Guatemala celebró la madrugada de este lunes 21 de agosto la elección el domingo pasado del académico Bernardo Arévalo de León como nuevo presidente de la República, en unos comicios de segunda vuelta marcados por la judicialización y por temores ciudadanos de no llegar a las urnas.

Ahora es el proceso de transición de mando el que está bajo el escrutinio de organizaciones sociales y de derechos humanos, las cuales esperan que este se concrete en un escenario favorable a la democracia de Guatemala, por lo que instan a las autoridades competentes a promover el cambio de gobierno como lo establecen las leyes.

Tirana Hassan, directora Ejecutiva de Human Rights Watch (HRW), escribió en su cuenta de Twitter que “el candidato anticorrupción @BArevalodeLeon ganó ayer -domingo- las elecciones en Guatemala” y que “las autoridades deben garantizar una transferencia de poder pacífica y sin problemas”.

Hassan añadió que HRW “permanecerá vigilante para garantizar que se respeten los resultados” de las elecciones presidenciales del pasado domingo 20 de agosto, en las que Arévalo se impuso ante la candidata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El día de las elecciones, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Human Rights Watch se pronunciaron respecto a “los intentos de los actores políticos y varias instituciones gubernamentales de interferir en las elecciones”, por lo que consideran que “el escrutinio internacional sostenido sigue siendo crucial para salvaguardar el derecho al voto de todos los guatemaltecos y garantizar una transferencia pacífica del poder”.

“La democracia está en juego en Guatemala”, dijo en una publicación de HRW Ana María Méndez Dardón, directora de WOLA para Centroamérica.

Agregó que “el país está al borde de una crisis social y política sin precedentes. Una sólida supervisión internacional será clave para evitar esta crisis y ayudar a mantener la integridad de la voluntad del pueblo”.

“Los observadores electorales de la OEA y la UE deben garantizar una atención continua a la situación en Guatemala hasta que se asegure la transición pacífica del poder”, dijeron WOLA y Human Rights Watch.

“Seguimos profundamente preocupados de que la Fiscalía General tome medidas arbitrarias contra Semilla después de las elecciones”, dijo Juan Pappier , subdirector interino para las Américas de Human Rights Watch.

Arévalo de León, de 64 años, superó el domingo en la segunda vuelta electoral a la ex primera dama Sandra Torres Casanova, con 2.4 millones de votos a su favor (el 58 %) del total, mientras que la candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) contabilizó 1.5 millones de sufragios (37 %).

Pese a la amplia diferencia en las urnas (900 mil votos), Torres Casanova y la UNE no han reconocido la derrota y mediante un comunicado indicaron que se encuentran en “sesión permanente”.

Una delegación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y Human Rights Watch visitó el país esta semana donde se reunió con distintos actores del país, como empresarios, magistrados del TSE, entre otros, para verificar la situación en el país con relación  a las elecciones, así como a la aplicación de justicia y aseguraron irse del país más preocupados de cuando llegaron.

Carolina Jiménez, presidenta de Wola, dijo que toda la semana estuvieron reuniéndose con diferentes actores de diversos grupos y sectores para conocer de primera mano cómo se vive en el contexto preelectoral en el país.

Afirmó que se reunieron con cuerpo diplomático, diferentes agencias y organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, diferentes activistas abogados, abogados de Derechos Humanos, periodistas y personas que se dedican a la protección de la libertad de expresión.

Además, dijo que se reunieron con personas del sector privado y pidieron reuniones con autoridades del Estado de Guatemala, pero no pudieron realizarse.

Jiménez comentó que sí lograron reunirse con el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tuvieron la oportunidad de visitar a la exfiscal Virginia Laparra, quien guarda prisión.

“Queremos hacer énfasis en la preocupación que tenemos frente a lo que consideramos es la profundización del cierre del espacio cívico en Guatemala.  Se ha agudizado la persecución contra la prensa independiente, contra los operadores de justicia independiente, contra las defensoras y los defensores de Derechos Humanos, contra grupos de oenegés que luchan a favor de la justicia de las víctimas de graves violaciones”, dijo Juárez.

“Creemos que el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan, a quienes promueven la libertad de expresión, a quienes promueven los Derechos Humanos, a quienes son voces disidentes, que es algo completamente normal, porque debería ser algo completamente normal en una democracia”, comentó Jiménez.

Resaltó que sin separación de poderes no hay democracia plena.

Casos Laparra y Zamora

En el caso de la exfiscal Virginia Laparra, dijo que es alarmante, pues es una persona perseguida por el ejercicio independiente de su función como fiscal.

En el caso de periodistas en Jose Rubén Zamora, señaló que es tal vez una de las principales ilustraciones de que la cooptación del sistema de justicia tiene consecuencias graves para la libertad de expresión.

“Con su detención se busca un enviar un mensaje al resto de las y los periodistas para intentar silenciar, porque la prensa no ha sido silenciada, algunos valientes siguen haciendo su trabajo pero la posterior criminalización de periodistas en el país a raíz de este caso, muestran que perseguir a la prensa es un objetivo bastante claro en una estrategia de silencio acción de cualquier crítica”, comentó Jiménez.

“Nos preocupa que no se permita en este país el derecho a ejercer la defensa…en una democracia y en un país donde haya libertad para ser defendido, cualquier abogado puede ejercer libremente, ese ejercicio”, dijo Jiménez.

