La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), integrada por los obispos de la Iglesia Católica, se pronunció este 26 de enero sobre varios temas de relevancia para el país en esta coyuntura, como el nuevo gobierno y sus retos en distintos ámbitos como salud, educación, migración, pero también sobre la persecución penal con intereses políticos y particulares.

La CEG publicó un comunicado y ofreció una conferencia de prensa para tratar sobre temas religiosos y también sobre temas de interés nacional.

Gonzalo de Villa, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, también se refirió a la coyuntura nacional y señaló que les preocupa la forma en la que la el Ministerio Público (MP) ha actuado.

El 2023 fue un año complejo

Al final de la conferencia, el arzobispo Gonzalo de Villa respondió varias preguntas, entre ellas cuál es la preocupación ahora en Guatemala.

Expresó que son preocupaciones de largo plazo, que el país ha tenido por años y que aún cambiando a distintas administraciones, los problemas siguen y, en algunos casos, se han ido agravando.

“Creo que el año 2023 ha sido un año enormemente complejo y de lo no visto nunca en la historia de Guatemala”, dijo De Villa y que eso hacía la esperanza que el 2024 se pudiera salir de un atolladero.

“Llevamos doce días con el presidente -Bernardo Arévalo-, y ya se empiezan a ver escaramuzas en el Congreso, gente que saca las uñas y, obviamente, hay temas que uno quisiera como forzar, el que se acabe de alguna manera las mañocerías en la vida política y supuestamente jurídica del país, pero no es fácil, Tenemos también muchos personajes que la verdad es que a lo que se han dedicado es a manipular la ley más que administrarla”, señaló De Villa.

Se le preguntó sobre el papel de las autoridades ancestrales en la crisis política reciente en Guatemala y dijo que los pueblos originarios, autoridades ancestrales, en su capacidad de presionar han sido fundamentales para que no se rompiera el orden constitucional en Guatemala, algo que mucha gente buscaba hacer, sobre todo personas en posiciones de poder.

Renuncia de la fiscal general

A De Villa se le consultó su postura ante la petición de la población y del mismo presidente Arévalo de pedirle la renuncia a la fiscal Porras.

El religioso expresó que las modificaciones a la ley del Ministerio Público -cuando estaba al frente Thelma Aldana e Iván Velásquez en la extinta Cicig- hace que un presidente no pueda pedirle o exigirle la renuncia a la fiscal.

Señala que el que Porras no quiera renunciar tiene una lectura en el sentido de que ella dice que fue reelecta para cumplir un segundo período, pero que cuando se escruta, cómo fue reelecta, hay mucho que hablar, porque hubo manipulación evidente para que lograra retener su cargo.

“Las actuaciones del Ministerio Público, de junio, desde la primera vuelta para acá, han sido en muchos sentidos muy lamentables, y eso creo que la gente en Guatemala es consciente, entonces la figura de la fiscal está muy marcada y muy gastada. Eso creo que ella también debería reflexionar”.

De Villa reconoce que sí debe haber un encuentro entre Arévalo y la fiscal Porras, pero que qué va a pasar, de qué van a hablar eso no se sabe.

“Si eventualmente renunciara -Porras- por ley tienen que buscar entre los cinco candidatos que se presentaron hace dos años, no se puede presentar una nueva lista hasta el 2026 de manera que no se pueden esperar transformaciones mágicas, pero con paciencia se puede ir también viendo qué queremos, con amor al país, con amor a la ley, con amor a la gente, como criterio fundamental para tomar esta u otra decisión”, señaló De Villa.

El comunicado de la CEG

En el comunicado, la CEG señala que sigue siendo un reto el fortalecimiento de un Estado democrático, pues es muy débil el que se vive en Guatemala.

Mencionan que este año en que la política marca una nueva etapa, con nuevos gobernantes a nivel nacional y municipal.

“Luego de un proceso electoral marcado por la incertidumbre, se ha logrado respetar la voluntad popular expresada en las urnas electorales e integrar una Junta Directiva plural en el Congreso, esto ha producido un ambiente de esperanza y buenas expectativas para Guatemala”, se lee en la información.

Expresan que quieren hacer eco “de los sentimientos más genuinos de esperanza que han surgido en la población al haber llegado a la toma de posesión del nuevo gobierno que ha manifestado su voluntad de que prevalezca la ley sobre cualquier otro tipo de interés”.

Consideran que con esto se ha dado un paso adelante en la consolidación de un sistema democrático que requiere el apoyo de toda la población, y el apoyo sostenido de la solidaridad internacional, como ya se ha mostrado.

