Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, este miércoles 14 de junio fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión conmutable por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo en el Caso Negociantes de la Salud.

El Tribunal Undécimo aseguró que quedó acreditado que Gustavo Alejos en el referido caso incurrió en los delitos mencionados.

Alejos por el delito de asociación ilícita fue condenado a seis años de prisión, pero rebajada en una tercera parte quedó en cuatro años de prisión conmutables a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias la condena es de dos años de cárcel, que rebajada quedó en un año y cuatro meses y siempre a razón de Q30 diarios.

Por el delito de cohecho activo la sentencia es de cinco años, pero por la rebaja en una tercera parte es de tres años y cuatro meses. Además, una multa de Q33 mil 333.33.

Alejos y los otros cuatro condenados amañaron la adjudicación de contratos por medicamentos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

La sentencia fue dictada mediante la figura de aceptación de cargos por parte de Alejos y los otros implicados.

El 26 de mayo recién pasado, El Ministerio Público (MP) pidió una pena de 24 años de prisión (con reducción en una tercera parte) para Gustavo Alejos, quien dos días antes se declaró culpable de haber hecho negociaciones fraudulentas en el IGSS con la compra y alteración de medicamentos, informaron fuentes judiciales.

El 24 de mayo, Alejos, quien fue secretario Privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, y otros cuatro implicados en el caso Negociantes de la Salud aceptaron los cargos que el MP les imputaba en el caso de corrupción relacionado con la venta de medicamentos al IGSS.

Este caso fue una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del IGSS, algunos de los cuales, según la investigación, eran sometidos a modificaciones irregulares.

Durante su declaración en esa oportunidad antes los jueces, Alejos manifestó: “le pido disculpas por todo el daño que le hice al pueblo de Guatemala, a mi familia en especial, es una lección para todos (…).

El empresario Alejandro Enrique Toledo Paz al momento de aceptar la culpa en el caso Negociantes de la Salud dijo: “Creamos necesidades para vender medicinas”.

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En esa audiencia del 24 de mayo en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, también aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud.

También aceptaron cargos José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS.

Barrientos Montepeque fue hallado culpable de asociación ilícita y tráfico de influencias; mientras que Alejandro Enrique Toledo Paz es autor responsable de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo.

Juan Pablo Muralles Morán fue encontrado culpable de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencia. César Estuardo Hernández Monroy cometió los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.

El Tribunal a Barrientos Montepeque por asociación ilícita lo condenó a seis años de prisión que rebajada en una tercera parte queda en cuatro años conmutables a razón de Q30 diarios. Por tráfico de influencia se le condenó a dos años en prisión y que rebajada corresponde a un año y cuatro meses conmutables también a razón de Q30 diarios.

Alejandro Enrique Toledo Paz por asociación ilícita fue condenado a seis años de prisión, que rebajada queda en cuatro años conmutables, también a razón de Q30 diarios. Mientras que por tráfico de influencias dos años de cárcel, pero rebajada es de un año y cuatro meses a razón de Q30 diarios.

Por cohecho activo la pena ya rebajada es de tres años y cuatro meses de prisión conmutables, siempre a razón de Q30 diarios. Además, debe pagar una multa de Q33 mil 333.33.

#AHORA | Gustavo Alejos, exsecretario privado de la presidencia, es condenado a ocho años y ocho meses de prisión conmutable por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. pic.twitter.com/anlcYkAP3B

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 14, 2023

Juan Pablo Muralles Morán por el delito de asociación ilícita recibió condena de seis años de prisión, pero rebajada son cuatro años siempre a razón de Q30 diarios.  Por tráfico de influencia la condena rebajada en una tercera parte quedó en un año y cuatro meses, también a razón de Q30 diarios.

Mientras que por cohecho activo la pena rebajada es de tres años y cuatro meses conmutables a razón de Q30 diarios. También le impusieron multa de Q33 mil 333.33.

César Estuardo Hernández Monroy fue condenado por asociación ilícita a seis años de prisión, pero por la aceptación de cargos es de cuatro años.

La condena accesoria para los cinco sentenciados es de inhabilitación especial para obtener cargos, empleos con el Estado y comisiones públicas por el periodo de cinco años.

El Ministerio Público (MP) pidió este viernes 26 de mayo una pena de 24 años de prisión (con reducción en una tercera parte) para el ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cambara, quien el pasado miércoles se declaró culpable de haber hecho negociaciones fraudulentas en el IGSS con la compra y alteración de medicamentos, informaron fuentes judiciales.

El pasado miércoles, Alejos Cámbara aceptó los cargos que el MP le imputaba por su implicación en el caso de corrupción Negociantes de la Salud, una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), algunos de los cuales, según la investigación de la Fiscalía, eran sometidos a modificaciones irregulares.

Ese día, los jueces del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal no dictaron sentencia contra Alejos y otros cuatro sindicados que, al igual que él, se declararon culpables de haber hecho negociaciones fraudulentas para beneficiar a farmacéuticas en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social.

Este viernes se informó que la sentencia se dictará el 9 de junio próximo en el mismo tribunal.

Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, aceptó los cargos por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo de manera continuada.

También aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, quien fue procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo, y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.

Además, se declararon culpables José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica, acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS, quien fue procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo.

El caso

Según la investigación del MP, la organización criminal señalada en el caso Negociantes de la Salud utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos.

Todo eso con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto de que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de algunos productos era solo de dos.

Según el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Alejos Cambara, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.

Alejos Cambara es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura.

El ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara, aceptó los cargos que el Ministerio Público (MP) le imputaba por su implicación en el caso de corrupción Negociantes de la Salud, una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del IGSS, algunos de los cuales, según la investigación, eran sometidos a modificaciones irregulares.

Alejos Cámbara, quien fue secretario Privado de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Colom, aceptó los cargos por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo de manera continuada, siete años después de haberse dado a conocer el caso.

Durante su declaración antes los jueces, Alejos Cambara dijo: “le pido disculpas por todo el daño que le hice al pueblo de Guatemala, a mi familia en especial, es una lección para todos (…).

La declaración del exsecretario privado de la presidencia fue escueta y no brindó detalles de la acusación que expuso el Ministerio Público.

De momento se desconoce si los cinco implicados en el caso que aceptaron culpas serán sentenciados, pues la audiencia se suspendió y se reprogramó para el jueves 25 de mayo a las 9 horas en la misma judicatura.

En la misma audiencia, desarrollada este miércoles 24 de mayo en el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, también aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, quien fue procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo, y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.

Además, aceptaron cargos José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica, acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS, quien fue procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo.

El empresario Alejandro Enrique Toledo Paz al momento de aceptar la culpa en el caso Negociantes de la Salud dijo: “Creamos necesidades para vender medicinas”.

El caso

Según la investigación del MP, la organización criminal señalada en el caso Negociantes de la Salud utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos.

Todo eso con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto de que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de algunos productos era solo de dos.

Según el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Alejos Cambara, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.

Alejos Cambara es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura.

EE. UU. lo sanciona

El 8 de junio de 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Alejos Cambara por su vinculación en casos de corrupción y le prohibió ingresar en su territorio junto a algunos integrantes de su familia.

Se trató de una designación pública “dada su implicación en graves casos de corrupción”.

En la designación de ese día se lee que “en su calidad oficial de secretario privado del expresidente de la República de Guatemala Álvaro Colom, Alejos estuvo involucrado en actos de corrupción que socavaron el estado de derecho y la confianza del público guatemalteco en las instituciones democráticas, los funcionarios y los procesos públicos de su gobierno”.

Ese día se informó que esa designación se efectuó “en virtud de la Sección 7031 c) de la Ley de Asignaciones relativas al Departamento de Estado, Operaciones en el Exterior y Programas Afines, 2020 (División G, Ley pública 116-94).  Conforme a la Sección 7031 c)”.

“Una vez el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su implicación, directa o indirecta, en casos graves de corrupción, esas personas no están autorizadas a ingresar a los Estados Unidos”, señala el documento.

El exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos Cámbara, quien ha estado vinculado a cinco casos de corrupción en Guatemala, ya podrá movilizarse a cualquier parte del país, luego de una resolución de este miércoles 6 de octubre de la jueza e Mayor Riesgo “A”, Claudette Dominguez.

Alejos recobró su libertad en julio pasado, pero quedó bajo arresto domiciliario luego que la jueza Erika Aifán declarara la clausura provisional en el caso “Red de poder, corrupción y lavado de dinero”; sin embargo, con la nueva resolución en el caso “Financiamiento UNE” podrá desplazarse a cualquier parte del territorio nacional.

La resolución de la jueza Domínguez determina que Alejos deberá presentar un informe mensual sobre sus ubicaciones.

Alejos también está vinculado en los casos de corrupción “Red de Poder”, “Transurbano”, “Cooptación del Estado”, “Negociantes de la Salud” y “Comisiones Paralelas 2020”.

El exfuncionario recobró su libertad, pero la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci) trata de incorporar al caso otros medios de prueba que fueron solicitados fuera del país.

También se informó que Alejos Cámbara logró la libertad debido a que en los otros procesos que se le siguen también había sido beneficiado con medida sustitutiva.

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, fue incluido en la Lista Engel que el Departamento de Estado de EE. UU. publicó el jueves 1 de julio del 2021. Esa lista es uno de los instrumentos que Washington utiliza en su lucha contra la corrupción, principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras.

En el caso Financiamiento UNE la jueza de Mayor Riesgo "A", Claudette Dominguez, este miércoles resolvió permitir que Gustavo Alejos pueda movilizarse a cualquier todo el territorio nacional y debe presentar un informe mensual sobre sus ubicaciones.|

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) October 6, 2021

Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario de la Presidencia vinculado a cinco casos de corrupción en Guatemala, recobró su libertad y estará bajo arresto domiciliario luego que la jueza Erika Aifán declaró clausura provisional en el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero.

Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de  Álvaro Colom, integra la Lista Engel que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves 1 de julio del 2021 que contiene un listado que envió al Congreso de aquel país sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Alejos está vinculado en los casos de corrupción Red De Poder, Transurbano, Cooptación del Estado, Financiamiento UNE, Negociantes de la Salud y Comisiones Paralelas 2020.

La jueza Aifán declaró la clausura provisional del caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero con lo cual Alejos pudo abandonar la cárcel de Mariscal Zavala, en donde estaba en prisión preventiva.

Alejos recobró su libertad y guardará arresto domiciliario mientras la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci) incorpora al caso otros medios de prueba que fueron solicitados fuera del país.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, dijo que la decisión de la jueza fue debido a que existe información financiera que se encuentra fuera del país y que en el momento oportuno fue solicitada a Panamá por medio de Asistencia Judicial Internacional y está pendiente de ser incorporada al proceso, por lo que se dio un plazo para que ser reciba la información.

Dijo que cuando esta información ya esté disponible la Feci ya podrá hacer requerimientos como la apertura a juicio de ese caso.

Según se informó, Alejos Cámbara logró la libertad debido a que en los otros procesos que se le siguen también había sido beneficiado con medida sustitutiva.

La lista Engel

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el 1 de julio del 2021 un listado que envió al Congreso de aquel país sobre personas señaladas en actos de corrupción en Guatemala, y también en El Salvador y Honduras.

Entre los políticos señalados en el listado, resalta el expresidente de la República, Álvaro Colom; el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez; los excandidatos presidenciales Mario Estrada y Alejandro Sinibaldi, entre otros.

Este lunes 26 de abril el Gobierno de Estados Unidos y el Reino Unido impusieron sanciones Gustavo Adolfo Alejos Cambara y Felipe Alejos Lorenzana por el papel que han jugado para promover la corrupción en Guatemala.

Estados Unidos sancionó tanto a Gustavo Alejos como a Felipe Alejos, mientras que el Reino Unido, solamente a Felipe Alejos.

Según un comunicado de prensa del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken., Gustavo Alejos y Felipe Alejos buscaron interferir con el proceso de selección judicial para la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones de Guatemala.

Gustavo Alejos se desempeñó como jefe de gabinete de la administración presidencial de Álvaro Colom 2008-2012, y Felipe Alejos es un delegado electo al Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-2024.

El documento agrega que ambos, “supuestamente facilitaron pagos a representantes del Congreso y jueces en un intento de influir en el proceso de selección de magistrados en ambos tribunales y asegurar fallos judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos —así como a los jueces de la CSJ— de juicios por corrupción actuales y futuros”.

Ley Magnitsky

El comunicado detalla que Gustavo Alejos y Felipe Alejos son designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, que tiene como objetivo a los perpetradores de graves abusos a los derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

“Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de EE. UU. Para designar públicamente tanto a las personas como a sus familiares inmediatos, en virtud de la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados debido a su participación. en corrupción significativa”, cita el texto.

Según se lee en el comunicado, estas sanciones apoyan los esfuerzos del pueblo de Guatemala para poner fin al flagelo de la corrupción, como parte del compromiso del gobierno de los Estados Unidos de apoyar mejoras en la gobernabilidad en Guatemala.

Hace referencia a que estos esfuerzos son liderados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, así como por el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga.

Añade que estos compromisos apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco para que puedan construir un futuro más brillante.

“Estas acciones de sanción se llevan a cabo en estrecha coordinación con el Reino Unido y coinciden con el establecimiento de su nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Al coordinarnos con socios globales de ideas afines, podemos combatir la corrupción de manera más efectiva, incluso interrumpiendo el acceso al sistema financiero internacional por parte de actores corruptos y sus redes. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con sus aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a los actores corruptos”, concluye el comunicado.

La sanción

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió un comunicado en el que detalla la sanción que se aplicará a Gustavo y Felipe Alejos.

La información da cuenta que todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otro modo, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o para el beneficio de cualquier persona bloqueada o el recibo de cualquier contribución o provisión de fondos o bienes.

“Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el autoenriquecimiento en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, según cita el comunicado.

Agregó que:  “Esta acción sirve para arrojar luz sobre la corrupción y promover la rendición de cuentas para aquellos que buscarían frustrar el proceso judicial”.

Reino Unido sanciona a Felipe Alejos

El Reino Unido publicó este lunes 26 de abril su Reglamento Global anticorrupción, con el que sanciona a varios individuos alrededor del mundo, y en el listado incluye a Felipe Alejos Lorenzana.

Según un comunicado de la Embajada Británica en Guatemala, en su capacidad oficial, “Felipe Alejos Lorenzana se desempeñó como intermediario de funcionarios corruptos en un escándalo de corrupción a gran escala que involucró a la Administración Tributaria de Guatemala. Su conducta socavó la democracia, el estado de derecho y la buena gobernanza en Guatemala. Las sanciones incluyen la congelación de activos y prohibición de viajar”.

Esta designación se realiza en virtud del Reglamento de Sanciones Globales Anticorrupción de 2021 del Reino Unido, lanzado este día y puesto en marcha para prevenir y combatir la corrupción grave. El Reglamento de Sanciones Globales Anticorrupción de 2021 es legislación secundaria establecida en virtud de la Ley de Sanciones y Blanqueo de Capitales de 2018 y estos reglamentos han reemplazado el sistema de sanciones de la UE.

La Ley de Sanciones y Blanqueo de Capitales de 2018 establece que, en los casos en que el Secretario de Relaciones Exteriores “tenga información fidedigna que funcionarios de gobiernos extranjeros hayan estado involucrados en actos de corrupción significativa, se prevenga a los involucrados en hechos graves de corrupción, como Felipe Alejos Lorenzana, de entrar en el Reino Unido, así como impedir que sus activos puedan negociarse en el Reino Unido”.

El documento agrega que las acciones del Reino Unido apoyan los intereses de seguridad pública del Reino Unido y envían un fuerte mensaje político de que el Reino Unido considera que esta conducta es inaceptable.

Aclara que estas sanciones globales anticorrupción van dirigidas a personas, no a países y que actualmente el Reino Unido no tiene otras sanciones contra ciudadanos guatemaltecos.

“Estas medidas se han tomado en parte conjuntamente con los Estados Unidos, que hoy también anuncian nuevas sanciones por corrupción. Actuar juntos envía la señal más clara posible de que la corrupción tiene un alto precio”, cita el comunicado.

Agrega que el Reino Unido sigue apoyando iniciativas que se alinean con sus propios valores de democracia, el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho y que continuarán trabajando con Guatemala para fortalecer la relación económica bilateral y abordar otros temas de máxima prioridad, como enfrentar el cambio climático y seguir promoviendo la buena gobernanza.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite este jueves 11 de febrero al antejuicio promovido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en contra del magistrado Henry Alejandro Elías Wilson, quien es señalado en la investigación conocida Comisiones Paralelas 2020.

La CSJ designó a un juez pesquisidor que se encargará de conocer el proceso contra Elías, magistrado de la Sala de la Corte Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otra Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual.

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El 29 de julio del 2020, la Feci solicitó el retiro de derecho de antejuicio contra los magistrados:

Selvin Wilfredo Flores Divas, de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula.

Henry Alejandro Elías Wilson, sala de la Corte Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otra Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual.

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Jaime Fernando Echeverría Argueta de la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango.

