La sesión que comienza este martes en la Asamblea Nacional de Ecuador será crucial para el futuro del presidente, Guillermo Lasso, y del país.

Lasso se encuentra entre la espada y la pared, ya que podría ser destituido en las próximas semanas si el parlamento, dominado por la oposición, logra una mayoría suficiente de más de dos tercios de la cámara, es decir, al menos 92 del total de 137 asambleístas.

Estos debatirán primero si aceptan o no la “censura y destitución” del jefe de Estado. En la sesión del martes intervienen el presidente -confirmó su presencia para defender su inocencia- y los interpelantes.

Habrá turnos de réplica y se espera un intenso debate sobre las presuntas irregularidades que los opositores atribuyen a Lasso.

Lo acusan de “peculado” (malversación de fondos públicos) por supuestamente tener conocimiento de actos de corrupción de funcionarios que habrían otorgado de forma fraudulenta varios contratos de transporte de petróleo, el principal activo de Ecuador.

Tras el debate parlamentario, el líder de la Asamblea deberá convocar al pleno en un plazo de cinco días para votar la moción de censura contra el presidente y exbanquero de 67 años que gobierna el país desde mayo de 2021.

Según lo que depare esa votación, se plantean tres posibles escenarios.

1. Lasso se salva

Si los opositores logran menos de 92 votos, Lasso continuará con su mandato hasta las próximas elecciones generales de 2025.

El presidente ya eludió con éxito una moción para destituirlo en junio de 2022 cuando, en plena ola de protestas del movimiento indígena, el parlamento solo acumuló 80 votos y la oposición no logró su objetivo.

Cuando el pasado día 9 la Asamblea Nacional dio luz verde al proceso de juicio político contra el presidente, lo hizo por mayoría simple, con 88 votos a favor.

Ahora la barrera es más alta, 92 votos, por lo que la oposición necesitará al menos cuatro diputados más para destituir a Lasso.

Los promotores del juicio político confían en lograr esta mayoría más amplia, ya que en la primera votación solo estaban presentes 116 de los 137 legisladores que integran el parlamento.

Mientras, los partidarios del presidente esperan que la oposición no sume nuevos votos para la sesión plenaria que decidirá su suerte, e incluso buscan restarle apoyos usando sus habilidades negociadoras dentro de la heterogénea Asamblea ecuatoriana.

“Aparentemente están logrando estabilizar su situación en la Asamblea. Llegan al juicio político creyendo que no hay los votos suficientes para destituir a Lasso, aunque el riesgo de que se equivoquen es muy alto”, indica a BBC Mundo Arturo Torres, director del medio digital Código Vidrio especializado en política ecuatoriana.

Los analistas creen, en todo caso, que cualquiera que sea el resultado, se decidirá por un margen ajustado.

Y, si finalmente el presidente supera la moción de censura y permanece en el cargo, “le espera un escenario complejo, crítico“, avisa el experto.

Primero, Ecuador es un país inmerso en una fuerte crisis de seguridad por el aumento incontrolado de la delincuencia organizada en los últimos dos años sin que el ejecutivo de Lasso haya aportado soluciones efectivas.

“Hay mucha inconformidad en la población con la gestión del gobierno, y eso se suma a una oposición dañina que va a tratar de boicotear cualquier iniciativa del presidente”, explica Torres.

La oposición, liderada por el correísmo, no solo tiene la mayoría en la Asamblea sino también en el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo clave en la política de Ecuador encargado de designar a las autoridades de control como el contralor general, el fiscal general y miembros de la Corte Constitucional, entre otras.

2. Destitución del presidente

Si la oposición logra 92 o más votos, Lasso será destituido de su cargo.

De los 137 escaños de la Asamblea Nacional, 47 pertenecen a Unión por la Esperanza (UNES), el partido de izquierdas que lidera el expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica al tener condenas pendientes por corrupción en Ecuador.

El Movimiento CREO del presidente Lasso solo cuenta con 13 asambleístas, mientras los 77 asientos restantes pertenecen a otros 7 partidos, además de legisladores provinciales e independientes.

Si los correístas logran sumar dos tercios de la cámara y destituyen al actual jefe de Estado, asumiría la presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero, que permanecería en el cargo hasta las próximas elecciones previstas para 2025.

