La defensa de Luis Armando Pérez y Lucinda Eva Marroquín, quien son procesados en el caso Hogar Seguro, que surgió tras la muerte de 41 niñas internas en un centro a cargo del Gobierno en 2017, solicitó que se les otorgara medidas sustitutivas de arresto domiciliario, pero este jueves 18 de enero, la jueza a cargo les negó esa solicitud y ordenó que siguieran en prisión preventiva.

La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, resolvió sin lugar la solicitud de medidas sustitutiva planteada por la defensa de Pérez Borja y Marroquín, por lo que ambos deben continuar en prisión preventiva mientras el juicio sigue su rumbo.

En audiencia de revisión de medidas de coerción, los abogados defensores solicitaron que sus patrocinados salieran de prisión preventiva y se les concediera arresto domiciliario.

En el caso de Luis Armando Pérez Borja, quien fungía como subcomisario de la PNC cuando ocurrieron los hechos, la defensa argumentó que en materia penal se ha sobrepasado el tiempo en prisión preventiva y solicitó arresto domiciliario; además, indicó que no cuenta con los recursos económicos y que se le inhiba de una caución económica.

Por su parte, la defensa de Lucinda Eva Marroquín, quien era subinspectora de la PNC, también solicitó el arresto domiciliario y someterse al control telemático.

El juicio contra ocho personas acusadas por la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción empezó el 10 de enero pasado en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, siete años después de la tragedia ocurrida el 8 de marzo de 2017.

Previo al inicio del debate, la juzgadora resolvió sin lugar un recurso de reposición presentado por la defensa de Anahí Keller, una de las señaladas y quien fungía como subsecretaria de Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social.

En el documento, Keller solicitaba ser separada del debate por tener a su favor un recurso de sobreseimiento; sin embargo, la juzgadora argumentó no tener una notificación al respecto y continuó con la audiencia.

Los hechos

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los incidentes que derivaron en la muerte de las 41 niñas habrían iniciado el 7 de marzo del 2017, cuando un grupo de menores intentó escapar del hogar por supuestos maltratos por parte de las autoridades de ese lugar.

Según relato del agente fiscal Édgar Gómez, luego de los incidentes, 56 adolescentes fueron encerradas en una habitación en la que quedaron hacinadas, y una de ellas habría incendiado una de las colchonetas que se encontraban en el recinto.

Agregó que el pedido de auxilio habría sido omitido por las autoridades y esto derivó en la muerte de 19 menores de edad en el lugar y otras 22 que fallecieron en centros asistenciales; además, 15 resultaron con quemaduras.

El juicio contra ocho personas acusadas por la muerte de 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción empezó este miércoles 10 de enero en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, a cargo de la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, informaron fuentes judiciales.

El juicio contra los señalados empezó siete años después de la tragedia, ocurrida el 8 de marzo de 2017.

Previo al inicio del debate, la juzgadora resolvió sin lugar un recurso de reposición presentado por la defensa de Anahí Keller, una se las señaladas y quien fungía como subsecretaria de Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social.

En el documento, Keller solicitaba ser separada del debate por tener a su favor un recurso de sobreseimiento; sin embargo, la juzgadora argumentó no tener una notificación al respecto y continuó con la audiencia.

Los hechos

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), los incidentes que derivaron en la muerte de las 41 niñas habrían iniciado el 7 de marzo del 2017, cuando un grupo de menores intentó escapar del hogar por supuestos maltratos por parte de las autoridades de ese lugar.

Según relato del agente fiscal Édgar Gómez, luego de los incidentes, 56 adolescentes fueron encerradas en una habitación en la que quedaron hacinadas, y una de ellas habría incendiado una de las colchonetas que se encontraban en el recinto.

Agregó que el pedido de auxilio habría sido omitido por las autoridades y esto derivó en la muerte de 19 menores de edad en el lugar y otras 22 que fallecieron en centros asistenciales; además, 15 resultaron con quemaduras.

El debate

El MP inició con los alegatos del caso y sindica a Carlos Rodas, quien era en 2017 secretario de Bienestar Social, los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas.

En el caso de Anahí Keller, el MP la acusa por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes y homicidio culposo.

Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y homicidio culposo.

Por este caso, también son acusados Harold Augusto Flores, exprocurador de la niñez; Brenda Julissa Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato; Lucinda Eva Marroquín, exsubinspectora de la PNC; Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de PNC; y Gloria Castro, exdefensora de la Niñez.

La defensa de los acusados alega son inocentes. La jueza Vanessa Cifuentes continuará con el juicio el próximo viernes 12 a partir de las 8:30 horas.

