadounidenses dijeron que no cruzarían.

Militares y sobre todo exmilitares reaccionaron entonces, como ahora, para recordar la fidelidad del Ejército únicamente a la Constitución, no a un partido ni a un presidente.

“El principio de que el Ejército es leal a la Constitución y de que nunca se involucra en política se ha fortificado con el tiempo por la estabilidad de nuestras instituciones políticas”, afirma a BBC Mundo el profesor Betts.

“Esa estabilidad se ha visto sacudida en la era Trump, pero no se ha roto”, agrega.

“Al comienzo de su presidencia pensaba que los generales del Ejército eran sus empleados y se le ha debido recordar periódicamente que el sistema estadounidense no funciona así”.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde al histórico segundo impeachment contra el Presidente Donald Trump, acusado de “incitar a la insurrección” tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

Durante el asalto al Capitolio por parte de una turba de simpatizantes de Trump, murieron 5 personas, entre ellos un policía.

La violenta toma del edificio parlamentario ha sido calificada como el peor asalto a la democracia de la historia moderna de Estados Unidos.

El impeachment, que ahora pasa a manos del Senado, suma a la serie de eventos inéditos que vive el país un proceso de juicio político que se llevará a cabo muy probablemente después de que Trump haya dejado el cargo.

En este video te explicamos las posibles consecuencias de este segundo impeachment a Trump.

Si no puedes ver el video haz clic aquí.

Esa es la acusación que plantea el único artículo de la resolución para imputar en un juicio político (impeachment) contra el presidente Donald Trump que presentó el Partido Demócrata este lunes en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La resolución presenta cómo Trump se dirigió a una multitud de seguidores poco antes de que decenas de ellos asaltaran el Capitolio violentamente el pasado 6 de enero.

Los firmantes acusan al mandatario de hacer declaraciones que “alentaron y previsiblemente resultaron en” las acciones ilegales que ocurrieron en la sede del Congreso.

Los sucesos de ese día dejaron cinco muertos.

El documento está previsto sea sometido a votación el miércoles en el pleno de la Cámara de Representantes, donde solo necesita mayoría simple para ser aprobado.

De ser así, Trump se convertiría en el único presidente en la historia de Estados Unidos en recibir un segundo impeachment de la Cámara de Representantes.

Y otro dato insólito, dados los pocos días que quedan para que Trump deje la Casa Blanca (el 20 de enero), se habla de que el juicio político propiamente dicho, que compete al Senado, podría definirse después de su salida del poder.

¿Es esto posible? Recapitulemos.

Dos vías para la expulsión

Las peticiones para que Trump sea sacado de la presidencia tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el pasado miércoles han ido en aumento conforme han pasado los días.

Demócratas y algunas voces en el campo republicano demandan que se haga responsable a Trump de acciones y palabras que, dicen, dieron lugar a los alarmantes disturbios en el Congreso.

Los legisladores son conscientes de que puede ser demasiado tarde para sacar a Trump de la presidencia antes de que expire el mandato pero aun así quieren aprobar el impeachmen y, en su caso, condenarlo potencialmente también para quitarle los beneficios de los que gozan los expresidentes e inhabilitarlo para desempeñar cargos públicos en el futuro.

Para alcanzar sus objetivos, los demócratas emprendieron este lunes dos vías en paralelo en la Cámara de Representantes: presentaron la resolución de impeachment y antes de eso insistieron en pedirle al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda 25 de la Constitución.

Rápida presentación

El congresista demócrata Jamie Raskin presentó ante la Cámara la resolución en la que su partido les exige oficialmente a Pence y a los miembros del gabinete de Trump que lo saquen del poder mediante la citada enmienda.

En primera instancia, la resolución debía adoptarse por unanimidad, pero fue bloqueada por el republicano Alex Mooney, congresista por Virginia Occidental.

El documento requiere mayoría simple para salir adelante en la votación de este martes.

Pence tiene 24 horas desde la aprobación de la resolución para invocar la enmienda y evitar que la Cámara proceda con el impeachment.

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La parte de la enmienda 25 en discusión es la sección 4, que permite al vicepresidente, junto a una mayoría del gabinete, declarar incompetente a Trump.

Para hacerlo tienen que firmar una carta dirigida a la presidenta de la Cámara y al líder del Senado en la que declaren al presidente incapaz de gobernar o incapaz de “desempeñar los poderes y deberes de su cargo”.

