Pobladores de San Mateo Ixtatán aseguran estar cansados por la zozobra que se vive en esa zona, pues grupos armados ilegales que operan en el norte del municipio, han sitiado la parte baja en la línea fronteriza entre San Mateo y México. Supuestamente se oponen a proyectos de inversión pero hay sospechas de que podría tratarse de esfuerzos por mantener la zona bajo ingobernabilidad para favorecer al crímen organizado.

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Las autoridades reconocen que existe un problema de ingobernabilidad en esa zona, donde el diálogo ha sido complicado debido a que uno de los grupos opositores al proyecto hidroeléctrico en la zona toma medidas violentas como amenaza hasta que salga la empresa pese a los acuerdos alcanzados con la comunidad tras varios meses de diálogo donde participa otro grupo opositor con disposición al diálogo.

Hemos sido víctimas de amenazas, extorsiones, secuestros, trabajo forzado, destrucción de nuestros terrenos, pero principalmente se nos ha limitado la libertad de locomoción y el derecho al trabajo por más de 22 días, asegura un poblador que pide el anonimato por temor a represalias.

Entidades de derechos humanos aseguran que el grupo violento aprovecha el desgobierno que se vive en esta zona para tratar de impedir el diálogo con todos las partes involucradas, lo único que se tiene es un contingente policial en calidad de prevención que ha sido atacado en varias ocasiones por dicho grupo.

Los miembros de este grupo además se turnan para hacer cobros a quienes intentan pasar con productos para abastecer las tiendas del sector, algo que afecta a la comunidad, aunque se trata de tener información de sus dirigentes, no ha sido posible.

El gobierno les había prometido la indemnización de más de Q5 millones, además de Q35 millones en proyectos.

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Líderes de la Campana, Chicamán, Quiché, indicaron que no saldrán del lugar hasta que no tengan una respuesta por parte del presidente Jimmy Morales.

El ejecutivo se comprometió a firmar un acuerdo gubernativo y hasta la fecha no han cumplido su palabra.

El auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de Alta Verapaz, indicó que buscará la intervención de los gobernadores de Alta Verapaz y Quiché. Hasta el momento ninguna autoridad ha llegado al lugar para escuchar las peticiones y buscar una solución pronta a esta problemática.

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La periodista Rolanda García denunció amenazas, agresiones y un intento de violación por trabajadores de la hidroeléctrica Oxec, ocurrido en la comunidad Sactá, en Alta Verapaz, el pasado martes 21 de agosto.

Los abogados de la periodista Rolanda García, expresaron que será dura la tarea para vincular a proceso a los trabajadores de Oxec que atentaron contra la vida de Rolanda García, señalando que la empresa puede decentenderse de los hechos, de esta manera le pidieron a los medios de comunicación a que estén pendientes del proceso.

Hidroeléctrica se pronuncia

https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/1033041393705517057

Mientras la hidroélectrica Oxec por medio de un comunicado se ha pronunciado indicando que lamenta lo ocurrido y condena todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa.

También señalaron que no se hacen responsables de lo ocurrido en la comunidad de Sactá, la cual según la hidroeléctrica queda a 20 kilómetros de distancia.

Aunque es pronto para sacar conclusiones, expertos no descartan que errores de ingeniería y planeación e incluso una política de menores costos en el diseño tengan en vilo una obra iniciada en 2010 con una inversión que supera los 3.000 millones de dólares y que involucra 12 municipios del noroeste colombiano.

La emergencia se desató hace dos semanas cuando un derrumbe bloqueó el túnel de desviación del río Cauca, el segundo del país y que alimenta a la hidroeléctrica Hidroituango, lo que provocó que el embalse se empezara a llenar sin estar terminado a la altura del vertedero, por donde debe seguir el cauce.

Empresas Públicas de Medellín (EPM), el mayor socio del proyecto, aceleró las labores para que la estructura llegara al nivel del vertedero y habilitó el cuarto de máquinas como conducto de desagüe.

Pero antes de lograr este objetivo, el sábado la fuerza del agua destapó el túnel de desviación, lo que provocó una violenta creciente del afluente.