Anahí Keller, exsubsecretaria de Bienestar Social de la Presidencia, ha sido separada del proceso penal por la muerte de 41 niñas en el incendio del Hogar Seguro por resolución de una Sala de Apelaciones.

La Sala Cuarta declaró improcedentes los recursos que contra una resolución de agosto de 2017, cuando el entonces juez Cuarto, Carlos Guerra, dictó el sobreseimiento de todos los delitos contra Keller.

El Ministerio Público y los querellantes adhesivos se opusieron a la resolución, pero este nuevo fallo confirma que Keller sería separada del caso.

A partir de esta resolución, se tendrán 15 días hábiles para plantear una acción legal contra la resolución emitida, a través de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal.

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Diversas acciones judiciales

El caso de Keller estuvo entrampado por una serie de acciones legales hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad, que concluyó que debía ser ligada a proceso, pero la defensa de la acusada apeló.

Luego, meses previo a que iniciara el juicio, previsto para julio 2022, se ordenó a la Sala de Apelaciones que emitiera una nueva resolución. Misma que, ahora la aparta del proceso.

El pasado 8 de marzo de 2023, decenas de personas exigieron justicia para los 41 niñas que murieron y otras 15 que resultaron con lesiones graves a causa del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que estaba bajo la tutela del Estado.

El siniestro ocurrió un 8 de marzo de 2017, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer, razón por la que en esa fecha se acostumbra ahora a recordar a las víctimas.

Diversas organizaciones de Mujeres y los abogados de las madres de las niñas, reclaman que existe un retardo en los proceso judiciales habiéndose suspendido en once ocasiones el inicio del juicio contra los presuntos responsables.

Una de las audiencias se suspendió por un problema técnico, debido a que no funcionaba una bocina en la sala.

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Además, se notificó la ausencia de dos abogados defensores de los acusados y la jueza a cargo del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, dispuso separarlos del caso.

Ante esta última acción, el acusado Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil, recusó a la jueza y señaló que le negaba su derecho de defensa.

Ante el señalamiento contra la jueza Cifuentes, se suspendió entonces la última audiencia el pasado 7 de febrero de 2023.

Dacia Ramírez, madre de una de las 41 niñas que murieron en un incendio dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en 2017, asegura que ha vivido los seis años “más tristes” de su vida y lamenta que la Justicia no ha alcanzado a los funcionarios acusados de permitir la tragedia.

“Ellas tenían sueños, proyectos y les arruinaron todo”, relata Ramírez, madre de Ashley Méndez Ramírez, una de las 41 niñas fallecidas en un incendio el 8 de marzo de 2017 dentro de un aula del refugio estatal, en las afueras de la Ciudad de Guatemala.

En la tragedia, por la cual no se han deducido responsabilidades legales, resultaron lesionadas también 15 niñas con quemaduras de gravedad.

“El Estado siempre ha querido minimizar la gravedad del caso”, afirma Ramírez al recordar a su hija, de 15 años.

Durante el último lustro, la defensa de ocho exfuncionarios acusados por la muerte de las menores de entre 13 y 17 años ha logrado que el proceso judicial se demore y no llegue a debate oral y público.

A seis años de la tragedia, Ramírez asegura que el Organismo Judicial ha “detenido el proceso penal en favor de los acusados”, pero advierte que “es imposible” que desista en su lucha por justicia junto a familiares de otras niñas fallecidas.

Hasta el momento, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco no ha programado fecha para intentar, por quinta ocasión en 2023, iniciar el debate contra los acusados.

La tragedia

El 7 de marzo de 2017, un grupo de niñas del refugio estatal Hogar Virgen de la Asunción, ubicado 20 kilómetros al sureste de la Ciudad de Guatemala, escaparon del lugar denunciado malos tratos e incluso supuesta trata de personas.

El grupo de niñas fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 56 de ellas fueron encerradas en un aula. En la madrugada del 8 de marzo, un incendio se originó dentro de la misma aula y no fue hasta nueve minutos después que las menores fueron liberadas por las autoridades, de acuerdo con diversas fuentes.

Entre los acusados se encuentran Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; Santos Torres, exdirector del hogar; Harold Flores, exprocurador de Niñez; Brenda Chamán, exjefa de protección contra el maltrato.

También están procesados Lucinda Marroquín, exsubinspectora policial; Luis Armando Pérez, exsubcomisario policial, y Gloria Castro, exdefensora de la niñez.

Ramírez asegura que a la fecha no ha recibido ningún tipo de ayuda estatal. “Jamás nos dieron apoyo psicológico y eso que fue un caso muy traumatizante el que vivimos”, recuerda.