Si el presidente pelea la medida, entonces le corresponde al Congreso tomar una decisión y, mientras tanto, el vicepresidente asume el poder.

No hay indicios de que Pence más un mínimo de ocho miembros del gabinete apoyen invocar la enmienda, y menos después de saber que el presidente y el vicepresidente tuvieron un encuentro cordial en la Casa Blanca a última hora del lunes.

Por lo que volvemos a la vía del impeachment.

Sin precedentes

Ante las pocas perspectivas de que prospere la enmienda 25, la atención está puesta en la posible puesta en marcha del que sería el segundo juicio político contra Trump.

El presidente fue sometido a uno a finales de 2019 bajo acusaciones de haber buscado la ayuda de Ucrania para conseguir información perjudicial sobre Hunter Biden, hijo del que entonces era únicamente un posible rival electoral y ahora es presidente electo.

El impeachment (la acusación formal) fue aprobado por la Cámara de Representantes pero en el subsecuente juicio el Senado lo absolvió, en febrero de 2020, con solo un voto republicano a favor de la condena, el del senador por Utah Mitt Romney.

La resolución presentada este lunes habla de las distintas ocasiones en las que Trump ha intentado deslegitimar las elecciones del pasado 3 de noviembre y lo acusa de amenazar “la integridad de un sistema democrático”.

“Con esta conducta demostró que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución“, dice el documento, que también menciona la llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que le pidió que “encontrara” 11.780 votos para revertir los resultados de las elecciones en ese estado.

El artículo menciona además la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a cualquier persona que haya participado en una “insurrección o rebelión” ocupar un cargo público.

El artículo, si el gobierno no adopta la enmienda 25, está previsto que se vote en la Cámara el miércoles. De ser aprobado, el caso pasa al Senado, donde se necesita una mayoría de dos tercios para condenar al presidente.

Nunca se ha alcanzado este punto en la historia de Estados Unidos y no hay indicios de que los demócratas puedan conseguir ese apoyo en el Senado, donde solo cuentan con la mitad de los escaños.

Calendario apretado

Una circular difundida por el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, establece el 19 de enero como la primera fecha en la que la Cámara alta podría empezar a considerar la resolución de impeachment, justo un día antes del cambio de gobierno.

Según las reglas de procedimiento del Senado, el juicio formal a Trump no podría empezar hasta la 1 de la tarde del 20 de enero -una hora después de que el presidente haya dejado la Casa Blanca- o incluso un día después.

Pero demócratas de la Cámara de Representantes han indicado que quizá no envíen los artículos de impeachment al Senado hasta que pasen los primeros 100 días de Biden en la presidencia.

Eso permitiría al nuevo presidente confirmar los miembros de su gobierno en las correspondientes audiencias del Senado y poner en marcha algunas de sus políticas clave, especialmente las relacionadas con el coronavirus, algo que tendría que esperar si el Senado está ocupado ya con el impeachment.

En este sentido, el presidente electo planteó este lunes una propuesta intermedia: que el Senado, que pronto estará bajo control demócrata, le dedique media jornada a cada asunto.

“Creo que es de extrema importancia que haya un esfuerzo real y serio por hacer que aquellos que participaron en la sedición y amenazaron vidas, cometieron actos vandálicos en propiedad privada y causaron grandes daños, rindan cuentas”, defendió.

¿Para qué seguir con el juicio?

No falta quien se pregunta para qué iniciar procesos tan complicados como la invocación de la enmienda 25 o el segundo impeachment si apenas queda una semana para el cambio de gobierno.

En este sentido, algunas voces demócratas y republicanas parecen más inclinadas por debatir y aprobar un voto de censura a Trump por los hechos del día 6.

La presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, se niega a elegir esta opción por considerarla insuficiente.

Quienes persiguen la idea del juicio político apuntan que el objetivo va más allá de sacar a Trump de la presidencia.

Si se le condena, el Senado también puede prohibirle ostentar cualquier cargo público en el futuro.

Además, perdería los beneficios otorgados a sus predecesores según la ley de Expresidentes (1958) que incluyen una pensión, seguro médico, un presupuesto para viajes de hasta US$1 millón y una serie de medidas de seguridad, todo ello pagado por los contribuyentes.

¿Es válido después del 20 de enero?

Expertos constitucionalistas no se ponen de acuerdo sobre si es posible que un impeachment avance al juicio en el Senado una vez que el presidente ya no esté en el poder.

