La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que había retirado la inmunidad a María Reyna Salazar, jueza de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, pues le denegó un amparo a la juzgadora.

En la resolución de la CC se menciona que se deniega el amparo solicitado por María Belén Reyna Salazar en contra la resolución de la CSJ, que le retiró la inmunidad y la separó del cargo el pasado 31 de marzo.

Según se informó, Igor Bitkov, su esposa Irina Bitkova y la hija de ambos, Anastasia Bitkova, quienes fueron condenados por uso de documentos falsos, presentaron la petición de retiro de inmunidad de la jueza Salazar.

Cuando la familia rusa estaba en el proceso legal, habían designado a dos personas para que se hicieran cargo de hijo menor de edad, que en ese entonces tenía 3 años, pero según ellos la jueza no accedió a eso y lo envió a un hogar.

La familia rusa aseguró que en ese sitio el menor fue víctima de maltrato y por eso interpusieron la denuncia contra la jueza.

La defensa de la jueza había argumentado que la decisión de enviar al niño a un hogar de protección era porque el menor carecía de documentos personales, porque los papás estaban en prisión y los documentos que presentaron para que se les otorgara la custodia del infante a sus abogados no coincidían con la identidad que reclamaban para el niño.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) deberá otorgar un Código Único de Identificación (CUI) y emitir un nuevo Documento Personal de Identidad  (DPI) Especial de Mayor de Edad Reconocido Bajo el Estatuto de Refugiado a los integrantes de la familia Bitkov, condenados en Guatemala por compra y uso de documentos falsos, luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió un amparo en favor de dicha familia rusa.

La resolución de la CC obra en el expediente 4129-2021 y tiene fecha del 7 de febrero de 2022, pero se hizo pública en una publicación de elPeriódico este 13 de julio.

La CC en el documento otorga amparo a los postulantes contra el Renap y los restablece en la situación jurídica afectada.

Además, se ordena al Renap que en el plazo de 5 días, contados a partir de que se encuentre firme el presente fallo asigne un Código Único de Identificación a los integrantes de la familia Bitkov y que se emita a cada uno un nuevo Documento Personal de Identidad Especial de Mayor de Edad Reconocido Bajo el Estatuto de Refugiado.

Se señala que dichos documentos deben tener todas las formalidades propias de los documentos personales de identificación de los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados en el país que estén inscritos en dicho registro, de conformidad con la Ley del Registro Nacional de las Personas, el Reglamento para la Emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) y el Reglamento para la Emisión del Documento Personal de Identidad Especial.

La resolución detalla que, en caso de incumplimiento por parte del Renap, se le impondrá la multa de Q2 mil a los miembros de su Directorio y a cada uno de los funcionarios que resulten responsables, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales en que pudieran incurrir.

La petición de los Bitkov

En la resolución, a que Prensa Libre también tuvo acceso, se menciona que la CC examinó la sentencia del 19 de mayo de 2021, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción de amparo promovida por Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova contra el Renap.

Añade que la familia rusa reclamó la omisión del Renap de resolver tres escritos de fecha 13 de diciembre de 2019, presentados por Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova -uno por cada accionante- el 17 de diciembre del mismo año, mediante los cuales solicitaron la creación y autorización del Reglamento que ordena los artículos 83 y 84 del Código de Migración y la emisión de documentos de identificación personal provisional para cada uno de ellos.

Denunciaron en esa oportunidad violación a los derechos a la vida, libertad de acción y libertad de locomoción.

La familia señalaba que  a la fecha en que promovieron el amparo, la autoridad impugnada -El Renap, aún no ha emitido ningún pronunciamiento, a pesar de los múltiples requerimientos de información sobre el trámite antes relacionado -acto reclamado-.

Según la argumentación del Renap en el proceso, para emitir el DPI se debían de cumplir ciertos requisitos legales contenidos en la ley de la materia así como en la normativa específica, por lo que es necesario analizar el contexto e instituciones que intervenían en el presente asunto.

Resolvió que no era factible emitir el referido documento de forma inmediata y automática, en virtud que el mismo es inexistente dentro de la normativa vigente.

La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, concluyó que existía inobservancia por parte de los amparistas (los Bitkov) al formular su petición para la obtención del DPI.

Que efectivamente los interponentes de las acciones contaban con el reconocimiento del Estatuto de Refugiado otorgado por el Estado de Guatemala, pero que debían efectuar el trámite administrativo de residencia temporal como refugiados, porque el DPI solo se puede entregar a extranjeros que ha cumplido con ese requisito.

Que la alegación de los Bitkov de que la excusa de la falta de reglamento para cumplir con lo ordenado por el Código de Migración, no se pueden emitir los documentos referidos si no se cumplen con los procedimientos administrativos establecidos en la ley de la materia, por lo que su emisión no es de forma inmediata.

Agregaba que los interponentes habían trasladado al ambiente constitucional un asunto administrativo, y que los Bitkov, en sus memoriales, hacían referencia a normas no específicas para la obtención del Documento Personal de Identificación.

El caso Bitkov

Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia Bitkova llegaron legalmente a Guatemala en 2009 y adquirieron posteriormente documentos supuestamente legales que los acreditaban como originarios de Taxisco, Santa Rosa, los cuales fueron obtenidos a través de una red de falsificación en la entidad migratoria guatemalteca, según una investigación oficial.

Este caso involucraba a los Bitkov y a 40 personas más y fue denominado por las autoridades como Caso Migración.

La familia había enfrentado un primer proceso por los delitos de supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados y había tenido una sentencia condenatoria en enero de 2018.

Tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso a su fase intermedia, previo a conocer si la familia, y una red de 40 presuntos falsificadores, irían a juicio.

El caso de Igor Bitkov fue separado del de su esposa e hija, por lo que el ciudadano ruso fue procesado y condenado en diciembre de 2018 a siete años de prisión por haber falsificado documentos y por los delitos de supresión y alteración de estado civil, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público  y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato concluyó en septiembre de 2020.

La familia ha intentado demostrar su calidad de inmigrante y “víctima” de una mafia dentro del Instituto Nacional de Migración al venir a Guatemala, luego de haber supuestamente, según su versión, tenido que salir de su natal Rusia donde presuntos empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes.

Sin embargo, la prensa local ha señalado que la familia poseía en Rusia una empresa papelera valorada en US$700 millones y que, tras haber defraudado a sus accionistas por US$6 millones, se fugaron y llegaron a Guatemala.

Durante diversas fases del proceso judicial, la familia rusa se ha visto involucrada en señalamientos del propio Gobierno de Guatemala, la ONU (ente que regía a la CICIG) y el senado estadounidense, llegando a conseguir que varios políticos republicanos, como el senador Marco Rubio, sugirieran una posible “conspiración” entre la CICIG y el Kremlin.

La familia rusa también fue apoyada por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quien se mostraba conmovido la supuesta persecución en contra de los europeos y solía mencionar el caso como un ejemplo de los presuntos excesos cometidos por la CICIG, entidad que lo acusaba, junto a la Fiscalía guatemalteca, de haber cometido delitos electorales con tal de hacerse del poder en la elección de 2015.

El 20 de julio de 2020 la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la sentencia contra 40 acusados en el Caso Migración, entre las que destacan las condenas de las ciudadanas rusas Irina y Anastasia Bitkova, esposa e hija de Igor Bitkov, respectivamente.

Irina y Anastasia Bitkova fueron sentenciadas a ochos años de prisión por el delito de supresión y alteración del estado civil, y a seis por uso de documentos falsificados.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó y endureció la sentencia dictada contra el ciudadano ruso, Igor Bitkov, quien seguirá condenado a 7 años de cárcel inconmutables por el uso de documentos falsificados.

El fallo también le revocó el beneficio de la suspensión de la pena en uno de los dos delitos por el que fue encontrado culpable. Es decir, Bitkov debe cumplir con los 7 años de prisión una vez la sentencia quede firme.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), informó que dicha sala dio con lugar un recurso de apelación especial por motivo de fondo que fue interpuesto por la Unidad de Impugnaciones del MP.

Refirió que Bitkov había sido sentenciado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y a dos años por el delito de uso de documentos falsificados, pero le suspendieron la condena por ese último delito por lo cual el ciudadano ruso solo debía purgar 5 años de prisión.

Sin embargo, con el fallo de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, se confirma que Bitkov sí deberá purgar los 7 años de prisión.

El caso Bitkov

Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia Bitkova llegaron legalmente a Guatemala en 2009 y adquirieron posteriormente documentos supuestamente legales que los acreditaban como originarios de Taxisco, Santa Rosa, los cuales fueron obtenidos a través de una red de falsificación en la entidad migratoria guatemalteca, según una investigación oficial.

Este caso involucraba a los Bitkov y a  40 personas más y fue denominado por las autoridades como Caso Migración.

La familia había enfrentado un primer proceso por los delitos de supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados y había tenido una sentencia condenatoria en enero de 2018.

Tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso a su fase intermedia, previo a conocer si la familia, y una red de 40 presuntos falsificadores, irían a juicio.

El caso de Igor Bitkov fue separado del de su esposa e hija, por lo que el ciudadano ruso fue procesado y condenado en diciembre de 2018 a siete años de prisión por haber falsificado documentos y por los delitos de supresión y alteración de estado civil, de acuerdo a la investigación de la Feci y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato concluyó en septiembre de 2020.