“Lo que les sucedió a nuestras hijas es irreparable y exigimos justicia”, añadió Ramírez.

“No olviden a las niñas, ni a todas las mujeres que han fallecido de manera terrible”, concluyó.

Una vez más se aplazó el comienzo del juicio por el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, esta vez por una recusación contra la jueza a cargo del Tribunal.

La audiencia programada para este 7 de febrero se suspendió debido a que el acusado Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), recusó a la jueza Ingrid Cifuentes a cargo del Tribunal Séptimo Penal.

En la audiencia anterior del 26 de enero pasado, los abogados de Pérez Borja se ausentaron y la jueza decidió separarlos del proceso. Los dos defensores optaron por excusarse porque debían atender una audiencia de otro caso a la misma hora.

De la misma manera, el abogado defensor de Lucinda Marroquín Carillo, exsubinspectora de la PNC, se excusó por padecimientos de salud.

Tanto Marroquín Carrillo, señalada de haber tenido en su poder la llave del salón que se incendió y no actuar de inmediato, junto a Pérez Borja, pidieron una “última oportunidad” para sus abogados, pero la jueza no accedió.

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Recusan a jueza que analiza caso Hogar Seguro

Ante la decisión de Cifuentes, Pérez Borja la recusó este 7 de febrero y la señaló de negarle su derecho de defensa.

Al presentarse este recurso legal, se suspendió por onceava ocasión la audiencia para iniciar el juicio por el caso Hogar Seguro.

Ahora, la recusación deberá ser conocida por la Sala Segunda de Apelaciones, sin que haya una fecha definida para que emita un dictamen y establezca si la jueza seguirá conociendo el expediente judicial.

En una audiencia previa fue una falla técnica en el sistema de audio que llevó a que se aplazara.

Las familias han esperado ya casi seis años por justicia desde que ocurrió el incendio el 8 de marzo de 2017, que cobró la vida de 41 niñas y dejó 15 sobrevivientes.

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Sindicados

• Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
• Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo (Tribunal Séptimo deberá definir si la excluye)
• Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
• Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
• Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
• Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
• Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
• Gloria Castro, exdefensora de la Niñez

Debido a la inasistencia de tres abogados defensores de acusados en el caso Hogar Seguro se suspendió por décima vez el comienzo del juicio este jueves 26 de enero.

La jueza del Tribunal Séptimo Penal, Ingrid Vanessa Cifuentes, advirtió que el pasado miércoles 25 de enero por la tarde los dos abogados de Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC), se excusaron para no asistir a la audiencia.

Cifuentes explicó que Julio Guillermo Rendón Valenzuela y Edwin Abel Gómez Pastor, los defensores de Pérez Borja, notificaron que asistirían a otra audiencia que estaba programada a la misma hora que el debate de  Hogar Seguro.

De la misma manera, el abogado Héctor Paul Pineda, defensor de la acusada Lucinda Marroquín Carrillo, exsubinspectora de la PNC, presentó una excusa por un tratamiento médico.

“Todos estamos claros que se actúa de buena fe y debe haber lealtad procesal, pero llama la atención que un día antes se excusan”, crítico Édgar Pérez, abogado que representa a familias de las niñas fallecidas en el Hogar Seguro.

Los abogados de las familias víctimas pidieron nombrar a sustitutos o sancionar a los asesores legales que no asistieron.

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Separa a los abogados del caso

Luego de analizar los memoriales que presentaron los abogados, la jueza Cifuentes decidió declarar el abandono de la representación a Pérez Borja y Marroquín Carrillo.

“Es mi decisión porque los memoriales no están justificados y no dieron tiempo de analizar, tampoco de notificar. La decisión ya ha sido tomada y pueden asignar sustituto y para que no vuelva a pasar se asignara abogados de la Defensa Pública”, aseveró la jueza Cifuentes.

Pérez Borja pidió a la jueza reconsiderar su decisión, pero Cifuentes le contestó: “es mi decisión”.

En espera de justicia

Casi seis años del incendio en la casa hogar a cargo del Estado, las familias de las 41 niñas fallecidas y de otras 15 sobrevivientes aún esperan por un veredicto sobre quienes son señalados como responsables del hecho.

El caso se envió a juicio desde febrero de 2019 y desde entonces se ha suspendido en 10 ocasiones el comienzo de ese debate.

En cada una de las audiencia, los familiares de las niñas han asistido. En cada ocasión acuden a un sala de audiencias abogados, fiscales y jueces, pero se repite la suspensión.

En la sesión anterior se trató de una falla en el sistema de audio, un defecto técnico que volvió a retrasar el inicio del debate.