De suceder esto, pronostica el director de Código Vidrio, “podríamos esperar una presidencia débil, sin grandes logros, en la que el nuevo presidente terminaría su mandato con las dificultades de coyuntura y estructurales que tenemos hasta ahora”.

El ejecutivo, considera, “estaría debilitado por toda la crisis y viviríamos una acelerada transición que esperemos sea en calma y en paz, pero también favorecería a la oposición, al correísmo, que se nutre de los errores del gobierno para apuntalar sus tesis políticas”.

El cambio de presidente, al menos, podría atenuar un poco la beligerancia de los opositores, que hasta ahora han personificado en Lasso gran parte de sus críticas y ataques al gobierno.

3. Muerte cruzada

Dejar la presidencia en manos de su número dos sería, opina Torres, menos desfavorable para el presidente que la tercera opción: que el propio Lasso invoque la “muerte cruzada”.

Se trata de un mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar.

Al hacerlo, sin embargo, también debe convocar en seis meses nuevas elecciones legislativas y presidenciales en las que no puede postularse a la reelección.

De ahí viene el término “muerte cruzada”, ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional perderían sus atribuciones.

Desde que este procedimiento se introdujera en la Constitución de 2008 -bajo el gobierno de Correa- nunca se ha aplicado, y se considera poco probable que Lasso lo haga ahora.

“Es una jugada sensible y llevaría al presidente a un suicidio político, porque le quedarían seis meses para gobernar por decreto para convocar unas elecciones anticipadas”, opina el periodista Arturo Torres.

Considera que decretar la muerte cruzada “sería un escenario más favorable para los correístas, que son quienes están hablando de esa posibilidad”.

“Piensan que si se celebran elecciones anticipadas en este contexto de descontento generalizado con el gobierno, podrían recuperar el poder”, puntualiza.

La muerte cruzada les podría generar, además, otro grave problema al ejecutivo de Lasso y al país en general: una ola de protestas con consecuencias imprevisibles.

Movimientos indígenas ya advirtieron de movilizaciones si esto sucede, y podrían sumarse otros colectivos políticos y sociales.

“Es un escenario conflictivo que no va a resolver, sino agudizar, los problemas de la gente de a pie”, considera el experto.

Y es que, asegura, los ecuatorianos “observan con mucha distancia el juicio político y están más pendientes de su realidad cotidiana, marcada por la situación de inseguridad que vive el país, la corrupción y el empeoramiento de los servicios públicos, entre otras cosas”.

Son más de 12 millones de documentos que revelan el uso de compañías offshore en paraísos fiscales, la riqueza secreta, la evasión de impuestos o, en algunos casos, el lavado de dinero por parte de las personas más poderosas y adineradas del mundo.

En estos archivos aparecen 35 presidentes o expresidentes, 14 de ellos pertenecen a América Latina.

Sebastián Piñera, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana, aparecen en la investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Además figuran 11 expresidentes de la región. Entre los más conocidos están los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana y el peruano Pedro Pablo Kuczynski.

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“Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de este sistema offshore, entonces hay que preguntarse cómo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y de transparencia”, le dice a BBC Mundo Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina.

Por su parte, Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas, una red de periodistas que evaluó la información de los Pandora Papers para Colombia, sostiene que “llama poderosamente la atención que en esta oportunidad aparezcan un volumen tan alto de primeros mandatarios o primeros exmandatarios de la región”.

“Serán las autoridades quienes tengan que determinar si hay o no una irregularidad, pero precisamente como cabezas máximas del ejecutivo deberían ser los primeros en dar ejemplo de transparencia y no tener espacios que den a entender que hay algo de secretismo en el manejo de sus cuentas y sus finanzas personales”, añade Huertas.

Estos son algunos de los principales hallazgos de los Pandora Papers en América Latina

Chile

Antes de ser presidente Piñera ya era reconocido como una de las personas más ricas de Chile. Gran parte de su fortuna la hizo en los 80, cuando creó una compañía de tarjetas de crédito. También invirtió en la aerolínea LAN, en el equipo de fútbol Colo Colo y un canal de televisión.