Recordó que el pasado miércoles se reunieron con Juan Francisco Solórzano Foppa, uno de los abogados del periodista Jose Rubén Zamora, pero al día siguiente lo capturaron. “Exigimos que se respete su derecho a la defensa pero también todo las garantías de debido proceso que deben ser respetadas”, comentó.

Piden libertad

Jiménez pidió a quienes toman las decisiones sobre quién tiene libertad o no en Guatemala a que dejen en libertad a Virginia Laparra y José Rubén Zamora, pues puede ser una señal de algunos vestigios que en Guatemala hay democracia.

Tema electoral

Según Jiménez, otra preocupación que tienen es en lo relativo al proceso electoral. Puntualizó que las elecciones en un país son siempre una oportunidad de renovar un liderazgo, que las personas las y los ciudadanos puedan salir a ejercer un derecho fundamental como es el derecho al voto de hacer un cambio político en el país si así lo deciden sus ciudadanos.

La representante de Wola refirió que ven con gran preocupación cómo se ha usado en el transcurso del proceso preelectoral los criterios diferenciados para inscribir candidatos o candidatas y que a algunos se les ha vedado el derecho a participar libremente en una elección a tener la posibilidad de ser elegido o elegida

“Nosotros comunicamos estas preocupaciones al pleno de los magistrados del TSE, creemos que hay recomendaciones muy importantes que se le han hecho a Guatemala en elecciones pasadas sobre todo por parte de la OEA y vemos con muy buenos ojos por supuesto la llegado o la posible a la llegada dentro de las próximas semanas de misiones internacionales de observación electoral,  pero para que la elección tenga todas las características de libre e independiente, una elección donde todos tengan la posibilidad de participar”, refirió.

Preocupación

Juan Pappier, de HRW, comentó en la conferencia de prensa que les preocupa la situación de Guatemala y que creen que la comunidad internacional y el sector privado de Guatemala tienen un rol crucial que cumplir para proteger y para preservar “lo poco de democracia que en el país”.

Señaló que muchos de los que se reunieron expresaron preocupación por el rol que una parte del sector privado desempeña para desmantelar las instituciones democráticas en Guatemala.

Aseveró que también se reunieron con empresarios que expresaron su preocupación por la situación en su país, que entienden que cuando se destruye la separación de poderes se pone en riesgo no solo el derecho de periodistas o sociedad civil sino que se ponen en riesgo todos los derechos de la constitución política de Guatemala y se ponen dejo también la seguridad jurídica y la posibilidad de desarrollo para Guatemala

Pappier comentó que estos empresarios tienen un rol crucial que cumplir y que incluso algunos de ellos han sufrido limitaciones en su ejercicio económico, lo cual no es sorpresivo en este contexto actual, pero esperan que puedan alzar su voz para proteger la democracia guatemalteca en el actual contexto electoral.

“Hay experiencias comparadas en la región que nos muestran que cuando el sector privado no alza la voz, cuando el sector privado negocia con proyectos autoritarios eso termina siendo para su propio deterioro”, sentenció.

Puso como ejemplo Nicaragua, en donde una importante parte del Consejo Empresarial de Nicaragua estuvo muy cerca de Daniel Ortega durante un largo tiempo, pero luego muchos empresarios terminaron detenidos como ocurrió con cientos de presos políticos en el país.

En Guatemala hay un proyecto autoritario

“La analogía no es perfecta, no creemos que hoy Guatemala sea Nicaragua y una prueba de ello es que aquí nosotros podemos hacer esta conferencia de prensa y no podríamos hacer ahora en Nicaragua, pero sí creemos que hoy en Guatemala hay un proyecto autoritario que va camino a destruir la democracia en el país y en este contexto el sector privado tiene un rol que se hace cumplir está en su interés para preservar los derechos de la Constitución Política y para que haya seguridad jurídica para que ellos puedan cumplir con su rol en la sociedad guatemalteca”, señaló Pappier.

El representante de HRW dijo que el cuerpo diplomático y la comunidad internacional no pueden dejarse intimidar “por esfuerzos e interpretaciones anacrónicas y poco serias del principio de soberanía nacional”.

Afirmó que Guatemala es un estado soberano, que tiene que tomar sus decisiones internas, pero como estado soberano se ha comprometido con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la comunidad internacional tiene una responsabilidad de promover el cumplimiento de esas obligaciones internacionales

“La comunidad internacional no puede dejar que Guatemala instrumentalice su política exterior para lograr cierto silencio o ciertos matices en la respuesta de la comunidad internacional; me refiero a las posiciones de Guatemala sobre Ucrania, sobre Taiwán y en relación con la migración que va hacia los Estados Unidos. Sería un grave error que Europa y Estados Unidos den mayor margen a la consagración de un proyecto autoritario en el país con la excusa de que Guatemala, en materia de política exterior, comparte los intereses de Europa y Estados Unidos. Guatemala, el gobierno actual de Guatemala, no comparte los intereses que han señalado el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea en materia de política exterior”, refirió Pappier.

Agregó que el interés del gobierno actual de Guatemala no es con Ucrania, ni Taiwán, ni es frenar  la migración, sino que el intereses es “consagrar un proyecto político destinado a garantizar la impunidad,  la corrupción y las violaciones de derechos humanos en este país”.

Dos organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos advirtieron este martes 24 de enero que las elecciones generales de Guatemala, del próximo 25 de junio, se realizarán bajo un contexto de deterioro del estado de derecho porque las instituciones garantes del proceso carecen de credibilidad.