Han pasado casi 5 años desde que 41 niñas y adolescentes murieron en un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y aunque el inicio del juicio ha sido programado en varias ocasiones, este no ha empezado.

Por ejemplo, para este jueves 19 de enero se tenía previsto que el juicio diera inicio en una audiencia en la Mega Sala de Torre de Tribunales, pero de nuevo fue suspendido, lo que causó inconformidad a parientes de las víctimas, que exigen justicia.

La razón en esta oportunidad fue fallas en el sistema de audio, por lo que la jueza Ingrid Vanessa Cifuentes Arrivillaga reprogramó la audiencia para el jueves 26 de enero a 8:30 horas.

 La audiencia de esa fecha se llevará a cabo en la sala del Tribunal, aunque abogados y parientes de las víctimas temen que también sea suspendida porque el espacio no será suficiente para los asistentes.

En este caso son señalados los exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) Carlos Rodas, exsecretario; Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo; y Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar, por supuestamente haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, homicidio culposo, lesiones culposas y maltrato contra personas menores de edad.

El día de la tragedia, el 8 de marzo de 2017, las 56 menores (41 muertas y 15 heridas) estaban bajo llave en un aula del recinto que se ubicaba en el kilómetro 25 de la carretera a San José Pinula.

La Fiscalía contra el Femicidio y otros tipos de violencia contra la mujer tendrá a su cargo la acusación y cuenta con 918 medios de prueba con los que busca sustentar los señalamientos contra los acusados.

En el juicio serán expuestos 790 documentos, así como los informes de 44 peritos y testificarán ante el Tribunal Séptimo de Sentencia 84 personas. El expediente está integrado por 15 mil folios.

Sindicados

• Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social
• Anahí Keller, exsubsecretaria de Abrigo (Tribunal Séptimo deberá definir si la excluye)
• Santos Torres, exdirector de la Casa Hogar
• Harold Augusto Flores Valenzuela, exprocurador de Niñez
• Brenda Jullissa Chaman Pacay, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato
• Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, ex subinspectora de la PNC
• Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC
• Gloria Castro, exdefensora de la Niñez

Un grupo de 18 mujeres artistas de Guatemala han rememorado con una exposición la vida y tragedia de 41 niñas fallecidas y 15 heridas en marzo de 2017, durante un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La exposición, denominada “No fue el fuego“, se inauguró en septiembre pasado en el oeste del país y llegó esta semana a la ciudad de Guatemala, según detalló este viernes a EFE la organización, y permanecerá en la capital hasta el 28 de octubre.

“Es importante en el arte generar estos espacios para recordar a las niñas y su historia“, dijo a EFE la artista visual Marisa Alarcón, una de las 18 mujeres artistas guatemaltecas que aportaron sus obras visuales para la exposición.

La muestra busca sensibilizar a los espectadores sobre las 41 niñas que murieron y otras 15 que resultaron heridas el 8 de marzo de 2017 durante un incendio en un refugio estatal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la ciudad de Guatemala.

La exposición tiene su origen en una investigación periodística multiplataforma publicada en 2021 por el medio digital denominado Agencia Ocote, según explicó la organización.

“Traducimos todo el material de la investigación para que pudiéramos visibilizarlo de otra forma. Entonces decidí utilizar un lenguaje visual y transitable”, aseguró a EFE la historiadora y activista Maya Juracán, curadora de la exposición.

Las obras, pinturas, fotografías e imágenes en tela, narran la cronología del caso de las niñas, que se mantiene aún en proceso judicial desde 2017.

Uno de los cuadros de la muestra se titula “Memoria y Cicatriz” y fue pintado por Amaranta Barrios, de 14 años, edad promedio de las niñas que fallecieron en el hogar.

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Justicia pendiente

Al menos 12 personas, entre policías y autoridades estatales, han sido acusadas por la muerte de las 41 menores. Sin embargo, el proceso está reprogramado para enero de 2023.

Las 56 niñas se encontraban en un aula pequeña, bajo llave, cuando se originó el incendio, en un hogar administrado por el Estado.

El fuego se produjo dentro del aula, como protesta por el hacinamiento, el maltrato y las condiciones en que se encontraban las menores.

“Siento una rabia constante. Si habría que hacer mil exposiciones para que esta historia se vuelva a contar, hay que hacerlas. El arte no es el fin, es una herramienta para contar estas violencias”, agregó Juracán.

La exposición será trasladada posteriormente a la ciudad de Quetzaltenango, ubicada 200 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, donde permanecerá disponible todo noviembre.