Hasta este jueves unas 5.000 personas habían sido evacuadas de localidades como Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia (noroeste) y a 40 kilómetros de la presa.

El fin de semana se desprendieron 200.000 metros cúbicos de tierra sobre el destapado túnel de desviación, dijo Jorge Londoño, gerente de EPM.

El cuarto de máquinas volvió a quedar como la única salida del agua y el miércoles, al parecer por un derrumbe interno, tuvo un taponamiento temporal y explosiones esporádicas de agua.

“De llegar a colapsar (el cuarto de máquinas), amenazaría seriamente con generar un aumento significativo e incontrolado del cauce del río Cauca”, sostuvieron el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, ambos mandatarios le pidieron ayuda ante una situación que calificaron de “crítica” y que pone en “riesgo” especialmente a los municipios de Puerto Valdivia, Tarazá, Nechí, Cáceres, Caucasia y la región de La Mojana, que suman unos 130.000 pobladores.

“Peor escenario”

Expertos coinciden en que si el agua sobrepasa la presa, de 220 metros de altura, esta se puede erosionar y venir abajo arrastrando el río y cientos de toneladas de material.

“Estamos en máxima alerta”, aseguró Londoño, y deslizó “el peor de los escenarios”: el derrumbamiento de la obra, que podría afectar a cuatro departamentos.

Los esfuerzos de EPM apuntan a subir la altura de la represa para desviar el agua por el vertedero, agregó el gerente. Las lluvias en la zona complican todavía más los trabajos.

El experto en geología e ingeniería José Hilario López escribió el periódico El Mundo de Medellín que “muy probablemente” la causa de este “accidente” sea por asignar menores costos en los diseños y ejecución de la obra.

Sin embargo, la EPM asegura que la emergencia es el resultado de una “condición geológica imprevisible”.

La compañía ha defendido la planeación y ejecución del proyecto, que según los expertos inició en 2015 una “etapa de aceleración” para cumplir con la fecha de entrega del llenado del embalse, en junio, dos meses antes de que Santos deje el poder que asumió en 2010.

Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, que integra la firma brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).

Al grupo se le adjudicó en una licitación internacional en 2012 la construcción de la presa, el vertedero, los túneles de conducción, las estructuras de captación, los túneles de descarga y la casa de máquinas.

Camargo Correa está implicada en la operación anticorrupción “Lava Jato” que destapó una red de sobornos enquistada en el aparato estatal de Brasil y con ramificaciones en decenas de países.

Nos “ignoraron”

Eudes Areison y los suyos hacen parte del centenar de familias evacuadas el sábado en Puerto Valdivia. Huyeron montaña arriba cuando el río mojó las paredes rosas de su modesto hogar.

“Estábamos aquí tranquilos en la casa porque ya habíamos hablado con los bomberos y ellos decían que esto no era mayor cosa (…) De un momento a otro, estaba la casa inundada”, dijo a la AFP este trigueño de 30 años.

Ahora, junto a otros, ha salido a las vías principales en busca de ayuda y responsabilizando a EPM de los daños.

“Aquí ignoraron lo que decían los campesinos y la gente del campo, que son los que conocemos el territorio (…) Por el afán por generar energía rápidamente, mire lo que pasó”, indicó Genaro Graciano, del movimiento Ríos Vivos Antioquia, contrario a la hidroeléctrica.

Esta organización social y ambiental ha denunciado el asesinato de cuatro ambientalistas opuestos a Hidroituango desde el inicio de los trabajos.

Además del rechazo de pobladores, un grupo de 25 eurodiputados pidió recientemente frenar la construcción de la central hidroeléctrica para recuperar cuerpos de víctimas del conflicto armado antes del llenado del embalse.

El gerente de EPM aseguró que todos los casos de cuerpos fueron resueltos. Londoño también indicó que la compañía realiza un censo de damnificados. Además, garantizó subsidios y viviendas para los afectados.

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© Agence France-Presse

La hidroeléctrica refleja la creciente presencia de Pekín en una región donde poco a poco desplaza a la tradicional hegemonía taiwanesa.

Los funcionarios de la empresa Sinohydro laboran con cerca de 900 hondureños en la obra que se levanta en el caudaloso río Patuca, 180 km al este de Tegucigalpa.

“Solo va a faltar la limpieza de la maleza para llenarla. Si hace buen invierno entrará en operaciones este año, de lo contrario será el próximo”, afirmó a la AFP el jefe del personal, el hondureño Granly Lobo.

Este ingeniero calcula que tardarán cuatro meses en eliminar la maleza y los encinos para llenar el embalse, que tiene una cortina de 57 metros de alto por 207 de ancho.

La hidroeléctrica, cuyo valor total es de 350 millones de dólares, tiene casi terminadas las dos turbinas con capacidad para generar 52 megavatios/hora cada una. Se trata de la primera inversión de China en infraestructura en Honduras, pese a que ambos países no tienen relaciones diplomáticas.

Roto el hilo con Taiwán

Costa Rica en 2007 y Panamá en 2017 rompieron el hilo tradicional que mantuvo Centroamérica con Taiwán y firmaron relaciones diplomáticas con China.

Sin embargo, no se produjo el efecto dominó con los demás países del istmo entrando a la órbita de Pekín, que algunos analistas catalogaban como inminente por el poderoso crecimiento de China.

Lo que sí ha habido son inversiones en Honduras y Nicaragua, mientras en Guatemala fracasó un intento de instalar una eólica de 300 megavatios/hora valorada en 900 millones de dólares que terminó en un litigio en un tribunal internacional.

En El Salvador, los acercamientos con China únicamente se han dado en el campo comercial.

Durante décadas, los países centroamericanos fueron aliados de Taipéi, que los compensaba generosamente con cooperación.

Pekín demostró que no se queda atrás a la hora de atraer aliados con donaciones.

Después del establecimiento de relaciones diplomáticas, China donó a Costa Rica el nuevo Estadio Nacional, con un costo de 110 millones de dólares.

Actualmente la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) tiene un contrato para reconstruir 107 kilómetros de la principal carretera de San José al Caribe, a un costo de 450 millones de dólares.

El politólogo costarricense Constantino Urcuyo, del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo (CIAPA), destaca en un estudio reciente que Costa Rica es para China un socio presentable en su actividad internacional y en las votaciones de los organismos internacionales pues goza de una reputación intachable en materia de derechos humanos y democracia.

Construcción en Panamá

En Panamá la empresa CHEC comenzó la construcción del primer puerto de cruceros con un presupuesto de 165 millones de dólares.

Antes de la firma de las relaciones diplomáticas, según el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá las inversiones chinas habían empezado a crecer de unos 78 millones de dólares en 2014 a 233 millones en 2016.

Tales inversiones incluyen la construcción de un puerto de contenedores en Colón, valorado en 1.000 millones de dólares, y una instalación de gas natural en la entrada del Canal de Panamá, mientras varias empresas chinas esperan la adjudicación del cuarto puente sobre el Canal, donde pasará la futura línea tres del metro de la capital.

También está pendiente el estudio de factibilidad de un tren de mercancías y pasajeros entre Ciudad de Panamá y la frontera con Costa Rica.

En Nicaragua, la empresa de telecomunicaciones china Xinwei entró en operaciones en abril del 2016 e instaló 1.000 estaciones de base inalámbrica en postes con una inversión de 200 millones de dólares.

Y cuando el presidente Daniel Ortega consideró construir un canal interoceánico en Nicaragua, concedió el proyecto a la empresa china HKND, del magnate Wang Jing, por un valor de 50.000 millones de dólares.

Sin embargo, este proyecto no ha arrancado y es incierta su concreción, dada las dificultades financieras que enfrenta HKND y el reciente acercamiento de Pekín con Panamá.

“China está invirtiendo en fábricas, maquilas en zonas francas, y sobre todo en proyectos de infraestructura que le permite consolidar su presencia en Centroamérica”, comentó Carlos Murillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica.

El investigador estimó que la presencia de Pekín en la región seguirá aumentando por una política exterior “agresiva” que combina donaciones, préstamos y inversiones como nunca se habían visto.

“La prioridad china es consolidarse como presencia económica, tener presencia en todo el mundo y después, quizás, vendría la presencia militar”, pronosticó.Hidroeléctrica