La organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró este jueves que la independencia judicial en Guatemala se encuentra fuertemente amenazada por la corrupción en entidades estatales, especialmente en el Congreso y en el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

La organización defensora de los derechos humanos, con sede en Nueva York, Estados Unidos, aseveró en su informe anual sobre el año 2021 que en Guatemala las “autoridades están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”.

Específicamente, Human Rights Watch señaló al Congreso guatemalteco por su reticencia a llevar a cabo la elección de 251 jueces del Organismo Judicial, una designación que debió adelantarse en 2019.

Además, el informe puntualiza que el Parlamento se negó también en 2021 a juramentar a la magistrada Gloria Porras en el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, ya que Porras se había convertido en una férrea defensora de la lucha anticorrupción.

Actualmente la abogada se encuentra exiliada en Estados Unidos, tras no poder ser juramentada y tomar posesión del cargo.

De igual forma, la entidad defensora de los derechos humanos apuntó al Ministerio Público de Guatemala y su fiscal general, Consuelo Porras, por la remoción en julio de 2021 del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, galardonado internacionalmente por su labor durante el último lustro.

Con la remoción de Sandoval, Porras “bloqueó o trató de bloquear varios casos que implicaban a funcionarios de alto rango”, subrayó HRW.

Porras fue sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos, que decidió removerle su visa y prohibirle el ingreso a su territorio al acusarla de “obstruir la Justicia” en Guatemala.

Human Rights Watch también denunció que en septiembre la Corte de Constitucionalidad habilitó la prisión domiciliaria para personas sentenciadas a más de cinco años por corrupción estatal.

La entidad defensora de los derechos humanos enfatizó además que las amenazas a la independencia judicial nacen en parte por el final de la lucha anticorrupción en Guatemala tras la expulsión en 2018 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), un ente de la Organización de Naciones Unidas que entre 2014 y 2018 encarceló a más de 200 funcionarios que se enriquecieron ilícitamente.

Por último, HRW también explicó en su informe que los jueces y abogados guatemaltecos, al igual que los periodistas del país centroamericano, enfrentan “grandes retos” debido a “posibles persecuciones judiciales espurias” por parte de las autoridades.

Al menos cuatro abogados protagonistas de la lucha contra la corrupción en Guatemala viven exiliados en Estados Unidos, incluida la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018), quien encarceló por sobornos millonarios al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.

La oenegé Human Right Watch pidió este martes a los líderes mundiales que boicoteen la inauguración del Mundial de fútbol en Rusia para protestar contra la política de Vladimir Putin en el conflicto sirio.

Rusia, que acoge por primera vez el evento, es uno de los principales apoyos del régimen de Bashar al Asad en el conflicto que empezó hace siete años en el país.

“Con la organización de uno de los eventos más televisados del mundo, Rusia quiere congraciarse con la opinión pública y busca respeto”, dijo el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, en un comunicado.

“Los líderes mundiales deberían señalar al presidente Putin que, a menos que cambie de rumbo y actúe para poner fin a las atrocidades de las fuerzas rusas y sirias en Siria, no se sentarán en la zona VIP con él la noche de la inauguración” del mundial, añadió.

La  razón de HRW

Rusia es el primer exportador de armas al régimen sirio y su ejército da apoyo en el terreno a las fuerzas sirias y a sus milicias aliadas.

Según HRW, con sede en Nueva York, las operaciones militares ruso-sirias “provocaron miles de víctimas civiles”, incluyendo las de la reciente ofensiva en Guta Oriental, en la región de Damasco.

© Agence France-Presse