La investigación del ICIJ menciona un negocio de la familia Piñera, que involucra la compraventa del proyecto minero Dominga.

Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera Moral era la mayor accionista de este proyecto minero.

Esto fue así hasta 2010, cuando Piñera llevaba 9 meses en el poder.

Ese año, el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones.

Parte de esta operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.

Según las investigaciones del ICIJ, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas.

El pago de la última cuota, por valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina.

El detalle, indica LaBot, es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Piñera.

Cuatro meses antes de que se hiciera ese trato, Piñera detuvo la construcción de una planta termoeléctrica en un área de interés ambiental cerca del proyecto minero, argumentando que quería proteger un “santuario de la naturaleza”, según recoge el ICIJ.

A pesar de la presión de los grupos ambientalistas, Piñera no implementó tales protecciones.

El ICIJ explica que no está claro si la reserva natural habría hundido el proyecto minero, o si el pago finalmente se realizó.

El proyecto minero aún está en trámite para lograr su aprobación.

En un comunicado citado por la agencia EFE, Piñera dijo no haber “participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta” del proyecto Dominga.

“Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia”, señala el comunicado.

“Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (…) y la falta de participación del presidente”, señala el comunicado citado por EFE.

Ecuador

Los Pandora Papers muestran que Guillermo Lasso, exbanquero y presidente de Ecuador, ha tenido vínculos con 10 compañías offshore y fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, EE.UU.

En 2017, en Dakota del Sur se crearon los fideicomisos Bretten Trust y Liberty US Trust, señala el ICIJ.

Lasso autorizó la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Bernini y Barberini, a esos dos nuevos fideicomisos, dice la investigación.

Según las reglas que rigen cada fundación, se realizarían distribuciones mensuales a los beneficiarios después de la muerte de Lasso, incluyendo US$20.000 para su esposa; US$2.000 para sus hijos; y US$1.500 para su hermano.

En declaraciones al ICIJ, Lasso dijo que no tiene ninguna relación respecto a la propiedad, el control, el beneficio o el interés de ningún tipo de Bretten Trust y Liberty US Trust.

Lasso también sostuvo que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, la cual prohíbe a candidatos y servidores públicos tener sociedades offshore.

Otras diez compañías offshore y fundaciones de interés privado pertenecientes a Lasso y que aparecen en los Pandora Papers han sido disueltas.

El presidente le dijo al ICIJ que estas entidades ya no existen legalmente, que su uso en el pasado fue legítimo, y que ninguna estuvo relacionada con su servicio público.

República Dominicana

Luis Abinader, presidente de República Dominicana desde 2020, es una de los políticos latinoamericanos que figuran en los Pandora Papers.

Antes de ser presidente Abinader fue el director general del Grupo Abicor, un consorcio familiar que incluye una firma de construcción y bienes raíces, una cementera y una universidad privada.

Él, un hermano y una hermana aparecen como dueños de dos empresas creadas en Panamá: Littlecot Inc. y Padreso S.A., de acuerdo a ICIJ, fundadas en 2011 y 2014, respectivamente.

Según le dijo el mandatario a ICIJ, Littlecot “posee una propiedad familiar en República Dominicana” y Padreso S.A. “posee acciones de otras entidades que poseen propiedades y extensiones de la universidad privada” O&M que pertenece a su familia.

Cuando asumió la presidencia, Abinader declaró y puso ambas compañías offshore y al menos otras siete— bajo un “fideicomiso revocable”, detallaron ICIJ y el portal dominicano Noticias SIN.

Ante la filtración, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental de República Dominicana, Homero Figueroa, defendió la “transparencia” de Abinader.

En Twitter Figueroa sostuvo que la información publicada por los Pandora Papers hace recordar que la declaración de patrimonio de Abinader “incluye todas las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar”.

Antes de la publicación de los Pandora Papers, ICIJ le preguntó a Abinader por qué tenía empresas offshore.

En declaraciones al ICIJ, Abinader dijo que tiene entidades offshore porque, hasta hace poco, República Dominicana no contaba con leyes corporativas suficientes para que las compañías locales hicieran negocios en el exterior.

Colombia

El capítulo colombiano de Pandora Papers incluye 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore, según revela el diario El Espectador y la red Connectas.