Expectativas deben hacerse realidad

El comunicado también menciona que tiene conocimiento que las expectativas ante el nuevo gobierno son grandes y que es un signo de la esperanza que se renueva en el pueblo, pero que deben también pasar a hacerse realidad.

“Esperamos que todo el pueblo esté atento y vigilante y que los planes de gobierno muestren su eficacia en los campos que consideramos prioritarios en las necesidades del país, como son la inversión en la red vial y la seguridad, la educación y salud para todos, especialmente la lucha contra la desnutrición infantil, la promoción de condiciones que ofrezcan igualdad de oportunidades para todos, la mejora de las condiciones de trabajo que incidan en el descenso de la migración forzada y, por supuesto, la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad y no sólo en las instancias estatales”, se lee en el mencionado comunicado.

Batalla legal

Los obispos también señalaron que les preocupa que se siga librando una guerra legal al utilizar la ley e interpretarla o manejarla al ritmo de intereses particulares, meramente políticos o de grupo.

“Nuestro país requiere en estos momentos de leyes sabias y justas, y de autoridades honestas, capaces de hacerlas respetar”, se lee.

Se menciona también que la construcción de un Estado democrático “requiere la confluencia de actores y de carismas diversos y capaces de superar diferencias a través del diálogo, el consenso y la tolerancia”.

En ese sentido reconocen y agradecen “el papel fundamental que los pueblos originarios, representados en sus autoridades ancestrales, han jugado en el proceso de transición política, conservando una actitud de apoyo a la democracia y a la voluntad popular expresada en las urnas”.

Migración

En cuanto a la migración, la CEG señala que el drama de este problema, a nivel nacional, ha provocado separaciones familiares, cambios culturales, sufrimientos de todo tipo.

“Es una verdadera paradoja, pues justo esa población migrante generó, en el 2023, alrededor US$20 mil millones, que son el principal rubro de ingreso de divisas y factor fundamental para la estabilidad de la economía, del tipo de cambio y del control de la inflación. No obstante, es prioritario que haya en nuestro país oportunidades y condiciones de vida que hagan que nuestra juventud tenga condiciones dignas para trabajar y vivir en su país y que se superen así la frustración y la desesperanza que a muchos invade y que les obliga a migrar”.

Lucha contra la corrupción

En el comunicado también los obispos hacen una recomendación al Organismo Ejecutivo, que su lucha contra la corrupción inicie con un proceso de total transparencia en el mismo Gobierno.

“Hacemos un llamado a construir una cultura de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. En la designación de funcionarios y responsables de dependencias clave de la administración, de gobernadores departamentales, de supervisores de Educación y Salud. Sin admitir, por razón alguna, anomalías en contrataciones de compras o servicios en todo nivel”, se lee en el comunicado.

También le pide al Gobierno que con base en su plan, se espera que se elabore una estrategia que “privilegie la descentralización de la inversión pública, para atender las necesidades más sentidas por la población rural, contando para ello con adecuada coordinación con autoridades locales, Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo”.

Petición al Congreso

Al Congreso la CEG le pide que elabore una agenda legislativa que responda a las necesidades prioritarias del pueblo.

También que convoque en tiempo a la Comisión de Postulación que debe proponerle listas de candidaturas a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, quienes deben asumir en octubre 2024, sin excusa alguna.

Dardo al Colegio de Abogados

En el comunicado también los obispos se refieren al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y afirman que “el penoso el silencio de esa entidad debe superarse y deben pronunciarse con ética y responsabilidad, tomando en cuenta el peso que este gremio tiene en diversas entidades del sector público, en designación de magistrados, fiscal general y Comisiones de Postulación”.

Francisco firmó este decreto, junto con otros, tras mantener hoy una audiencia con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos.

Este laico perteneciente al Opus Dei nació el 5 de junio de 1899 en Ciudad de Guatemala y fallecido allí el 17 de octubre de 1991.

Según la biografía de la página web del Opus Dei, Cofiño, que estudió Medicina en París, es considerado el padre de la Pediatría en Guatemala. Se casó en 1933 y tuvo cinco hijos. Trabajó en favor de las personas más necesitadas, formó a miles de universitarios y fue reconocido por sus contribuciones científicas.

En 1956 descubrió su vocación al Opus Dei. De 1951 a 1955 fue director del Centro Educativo Asistencial (antiguo Hospicio Nacional); también dirigió la Sociedad Protectora del Niño (1940-1946) y la Lucha Nacional contra la Tuberculosis (1945-1946).

El camino hacia la santidad tiene varias etapas: la primera es ser declarado venerable siervo de Dios, la segunda beato y la tercera santo.

Venerable Siervo de Dios es el título que se da a una persona muerta a la que se reconoce “haber vivido las virtudes de manera heroica”.

Para que un venerable sea beatificado es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión, como este caso, y para que sea canonizado, hecho santo, se precisa un segundo milagro obrado “por intercesión” después de ser proclamado beato.

En una nota publicada en el sitio del Opus Dei sobre la declaración de Cofiño como venerable, se menciona que monseñor Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei, comentó: “Damos gracias a Dios por esta feliz noticia y agradecemos al Santo Padre que haya querido tomar esta decisión. Ernesto correspondió a la gracia de Dios y a su vocación viviendo las virtudes cristianas en su familia, en el desempeño de su profesión de médico, en el servicio generoso a los más necesitados: enfermos, pobres, huérfanos. Junto con su esposa Clemencia, transformó su casa —bendecida con cinco hijos— en un hogar luminoso y alegre”.

El sacerdote Santiago Callejo, quien hizo la postulación de la causa de Cofiño, dijo en una entrevista que destacaba la generosidad de vida del doctor Cofiño.

“Ernesto fue un buen marido y padre, y quiso ser un buen médico, porque sabía que el trabajo era su camino para servir a los demás, para cambiar el trozo de mundo que Dios le había encomendado. Nos muestra que el trabajo y la familia son los lugares donde estamos llamados a comportarnos como lo haría Jesús. Se empeñó con todo su corazón al servicio de los demás. Se preocupó por cultivar su propia vivencia cristiana y estimulaba la vida espiritual de quienes se acercaban a él”.

Agregó que Cofiño “supondrá una inspiración muy cercana para la Iglesia en Guatemala” y añadió que su fama de santidad se ha extendido mucho en los últimos años: “A la postulación nos llegan a diario relatos de sitios muy diversos, aunque predominan las personas de su tierra natal y también quienes piden por su intercesión recuperar la salud, ya que era médico”.

La Diócesis del Quiché, reunida en Asamblea Pastoral, publicó el 7 de septiembre un mensaje para expresar su postura ante la coyuntura actual de inestabilidad política y en el que rechazaron la judicialización que hace el Ministerio Público (MP) para tratar de deslegitimizar los resultados electorales en Guatemala.

En el comunicado se menciona que dicha Asamblea Pastoral está integrada por el obispo, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos.

Señalan que están profundamente preocupados por la violación constante a los principios constitucionales del país “ocasionada por algunas instituciones del Estado guatemalteco, en el contexto de una democracia frágil y manipulada por los últimos gobiernos de turno”.

El comunicado expresa que los guatemaltecos fueron convocados a participar del proceso electoral, y por eso exigen: “respeto a la voluntad del pueblo guatemalteco manifestado en las urnas electorales al acudir a la elección de sus nuevos gobernantes y cuyos resultados han sido oficializados por el Tribunal Supremo Electoral”.

Rechazo al MP

“Rechazamos la judicialización promovida por el Ministerio Público a través de sus fiscalías, en particular por la Feci -Fiscalía Especial contra la Impunidad-, para tratar de deslegitimizar los resultados de las elecciones realizadas, afectando las que corresponden al binomio presidencial electo y a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, provocando inestabilidad y debilitamiento a la democracia y la paz social. Dichas instituciones del Estado evidencian su participación en el así denominado “pacto de corruptos”, se lee en el comunicado.

Añaden que se unen al sentir de los diversos sectores de la sociedad civil que demandan de los funcionarios señalados de judicializar las elecciones presidenciales, a través de acciones ilegales y antidemocráticas.

También señalan que validan las diversas exigencias presentadas a las instancias correspondientes y que piden que se respete la voluntad del pueblo manifestadas en las elecciones pasadas.

“Exhortamos a la población guatemalteca a mantener la resistencia no violenta como una vía de participación ciudadana en búsqueda de la justicia y del bien común.

Qué dice el MP

El MP fue consultado sobre la postura de la Diócesis de Quiché, y respondieron que: “la Fiscal General ha sido clara y enfática en rechazar frontal y contundentemente cualquier señalamiento respecto a que se esté formando parte de un proceso de golpe de Estado como falsamente se ha señalado”.

La comunicación agrega: “Esta acción advierte una clara intención de detener las investigaciones en curso. El Ministerio Público no es una institución política, es una institución eminentemente técnica cuya función es investigar las denuncias ciudadanas y dar respuesta a las víctimas de delitos, por lo que como en varias ocasiones se ha manifestado, se rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral”.