El escrutinio y la observación internacional será “esencial” para proteger los derechos de los guatemaltecos durante sus comicios de este año, indica un informe publicado por la organización social Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

“Las elecciones de este año son una prueba crucial para la frágil democracia guatemalteca”, advirtió Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch.

El informe señala que durante los últimos años las élites económicas, militares y políticas del país han debilitado la separación de poderes para asegurar impunidad a la corrupción generalizada en el Estado.

Las organizaciones de derechos humanos sugieren a la comunidad internacional enviar misiones a Guatemala durante sus elecciones y prestar atención a posibles casos de financiamiento electoral ilícito e intentos de excluir a candidatos de oposición.

En 2017, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) evidenció que empresarios globalizados del país financiaron ilícitamente al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) durante el proceso electoral de 2015.

Además, el informe advierte que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deben garantizar la imparcialidad del proceso, fueron electos bajo “sesgos políticos” ya que según la organización cívica denominada Guatemala Visible todos los integrantes tienen vínculos con el oficialismo.

En estas elecciones, los guatemaltecos deben elegir a su nuevo binomio presidencial, 340 alcaldes municipales, 160 diputados al Congreso y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Del 20 de enero al 25 de marzo están abiertas las inscripciones a candidatos y por ahora once binomios presidenciales han presentado su expediente en busca de competir en los comicios del 25 junio.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó este jueves 12 de enero su informe anual denominado “Eventos 2022”, y con relación al desempeño de Guatemala, la entidad aseguró que “el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en Guatemala, en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, incluso en los más altos niveles del Estado”.

Según el informe, em 2022 las autoridades designaron a dos funcionarios clave, la fiscal general Consuelo Porras y el procurador de los Derechos Humanos, mediante procesos de selección que “no fueron justos ni transparentes”.

Recordó que en mayo de ese año, Giammattei renovó el mandato de Porras, que “ha bloqueado investigaciones de corrupción e iniciado procesos arbitrarios contra periodistas, fiscales y jueces independientes”.

La organización señaló el hostigamiento y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como los desafíos en la protección de los derechos de mujeres y niñas, de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) y de migrantes “siguen siendo problemas de gran preocupación”.

Recordó que las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que funcionó entre 2007 y 2019, pusieron al descubierto más de 120 tramas de corrupción en los tres poderes del Estado.

Señaló HRW que en 2019, el entonces presidente Jimmy Morales puso fin al mandato de la Cicig y obligó a su comisionado a abandonar Guatemala. Afirmó que  desde entonces, “la fiscal general Consuelo Porras ha debilitado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)”, organismo responsable de investigar la corrupción, “paralizando los avances en los casos”.

Añadió que según Americas Society y Council of the Americas, Guatemala es el décimo tercer país entre 15 países latinoamericanos en cuanto a su capacidad para detectar, sancionar y evitar actos de corrupción, y experimentó la caída más importante en esa clasificación en 2021.

“Años de investigaciones han demostrado cómo algunos empresarios han actuado en connivencia con funcionarios corruptos. El dinero obtenido por medio de actos de corrupción y actividades ilícitas suele utilizarse para financiar campañas electorales”, según el informe de HRW.

La entidad también señaló a otras instituciones del Estado, en ese sentido indicó que las medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el MP y otras autoridades “han obstaculizado la rendición de cuentas por actos de corrupción y abusos, han atentado contra el Estado de derecho y han debilitado las garantías de derechos humanos”.

Sin cumplir fallo de la CC

Recordó que en septiembre 2022, el Legislativo aún no había cumplido con un fallo de la Corte de Constitucionalidad dictado en 2020, que ordenaba la designación de jueces y magistrados para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en las cortes de apelaciones para el período 2019-2024.

El proceso de selección ha estado marcado por demoras y señalamientos de tráfico de influencias.

HRW enfatizó la designación de Porras para un segundo mandato como fiscal general, tras un proceso de selección “que se distinguió por varios intentos de las autoridades públicas y de otros actores de erosionar la imparcialidad e independencia del proceso”.

Afirmó que durante sus primeros cuatro años de mandato, “Porras obstaculizó investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos. Realizó traslados y despidos de fiscales e impulsó procesos penales espurios contra jueces, fiscales y periodistas independientes”.

En enero de 2022, el MP abrió investigaciones “que claramente parecen ser arbitrarias en contra la jueza Erika Aifán”, que llevaba casos de corrupción de alto perfil en las que presuntamente estaba implicado el presidente Giammattei. Aifán salió exiliada de Guatemala.

Para leer más: Giammattei denuncia de nuevo al diputado Aldo Dávila por discriminación y ratificará primer señalamiento

Mientras que en febrero, la fiscal anticorrupción Virginia Laparra fue detenida “por cargos espurios”.

Despido de fiscales

También recordó que a finales de junio y principios de julio, Porras “separó abruptamente del cargo a ocho fiscales”, entre ellos, a Hilda Pineda, quien en 2013 impulsó un proceso contra el expresidente Efraín Ríos Montt por “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” en relación con su presunto rol Enel conflicto armado interno.

Segú el informe, en julio, el Congreso designó al nuevo procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, “aliado del gobierno de Giammattei, a través de un proceso poco transparente”.

Indicó que en noviembre, el Congreso designó a Frank Bode como nuevo contralor general de Cuentas. Resaltó que el contralor desempeña un papel fundamental en el objetivo de prevenir la corrupción, y su labor es crucial para que las elecciones presidenciales de junio de 2023 se lleven “de manera libre y justa”.

Libertad de expresión

El informe afirmó que el gobierno de Giammattei y la fiscal Porras han generado “un clima hostil para el periodismo independiente y los medios de comunicación por medio de ataques verbales, restricciones a la prensa y procesos penales abusivos, entre otros”.

La Asociación de Periodistas de Guatemala reportó 66 incidentes de ataques, persecución y criminalización de trabajadores de medios de comunicación en los primeros seis meses de 2022.

En algunos casos, señaló el informe, funcionarios han invocado una ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer con el fin de hostigar a periodistas que escriben respecto de ellos, argumentando que sus reportajes representan una forma de “violencia psicológica” contra funcionarias o familiares mujeres de funcionarios.

Ataques a periodistas

El 8 de marzo, el periodista Orlando Villanueva, de Noticias del Puerto, murió luego de que personas no identificadas le dispararon en Puerto Barrios, Izabal.

Otros periodistas en ese departamento han enfrentado ataques y hostigamiento oficial, en especial, “por cubrir cuestiones relacionadas con un proyecto de minería en el municipio de El Estor”.

En septiembre, la justicia absolvió al periodista Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, que había sido acusado sin pruebas de “instigación a delinquir” por su cobertura de una manifestación que tuvo lugar en octubre de 2021 en relación con el proyecto minero.

En abril, el periodista Juan Luis Font salió exiliado de Guatemala. Font había sido objeto de investigaciones penales “que claramente parecen ser infundadas en relación con su trabajo periodístico sobre los señalamientos de corrupción contra el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, que se encuentra bajo investigación por sobornos”, añadió el informe.

Caso de Jose Rubén Zamora

Destató que en julio, fiscales ordenaron la detención de Jose Rubén Zamora, propietario de elPeriódico, que ha dado a conocer diversos incidentes de corrupción. A Zamora lo señalan de “lavado de dinero”, “chantaje” y “tráfico de influencias”.

“Los pocos avances que Guatemala estaba logrando en la condena de delitos cometidos durante el conflicto armado (1960-1996) parecen haberse estancado en los últimos años, en especial, debido a los ataques y los procesos penales espurios contra fiscales y jueces que trabajaban en esos casos”, señaló HRW.

Además, sigue habiendo obstáculos en la búsqueda e identificación de quienes desaparecieron durante el conflicto armado, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas mayas.

Recordó que en enero, un tribunal en Guatemala condenó a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad a cinco exmiembros de una unidad paramilitar de la autodefensa civil, tras hallarlos responsables por la violación sexual y esclavización de 36 mujeres mayas entre 1981 y 1985.

En julio, un grupo de legisladores presentó un proyecto para otorgar amnistías a agentes de las fuerzas de seguridad por sus “acciones u omisiones” durante el conflicto armado. Fue la tercera vez que se presentó un proyecto de ese tipo en los últimos años. Al momento de preparación de este informe, aún no se había tratado.

Además, los ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales se intensificaron en los últimos cinco años, según la organización Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, que contabilizó 11 asesinatos y 1 mil 2 incidentes de difamación, hostigamiento o demandas judiciales infundadas, principalmente, contra operadores de justicia, periodistas, campesinos y defensores de la tierra en 2021.

En junio de 2021, entró en vigor una ley que limita el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. La ley incluye disposiciones excesivamente amplias que el poder ejecutivo podría utilizar para cancelar la personería jurídica de organizaciones que lleven adelante actividades “contra el orden público”.

Embarazos en menores

También, el Observatorio en Salud Reproductiva informó más de 60 mil embarazos de adolescentes y niñas hasta julio, incluidos 1 mil 323 en niñas de entre 10 y 14 años.

El aborto es legal en Guatemala únicamente cuando la vida de la persona embarazada está en riesgo. El 8 de marzo, se aprobó un proyecto que establecía sanciones más severas y ampliaba los casos en los cuales se puede procesar a personas por acceder a un aborto, definido, de forma excesivamente amplia, como la “muerte natural o provocada” de un embrión o feto. El Congreso archivó el proyecto “luego de que el presidente Giammattei amenazó con vetarlo”, según el informe.

Añadió que en Guatemala no existen leyes exhaustivas que protejan de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, ni un proceso de reconocimiento legal del género para las personas transgénero. “Las autoridades no han cumplido con su obligación de proteger adecuadamente a las personas LGBT de actos de violencia y discriminación”, indicó.

En enero, una comisión del Congreso aprobó un proyecto que estigmatizaría a las personas transgénero y reduciría los derechos a la educación, a la información y a la salud de niños, niñas y adolescentes. Hasta septiembre, el proyecto seguía pendiente en el Congreso.

En marzo, el Legislativo aprobó —aunque luego archivó a pedido del presidente— un proyecto que habría prohibido los matrimonios y uniones del mismo sexo y cuyo objetivo aparente era proteger legalmente la discriminación por motivos de orientación sexual.

Mientras que las organizaciones de la sociedad civil de Guatemala informaron que, hasta octubre, al menos 25 personas LGBT habían sido asesinadas en 2022.

En Guatemala, es obligatorio institucionalizar a los niños y niñas con discapacidad que requieren un alto nivel de apoyo. “Prácticamente no hay políticas que les permitan vivir en un hogar familiar. Las denuncias de abusos contra niños y niñas con discapacidad que viven en instituciones no se investigan debidamente ni se resuelven”, afirmó.

De acuerdo con datos difundidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos en junio, casi la mitad de los niños y niñas guatemaltecos menores de 5 años sufren desnutrición crónica, una situación que se agravó durante la pandemia de Covid-19. Según datos oficiales, a septiembre había 15 mil 862 casos de desnutrición aguda de niños y niñas menores de 5 años, y 42 fallecieron debido a la misma.

También, HRW  concluyó que el Mineduc Digital, un producto de aprendizaje en línea utilizado por el Ministerio de Educación durante la pandemia del covid-19, transmitió datos personales de niños y niñas a empresas de tecnología publicitaria, lo que permitió a estas compañías llevar un rastreo de ellos en internet y enviarles contenidos específicos. Hasta septiembre, el Ministerio no había adoptado medidas para que cesen las violaciones a la privacidad de niños y niñas.

Agregó que en colaboración con el gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, el presidente Giammattei ha intensificado los esfuerzos por evitar que migrantes y solicitantes de asilo no guatemaltecos lleguen a Estados Unidos. Entre enero y octubre de 2022, la policía guatemalteca detuvo a más de 13 mil personas, en su mayoría venezolanos que no tenían visa, y las expulsó hacia Honduras.

Giammattei ha movilizado a policías y soldados en la frontera sur de Guatemala para impedir que ingresen migrantes. En octubre, las fuerzas de seguridad se enfrentaron de forma violenta con una caravana de migrantes que intentaban cruzar la frontera desde Honduras.

En septiembre de 2021, Guatemala tomó la decisión de solicitar visa a ciudadanos ecuatorianos, tras un aumento en la cantidad de estos llegando a la frontera estadounidense, y luego de que México pusiera fin a la posibilidad de viajar sin visa.

En marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que Guatemala enfrentaba “desafíos sistémicos y estructurales”, incluso con respecto a “la lucha contra la impunidad, el espacio democrático y la participación ciudadana”.

Entre febrero y mayo, la Unión Europea emitió cuatro declaraciones expresando preocupación por “el deterioro del Estado de derecho, las amenazas a la independencia judicial y la renovación de Porras en el cargo de fiscal general”.

Mientras que en abril, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la cual expresó alarma por el Estado de derecho en Guatemala, y condenó la criminalización, detención y hostigamiento contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas, e instó a respetar la división de poderes de gobierno.

En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a Guatemala, junto con Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el capítulo de su informe anual reservado a Estados en donde se registran violaciones de derechos humanos graves, masivas o sistemáticas y ataques serios a las instituciones democráticas.

En ese mismo mes, Guatemala firmó la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, por medio de la cual asumió el compromiso de fortalecer y ampliar las vías para una migración segura y legal y para el asilo.

En julio de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. publicó su Lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos de 2021, donde incluyó a funcionarios actuales y exfuncionarios guatemaltecos, así como a cinco empresarios de ese país.

También, el presidente Giammattei no asistió a la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles después de que el gobierno de Biden criticó la decisión de Guatemala de renovar el mandato de Porras como fiscal general. Poco antes de la cumbre, EE. UU. impuso sanciones a Porras, alegando que había participado en actos significativos de corrupción.

MP se pronuncia

Se consultó al Ministerio Público respecto de los señalamientos contra Consuelo Porras e indicó: “Son señalamientos erróneos, totalmente alejados de la realidad y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco y específicamente de las funciones del Ministerio Público”.

También se consultó a Presidencia por los señalamientos contra el presidente Alejandro Giammattei, pero aún se está a la espera de respuesta.

Además, se pidió la postura del Ministerio de Educación por el señalamiento en el informe, pero también se espera respuesta.

El investigador sénior Juan Pappier, que hace parte de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), publicó este viernes  19 de agosto en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se refiere a la Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia, que fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala el pasado 4 de agosto.

La Ley fue creada gracias a la iniciativa 5601 y tiene como objetivo castigar las actividades de la Ciberdelincuencia que ha tomado auge por el uso de dispositivos con conexión a internet.

Pappier escribió que la ley de ciberdelitos “contiene disposiciones vagas que se prestan para procesos penales abusivos”.

Añadió que: “en un país donde la justicia se ha instrumentalizado para perseguir a periodistas, fiscales y jueces independientes, esta norma puede usarse para acosar a críticos”.

Guatemala: la ley de ciberdelitos contiene disposiciones vagas que se prestan para procesos penales abusivos.

En un país donde la justicia se ha instrumentalizado para perseguir a periodistas, fiscales y jueces independientes, esta norma puede usarse para acosar a críticos.

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) August 19, 2022

Pappier también se había referido recientemente al país, al considerar que en Guatemala existe un “declive muy grave” en cuanto al respeto a los derechos humanos y la justicia, con cierta proyección a la situación que vive Nicaragua, aunque también con otros matices.

“Guatemala está en un momento de declive muy grave en la vigencia del Estado de Derecho en el país, con muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos porque hoy la enorme mayoría de las instituciones están cooptadas”, aseguró Pappier en una entrevista con EFE que fue publicada el 27 de julio pasado.

Añadió que en el país “no hay independencia judicial” y “cualquier fiscal u operador de justicia que se atreva a investigar a los corruptos tristemente sufre demandas penales espurias y algunos de ellos han sido arrestados o han tenido que salir al exilio”.

El 1 de agosto pasado, Pappier fue consultado por Prensa Libre y Guatevisión sobre la captura del José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, detenido el pasado 29 de julio y ligado a proceso por los delitos de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero u otros activos.

En esa oportunidad expresó que lo que representa dicha captura es “un punto de quiebre para las garantías de libertad de expresión” en Guatemala, y puede ser “el más grave en los últimos años”.

El profesional resaltó que perseguir a los periodistas representa un atentado contra la democracia y genera temor en el gremio, quienes “deben pensar dos veces antes de publicar una investigación por temor y los riesgos ante una detención”, dijo.

La ley de ciberdelincuencia

La Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia fue aprobada por el Congreso de Guatemala el pasado 4 de agosto y con ella se crean figuras delictivas y adecúa normas penales frente a delitos cibernéticos.

“También estipula reglas procesales para incorporar los medios digitales que permitan la obtención de evidencias, pruebas electrónicas en el proceso penal y la creación de órganos competentes para una investigación eficaz”, señala una publicación del Congreso.

Agrega que “define el ciberdelito como la acción u omisión típica, antijurídica, ilícita, dolosa o culposa, imputable, continua o aislada de carácter penal, cometida contra personas individuales o jurídicas, que utilicen las tecnologías de la información para lesionar bienes jurídicos o personales, patrimoniales o informáticos de la víctima”.

Añade que “la ciberdelincuencia es considerada como actividades delictivas de alcance nacional o transnacional realizadas a través de sistemas informáticos o sistemas que utilicen tecnologías de la información y las comunicaciones y que tienen como objeto lesionar bienes jurídicos personales, patrimoniales o informáticos de la víctima”.

La normativa contiene 44 artículos en los cuales se intentaron regular los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, creando una ley especial que defina las conductas delictivas a fin de proteger los datos personales e intimidad informática con mayor énfasis a los niños y adolescentes, que son los más vulnerables a grupos ilícitos que operan a través de las redes sociales.

Detalles de la ley

• Protege a los guatemaltecos y sus datos personales de los ciberdelincuentes
• Fortalecer las reglas de convivencia social-digital en el país
• Actualiza la legislación nacional en esta nueva era tecnológica
• Tipifica delitos como ciberdelincuencia, ciberdelitos, ciberdefensa, fraude informático y protección de datos personales en internet
• Crea el Centro de Seguridad Institucional de Respuesta Técnica ante Incidentes Informáticos
• Fomenta la realización de acciones para prevenir los ataques a datos o sistemas informáticos
• Crea alertas para detectar y dar atención a los casos de emergencia de ciberseguridad y ciberdefensa

El espíritu de la ley

La aprobación del decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia ha generado diversas reacciones, críticas y rechazo en varios sectores de la población

En la nueva ley también se crean nuevos delitos, como el acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, creando una brecha legal con diversas interpretaciones que podrían, incluso, servir como herramienta legal con fines represivos, prohibiendo el divulgar imágenes de sátira o información sobre funcionarios públicos y políticos, quienes podrían alegar verse afectados por su honor, dignidad, la de su familia y otros entornos sociales.

José Rodrigo Valladares, diputado por el Listado Nacional del bloque Todos en la legislatura 2016-2020 y uno de los ponentes de la ley, en su momento, dijo en una entrevista reciente con Prensa Libre que el espíritu de la ley era poner a Guatemala “a la altura de otros países en el tema de protección contra los ciberdelitos”, tomando en cuenta que el país no es la excepción y por ello es necesario tipificar delitos que se cometen utilizando “la tecnología de la información y las comunicaciones, desde donde se cometen y hacia donde”.

Hizo referencia a que algunas instituciones gubernamentales constantemente sufren ataques cibernéticos y eso sucede cualquier persona podría tener acceso a información importante de los guatemaltecos.

Reconoció que la normativa puede ser mal utilizada, pero le apuesta a el criterio de los jueces que conozcan los diferentes casos por los ciberdelitos, quienes podrían “desestimar los mismos por considerarlos sin fundamento o que carecen de medios de prueba”. Además, aceptó que la normativa sí lleva un fondo de “proteger la vida privada del funcionario público, más no su actuar en la función del cargo”.

Riesgo

El constitucionalista Gabriel Orellana, consultado por Prensa Libre hace una semana sí ve un riesgo directo a la libertad de expresión. Y agregar en la ley que no está sujeta a casos legislados a través del derecho internacional, es un despropósito, cuando se atenta directamente al derecho de libre expresión.

“Es inconstitucional esta ley y su problema fundamental es una pésima redacción, y da la impresión de que no es una legislación concebida y redactada aquí, sino que la copiaron, por eso tiene ciertas inconsistencias con nuestro derecho”, citó en esa oportunidad.

“La ley es sumamente compleja, porque creo que la diseñaron a propósito para esconder figuras de las que luego podrían abusar”, resume Luis Assardo, investigador y consultor experto en temas digitales.

“La ley tiene varias carencias y es confusa, ambigua y no define apropiadamente muchos conceptos básicos”, agregó Assardo.

Assardo explicó que “la redacción en general es desordenada y ambigua. Abre la puerta a muchas interpretaciones y no define claramente muchos de los conceptos incluidos, por ejemplo, en los bienes jurídicos tutelados”.

“Su sucesor tiene la posibilidad de desempeñar un papel fundamental para proteger las instituciones democráticas o podría, en cambio, darle un tiro de gracia al Estado de Derecho en el país”, señaló este miércoles 13 de abril Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, en torno a la gestión de Consuelo Porras al frente de Ministerio Público (MP) y en el marco del proceso de elección del nuevo fiscal general de Guatemala.

De acuerdo con Human Rights Watch, el nombramiento del nuevo fiscal general y jefe del MP en Guatemala debe ser el resultado de un “proceso público, transparente e independiente” y reiteró que los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala “deben monitorear de cerca el proceso y sancionar a los individuos, incluyendo del sector privado, que socaven el Estado de Derecho”.