En la lista en que la aparecen millonarios, embajadores y excongresistas, destacan los espresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana.

El ICIJ muestra negocios entre compañías creadas por Gaviria y familiares cercanos en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

El expresidente y su hermano Luis Fernando Gaviria figuran como directores de MC2 Internacional SA, una compañía registrada en Panamá relacionada con el sector de hidrocarburos.

En su fundación, varias “empresas cascarón” con sede en Panamá actuaron como accionistas, señala el ICIJ.

Con el tiempo, la sociedad panameña se convirtió en la única accionista de la empresa colombiana MC2 S.A.S. ESP., una compañía dedicada a la comercialización, transporte, compresión, almacenamiento y descompresión de gas natural.

MC2 S.A.S. ESP., fue constituida en 2006 por Luis Fernando Gaviria y, un año después, el expresidente Gaviria se unió al negocio como accionista mayoritario.

“En 2010, según documentos de la Cámara de Comercio, la estructura societaria de la empresa cambió, los accionistas dejaron de ser personas naturales y quedaron en cabeza de MC2 Internacional S.A.”, según la investigación publicada por El Espectador y CONNECTAS.

Los documentos revelaron que en los años siguientes “ingresaron nuevos socios, pero César y Luis Fernando Gaviria se han mantenido”.

El ICIJ no obtuvo respuesta por parte del expresidente, pero su hermano les envió un correo en el que manifestó que “la información financiera y tributaria de los ciudadanos colombianos está amparada por la reserva documental“.

Por su parte, Andrés Pastrana y su esposa Nohra Puyana aparecen registrados como propietarios de la empresa panameña Vanguard Investment Inc.

Esta sociedad a su vez es accionista de la firma colombiana Salatina Puyana y Cía S. en C, propiedad de Pastrana.

Según indica El Espectador y Connectas, durante una década el nombre de la empresa colombiana como accionista de la panameña se mantuvo en anonimato, usando la figura de acciones al portador.

En 2016, a raíz de cambios en la regulación, se incluyó el nombre real de la firma dueña de las acciones.

Según las explicaciones de Pastrana, citadas por El Espectador y Connectas, su objetivo era “hacer inversiones colombianas en el exterior”.

Sobre Vanguard Investment, el expresidente dijo que se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio” e insistió en que la información siempre estuvo disponible al público.

Perú

El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, es otro de los exmandatarios que aparecen en los Pandora Papers.

En su caso, la filtración se centra en la empresa offshore Dorado Asset Management Ltd.

La compañía fue creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2004, mientras PPK era ministro de Economía en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

Fue trasladada a Perú en 2014 y funcionó hasta marzo de 2019, detalla ICIJ.

De acuerdo a los Pandora Papers, el fin de la empresa era “ofrecer asesoría financiera y servicios de inversión”.

Pero en 2018, PPK reconoció que “le había vendido su casa a Dorado por US$695.000 para evitar pagar impuestos en EE.UU. cuando renunció a la ciudadanía de ese país”, dice el ICIJ. Sus abogados dijeron en su momento que la venta era legal.

Pero en 2019, la Fiscalía peruana descubrió que el dinero que Dorado le pagó a PPK por su casa provenía de otra empresa de PPK, Westfield Capital Ltd., detalla ICIJ.

Westfield Capital fue una de las dos empresas de PPK que recibieron pagos por asesorías de la constructora brasileña Odebrecht mientras que Kuczynski era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo.

PPK renunció en marzo de 2018 a la presidencia de Perú en medio de acusaciones de haber recibido supuestos sobornos de Odebrecht. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario mientras la autoridades peruanas investigan dichos cargos.

México

De México aparecen 3.047 registros de personas que movieron fortunas a paraísos fiscales.

Entre ellos resaltan el político Julio Scherer, quien fue consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el pasado 2 de septiembre.

También está el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis.

Empresarios reconocidos como Germán Larrea y María Asunción Arámbulo Zabala aparecen también en la lista.

Otros líderes de la región

En América Latina los Pandora Papers incluyen casi 100 políticos y funcionarios de 18 países a quienes se les encontraron vínculos con compañías offshore.

Entre los más prominentes que menciona la investigación aparecen los expresidentes Porfirio Lobo de Honduras, Alfredo Cristiani y Francisco Flores de El Salvador, Horacio Cartes de Paraguay, y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares de Panamá.

En Brasil, los Pandora Papers involucran al ministro de Economía, Paulo Guedes, y al presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto.

Este domingo se impuso con una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre Andrés Arauz, que concedió la derrota.

“Este es un día histórico, un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos”, dijo Lasso ante sus simpatizantes reunidos en Guayaquil la noche del domingo.

Ya antes de la campaña había alertado de la compleja tarea que le espera.

“Recibiremos un país complicado, el gobierno nacional no tiene liquidez, apenas un saldo de US$400 millones en la reserva que representan apenas el 20% del gasto mensual del gobierno”, dijo a BBC Mundo antes de la elección que ganó este domingo.

“Es, además, un gobierno con una deuda que llega al 63% del Producto Bruto Interno, a la que hay que añadirle atrasos de pagos con municipios, prefecturas, sistemas de seguridad social y con el Banco Central. Todo sumado le puedo decir a ojo de buen cubero, que la deuda llega a US$80.000 millones”, añadió.

En el triunfo del exbanquero y empresario conservador de 65 años fue clave el descontento que genera el expresidente Rafael Correa, que patrocinaba a Arauz, entre los electores que no votaron por Lasso en la primera vuelta del 7 de febrero.

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Pero su partido, el Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO), tiene solo 12 legisladores en la Asamblea Nacional, a los que puede sumar los 19 de su aliado el Partido Social Cristiano. Enfrente tendrá al correísmo con 48 asambleístas, lo que le obligará a ciertas concesiones que comenzaron en la campaña.

“Por cada voto que consiguió abriendo su propuesta, yo creo que bajó en gobernabilidad, porque empezó a repartir el pastel a muchos comensales que, en el momento de gobernar, le van a pasar factura”, dijo a BBC Mundo el analista Pedro Donoso.

Donoso añadió que el anticorreísmo como fuerza política tampoco es un grupo homogéneo y que Lasso deberá lidiar con intereses encontrados.

Lasso es un conocido banquero y empresario ecuatoriano que participa en distintos conglomerados financieros.

Suele referirse a un origen familiar humilde que lo llevó a comenzar a trabajar con 15 años en la Bolsa de Valores de su ciudad, Guayaquil. Así trata siempre de quitarse la etiqueta de banquero rico que no se preocupa de los más humildes.

Fue rápidamente escalando posiciones hasta convertirse en presidente del Banco de Guayaquil por casi 20 años. A comienzos de los 90, llegó a liderar la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

En agosto de 1999 fue nombrado ministro de Economía, pero debido a las diferencias que tuvo con el entonces presidente Jamil Mahuad sobre cómo manejar la economía del país, renunció un mes después.

Bajo el lema “emprendimiento, innovación y futuro”, Lasso dijo en la campaña que respetará el acuerdo del país con el FMI (Fondo Monetario Internacional), excepto en un punto.

“Nosotros no vamos a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no vamos a hacer es a subir el IVA”, dijo refiriéndose a una polémica medida que busca aumentar la recaudación fiscal de un país con altos niveles de déficit y deuda pública.

Qué propone

En su plan de gobierno, el candidato propone crear nuevos puestos de trabajo, subir el sueldo mínimo a US$500 al mes, acabar con el hambre de más de un millón de ecuatorianos, atraer inversión extranjera y combatir la corrupción, argumento con el que ha golpeado a Correa y a Arauz.

Cercano a las ideas del Opus Dei, Lasso, casado y padre de cinco hijos, sorprendió a la ciudadanía cuando durante la campaña electoral propuso que la escultura de Quito de la popular Virgen del Panecillo rotara para que no le diera la espalda a los ciudadanos del sur.

Siempre ha sido un férreo opositor a cualquier propuesta de ley sobre la despenalización del aborto, incluso en casos de violación, pero en campaña se mostró abierto a escuchar a los ecuatorianos y a no imponer su visión e incluso habló de una posible consulta popular sobre el tema.

