Tras reunirse en Ciudad de México y las norteñas localidades de Monterrey y Saltillo con familiares de personas desaparecidas tanto mexicanas como de Centroamérica, Bachelet dijo que ese proceso debe hacerse en coordinación entre autoridades y familiares.

“En el lamentable caso de que sus seres queridos hayan fallecido, sus restos deben ser identificados adecuadamente y entregados dignamente a las familias, utilizando para ello todos los recursos”, incluida la instauración de “un mecanismo extraordinario de identificación”, dijo la expresidenta chilena al concluir su visita de cinco días.

En México hay 40.000 personas cuyo paradero se desconoce, y a la par existen 26.000 cuerpos sin identificar, según cifras oficiales.

Bachelet también alentó al gobierno del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador a concretar la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, “solicitada desde 2013”.

Seis de las diez sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano están relacionadas con violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas, destacó.

“Tan trascendental como resolver los casos de abusos y violaciones del pasado es evitar que se reproduzcan nuevas atrocidades. México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252.538 desde 2006”, advirtió.

 1,500 cadáveres incinerados

Uno de los activistas con los que se reunió Bachelet fue César Pérez, director ejecutivo de la organización Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, quien le describió un escalofriante episodio.

Sólo en el occidental estado de Jalisco, de 2006 a 2015 el gobierno regional y algunas autoridades locales “decidieron incinerar más de 1.500 cuerpos, sin habérseles practicado ningún tipo de metodología de identificación”, comentó Pérez a Bachelet.

“Le dijimos que estamos ante crímenes de lesa humanidad por esas cremaciones y por eso le pedimos que propusiera al gobierno mexicano la creación de un mecanismo de investigación” para analizar los restos que están en esas fosas comunes, prosiguió.

Grace Fernández, hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en el estado norteño de Coahuila en 2008 cuando tenía 34 años, contó a AFP que insistió también ante Bachelet en la necesidad de un sistema extraordinario para identificar cadáveres.

“Bachelet sabe ahora que esa es una de las preocupaciones principales de las familias que tienen a alguien desaparecido. Y como víctima (de la dictadura chilena) nos prometió que no quitaría el dedo del renglón. Necesitamos irnos encaminando a la paz”, dijo.

Las decenas de organizaciones de familiares de personas desaparecidas organizan periódicamente excavaciones en cerros y pastizales con picos y palos en busca de sus seres queridos, ante la desesperación por la falta de resultados en las investigaciones oficiales.

Han logrado develar gigantescas tumbas ilegales, pero la inmensa mayoría de los restos hallados en ellas siguen sin identificarse.

Feminicidios en aumento

En su conferencia de prensa, Bachelet abordó también el tema de los feminicidios, que siguen aumentando en México.

Esos crímenes, dijo Bachelet citando a activistas con las que se entrevistó, “se han triplicado en la última década” y “sólo desde principios de año se han registrado 568 mujeres asesinadas, un promedio de casi 10 al día”.

Dado que por primera vez en la historia política mexicana hay paridad de género en la composición del Congreso y el Ejecutivo, existe “una oportunidad histórica para implementar políticas transversales de igualdad de género” que reviertan la tendencia, dijo.

“Sorprendida” por niveles de violencia

Al hacer un balance de su estancia, Bachelet se declaró asombrada por los altos niveles de violencia.

“El número de 40.000 desaparecidos no era algo que yo tuviera así de claro, o el de los 26.000 cuerpos sin identificar (que yacen en fosas comunes o servicios forenses), o el de casi 10 mujeres asesinadas por día. Yo sabía de la violencia, eso lo sabía bien, pero no tenía impresión de la dimensión”, dijo.

“Para mí ha sido una sorpresa lo que me he encontrado”, añadió Bachelet, víctima de tortura junto a su madre durante la dictadura de su país (1973-1990).

En México, Bachelet firmó dos acuerdos para asesorar y brindar asistencia técnica en las investigaciones sobre los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, y en la conformación de la polémica Guardia Nacional creada por López Obrador para restablecer la paz, que dirigirá un militar.