Estos magistrados son señalados de haber tenido comunicación con Gustavo Alejos y participado en reuniones no oficiales, cuyo fin, según investigadores, sería pactar la lista de candidatos que en ese momento trabajaban las comisiones de postulación para las Cortes de Apelación y la CSJ.

Los tres funcionarios no aparecen en la nómina final de candidatos en las comisiones de postulación que fue remitida al Congreso.

Según la Feci, el primero de los mencionados en el listado de arriba renunció a su nominación, porque ante la eventual elección de magistrados de altas cortes que ocurriría en días anteriores, en forma inmediata hubiesen perdido la prerrogativa de la que gozan y podrían ser investigados.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) entregó acusación en contra del exsecretario de la Presidencia, Gustavo Alejos.

La acusación es por evasión al haber abandonado sin autorización judicial el sanatorio donde estaba internado, supuestamente para negociar elecciones de cortes nacionales.

Esta es la sexta acusación que Feci presenta contra Alejos por el delito de evasión.

Alejos Cámbara se habría evadido de la prisión preventiva para sostener diversas reuniones con allegados políticos, aspirantes a magistrados, integrantes de comisiones de postulación y magistrados del Organismo Judicial.

En agosto pasado, la Feci añadió que la investigación determinó actividades criminales, cuyo génesis es la concertación de un conjunto de actores que buscan influencia indebida en el proceso de selección de magistrados para CSJ y magistraturas de Salas de la Corte de Apelaciones, así como otros tribunales de igual categoría.

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Según la investigación, funcionarios judiciales han mantenido comunicación permanente (visitas, mensajes y llamadas telefónicas) con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.

Gustavo Alejos guarda prisión y está procesado en cinco casos de corrupción, Negociantes de la Salud, caso Cooptación del Estado, caso Transurbano -evento Prepago-, caso Financiamiento Ilícito UNE, caso Red de Poder, Corrupción y Lavado).

En un comunicado del Ministerio Público (MP), se detalla que en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, este jueves 16 de julio la Fiscalía Especial contra la Impunidad ha solicitado el levantamiento de inmunidad de funcionarios judiciales que, entre el período de febrero 2020 y la fecha actual han mantenido comunicación permanente (visitas, mensajes y llamadas telefónicas) con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.

Estos jueces y magistrados son señalados por los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución Política de Guatemala y asociación Ilícita.

Los funcionarios judiciales señalados están incluidos en la nómina final remitida al Congreso de la República por las respectivas comisiones de postulación

Los jueces y magistrados señalados son:

• Dasma Janina Guillén Flores, magistrada de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Quetzaltenango.

• Edwin Albino Martínez Escobar, magistrado Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Santa Rosa.

• Flor de María Gálvez Barrios, magistrada Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia.

• Geisler Smaille Pérez Domínguez, juez de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Mixco, Guatemala.

• Heidy Pamela Delgado Castellanos, magistrada Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa.

• José Alejandro Córdova Herrera, magistrado Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia.

• José Luis de Jesús Samayoa Palacios, magistrado Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

• Luis Mauricio Corado Campos, magistrado Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

• María Eugenia Castellanos Cruz, jueza del Tribunal de Sentencia Penal para Procesos de Mayor Riesgo B

• Oscar Ruperto Cruz Oliva, magistrado Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia

• Rafael Morales Solares, magistrado Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual.

• Romeo Monterrosa Orellana, magistrado Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Jalapa

• Wilber Estuardo Castellanos Vanegas, magistrado Sala Primera de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil.

Antecedentes del caso

Según el MP, en el marco del caso Comisiones Paralelas 2020, la investigación preliminar de la fiscalía permitió “determinar la comisión de actividades criminales, cuyo génesis es la  concertación de un conjunto de actores, que buscan influencia indebida en el proceso de selección de magistrados para Corte Suprema de Justicia y magistraturas de Salas de la Corte de Apelaciones, así como otros tribunales de igual categoría. Estos hechos se materializan en actividades comparables a “comercialización informal”, consolidadas como un trueque de favores”.

Añadió que con las negociaciones paralelas se distorsionó el sistema de justicia y por eso la Fiscalía tiene la tesis sobre posibles negociaciones ilícitas, determinándose que entre las personas que interactuaron con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, estaban comisionados de postulación, postulados a integrar altas cortes, actores externos al proceso, pero con interés en el mismo, diputados al Congreso de la República (que a la postre, se convierten en electores).