“El Ecuador conoce que uno de mis principios es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ahora, siendo un presidente de un Estado laico, yo me comprometo de manera absoluta a respetar el punto de vista diferente al mío, y si hay un criterio mayoritario reconoceré que esa es la manera de ver la vida de la mayoría de los ecuatorianos”, dijo el presidente electo.

Conocido popularmente como el “eterno candidato”, esta era la tercera vez que aspiraba a la presidencia tras perder contra Correa en 2013 y contra Lenín Moreno en 2017.

Carlos Ferrín, consultor en Comunicación Política, dijo a BBC Mundo que Lasso ha cambiado en estos años: “El que compitió en 2013 era un empresario que intentaba ser político; el de 2017 lideró el momento más álgido del anticorreísmo y casi gana la presidencia”.

En esa elección, Lasso se negó inicialmente a aceptar los resultados con acusaciones de fraude electoral. Sin embargo, el viraje político que hizo Moreno en el transcurso de su gobierno lo llevó a acercarse al actual mandatario, aunque se haya desmarcado del presidente en la campaña.

“Esta versión de Lasso 2021 para mí es la mejor, con sus pequeños problemas de salud, la caída que lo obligó a llevar bastón, es un candidato más humano, más rodeado de su familia, de sus hijos, como parte de un clan”, concluye Ferrín.

Lasso, quien se autodefine como un liberal que “cree en buenas ideas y no en ideologías”, prometió poner fin a las políticas de izquierda impulsadas durante el gobierno de Correa.

En ese sentido dijo que el voto por su contrincante Arauz era sinónimo de “volver al correísmo” y que eso podría llevar a Ecuador a convertirse en una “nueva Venezuela”.

Y tras el triunfo de este domingo pareció haber logrado su objetivo.

Los retos

Si su tarea de batir a Arauz era un gran reto, también lo será manejar la economía de Ecuador, para lo que será necesario primero acelerar el plan de vacunación contra el coronavirus.

La economía ecuatoriana se contrajo por la pandemia un 7,8% en 2020 y las autoridades estiman que este año crecerá un 3,5%.

Sólo un 34% de los empleos en el país cumplen al menos el mínimo legal en horas o salarios.

Lasso ha prometido estimular la economía aumentando la inversión extranjera e impulsando la producción de petróleo, la exportación más importante de la nación sudamericana.

Promete además generar dos millones de puestos de trabajo, expandir el sector agrícola a través de préstamos a bajo interés y reducir progresivamente los impuestos.

Lasso presume de su pasado como banquero, algo que lo alejaba de algunos votantes, para defender que él sabe cómo crear empleo y financiar empresas a través del sector privado y que ahora hará lo mismo desde el público.

En ese sentido promete generar riqueza a partir de los recursos petroleros, mineros y energéticos mediante la participación del sector privado para reemplazar el financiamiento estatal.

Quizás esas dotes de empresario y de experto en finanzas son las que están detrás de que haya sido elegido por el electorado ecuatoriano frente al joven candidato de Correa en un momento de crisis económica por la pandemia y la deuda que agobia al país.

Eso llevó a Moreno a buscar la financiación del FMI, que inyectó al país US$7.400 millones.

“No queremos ocurrencias peligrosas como la de querer eliminar la dolarización; no creemos en ideas sacadas de la ineptitud. No queremos improvisación y vamos a demostrar que tenemos capacidad, voluntad y experiencia”, dijo Lasso durante la campaña, en la que explotó su experiencia y solvencia empresarial frente a su joven rival.

Lasso es además firme en su defensa de la dolarización, que rige desde hace más de 20 años la economía del país y que es muy popular entre la población.

Sin embargo, Lasso se desmarca siempre de la crisis financiera de 1999 que llevó a esa dolarización, el llamado feriado bancario (se congelaron ahorros y cuentas bancarias) que aún está en el recuerdo de muchos ecuatorianos.

Justo después de eso y por solo un mes fue ministro de Economía antes de dimitir.

Por si la labor de crear empleo, reducir la pobreza, que aumentó con la pandemia, y lidiar con la deuda no fuera suficientemente complicada, Lasso tendrá en contra a la Asamblea Nacional, lo que dificultará la gobernabilidad de un presidente que busca ahora trasladar al sector público sus éxitos financieros en el privado.