La familia ha intentado demostrar su calidad de inmigrante y “víctima” de una mafia dentro del Instituto Nacional de Migración al venir a Guatemala, luego de haber supuestamente, según su versión, tenido que salir de su natal Rusia donde presuntos empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes.

Sin embargo, la prensa local ha señalado que la familia poseía en Rusia una empresa papelera valorada en US$700 millones y que, tras haber defraudado a sus accionistas por US$6 millones, se fugaron y llegaron a Guatemala.

Durante diversas fases del proceso judicial, la familia rusa se ha visto involucrada en señalamientos del propio Gobierno de Guatemala, la ONU (ente que regía a la CICIG) y el senado estadounidense, llegando a conseguir que varios políticos republicanos, como el senador Marco Rubio, sugirieran una posible “conspiración” entre la CICIG y el Kremlin.

La familia rusa también fue apoyada por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quien se mostraba conmovido la supuesta persecución en contra de los europeos y solía mencionar el caso como un ejemplo de los presuntos excesos cometidos por la CICIG, entidad que lo acusaba, junto a la Fiscalía guatemalteca, de haber cometido delitos electorales con tal de hacerse del poder en la elección de 2015.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio un revés a Igor Bitkov que pretendía apartar a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del caso Migración, por el cual está condenado a siete años.

El alto tribunal resolvió el 25 de noviembre una apelación de Bitkov contra un amparo denegado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en diciembre de 2019 contra una resolución de la fiscal general, María Consuelo Porras, que dijo no al cambio de Sandoval en el caso.

El caso está en trámite de casación ante la Suprema, toda vez que la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó en julio de 2020 la sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo D del 29 de diciembre de 2018 contra Bitkov.

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El ruso pretendía apartar a Sandoval del caso pues considera que el caso Migración no ha actuado contra Mayra Veliz, exsecretaria del Ministerio Público, y a quien señala de ser parte de una red de creación de documentos de identidad falsos.

En un segundo juicio, el Tribunal D sentenció a Bitkov a siete años por el delito de supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados al encontrarlo culpable de que, si bien ingresó de forma legal a Guatemala, obtuvo documentos de identificación falsos con los cuales creó sociedades anónimas.

El 5 de enero de 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo A de igual forma condenó a Bitkov, su familia y a más de 30 sindicados en la red, pero una apelación ordenó un nuevo juicio.

Irina y Anastasia Bitkova fueron sentenciadas a ochos años de prisión por el delito de supresión y alteración del estado civil, y a seis por uso de documentos falsificados.

Junto a esas dos sentencias, la Sala también confirmó otras 38, según Juan Francisco Sandoval, fiscal contra la corrupción del Ministerio Público, quien añadió que este lunes fueron notificados de la resolución de la Sala.

Agregó que la condena contra las 40 personas es por tener vínculos con el caso denominado Migración, relacionado a una red de tráfico de personas.

“Es su momento el tribunal dio certeza probatoria a los medios que fueron presentados con la Fiscalía con relación a una red para el ingreso, tránsito y traslado ilegal de personas en el país”, dijo Sandoval. 

El 5 de enero del 2018, el Tribunal de Sentencia Penal para Procesos de Mayor Riesgo A condenó a ese grupo de personas y fue hasta este lunes que la sentencia fue confirmada.

El ciudadano ruso Igor Bitkov fue condenado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y le fue suspendida una pena de dos años por uso de documentos falsificados, por el caso Migración. Además, fue absuelto por usurpación del estado civil. Los jueces ordenaron investigar a tres exalcaldes, y a la mano derecha de Thelma Aldana, Mayra Veliz, exfuncionaria de Migración y exsecretaria del Ministerio Público (MP).

El Tribunal de Mayor Riesgo D, integrado por Sara Yoc, presidenta, junto con Estuardo Morataya y Wendy Coloma, vocales, emitió la sentencia esta tarde.

Bitkov fue sentenciado a cinco años por el delito de supresión y alteración de estado civil, y a dos años por el delito de uso de documentos falsificados, la cual fue suspendida. Aparte, fue absuelto por el delito de usurpación de estado civil.

Los jueces avalaron la petición del Ministerio Público (MP) de expulsar a Bitkov aunque dejó en suspenso su sentencia debido al pedido de refugiado que planteó el ciudadano ruso.

Yoc explicó que quedó probado el ingreso legal de Bitkov al país y la manera en que obtuvo los documentos de identidad falsos. “El acusado en ningún momento fue objeto de trata de personas, tampoco existió objeto de tráfico ilícito”, dijo.

En la misma condena, el Tribunal ordenó al MP investigar a los exalcaldes y exsecretarios de Guazacapán y Taxisco, ambas en Santa Rosa; y Villa Canales, Guatemala, así como a Mayra Veliz, exsecretaria del MP y exfuncionaria de Migración, por la posible comisión del delito de lavado de dinero.

El Tribunal también ordenó al MP certificar lo conducente contra César Landino Franco López, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) por posible comisión de lavado de dinero y otros activos.

También fue ordenada una investigación contra Wolfang Janeiro Barrera Bravo, quien fue funcionario de Migración; Manuel Estuardo Roldán; Thelma Cecilia Leiva Ávila, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Ministerio Público (MP) acusó a Bitkov de los delitos de usurpación del estado civil, uso de documentos falsificados y supresión, y alteración del estado civil, solicitó una pena de 14 años de cárcel y que se ordenara la expulsión del ruso después del cumplimiento de la sentencia.

Señaló que empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, usurparon los bienes de los Bitkov. Sin embargo, autoridades rusas aseguran que Bitkov y su familia defraudaron a accionistas de una empresa papelera que poseían en Rusia y que huyeron a Guatemala.

Posturas

“Acá dicen que no soy migrante y sí lo soy. Lo importante es que acá se ordenó investigar a la estructura criminal, así como a Mayra Veliz”, mencionó Bitkov al finalizar la lectura de la sentencia.

Bitkov recordó que ya estuvo en prisión más de tres años por lo que la sentencia lo deja en libertad debido a que cualquier sindicado al cumplir la mitad de la pena puede optar a la redención.

Uno de sus abogados, Rolando Alvarado, explicó que el trámite de refugiado aún está en espera de la resolución. Además, adelantó que van a interponer la apelación especial debido a que su cliente sí es migrante.

En tanto, Veliz al ser consultada vía telefónica dijo: “No tengo ningún inconveniente. Estoy dispuesta a enfrentar una investigación. Me someto a las pruebas de grafotecnia para verificar los documentos originales porque no es mi firma la que avaló los documentos como me han señalado”.

El representante del MP, Rudy Herrera, adelantó que el fallo se va a apelar.

Ya había sido condenado

Después de una apelación de Bitkov, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó repetir el proceso a la fase intermedia y dejar sin efecto la condena.

El nuevo debate inició el 5 de diciembre pasado. Fueron planteadas cien pruebas documentales y la declaración de peritos propuestos por el Ministerio Público (MP).

En una intervención ante el tribunal, Bitkov apeló a su condición de migrante y recordó que el Convenio de Palermo y la Ley de Migración establecen que los migrantes no pueden ser criminalizados.

La familia rusa fue capturada el 15 de enero del 2015, cuando el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sacaron a luz el caso Migración.

Por Roni Pocón y Manuel Hernández Mayén

La resolución de beneficiarlo con arresto domiciliario fue oficializada por Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, quien dictaminó que por motivos de salud, también se ordenaba su inmediata libertad.

La medida sustitutiva incluye una prohibición para salir del país.

“Debe notificarse a la Dirección General de Migración y la obligación de comparecer a efectuar el control biométrico al Ministerio Publico cada ocho días”, aseveró Aifán.

Por su lado, la defensa de los Bitkov pidió a la juzgadora que también dictaminara medidas sustitutivas para Anastasia e Irina Bitkova, argumentando que también padecen de problemas de salud.

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La jueza Éricka Aifán otorgó arresto domiciliario y prohibición de salir del país al ruso Igor Bitkov. También ordenó su libertad inmediata por cuestiones de salud. pic.twitter.com/lig4ArQwiL

— Manuel Hernández (@mhernandez_gt) May 28, 2018

El caso

El pasado 18 de enero, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a 39 implicados en el caso Migración, los cuales estaban procesados por la existencia de una red dentro del registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración.

Igor, Irinia y Anastasia fueron sentenciados por uso de documentos falsos y supresión al estado civil, las penas fueron entre 14 y 19 años de prisión (a Igor también se le condenó por usurpación al estado civil).

El pasado 26 de abril, una resolución de la Corte de Constitucionalidad anuló la condena y ordenó que el proceso regresara a la etapa intermedia.

La CC avaló la sentencia de la Sala Tercera de Apelaciones emitida el pasado 19 de octubre de 2017, que amparaba a Igor Bitkov contra la jueza de etapa intermedia del Juzgado de Mayor Riesgo D, Éricka Aifán, por lo que dejaba sin efecto su resolución del 20 de febrero de 2017 en la que enviaba a juicio a la familia rusa, junto a la red de falsificadores.

El juicio siguió su curso pese a la apelación de Igor Bitkov en la Sala Tercera, debido que la Cicig y la Fiscalía buscaron ampararse ante la CC, algo que el máximo tribunal declaró “sin lugar”, por lo que mandó a retrotraer el proceso hasta la audiencia del 20 de febrero.

Los magistrados ordenaron a la jueza fundamentar su decisión en la repetición de la audiencia para determinar o no la apertura a juicio, con base en lo explicado por las Sala Tercera de Apelaciones.

El fallo califica de migrantes a los Bitkov, por lo que no podrían ser perseguidos por falsificación de documentos de acuerdo con la Convención de Palermo y la Ley de Migración.

Nuevo juicio

Después de conocida la resolución de la CC, Aifán, resolvió el 9 de mayo que Igor Bitkov debía volver a ser juzgado.

“Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov (…) por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil, y uso de documentos falsificados”, explicaba la resolución escrita.

El 22 de mayo, la Sala Tercera de Apelaciones, constituida en tribunal de amparo, anuló la resolución en la que la jueza Éricka Aifán envió a nuevo juicio al ruso Igor Bitkov.

Los jueces de la Sala consideraron que Aifán no dio fiel cumplimiento a la sentencia que esa misma instancia dictó en octubre de 2017 en favor del ruso y que a su vez avaló la CC en la resolución del 26 de abril.

Además, los magistrados señalaron que ellos no son quienes deben determinar si se debe cerrar el caso contra Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia, sino que corresponde a la misma jueza Éricka Aifán.

Rusia pedirá la extradición de Igor Bitkov y su esposa Irina al considerar que incurrieron en varios delitos, indica una carta de la embajada enviada a la redacción del diario Prensa Libre.

“Las acciones planteadas contra ellos se basan únicamente en las sospechas bien fundadas que estas personas cometieron crímenes especialmente graves en el territorio de Rusia, y no tienen ninguna motivación política”, aclara la misiva de la embajada.

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En la carta, la embajada acusa a los Bitkov de fraude y quiebra o insolvencia intencional en su país y solicitará la extradición sobre la base de reciprocidad, toda vez que no existe un acuerdo sobre ese tema entre las dos naciones.

De acuerdo con la embajada, las investigaciones en el marco de las acciones penales en Rusia determinaron que el matrimonio, como copropietarios y gerentes de una empresa de papel, recibieron préstamos en varios bancos rusos bajo garantía de otra firma.

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Sin embargo, los directores generales de ambas compañías las declararon insolventes, es decir, que la mayoría de los créditos quedaron sin pagar, agrega.

La embajada asegura que el fraude supera los 30 millones de dólares y que 500 personas perdieron su empleo por el mismo.

En enero pasado, un tribunal guatemalteco condenó a 19 años de prisión a Igor, mientras que su esposa, Irina, y su hija, Anastasia, fueron sentenciadas a 14 años por adquirir pasaportes falsos.

El pasado 26 de abril la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial de Guatemala, anuló la condena de prisión contra Igor.

El reclamo principal del ciudadano ruso aceptado por la corte es que cuando la jueza decidió llevarlo a juicio se obviaron tratados internacionales sobre protección a migrantes.

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Lioman Lima

BBC Mundo

Todo comenzó como otro escándalo de corrupción, uno más en Guatemala.

En enero de 2015, los medios locales se hicieron eco de la captura de una presunta red de falsificación de pasaportes, que implicaba a funcionarios del gobierno, presuntos traficantes de personas, taxistas, “facilitadores”… y a tres ciudadanos rusos que habían utilizado los documentos con identificaciones falsas, una familia de apellido Bitkov.

El caso, conocido como “Migración”, ya se investigaba desde hacía unos años. Varios funcionarios y unos ciudadanos colombianos fueron condenados por esa causa en 2013.

Pero en la nueva redada, en 2015, los Bitkov fueron los únicos acusados que no tenían ningún vínculo directo con la estructura de la red.

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Casi dos años después, a inicios de enero pasado, se conoció la sentencia: los principales responsables y los otros implicados en el caso recibieron penas entre 8 y 22 años de cárcel, mientras Igor Bitkov, cabeza de la familia rusa, fue condenado a 19 y su esposa Irina y su hija Anastasia, a 14.

Este miércoles, luego que la Corte Constitucional anulara la condena en abril, una jueza dictaminó que Igor Bitkov será juzgado nuevamente la próxima semana.

Sin embargo, antes de conocerse esta nueva disposición, ya la captura y fallo contra los tres rusos había trascendido el ámbito local y alcanzado dimensiones internacionales por los testimonios de la familia sobre la supuesta persecución política en Rusia y su huida a América Latina, donde -según su abogado- continuó la persecución de Moscú a través de un banco estatal

Así, lo que parecía ser un escándalo más de corrupción dejó de serlo.

A nivel interno, el caso revivió las profundas diferencias entre el gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo internacional que investiga casos de corrupción en el país y que fue uno los principales actores en la detención de los rusos.

Mientras, a nivel internacional, una campaña liderada por el empresario estadounidense Bill Browder, conocido como el “enemigo número 1 de Putin” e influyente cabildero en el Congreso estadounidense, comenzó a presentar el encarcelamiento de la familia como una nueva manifestación de la larga mano del Kremlin.

Según esta versión, de la que no se había hablado hasta la entrada de Browder en la historia, Moscú logró penetrar en el Ministerio Público de Guatemala y en la CICIG para conseguir la captura y la elevada condena de los tres rusos, algo que los dos organismos niegan y de lo que no se han presentado pruebas fehacientes.

La denuncia de Browder causó tanto revuelo que el caso llegó a finales de abril ante una comisión del Senado de Estados Unidos.

Pero ¿cómo se llegó a este punto?, ¿quién son los Bitkov y cómo su caso se convirtió en un pulso político tanto dentro como fuera del país centroamericano?

Guatemala, 2009

El primer rastro de los Bitkov en Guatemala se registró en 2009, cuando Igor e Irina arribaron procedentes de Turquía.

Se cree que su hija llegó dos años después, aunque no existen registros de su entrada.

Poco después, los Bitvok dejaron de llamarse así, o al menos no eran esos los nombres que se leían en sus pasaportes e identificaciones guatemaltecos.

Igor e Irina tuvieron otro hijo en Guatemala, que tras ser capturados sus padres, fue internado un orfanato y luego, tras evidenciarse algunos maltratos allí, fue devuelto a su niñera, quien tiene actualmente su tutela.

“Ellos entran al país legalmente, pero luego comienzan a utilizar documentos falsos”, explica a BBC Mundo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, a cargo del caso.

“Igor, por ejemplo, obtuvo aquí una cédula guatemalteca con otro nombre y para ello utilizó una partida de nacimiento falsa. Sacó pasaporte con ese nuevo nombre e hizo negocios”, añade.

Los documentos oficiales lo presentaban como Gregorio Igor Benítez García, originario de Taxisco, un pueblo en el municipio de Santa Rosa, en el sudeste Guatemala; mientras, su esposa comenzó a llamarse María Irina Rodríguez Germanis.

“Como por su físico ese nombre latino generaba sospecha, Igor tomó otra identidad y falsearon otra partida de nacimiento. Sacó entonces un nuevo documento de identificación, creó otra sociedad, contrajo matrimonio, sacó licencia de conducir, compró vehículo y sacó nuevamente pasaporte”, explica el fiscal.

Igor comenzó a llamarse a partir de entonces Leonid Zaharenco.

Auténticos

Pero Rolando Alvarado, abogado defensor de la familia, tiene una visión diferente de lo que sucedió.

“En realidad, no eran documentos de identificación falsos, eran documentos reales, auténticos, y los peritajes así lo dicen“, asegura en conversación con BBC Mundo.

“Ellos desde Europa hicieron contactos con una firma de abogados llamada Cotino International y les aseguraron que todo sería por la vía legal. Luego les dan aquí estos pasaportes con los nombres latinos, que ellos los utilizaban para realizar sus viajes a Europa sin ningún problema, eran legítimos”, añade.

De acuerdo con la versión del abogado, Bitkov realizó los contactos por internet con la supuesta firma, de la que nada se sabe y cuyo dominio desapareció de la red tras la difusión del caso.

Pagaron por sus pasaportes, según la versión de la familia, unos US$50.000, aunque no existen registros de la transacción.

De hecho, según Alvarado, uno de los principales puntos que demuestran lo que considera arbitrariedades en el juicio contra sus clientes es que la CIGIS nunca investigó a la supuesta empresa que estuvo detrás de la venta de pasaportes con identidades falsas.

Matías Ponce, vocero de la Comisión, asegura a BBC Mundo que nunca se demostró el papel potencial de la firma vinculado a la red durante el proceso judicial y, como los Bitkov no presentaron pruebas de que contrataron a la compañía, no se investigó este vínculo.

En opinión del abogado defensor, esto constituye una irregularidad, ya que la CICIG y el Ministerio Público pasaron por alto la investigación de lo que, en su criterio, era un factor clave en la red de falsificación, dado que era a través de este oficina que se vendían los pasaportes, según la versión de los Bitkov.

“Ellos compran estos documentos a esta firma porque los Bitkov son perseguidos políticos, víctimas de una venganza del gobierno ruso y lo primero que hace un perseguido político es buscar un cambio de nombre, porque su vida está en peligro. Entonces ellos no querían falsear su identidad, sino salvar sus vidas”, sostiene.

Durante el juicio, la familia aseguró que habían llegado a Guatemala buscando refugio de Rusia donde, según su relato, fueron acosados por el gobierno.

Rusia, en el origen

En 1997, Igor Bitkov fundó en San Peterburgo la North-West Timber Company, una empresa papelera, que, según dijo, llegó a valer unos US$700 millones.

De acuerdo con su testimonio en el juicio, al que tuvo acceso BBC Mundo, los Bitkov afirman que su caída en desgracia comenzó nueve años después, cuando se negaron a colaborar con Georgi Boos, el entonces nuevo gobernador de Kaliningrado, donde la empresa tenía una de sus fábricas.

La versión indica que Irina Bitkova fue invitada entonces a ser representante regional de Rusia Unida, el partido al que pertenece el presidente Vladimir Putin, a lo que se negó.

“Fueron perseguidos a partir de entonces, incluso llegaron a secuestrar y violar a su hija y también intentaron destruir y apoderarse de su negocio”, asegura a BBC Mundo Bill Browder, el empresario estadounidense que lidera la campaña internacional para la liberación de la familia.

La empresa de los Bitkov reportó pérdidas y comenzó a pedir créditos, lo que los llevó a una deuda por unos US$6 millones con el banco estatal VTB, dirigido por Andrei Kostin, un economista muy cercano a Putin.

Según la versión de la familia, el banco empezó a presionarlos para que vendieran su negocio y pagaran así su crédito.

En respuesta a un cuestionario enviado por BBC Mundo, VTB afirmó que en realidad se trató de un “procedimiento estándar para resolver disputas comerciales financieras serias a través de los canales legales disponibles“, dada la enorme deuda que tenía la familia.

“Igor e Irina Bitkov fueron garantes de préstamos por un crédito otorgado en 2007 por VTB a la empresa Nemansky Pulp and Paper Mill (núcleo industrial de North-West Timber Company). Después de que la compañía dejó de pagar su deuda, en 2009 se lanzó un caso criminal en Rusia contra los Bitkov, acusados de fraude a gran escala”, señala el banco.

De acuerdo con VTB, la deuda no pagada de los Bitkovs asciende actualmente a más de US$42 millones.

En unas circunstancias poco claras, la pareja huyó de Rusia finalmente en abril de 2008.

Tiempo después VTB, junto a los también bancos estatales Sberbank y Gazprombank (que igualmente habían realizado préstamos a la compañía) se hicieron cargo de la empresa y vendieron la mayor parte de los activos, según el testimonio de la familia.

De acuerdo con Browder, la forma de accionar de estas instituciones financieras son “típicas” estrategias que ha utilizado en los últimos años el gobierno de Vladimir Putin para controlar a empresarios que no siguen sus líneas, mientras el banco defiende que se trata de un procedimiento regular.

El fiscal, por su parte, asegura que, durante el proceso legal, no hubo ningún elemento que pudiera demostrar este hecho.

“No lograron probar tal persecución y llamó también la atención el elemento que estuvieron durante siete años en Guatemala y nunca pidieron protección o asilo. La solicitud de asilo se hace cuando ya estaban acusados en este proceso”, explica el fiscal.

BBC Mundo le preguntó al abogado por las evidencias de la persecución, pero Alvarado se limitó a remitir a una carta de un senador de Estados Unidos.

“Para demostrarlo hemos incorporado la carta de un senador republicano, Roger Wicker. Que un senador estadounidense diga que usted es perseguido político, tiene mucho peso y creo que es una prueba muy clara“, afirma, sin aportar otro dato.

¿Influencia rusa?

Uno de los elementos que más dio que hablar del caso y que utiliza Browder como argumento de la supuesta influencia del gobierno ruso en la condena es que fue VTB quien denunció a la familia ante las autoridades guatemaltecas.

“Nos enteramos de esta situación de los rusos porque ese banco interpuso una denuncia contra ellos ante el Ministerio Público”, indica el fiscal.

Para el abogado defensor, la denuncia del banco y su posterior participación en una de las audiencias contra los Bitkov como querellante son también muestras de la influencia de Moscú en el Ministerio Público y la CICIG.

“Aquí la mayor prueba de la interferencia es que un banco estatal ruso, sancionado por Estados Unidos, trató de encausar un procedimiento de un supuesto cobro de saldo, sin pruebas y a través de la vía penal, lo cual es notoriamente ilegal”, considera Alvarado.

Sandoval, si bien acepta que el banco participó en parte del proceso legal, asegura que esto se dio acorde a las legislaciones guatemaltecas y niega cualquier influencia de VTB o del gobierno ruso en la investigación.

Tras un recurso presentado por la defensa, el banco no pudo seguir participando en el juicio, aunque reconoció a BBC Mundo que tiene en curso nuevos procesos legales relacionados con la demanda, de los que declinó ofrecer más información.

VTB asegura que las acciones no tienen nada de extraordinario y que han efectuado procesos similares ante tribunales de Reino Unido, EE.UU. y países de Europa continental.

“Las actividades para localizar a nuestros prestatarios y sus propiedades, así como las reclamaciones actuales sobre tales casos en jurisdicciones internacionales, de conformidad con los acuerdos concluidos y las disposiciones regulatorias vigentes de estos países, son parte del procedimiento regular del banco para recuperar préstamos incobrables y se ajusta a la ley”, indica la institución financiera.

Más allá las dudas que deja el caso, no existe ninguna evidencia conocida deuna influencia directa del gobierno ruso en la condena de los Bitkovni de ningún pago a los organismos encargados de la investigación.

Sin embargo, las acusaciones han puesto peligro el trabajo de la CICIG, que desde el año pasado se encuentra en la mira del gobierno de Guatemala.

La CICIG, en el ojo de la polémica

Tras la sesión del Congreso de Estados Unidos para analizar el caso de los Bitkov, el senador republicano Marco Rubio decidió congelar un monto de los fondos que Washington debía entregar a la CICIG, de la cual es su principal contribuyente.

El motivo, según alegó Rubio sin proveer ninguna prueba, era que la Comisión había sido “manipulada y utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov”.

El futuro de la CICIG, una organización respetada por la independencia que ha mostrado del gobierno guatemalteco en la investigación de la corrupción en el país, pende nuevamente de un hilo.

El año pasado, se supo que la Comisión investigó la presunta de corrupción de un hijo y un hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mientras el propio mandatario y su partido están también en la mira por un presunto financiamiento ilícito en la pasada campaña electoral.

En ese contexto, Morales solicitó a la ONU la revisión del mandato de la CICIG y la salida de su jefe, Iván Velásquez, quien incluso fue declarado persona non gratapor el gobierno.

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Ahora, el caso de la familia rusa constituye, en opinión del gobierno, una muestra de la “injerencia de la CICIG”.

“Hemos visto que se ha exagerado y violado el mandato que tiene la CICIG en Guatemala a través de su representante, el señor Iván Velásquez, ya que anteriormente con otros comisionados no había habido esa exageración en términos del mandato”, asegura a BBC Mundo el portavoz del gobierno Heinz Hiemann.

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Para el vocero de CICIG, el caso de los rusos se ha convertido en una herramienta de una “campaña de difamación” contra el organismoy el trabajo que realizan.

“La CICIG actúa en función de su mandato, que surge de un acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”, asegura.

Entretanto, el caso de los Bitkov tendrá la próxima semana un nuevo capítulo en los juzgados.

Por Roni Pocón y Manuel Hernández Mayén

Aifán, no se presentó en la judicatura y envió la resolución del caso a las partes procesales que esperaron cuatro horas conocer la decisión de la jueza.

Ante la ausencia de la jueza, José Rolando Alvarado Lemus, uno de los abogados de la familia rusa, voz alta leyó la decisión de la jueza.

El fallo menciona varios artículos de la Constitución Política de la República, Código Procesal Penal, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Ley del Organismo Judicial.

“Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas resuelve admitir la acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del señor Igor Bitkov (…) por los delitos de usurpación del estado civil, supresión y alteración del estado civil, y uso de documentos falsificados”, según lo leído.

El juzgado también designó al Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, para llevar a cabo el juicio oral y público. La audiencia se programó para el 16 de mayo a las 14 horas.

Además, declaró sin lugar al sobreseimiento del proceso.

“Esto lo que demuestra es el incumplimiento notorio al fallo constitucional que dictó la honorable Corte de Constitucional. Solo había un camino y era el de la libertad”, refutó Alvarado Lemus, quien además dijo que la resolución era ilegal y que iniciarían las acciones para que se cumpla la resolución de la CC.

El abogado también criticó que nuevamente se haya incluido a la Cicig como querellante en el caso.

“Cuántos millones de dólares pagó el estado criminal ruso a esa gente, ustedes pueden investigar y averiguar, pero eso es otra historia. Nunca debería pasar eso en un Estado de Derecho, pero aquí no hay Derecho, aquí hay una completa grabación de derechos humanos, de las leyes de Guatemala y de las leyes internacionales”, dijo Bitkov al conocer la resolución.

Juicio

El 5 de enero de este año el proceso contra la familia había llegado a su final, estando aún pendiente la resolución en definitiva de la CC.

El Tribunal de Mayor riesgo A impuso ese día condenas para los tres integrantes de la familia, con penas de entre 14 y 19 años.

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Anastasia Bitkov fue condenada a 14 años de prisión. Por Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; por uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.

Igor Bitkov Alteración y supresión del estado civil, 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados 6 años inconmutables. Usurpación de estado civil 5 años de prisión conmutables a Q100 diarios.

Irina Bitkov sentenciada por Alteración y supresión del estado civil a 8 años de prisión y multa de Q100 mil; uso de documentos falsificados, 6 años inconmutables.