Señaló que está programado que la Comisión de Postulación presente una lista de seis candidatos el 20 de abril próximo al presidente Alejandro Giammattei, quien deberá nombrar al sucesor de Porras, cuyo mandato expira en mayo próximo.

Además, Human Rights Watch enfatiza que Porras “durante sus cuatro años en el cargo ha socavado las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos”. También señala que el MP ha iniciado procesos penales “arbitrarios” contra periodistas, jueces y fiscales.

“El mandato de Consuelo Porras como fiscal general ha sido una desgracia para el Estado de derecho en Guatemala”, dijo Taraciuk Broner, quien agregó que “su sucesor tiene la posibilidad de desempeñar un papel fundamental para proteger las instituciones democráticas o podría, en cambio, darle un tiro de gracia al Estado de derecho en el país”.

“Porras ha usado su mandato para bloquear investigaciones de corrupción que implican a políticos de alto nivel y convirtió al sistema de justicia en un instrumento de persecución penal contra críticos del gobierno, periodistas y jueces y fiscales independientes”, señaló Human Rights Watch.

Bajo su liderazgo, el Ministerio Público debilitó los procesos penales al destituir o transferir a los fiscales que lideran los esfuerzos por investigar y enjuiciar a personas involucradas en corrupción y otros delitos.

Desde que Porras asumió el cargo, 13 fiscales y cinco jueces se han ido de Guatemala debido a investigaciones criminales aparentemente espurias. Varios otros fiscales renunciaron.

El proceso de selección del nuevo fiscal, que comenzó en enero pasado, está a cargo de una Comisión de Postulación de 15 miembros, la cual está integrada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de todas las facultades de derecho de las universidades del país y dos representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Actualmente, la comisión está considerando a 15 candidatos, incluidos la fiscal general Consuelo Porras; el actual procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado; y el jefe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, Óscar Dávila.

En una carta enviada a la Comisión de Postulación el 16 de marzo recién pasado, Human Rights Watch instó a sus integrantes a evaluar “rigurosamente” si la trayectoria profesional probada de cada candidato indica que estarían dispuestos y serían capaces de garantizar el buen funcionamiento del sistema de justicia penal y de administrar justicia imparcialmente.

“La comisión debe asegurarse de que todos los candidatos preseleccionados hayan demostrado tener la más alta honradez. Cada miembro de la comisión debe proporcionar una justificación clara y pública de sus decisiones, incluidos sobre cuáles candidatos apoya”, refiere Human Rights Watch.

Sanciones

Human Rights Watch considera necesarios que los gobiernos de otros países deben fortalecer las sanciones en contra de quienes promuevan las corrupción y la impunidad en Guatemala.

“Los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala, incluidos los de Estados Unidos y Europa, deben monitorear de cerca el proceso de selección y ampliar sus sanciones contra quienes participan activamente en los esfuerzos para socavar aún más la independencia del Ministerio Público y desmantelar el Estado de derecho”, advirtió Human Rights Watch.

Agrega que también “deberían examinar la responsabilidad de los empresarios en los esfuerzos por debilitar las instituciones democráticas”, pues de acuerdo con dicha organización, “años de investigaciones en Guatemala han demostrado que los empresarios han actuado en coordinación con funcionarios corruptos para copar los tribunales y que el dinero obtenido a través de la corrupción y actividades delictivas a menudo se utiliza para financiar campañas electorales”.

“Los funcionarios y empresarios corruptos están poniendo en serio riesgo las instituciones democráticas de Guatemala”, dijo Taraciuk Broner. “La comunidad internacional debe urgentemente redoblar su atención y sus esfuerzos para proteger la democracia en el país”.

Interferencia

De acuerdo Human Rights Watch, el proceso de selección de fiscal general se ha visto afectado por “varios intentos de interferir con la independencia de la Comisión de Postulación y con la imparcialidad y rectitud del proceso”.

El 6 de abril último, la fiscal general Porras advirtió a los integrantes de la Comisión de Postulación que podrían sufrir “responsabilidades administrativas y legales” si examinaban la información proporcionada por un abogado que la acusó de haber plagiado su tesis doctoral.

Porras dijo que la Comisión no tenía mandato para investigar esta tacha, porque no existe una sentencia judicial que determine que ella cometió plagio.

El 23 de enero pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa acusando a las embajadas, incluidas las de Estados Unidos y otras de países europeos, de “inmiscuirse en asuntos internos” luego de que solicitaron a la Comisión una reunión para conocer sobre su trabajo y cómo las embajadas podrían apoyarlos. Después de que el Gobierno se pronunciara, las embajadas cancelaron su solicitud de reunión.

Además, la Fundación contra el Terrorismo ha presentado varias acciones judiciales que “parecen destinadas a socavar la independencia e imparcialidad del proceso de postulación”.

Refiere que denuncias anteriores de la Fundación contra fiscales, jueces y funcionarios anticorrupción han dado lugar a varias investigaciones y procesos penales durante el mandato de Porras, y en ocasiones la Fundación “ha indicado que conocía decisiones del Ministerio Público antes de que estas se hagan públicas de forma oficial”.

Destaca que Estados Unidos ha sancionado a varios miembros de la Fundación contra el Terrorismo por presuntamente obstruir procesos penales sobre corrupción y enumera las más recientes acciones judiciales:

El 1 de febrero de este año, la Fundación presentó una denuncia penal contra David Gaitán, entonces miembro de la Comisión de Postulación y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci, quien “había liderado esfuerzos en la Comisión para examinar exhaustivamente los antecedentes de los candidatos”.

La denuncia acusaba a Gaitán del delito de “abuso de autoridad” por no tener una maestría, un requisito para ser decano según las normas internas de dicha universidad; sin embargo, la Facultad de Derecho dijo que había suspendido la aplicación del requisito en este caso, pero el  MP “avanzó rápidamente” con una investigación penal y el 2 de febrero solicitó información a la Facultad de Derecho sobre el nombramiento de Gaitán, quien Gaitán renunció a la Comisión el 3 de febrero.

También el 1 de febrero, la Fundación contra el Terrorismo presentó una demanda solicitando que el plazo durante el cual los candidatos han ejercido como jueces de primera instancia no se contabilice como parte de los 10 años de experiencia profesional que la Constitución exige para ser fiscal general.

Por lo anterior, el 17 de febrero, la Corte de Constitucionalidad emitió un “amparo provisional” a favor de la Fundación, lo cual revierte un precedente del mismo tribunal de 2014 y si bien los precedentes de la CC no son vinculantes, el “repentino cambio de reglas” bloqueó la candidatura de varios jueces anticorrupción de alto perfil que habían expresado su interés en postularse, entre ellos la exjueza Erika Aifán, “quien investigaba un caso de corrupción que implicaba al presidente Giammattei”.

El 17 de febrero último, el presidente de la fundación amenazó con presentar una denuncia contra la Universidad Landívar, cuyo decano de la Facultad de Derecho es miembro de la Comisión de Postulación, luego de que la universidad realizara un evento académico virtual con Juan Francisco Sandoval, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), sobre quien hay varias órdenes de captura “que parecen ser totalmente espurias” y ha solicitado asilo en Estados Unidos.

Con posterioridad, el presidente de dicha fundación presentó una denuncia penal contra el decano de derecho de la Universidad Landívar, acusándolo de ser un “instrumento” de la defensora de derechos humanos Helen Mack y de la embajada de Estados Unidos en Guatemala para “presionar” a la Comisión de Postulación para que nombrara a un fiscal general “de izquierda”.

Human Rights Watch refiere que, en años anteriores, las investigaciones del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), respaldada por las Naciones Unidas y cerrada por el gobierno del expresidente Jimmy Morales en 2018, “expusieron esquemas de corrupción en los tres poderes del Estado”; sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras “ha hecho retroceder a Guatemala varios pasos en la lucha contra la corrupción y la impunidad por violaciones de derechos humanos”.

En septiembre de 2021, Estados Unidos incluyó a Porras y a su secretario general, Ángel Pineda, en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida como la Lista Engel, luego de que las autoridades de Estados Unidos señalaron que Porras “obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir con las investigaciones penales”.

Rechazan señalamientos

En tanto, el MP rechaza los señalamientos que hace Human Rights Watch y asegura que “cumplir con su mandato legal jamás puede considerarse algo arbitrario”.

“Bajo ninguna circunstancia. La Constitución Política de la República establece claramente cuál es la función del Ministerio Público. En ese sentido, el Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar todas las denuncias que se presentan”, señaló la Fiscalía.

Agregó que “cumplir con su mandato legal jamás puede considerarse algo arbitrario, es del deber ser del ente investigador, como en cualquier democracia”.

La Fiscalía refiere que “la actual administración del Ministerio Público ha sido garante del estado de derecho, actuando siempre con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la ley.  Ninguna persona es superior a la ley y el Ministerio Público debe investigar para poder establecer así si existe o no la comisión de algún delito, para que posteriormente, si el caso es presentado ante juez, sea un juez de garantías quien resuelva conforme al debido proceso”.

El investigador Juan Pappier, que hace parte de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló este viernes  1 de abril que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, “intimida” a jueces, luego que el mandatario llamó al Supremo a “remover a los jueces cómplices del crimen organizado”.

“En El Salvador, @nayibbukele intimida abiertamente a los jueces que no deciden cómo a él se le antoja”, publicó Pappier en Twitter.

Para el investigador, lo anterior es “una demostración más de su desprecio absoluto por el Estado de derecho”.

En respuesta, el mandatario salvadoreño escribió en su Twitter: “Homeboys (pandilleros) Rights Watch”.

Bukele afirmó en sus redes sociales que “no se ha liberado a NINGÚN pandillero” -de los detenidos en el marco de un régimen de excepción- y que supuestamente “un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero TODOS CONTINÚAN EN PRISIÓN y el caso pasará a una instancia superior”.

También pidió a la Fiscalía General de la República, dirigida por Rodolfo Delgado, exabogado de un banco estatal y del actual director de la PNC, “a investigar los posibles nexos de este juez con el crimen organizado y las estructuras terroristas”.

Delgado llegó a la Fiscalía el 1 de mayo de 2021, cuando la nueva legislatura de mayoría oficialista destituyó al entonces fiscal general Raúl Melara, quien se había enfrentado con Bukele e investigaba posibles casos de corrupción de su Gobierno.

La Administración de Bukele ha sido señalada constantemente de golpear la independencia judicial y la separación de poderes.

El Salvador cumple el domingo 3 de abril una semana en régimen de excepción, que suspende derechos a los salvadoreños como la defensa en un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones, tras una escalada de homicidios que el fin de semana se cobró la vida de más de 80 personas.