El artículo II sección 4 de la Constitución dice:

“La Constitución le otorga al Congreso la autoridad para hacer un juicio político y retirar del poder al Presidente, Vicepresidente y todos los cargos civiles del gobierno federal de EE.UU. por traición, soborno u otros altos crímenes y delitos“.

Al no aparecer nada explícito sobre límites de fechas para llevar adelante el juicio político, juristas optan por interpretar los artículos constitucionales en uno u otro sentido.

“En este contexto, significa retirar [al presidente] del cargo y es una condena política”, le dice a BBC Mundo Greg Woods, profesor de Estudios Judiciales en la Universidad Estatal de San José (California).

“Dado que el presidente en ejercicio ha sido votado fuera del cargo a través de una elección legal, y quedándole poco más de una semana, la condena política del impeachment es irrelevante, ya no es necesaria“, sostiene.

“En lugar del impeachment, es más probable que veamos alguna forma de censura por el legislativo y/o posibles cargos criminales presentados por el Departamento de Justicia o en uno o más de los estados”, añade Woods.

Del otro lado, hay expertos que consideran que si la Cámara de Representantes aprueba acusar formalmente al mandtario mientras está en el poder, el Senado puede juzgarlo aunque ya haya abandonado el cargo.

Lo más probable es que no tengamos una respuesta definitiva hasta que se presente la situación y el asunto se dirima en los tribunales.

Tras el violento asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, prolongado durante horas y que dejó cuatro muertos, los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes están pidiendo que se destituyan los poderes del presidente, alegando que ha cometido un acto de insurrección y que “buscaba socavar” la democracia.

Para destituir al presidente de Estados Unidos hay dos mecanismos: el llamado juicio político -impeachment- o la enmienda número 25 de la Constitución, aseguran expertos.

Pero quedan solo 13 días para que Donald Trump deje oficialmente la Casa Blanca y asuma como presidente el demócrata Joe Biden, cuya victoria electoral fue ratificada por el Congreso de Estados Unidos este jueves.

En este video te explicamos en qué consisten esos procesos para apartar al presidente de su cargo y qué tendría que pasar para que salieran adelante en tan poco tiempo.

Si no puedes ver el video haz clic aquí.

Hasta en tres ocasiones Donald Trump repitió esa frase este miércoles mientras la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaba el juicio político en su contra.

En la noche en que se convirtió en el tercer presidente de la historia de su país en enfrentar un impeachment, Trump estaba en un mitin en la ciudad de Battle Creek (Michigan, noreste) y allí hizo sus primeras declaraciones sobre la histórica decisión de los legisladores.

“Es un suicidio político para el Partido Demócrata“, consideró, en una clara referencia a las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2020 y en las que se juega su reelección.

La Cámara Baja (de mayoría demócrata) aprobó someter a Trump a un impeachment por 230 votos a favor y 197 por abuso de poder, y por 229 a favor y 198 en contra por obstrucción al Congreso.

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“La izquierda radical en el Congreso está consumida por la envidia, el odio y la ira, ya ven lo que está sucediendo. Estas personas están locas“, afirmó Trump, tras conocerse los primeros datos de las votaciones.

Solamente dos presidentes estadounidenses anteriores han sido sometidos a un impeachment en la historia del país: Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, en 1998.

La respuesta

Trump consideró que la Cámara de Representantes estaba “tratando de anular las papeletas de decenas de millones de estadounidenses patrióticos”y, como en ocasiones anteriores, tildó de ilegal el impeachment.

El presidente, además, insistió en que su popularidad se mantiene alta y aseguró que goza del respaldo de su partido “como nunca antes”.

“Realmente no se siente como si nos estuvieran enjuiciando. El país está mejor que nunca. No hicimos nada malo”, insistió.

Los seguidores de Trump que se reunieron en Battle Creek entonaron consignas contra la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, impulsora del proceso.

El martes, el mandatario estadounidense envío una dura carta contra Pelosi acusándola de declarar “una guerra abierta contra la democracia en Estados Unidos“.

La demócrata calificó la misiva de “ridícula”.

¿Qué sucederá ahora?

Tras la votación de este miércoles, el impeachment pasa al Senado, donde se realizará el juicio político, que se espera tendrá lugar en enero.

La Constitución estadounidense establece que durante ese proceso los senadores actuarán como un jurado, mientras que un grupo de miembros de la Cámara de Representantes tendrán el papel de acusadores.

El presidente de la Corte Suprema, el magistrado John Roberts, será quien dirigirá el juicio.

Al final, debe realizarse una votación pública. Para que haya una condena y Trump sea destituido deben votar en su contra más de dos tercios de los senadores (67%).

Los miembros del Senado deberán ponerse de acuerdo sobre las reglas más importantes del juicio como, por ejemplo, si se permitirá la presentación de testigos, el tipo de evidencia que se aceptará o la duración del juicio.

El ejemplo moderno más reciente fue el impeachment en contra de Bill Clinton en 1998, cuando no se permitió la presentación de nueva evidencia y solamente se aceptaron testimonios pregrabados de testigos clave.

Expresiones como la anterior están presentes en la carta que este martes envió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la máxima representante del Partido Demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, para protestar por la investigación para un juicio político en su contra.

El mandatario acusó a Pelosi de haber declarado “una guerra abierta contra la democracia en Estados Unidos”.

La líder demócrata, por su parte, consideró la misiva “ridícula”.

El envío de la carta se produce tan solo un día antes de que la Cámara de Representantes -presidida por Pelosi y controlada por una mayoría demócrata- vote para decidir si se celebrará un juicio político en contra del presidente.

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Si se cumplen los pronósticos, la Cámara Baja dará luz verde al impeachment: el juicio político será realizado entonces en el Senado.

Trump está acusado de haberse valido de su cargo para presionar a Ucrania y obtener beneficios políticos personales de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

“Privado del derecho básico del debido proceso”

Con pocas esperanzas de cambiar el rumbo de la votación el miércoles, el mandatario usó su carta de seis páginas para atacar amargamente el proceso y denunciar a Pelosi.

Se trata de una intervención destacada del presidente, quien ha obstaculizado el proceso de investigación al impedir a funcionarios clave del gobierno que acudan a testificar ante la Cámara de Representantes.

Trump asegura en la carta que había sido “privado del derecho básico al debido proceso consagrado en la Constitución desde el inicio de esta estafa del impeachment” y afirma que se le “negaron los derechos más fundamentales garantizados por la Constitución, incluyendo el derecho a presentar evidencias”.

Agregó que los acusados en “los juicios contra las brujas de Salem” recibieron más garantías.

El mandatario fue invitado por el jefe demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes a entregar pruebas durante la investigación para el impeachment, lo que habría dado oportunidad a sus abogados para que interrogaran a los testigos, pero él se negó.

Divisiones partidistas

Trump enfrenta dos cargos en este proceso: obstrucción al Congreso, por su negativa a cooperar con la investigación, prohibiendo que los miembros de su equipo comparecieran y reteniendo evidencias documentales; e intento de usar su cargo para presionar al gobierno de Ucrania para que abriera una investigación en contra de Joe Biden, uno de los líderes demócratas con mayores posibilidades de disputarle la presidencia en las elecciones de 2020.

Si como se espera los miembros de la Cámara de Representantes votan este miércoles según su filiación partidista, Trump se convertirá en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un impeachment.

De ser así, Trump afrontará un juicio en el Senado, en el cual los senadores de ambos partidos están obligados a actuar como jueces independientes.

El Senado está controlado por el gobernante Partido Republicano.

El líder republicano de esa Cámara, Mitch McConnell, adelantó que los senadores de su partido van a actuar en “coordinación total” con el equipo del mandatario durante el juicio y votarán en contra del proceso.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, respondió señalando que si el proceso de impeachment llega hasta esa Cámara, cada uno de sus miembros “hará un juramento para impartir ‘justicia imparcial'”.

“Asegurarse de que el Senado lleva adelante un juicio justo y honesto que permita que todos los hechos salgan a la luz es primordial”, apuntó.

Por otra parte, este martes, Rudy Giuliani, uno de los abogados personales de Trump, pareció confirmar que él trabajó para que se quitara del puesto a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, para despejar el camino a investigaciones que pudieran ser útiles políticamente para Trump.

Giuliani le dijo a The New York Times que él le hizo llegar a Trump “en un par de ocasiones” información sobre cómo la diplomática se había inmiscuido en el camino de potenciales investigaciones.

“Necesitaba a Yovanovitch fuera del camino”, le dijo Giuliani a la revista New Yorker.

¿Se puede despedir al presidente de Estados Unidos?

La respuesta es sí, pero solo por delitos de extrema gravedad.

Los demócratas, que iniciaron el conocido proceso de impeachment o juicio político, esperan que Donald Trump esté fuera de la Casa Blanca antes incluso de que se celebren las elecciones de 2020.

Trump está acusado de presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que encontrara información perjudicial sobre uno de sus principales rivales demócratas, Joe Biden, y su hijo Hunter.

La presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., Nancy Pelosi, dio inició hace semanas a las investigaciones que buscan aclarar si Trump presionó o no a Ucrania para perjudicar a su rival político.

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Y esta misma semana, el presidente del Comité de Justicia, el congresista demócrata Jerrold Nadler, hizo públicos los cargos que presentará contra el presidente estadounidense.

Será formalmente acusado de abuso de poder y de obstruir al Congreso.

Los republicanos respondieron acusando a los demócratas de embarcarse en un proceso para destituir a Trump de su cargo sin ninguna prueba de que abusó de su poder, obstruyó al Congreso o cometió otros delitos.

Pero el “impeachment”, o juicio político, el término es el más peligroso para un Presidente de Estados Unidos, le puede costar el cargo a Donald Trump.

El texto de 300 páginas divulgado este martes afirma que el mandatario colocó su interés político personal “por encima del interés nacional de Estados Unidos”.

Asegura que la evidencia sobre su comportamiento inapropiado es apabullante “y también lo es la evidencia de su obstrucción al Congreso”.

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El mandatario estadounidense, por su parte, niega haber cometido ningún acto impropio y afirma que la investigación constituye una “caza de brujas”.

El documento, redactado por un panel del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que estuvo a cargo de indagar sobre las relaciones de Trump con Ucrania, fue elaborado después de dos meses de audiencias públicas y privadas en las que comparecieron diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales.

Antes de que el borrador fuera divulgado, el mandatario republicano calificó la investigación dirigida por parlamentarios demócratas como “muy poco patriótica”.

Tras su divulgación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo que los demócratas “fracasaron totalmente en conseguir evidencia sobre algo impropio” y que el informe “no refleja más que sus frustraciones”.

Según Chris Buckler, corresponsal de la BBC en Washington, entre los cargos formales para el impeachment que podrían ser considerados se encuentran: abuso de poder, obstrucción de justicia y desacato al Congreso.

¿Qué dice el texto?

El informe señala que la investigación “reveló un esfuerzo del presidente Trump que duró meses para usar los poderes de su cargo para buscar la interferencia extranjera en su beneficio en las elecciones de 2020”.

También asegura que ese esquema de Trump “subvirtió la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania y debilitó nuestra seguridad nacional en favor de dos investigaciones motivadas políticamente que ayudarían su campaña para la reelección presidencial”.

“El presidente exigió que el recién electo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciara públicamente investigaciones sobre el rival político al que aparentemente más teme, el exvicepresidente Joe Biden, y sobre la desacreditada teoría de que fue Ucrania, no Rusia, el que interfirió en la elección presidencial de 2016”, señala el reporte.

¿Y ahora qué?

Está previsto que este informe del Comité de Inteligencia sea sometido a votación este martes y resulte aprobado por la mayoría demócrata.

Posteriormente será enviado al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que iniciará este miércoles su propia investigación.

La Casa Blanca se ha negado a colaborar con este procedimiento, alegando que carece de “imparcialidad”.

Los demócratas están deseosos de realizar una votación sobre el impeachment contra Trump antes de finales de año, sentando así las bases para un juicio en el Senado que podría iniciarse en enero.

¿Revertir una elección?

Antes de que el borrador del reporte fuera divulgado, legisladores republicanos lanzaron su propio informe de 123 páginas en el que cuestionan a los “burócratas no electos” que testificaron, diciendo que ellos “básicamente están en desacuerdo con el estilo, visión del mundo y decisiones del presidente Trump”.

El texto acusa a los demócratas de “intentar revertir la voluntad del pueblo estadounidense” y asegura que ellos han estado intentando destituir al mandatario desde su primer día en la Casa Blanca.

“Ninguno de los testigos de los demócratas atestiguó haber tenido evidencia de soborno, extorsión o de algún otro crimen o delito grave”, señala, en referencia a la cláusula constitucional que permite la destitución del presidente.

El jefe del Comité de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, desestimó los argumentos de los republicanos, asegurando que están “dirigidos a una audiencia de una sola persona”, Trump, e “ignora la voluminosa evidencia” en su contra.