“El interés específico de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, tiene lógica con los cinco procesos penales en que está involucrado, y el hecho que las entidades de selección son permeables por intereses especiales, como éste, esta situación puede conllevar una manipulación de los procesos de selección y en la toma de decisiones basados en criterios políticos en lugar de en una debida evaluación de los nominados”, refiere el documento.

Es por ello que el MP dice que estas situaciones “despiertan suspicacia con relación a la legitimidad del proceso de postulación”.

El documento del MP  dice que a pesar de que Alejos Cámbara se encuentra procesado en cinco causas penales, recibió visitas de diversos funcionarios y actores políticos con el aparente propósito de incidir de forma directa y contundente en la elección de quienes ocuparán las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categoría.

No obstante, lo señalado por la Comisión de Postulación para Salas de la Corte de Apelaciones y la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia, ambas para el periodo 2019-2024, trasladaron al Congreso de la República de Guatemala las nóminas correspondientes, en las que figuran candidatos, que fueron beneficiados por el pacto promovido a instancias de Alejos Cambara.

“Gustavo Adolfo Alejos Cámbara tiene interés directo en la manera de conformar las altas cortes, habida cuenta de la existencia de cinco procesos penales en su contra (caso Negociantes de la Salud, caso Cooptación del Estado, caso Transurbano -evento Prepago-, caso Financiamiento Ilícito UNE, caso Red de Poder, Corrupción y Lavado), los que tienen por común denominador que se encuentran pendientes de llegar a la etapa de juicio”, concluye el documento.

Las cortes que resulten electas en el proceso que debió finalizar en 2019, y que a la fecha continúa en trámite, serán las que en definitiva resolverán la situación en los distintos procesos de Alejos Cámbara, por lo que los hallazgos de la investigación preliminar que se muestran seguidamente, tratarían de poner en relieve la realización de conductas ilícitas, como el tráfico de influencias.

La influencia que se avizora en el caso en concreto, está dirigida a todo el complejo entramado de operaciones que lleva consigo la elección de magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, porque supone un verdadero ataque a la libertad de quienes ejercen o están por ejercitar la función pública:

a) Los comisionados que deben remitir nóminas de elección.

b) Los postulados, cuya intención en un primer momento es

integrar una nómina, y seguidamente su interés es ser seleccionados.

c) Los electores finales, que para el caso guatemalteco, están constituidos por los

diputados al Congreso de la República.

De ahí que sean el chantaje moral, las perspectivas profesionales futuras, el temor de ser eliminados de listas, las que hacen que la influencia punible desde la perspectiva criminal, que no debe confundirse con la mera recomendación, insinuación o sugerencia sutil o difusa.

En este caso, lo que ha establecido la investigación penal preliminar, es que ésta influencia se ha tratado de ejercer aprovechando no solo los intereses personales y

profesionales, además de las relaciones personales, de carácter familiar,

afectivas y amistosas.

El impacto sobre la justicia. En un sistema afectado por la corrupción y la

falta de independencia judicial, los ciudadanos no gozan de igualdad ante la

ley, ni tienen las garantías de ser privados de libertad, acusados o juzgados

con base en hechos fundamentados, por autoridades objetivas e imparciales

a partir de elementos de pruebas dignos de credibilidad.

El Ministerio Público (MP) reporta la recaptura de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara luego de que la investigación determinara que vulneró las medidas de coerción dictadas en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad en coordinación con la Policía Nacional Civil efectuó dos allanamientos en la zona 2 de la ciudad de Guatemala.

Uno de estos en un hospital privado y otro en una residencia particular próxima al centro asistencial.

Durante las diligencias se detuvo a Alejos Cámbara por el delito de evasión, porque según el MP, vulneró las medidas de coerción dictadas en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado consistente en prisión preventiva con autorización de estar internado en un hospital privado con custodia del Sistema Penitenciario por supuesta enfermedad.

Actualmente, Alejos Cámbara se encuentra ligado a proceso penal en cinco casos distintos: negociantes de la salud, cooptación del Estado, Transurbano, Financiamiento Ilícito UNE y Red de Poder, Corrupción y Lavado.

Alejos Cámbara fue el secretario privado del presidente Álvaro Colom Caballeros

Gustavo Alejos llega a Torre de Tribunales luego de ser capturado por evadir medidas sustitutivas que lo mantenían en un hospital. pic.twitter.com/cQOZMFrppq

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) February 18, 2020