Imágenes

Han pasado cuatro años desde que un pavoroso incendio quedó en la memoria de los guatemaltecos, pues le arrebató la vida a 41 niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la capital, muchas de las cuales estaban allí por haber sido víctimas de violencia y no encontraron a un adulto como tutor.

En recuerdo a esas víctimas, familiares y representantes de organizaciones sociales celebraron este domingo 7 de marzo una ceremonia maya en la Plaza de la Constitución, conocida desde el momento de la tragedia como “La Plaza de las Niñas”.

En el punto que marca el centro de la ciudad, organizaciones sociales colocaron varias cruces de madera en honor a las adolescentes fallecidas el 8 de marzo de 2017; además, el lugar fue iluminado con velas para evocar ese trágico acontecimiento.

La actividad forma parte de los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer que comenzó con una caminata desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hacía la Plaza de la Constitución.

El lunes 8 de marzo continuarán las actividades con un acto conmemorativo en lo que fue la sede del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a las 7:30 horas, posteriormente habrá una caravana desde la 18 calle hasta la Plaza de la Constitución.

Finalizarán con un plantón pacífico frente al Palacio Nacional de la Cultura que se estima comience a las 10 horas, según el calendario de actividades.

Proceso estancado

Aunque los hechos ocurrieron hace cuatro años, el proceso penal no ha caminado lo suficiente en el sistema de justicia, según organizaciones sociales.

Entre un primer grupo de acusados que fueron enviados a juicio se encuentra Lucinda Marroquín, inspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), quien tuvo las llaves del salón donde se quemaron las adolescentes; así como Luis Armando Pérez, jefe de operaciones de la Comisaría 13.

También se encuentra Brenda Chaman Pacay, quien era la supervisora del departamento contra el maltrato del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; Harold Augusto Flores Valenzuela quien era el jefe de la Niñez de la Procuraduría General de la Nación, y Gloria Castro Gutiérrez, defensora de Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

En otra etapa del proceso figuran como acusados las antiguas autoridades de la SBS, pero por diversas acciones legales, junto al retraso judicial ocasionado por la pandemia del covid-19, los expedientes no han avanzado en el sistema de justicia.

El 8 de marzo del 2017, mientras se conmemoraba el Día de la Mujer, se registró un incendio en el inmueble a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, luego de que las menores fueron castigadas por intentar escapara una noche anterior, según la investigación del Ministerio Público.

Este domingo, familiares de las víctimas viajaron de distintos puntos del país para colocar arreglos florales, pancartas y fotografías.

“Vinimos acá para recordarle al Estado que es el culpable del asesinato de nuestras hijas. Esperamos una explicación de lo que ocurrió”, dijo Clarete Hernández, madre de Ashley Rodríguez Hernández, adolescente de 14 años que murió en el incendio.

“A ellas allá adentro las castigaban. Las metían a un cuartito donde cabían pocas y las ponían a hacer actividades como militares. Eran castigos brutales, ellas no estaban para eso”, añadió Hernández.

“Eran niñas que querían salir adelante. Las vestían como si fueran delincuentes y ellas no eran eso. Ellas tenían sueños y el Estado se los apagó. Ellas tenían mucho qué decir de los maltratos que sufrían, pero las callaron y encerraron”, finalizó.

María Elizabeth Ramírez Hernández, madre de Wendy Ramírez, otra de las víctimas, dijo que su hija tenía un mes y medio de haber llegado al Hogar Seguro cuando ocurrió la tragedia.

“Yo no dejaba salir a mi hija y fue a un juzgado a poner una denuncia. El juez tomó la decisión de enviarla aquí para que aprendiera una lección, pero luego de mandarla ya no supimos nada”, asegura Ramírez.

“Los sábados me llamaba para decirme que la sacara. Cuando llamaba había un monitor que no la dejaba hablar. Yo no podía sacarla porque a mi mamá le dieron los permisos”, aseguró.

“Pido que se haga justicia. Para mí ha sido muy duro. La vida me cambió de un momento a otro. No he podido superarlo”, añadió la madre de la víctima.

PDH pide que no se repita la tragedia

La Procuraduría de los Derechos Humanos se solidarizó con las adolescentes sobrevivientes y con las familias de las víctimas.

#ComunicadoPDH | A tres años de la tragedia en el #HogarSeguro el @PDHgt @JordanRodas hace un llamado al fortalecimiento de las medidas de reparación a favor de las niñas y la no repetición de los hechos pic.twitter.com/kMbcGpk5V5

— PDH Guatemala (@PDHgt) March 8, 2020

Además, señaló que para que no se repita la tragedia se necesitan cambios estructurales, modificaciones legales y adopción de políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia.