El gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad al prófugo guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, implicado en el caso Fénix, según publican medios nicaragüenses.

El edicto fue publicado en el diario oficial La Gaceta, de Nicaragua, país que le había dado asilo a Herrera, de 67 años.

“Herrera es acusado por una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), además de estafa propia, apropiación y retención indebida y se le dio asilo político en Nicaragua desde el 2018″, recuerda el diario1.com.

Cuando ingresó a Nicaragua, Herrera argumentó que era víctima de una persecución política, según expuso, orquestada por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La Gaceta publica que Herrera es residente de Managua, es casado y su profesión u oficio es comerciante.

La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua que dio vida al asilo político a favor de Herrera fue firmado el 14 de agosto de 2018 por el canciller Denis Moncada Colindres.

La noticia trasciende un día después de que Guatemala se abstuvo de votar por la liberación de candidatos presidenciales que han sido detenidos en Nicaragua.

El Negociador

Herrera fue sindicado de haber sido el propietario de dos financieras offshore -fuera de plaza- Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd empleadas para la estafa de Q350 millones al IGSS entre diciembre de 2002 y abril de 2003, dentro de un proyecto para la construcción de vivienda para jubilados de la institución, para lo cual se constituyó el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social

Las financieras vendieron terrenos sobrevalorados al IGSS por Q232.7 millones, cuando Herrera las había comprado por Q220 mil, según la investigación. Hasta julio de 2013, de los Q350 millones aportados por el IGSS en el fideicomiso, solo se habían recuperado Q228.5 millones.

El MP pidió el 5 de agosto de 2008 el retiro de la orden de captura contra Herrera luego de llegar a un acuerdo para la devolución de US$7 millones.

Fuga de película

El 3 de junio de 2006, la Policía Nacional Civil (PNC) intentó capturarlo en un edificio de la zona 14, donde vivía. Sin embargo, él logró escapar. Durante un cateo se encontró un pasadizo secreto, por el cual se fugó.

Esa vez le decomisaron una póliza de seguro por US$1 millón de un banco de Nueva Orléans, Estados Unidos, a favor sus hijos; una computadora y una libreta de ahorros con US$15 mil.

¿Quién es?

Herrera es originario de Cobán, Alta Verapaz. Es empresario relacionado con inmobiliarias y negocios de agroquímicos. Contrajo matrimonio con María Elena Acevedo, de quien se divorció en 2002.

El 27 de abril de 2004, Otto Pérez, entonces comisionado presidencial en la gestión de Óscar Berger, declaró acerca de supuestos nexos de Herrera con el narcotráfico.

El Ministerio Público (MP) dijo este jueves 29 de abril que, dentro de la investigación del caso Fénix, hubo hallazgos que sugieren que el magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, habría participado como notario en empresas de Gustavo Herrera, quien es prófugo de la justicia por ese caso.

Según el MP, la documentación donde figura el nombre de Molina Barreto están en poder de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Se trata de las entidades Fabricación de Químicos S. A. y Jakyll Propierties S. A., que fueron utilizadas para el presunto lavado de Q350 millones, según la investigación.

En su oportunidad, la Feci señaló que el caso Fénix consistía en una red criminal que usó empresas de sociedades anónimas y limitadas y off shore para lavar dinero del desfalco de Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003.

La investigación señala como cerebro de la estructura a Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua y quien en 2008 llegó a un acuerdo para pagar US$7.4 millones para que cesara la persecución penal en su contra por ese caso.

El dinero supuestamente blanqueado habría sido sustraído del fideicomiso Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A., que nació como un proyecto de vivienda popular para jubilados de la institución.

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Magistrado se defiende

El magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, dijo en una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión que por el momento no tiene conocimiento oficial de la información que dio a conocer la Feci y que le gustaría tenerla.

Recordó que cuando se postuló en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para ocupar la magistratura en la CC para finalizar el periodo 2016-2021, una persona hizo una objeción por ese tema y dijo que una empresa tenía que ver con Herrera.

Molina Barreto dijo que por esa razón acudió al Archivo General de Tribunales a sacar una certificación del expediente y determinó que no había ninguna relación de Gustavo Herrera con esa empresa, por lo cual lo presentó el documento a la CSJ y ellos desestimaron la objeción que le habían hecho para postularse a magistrado de la CC.

El magistrado explicó que esa relación que le hacen con la empresa fue hace más de 20 años y él no recuerda exactamente las sociedades anónimas ni los socios de estas y solamente pudo verificar en el Registro Mercantil el nombre de los representantes legales y en ninguno de ellos figuraba Herrera.

“Yo me di a la tarea de buscar a los representantes legales de esa empresa en el Registro Mercantil y no aparecía ninguno con apellido Herrera y yo presenté eso a la Corte Suprema para desvanecer esa objeción”.

El magistrado también afirmó que anteriormente tenía un bufete cono otros asociados, uno ya fallecido, en donde compartían asuntos notariales, litigio y otros procesos.

Aseguró que Herrera nunca fue su cliente y expresó: “cliente mío, así directo o que haya una factura de honorarios o algo así, no”.

Refirió que en todo caso, si hace 20 años él hubiera realizado algún servicio para alguna empresa vinculada con Herrera, él desconoce si para entonces esta persona ya estaba vinculada a algún hecho ilícito.

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El caso Fenix

La Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, integrada por suplentes, anuló el 27 de enero pasado el caso Fénix, relacionado con lavado de Q350 millones en IGSS, el cual estaba a cargo de la Feci.

En este caso había 52 personas implicadas, entre ellos Herrera.

Los jueces que firmaron la resolución son César Aníbal Najarro López -que también dio amparo provisional a Mynor Moto para que fuera juramentado magistrado de la Corte de Constitucionalidad-, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchite Barrios.

El caso estaba a cargo de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D.

Esa misma sala de Apelaciones fue la que en diciembre anuló el proceso a favor de Armando Escribá, exdiputado procesado en una fase del caso Construcción y Corrupción sobre vínculos con constructoras que hicieron contratos millonarios con la Dirección General de Caminos en los gobiernos de la UNE y el PP. No obstante, la Cámara Penal de la Corte Suprema revirtió este fallo y lo dejó de nuevo a cargo de Aifán.

El guatemalteco Gustavo Herrera Castillo alegó ante el gobierno de Nicaragua que era perseguido Político de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), consiguiendo así, asilo Político.  El vocero de CICIG, Matías Ponce explicó que no hay declaraciones oficiales sobre el tema pero sí podían afirmar que “el Sr. Herrera es sindicado en nuestras investigaciones”.

En el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, indica:

“A través de la Fiscalía General de la República, evidencia una comunicación el 20 de abril del 2018 dirigida al Juez Undécimo de Instancia penal”. 

Además, el acuerdo específica que se admitía el traslado del caso para el juzgado de Mayor Riesgo. Por su parte el Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad indicó únicamente que no había ningún proceso penal contra Herrera, ni estaba considerado como prófugo. En este caso no se refirió sobre investigaciones en curso.