Un tribunal de Guatemala condenó este jueves 24 de agosto a 20 años de prisión a un comandante militar retirado y absolvió a otros ocho integrantes del Ejército acusados de haber masacrado a 25 personas de una comunidad indígena en el norte del país, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt (1982-1983).

“Solo condenaron a uno, y los otros ocho salieron riendo”, argumentó Pedrina Alvarado, familiar de ocho de las víctimas de la masacre cometida por un contingente militar en el caserío Rancho Bejuco, en Baja Verapaz, unos 80 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

La reacción de Alvarado se dio después de que el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, dirigido por el juez Walter Eugenio Mazariegos, decidió imponer una pena de 20 años inconmutables por delitos contra los deberes de la humanidad contra el comandante Juan Ovalle Salazar.

Sin embargo, el tribunal dejó en libertad a los comisionados militares Mario Córdova y Santiago Cojón.

También fueron declarados no culpables los expatrulleros civiles Juan López, Carlos Sesam, Lauro Garrido, Lázaro Alvarado, Mario Garrido y Santos Cojón Galeano.

El juez Mazariegos dijo que no podía declarar culpables a estos ocho militares porque “no actuaron por su voluntad” sino que “estaban obligados”.

A criterio de Alvarado, de 65 años, la sentencia de este jueves “está incompleta y no sé qué vamos hacer para encontrar justicia”.

Decenas de pobladores indígenas y organizaciones sociales acuerparon a las familiares de las víctimas en la Plaza de los Derechos Humanos, ubicada a un costado del Organismo Judicial de la capital guatemalteca.

Justicia con sabor amargo

“Esta sentencia tiene un sabor amargo”, explicó a EFE la abogada Lucía Xiloj, representante de las familias de las víctimas de la masacre

En opinión de Xiloj, el juez obvió que los “comisionados militares y los patrulleros tenían tareas asignadas y estaban bajo un mando militar”.

“Existían pruebas porque se demostró que los patrulleros estigmatizaron a esta comunidad y tenían voluntad de participación en las fuerzas armadas”, dijo Xiloj.

El crimen tuvo lugar el 29 de julio de 1982, cuando integrantes del Ejército lanzaron explosivos contra el hogar de las víctimas y enterraron sus cadáveres en una fosa común.

De acuerdo con la investigación, las fuerzas armadas cometieron la masacre porque los hombres de esta familia se habían negado a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar compuesta por campesinos bajo el mando del Estado.

Al menos cuatro de las mujeres asesinadas se encontraban embarazadas y sus hijos no nacidos forman parte de las 25 víctimas registradas.

Testimonios

Xiloj dijo que “lo consideramos una justicia a medias porque ha habido una condena contra el militar que estaba a cargo del operativo, es algo positivo, independientemente de la sentencia que se le ha emitido porque se le condenó a la pena mínima de 20 años, pero la otra parte es negativa, pues es la absolución de las ocho personas”.

En tanto, Pedrina Alvarado, víctima de la masacre, relató los momentos de terror que vivió durante la incursión de los militares en su comunidad.

Recuerda que desde hace 27 años buscan justicia que todas las víctimas clamaron por sus vidas, pero no fueron escuchados y los asesinaron.

Otra víctima recuerda que tenía 10 años cuando ocurrió la matanza y que uno de los procesados la violó y embarazó; sin embargo, durante el juicio no puedo atestiguar en su contra.

“Yo soy testigo de esta masacre, pero no me dieron la oportunidad de atestiguar, 10 años tenía cuando me violó”, recuerda la mujer.

Agregó que a consecuencia de la violación quedó embarazada y que luego que su padre fuera masacrado uno de los procesados la amenazó con colgarla a un árbol.

“Diez años tenía cuando me violó y ese dolor jamás pasa”, dijo al finalizar la audiencia de la sentencia.

La masacre se cometió bajo la aplicación de estrategias militares como la denominada “Tierra Arrasada”, que consistía en eliminar la base social de los grupos subversivos y que no hizo distinción entre mujeres, ancianos y niños en comunidades rurales del país.

Además, el crimen sucedió durante los 17 meses de Gobierno del general golpista Jesé Efraín Ríos Montt, cuyo mandato (marzo 1982 a agosto 1983) es recordado como el más sangriento de los 36 años de conflicto armado interno (1960-1996), según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Durante el régimen de Ríos Montt se masacraron a mil 500 indígenas del norte de Guatemala y por esos crímenes recibió una sentencia por genocidio en 2013. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, revocó la sentencia días después.

El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años entre 1960 y 1996, dejó más de 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, hasta la firma de la paz en 1996.

La Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) construye actualmente un memorial virtual con el apoyo de la cooperación alemana, para recordar a las 250 mil personas fallecidas o desaparecidas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La organización religiosa indicó este jueves 24 de marzo mediante un comunicado de prensa que el objetivo del memorial es recordar que “atrás de cada alma muerta y forzosamente desaparecida hay una historia, una vida, un sufrimiento”.

De acuerdo con la misma fuente, el memorial virtual se construye “con el apoyo financiero de la organización Agiamondo” mediante el “Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania”.

El director de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Nery Rodenas, aseguró que “es muy importante” la existencia de “espacios y herramientas de la nueva tecnología” que recuerden a las víctimas del conflicto armado interno.

“Y no es solamente para los familiares, sino también para universidades en temas de investigaciones”, añadió Rodenas.

El memorial contará con los datos de víctimas de varias organizaciones humanitarias en Guatemala como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y la Asociación de Familiares Detenidos de Guatemala (Famdegua).

El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos entre 1960 y 1996, en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad considerado como uno de los más sangrientos de Latinoamérica.

“Más de un 90% de los crímenes cometidos durante los 36 años de enfrentamientos entre guatemaltecos, se atribuye a los militares, según las Naciones Unidas y de la misma Odhag”, enfatizó la nota de prensa.

Por su parte, Manuel Farfán, director de Famdegua, valoró positivamente la creación del memorial virtual en memoria de las víctimas de la guerra civil guatemalteca.

“Con el memorial virtual queremos hacer visibles a nuestros familiares desparecidos, mantener la memoria viva y dar a conocer a Guatemala y a todo el mundo quienes eran y por qué los capturaron”, contó Farfán, sobrino de Rubén Amílcar Farfán, detenido por las autoridades en 1984 sin que a la fecha se conozca su paradero.

La coordinadora del proyecto en la Odhag, Luisa Nicolau, destacó que al ser un proyecto virtual “los migrantes guatemaltecos” que tuvieron que huir del país por el conflicto armado interno podrán “escuchar” y conocer la historia de lo acontecido.

Nicolau detalló que el memorial virtual estará disponible “en la página web www.memorial-genocidio-guatemala.org” con acceso para todo el público.

De acuerdo a la Odhag, existen “algunos sectores de la sociedad guatemalteca que demuestran una gran indiferencia” con respecto a las víctimas del conflicto armado interno.

“Sin embargo, miles de guatemaltecos no pueden borrar esta época de su cabeza y de su mente”, concluyó la organización religiosa.

Un tribunal guatemalteco realizó este martes una inspección judicial en una antigua base militar en el norte del país, por la desaparición forzada de tres líderes sociales durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La diligencia por parte del Tribunal de Mayor Riesgo D del Organismo Judicial guatemalteco tuvo lugar en la antigua “Zona Militar No. 21”, ahora denominada “Creompaz”, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

“Hemos hecho los recorridos que el perito nos fue a indicar y hemos concluido con esta diligencia”, dijo la presidenta del tribunal, Sara Yoc, al salir de las instalaciones de la antigua base del Ejército de Guatemala.

La inspección forma parte del proceso judicial en contra del exmilitar José Manuel Castañeda Aparicio por la desaparición de Rodolfo López Quej, su hermano Francisco Guerrero López, y el primo de ambos, Jacobo López Ac, entre el 25 y 26 de enero de 1983.

Dichas desapariciones forzadas se registraron durante uno de los períodos más sangrientos del conflicto armado interno en Guatemala, que dejó 200 mil  personas asesinadas y otras 45 mil en paradero desconocido, más del 90 % a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

López Quej, Guerrero López y López Ac eran “líderes sociales que trabajaban para mejorar las condiciones de vida” de su “comunidad” en el municipio de Tactic, en el departamento de Alta Verapaz, de acuerdo con la organización no gubernamental Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

Los tres fueron “sacados de sus casas” en enero de 1983 por más de “25 personas portando pasamontañas, armas y se los llevaron con rumbo desconocido” bajo el mando de “los comisionados militares Baltazar Milián y José Manuel Castañeda Aparicio”, precisó la misma fuente.

López Quej y Guerrero López “siguen desaparecidos” desde que fueron secuestrados de sus hogares en 1983, subrayó Caldh.

Los restos de López Ac fueron encontrados durante 2016 “en una fosa del cementerio clandestino” de la antigua “Zona Militar No 21”, junto a otras 565 personas desaparecidas, añadió Caldh.

En 2014, un tribunal absolvió a Castañeda Aparicio de un cargo en su contra por la desaparición de los tres líderes sociales, pero la decisión fue apelada por el Ministerio Público y revocada finalmente.

Es por ello que en enero de 2022 empezó un nuevo debate oral y público en su contra en el Tribunal de Mayor Riesgo D del Organismo Judicial guatemalteco, que ahora incluye como prueba contra el exmilitar los restos encontrados de López Ac en 2016, a diferencia del primer juicio en 2014.

El debate oral y público en contra de Castañeda Aparicio continuará el próximo 17 de febrero en la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

Castañeda Aparicio fue capturado de nuevo para este juicio en septiembre de 2021, mientras que el excomisionado militar Baltazar Milián fue declarado en 2014 incapaz mental y físicamente de enfrentar los cargos en su contra.

El Tribunal de Mayor Riesgo “A” halló culpables este lunes 24 de enero de delitos de lesa humanidad a cinco exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), a quienes les impuso una sentencia de 30 años de cárcel en el Caso Mujeres Achí.

Los sentenciados por hallados culpables de la esclavitud y violación sexual de mujeres Achí durante el conflicto armado interno.

“Los juzgadores consideramos que en el caso de las mujeres achi fueron sometidas a violaciones sistematizadas y a esclavitud doméstica. Por un lado eran violentadas sexualmente y por otro lado no tenían ningún tipo de apoyo psicosocial ya que fueron señaladas por la misma comunidad”, refiere la sentencia.

Agrega: “creemos firmemente en los testimonios de las mujeres que fueron violadas y sabemos que cada una de ellas constituye una individualidad, la cual valoramos y respetemos”.

El caso de las mujeres Achí, originarias de Baja Verapaz, aglutina a 36 mujeres víctimas durante el conflicto armado que sufrieron continuas violaciones sexuales de parte de estos expatrulleros que lograron ser identificados.

Aunque las denuncias fueron presentadas en 2011, fue hasta el 6 de enero que inició el juicio contra los señalados y dos semanas después, el Tribunal dará a conocer sus argumentos para la posterior sentencia.

El Tribunal de Mayor Riesgo A inició con la lectura de la sentencia contra cinco expatrulleros de autodefensa civil, mientras los acusados escuchan a través de una video llamada desde la prisión de Fraijanes@prensa_libre pic.twitter.com/ojr8pzmkoP

— Mariajosé España (@mespana_pl) January 24, 2022

Sentenciados

• Benvenuto Ruiz Aquino, 30 años de cárcel por deberes de lesa humanidad
• Bernardo Ruiz Aquino, 30 años, por deberes de lesa  humanidad
• Damián Cuxun Alvarado, 30 años, por deberes de lesa humanidad
• Francisco Cuxum Alvarado, 30 años, por deberes de lesa humanidad
• Gabriel Cuxún Alvarado, 40 años, por deberes de lesa humanidad (30), supresión y alteración del Estado Civil (8) y uso público de nombre supuesto (2)

En la última semana del juicio, el tribunal escuchó quince testimonios presenciales y en anticipo de prueba, además de conocer seis peritajes que presentaba las consecuencias de la violencia sexual en contra de estas mujeres.

Uno de los testimonios presentados en anticipo de prueba fue el de la religiosa Gregoria Barcárcel de la congregación Hijas de la Caridad, quien desde 1976 están asentados en Rabinal con programas sociales que asisten a la población.

Según mencionó, en el último lustro de la década de 1970, lograron trabajar bien hasta que la represión aumento a partir de 1980, cuando la población de Rabinal les advirtió no llegar al lugar por los riesgos que podrían correr.

En estos momentos el tribunal da a conocer la sentencia a 30 años de prisión por delitos de lesa humanidad a 5 expatrulleros de autodefensa civil por la esclavitud y violación sexual a mujeres Achi durante el conflicto armado interno pic.twitter.com/iK5XLDUDB0

— Mariajosé España (@mespana_pl) January 24, 2022

El borrador de una iniciativa de ley por medio de la cual el Gobierno pagaría una indemnización a miles de veteranos militares que participaron en el conflicto armado interno establece que para obtener los fondos necesarios se emitirán bonos del tesoro y se haría ampliaciones presupuestarias. A cambio, los militares en situación de retiro deben formar parte de un programa de servicio cívico ambiental.

El borrado de la iniciativa, que ya circula en el Congreso de la República y que se denomina “Ley del programa del servicio cívico ambiental para personas que prestaron servicio militar durante el enfrentamiento armado interno” no establece quiénes son los diputados ponentes y las sumas que se necesitarán para hacer efectivos ese pago que, en principio, era de Q120 mil por beneficiario.

Con esa ley, el Gobierno estaría pagando durante un periodo de tres años un bono a los militares retirados, quienes en los últimos años han bloqueado carreteras para obligar a las autoridades a que cedan a sus demandas; además, el año pasado, fueron los responsables de causar daños al edificio del Congreso, donde, además, quemaron varios vehículos.

“Es necesario que el Estado de Guatemala reconozca el servicio militar prestado por el personal de tropa durante el enfrentamiento armado interno”, señala la iniciativa.

Agrega que, desde la firma de la paz en 1996, “muchos de los soldados guatemaltecos que participaron activamente durante el enfrentamiento armado interno fueron separados de la fuerza permanente del Ejército de Guatemala sin haber indemnización o reconocimiento alguno por el servicio prestado”.

Añade que, de esa cuenta, “resulta necesario establecer medidas que coadyuven a elevar la calidad de vida de las personas que prestaron Servicio Militar durante el enfrentamiento armado interno, procurando la mejora en la calidad de vida” de los beneficiarios con la medida.

La iniciativa define como un tema de urgencia nacional el cuidado del medioambiente y propone que, los beneficiarios, a cambio de la indemnización participen en proyectos de esa naturaleza.

“Se constituye como un tema de urgencia nacional y de interés social, el cuidado del medio ambiente, así como la obligación del Estado de adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente”, refiere el borrador.

El artículo 1 de dicha iniciativa refiere que “se crea el Programa del Servicio Cívico Ambiental que tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad de vida de las personas que prestaron Servicio Militar durante el enfrentamiento armado interno, a través de la creación, implementación y ejecución de proyectos ambientales que se desarrollen en ejecución del objeto de las presentes disposiciones”.

El Programa de Servicio Cívico Ambiental ejecutará las actividades siguientes:

• Proyectos de reforestación, protección y/o conservación de bosque para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en tierras estatales
• Proyectos educativos en materia ambiental para conocer, cuidar, valorar y fomentar la protección al medioambiente y su entorno
• Proyectos de limpieza para la conservación, protección y mantenimiento ambiental
• Proyectos de clasificación de desechos y reciclaje
• Cualquier otro proyecto de conservación, proyección y mantenimiento del medio ambiente que la autoridad encargada considere procedente

También se creará el fondo denominado Servicio Cívico Ambiental, “el cual estará destinado a cubrir los pagos en concepto de prestación y ejecución de los proyectos que corresponden al Servicio Cívico Ambiental”. Dicho fondo será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través del sistema bancario nacional.

“El otorgamiento de pago será con exclusividad para las personas debidamente acreditadas por el Ministerio de Desarrollo Social y corresponderá únicamente a quienes prestaron servicio militar durante el enfrentamiento armado interno, y que no tengan a la fecha de emisión de la certificación, ninguna otra prestación o beneficio económico por parte del Estado”.

Al aprobarse la iniciativa también “se aprueba la ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente”, aunque aún no se establecen los montos.

“Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, realice la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal vigente”. En este apartado tampoco se establecen cantidades.

También señala que “se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas a efectuar la presente readecuación presupuestaria, la que deberá ser incorporada a la distribución analítica del presupuesto conforme a la normativa vigente”.

Con la ausencia de los presidentes de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial el Gobierno de Guatemala conmemoró este miércoles 29 de diciembre el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de Paz, un acto en el que se homenajeó al diputado Manuel Conde, negociador del proceso de paz.

Durante la ceremonia, celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, fue evidente la ucencia del presidente Alejandro Giammattei, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés.

Sin embargo, en la mesa principal se ubicaron el diputado Manuel Conde Orellana, el director de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, Ramiro Alejandro Contreras, y el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar.

En tanto, entre los asistentes había oficiales del Ejército, representantes de la sociedad civil, ministros y diputados del Ejército.

El diputado Manuel Conde fue designado para hacer el cambio de la rosa de la paz en el Palacio Nacional de la Cultura, firmar el Libro De Oro y fue nombrado embajador de la Paz. Conde fue negociador del proceso de paz durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, en 1991, cuando se desempañaba como secretario general de la Presidencia.

“Ese conflicto nos había causado mucha muerte y dolor, daños en la infraestructura del Estado, pérdida de vidas valiosas y teníamos que buscar la manera de terminar ese flagelo ingrato del conflicto armado interno que nos venía golpeando de una manera severa”, señaló Conde, quien añadió que en 1991 cinco civiles y cinco oficiales del Ejército empezaron un proceso de diálogo con la URNG.

“Hoy en día hay otras modalidades de violencia. La de migración, la descalificación, el insulto, redes sociales cargadas de insultos. Ya no más, ya no podemos seguir pasando el morral de odio de un hombro a hombro”, comentó Conde.

“Hagamos de esa paz una realidad. Callar los fusiles no fue fácil y hoy tenemos que callar los estómagos hambrientos, tenemos que callar la angustia de la falta de salud, tenemos que callar la angustia de la falta de desarrollo y tenemos que ser capaces de construir una sociedad en la que quepamos todos y vivamos dignamente”, reiteró Conde.

Además, Conde señaló que en El Salvador hubo más de 400 muertes selectivas en la etapa del postconflicto, pero que en Guatemala no hubo un solo caso; sin embargo, menciono el asesinato contra Monseñor Juan José Gerardi.

“En el post enfrentamiento armado interno guatemalteco no hubo una -muerte-, la única muerte no esclarecida es la de monseñor Gerardi y esa muerte tienen cinco hipótesis y la última es que es un crimen político, pero nunca hubo una acción contra un soldado, contra un oficial retirado, contra un oficial en activo, contra un expatrullero, contra un exguerrillero, nunca”, refirió.

Agregó que “los señores de la URNG se incorporaron a la vida política -luego de la firma de la paz- y han hecho campaña donde han querido y valoramos eso como sociedad. Sabríamos eso, pues tenemos que saberlo para valorarlo, entender, afianzar, porque si fuimos capaces de eso, somos capaces de más. Seguimos como un hámster dando vueltas en una rueda agotándonos, desgastándonos y a dónde vamos”, refirió.

Se consultó a Presidencia del porque no Giammattei no participó en el acto de conmemoración de los 25 años de la firma de la paz y respondieron que “el presidente Alejandro Giammattei, por medio del acuerdo 100-2020, creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), que encabeza el director ejecutivo Ramiro Contreras”.

Agregaron que “la COPADEH fue creada con el fin de fortalecer los mecanismos y acciones para la protección de los derechos humanos; y propiciar el seguimiento y pleno cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz, suscritos el 29 de diciembre de 1996”.

Señalan retroceso

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, se pronunció este 29 de diciembre respecto al 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala.

“Los Acuerdos de Paz Firme y Duradera suscritos el 29 de diciembre de 1996 cerraron uno de los capítulos más trágicos de la historia de Guatemala”, señala el comunicado de la PDH en el marco del 25 aniversario de ese hecho histórico.

Sin embargo, en la publicación, el procurador indica que el país ha consumado un retroceso de 25 años durante el gobierno de Alejandro Giammattei, por el aumento de las transgresiones a la Constitución, anulación de los contrapesos de la República y violaciones a los Derechos Humanos.

“La Constitución ha sido transgredida reiteradamente, sin consecuencias para los responsables; la corrupción y la impunidad han vuelto por sus fueros; quedó desmantelada la institucionalidad de la paz y las violaciones de los derechos humanos en los últimos dos años no tienen precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz”, consigna el documento compartido por la PDH.

Además, la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció sobre la conmemoración del aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz y señaló que hay deterioro en el estado de derecho.

“Hoy se cumple el 25 aniversario de los acuerdos de paz de Guatemala. El deterioro del estado de derecho y los ataques contra quienes luchan por los derechos humanos, la reconciliación y la rendición de cuentas son un retroceso, pero sigo comprometida con la lucha por la justicia y un futuro mejor para el país”, escribió Torres en su cuenta de Twitter.

Los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en Guatemala pusieron fin a 36 años de un conflicto armado que dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos.

Ese proceso tuvo su origen en la Declaración de Esquipulas, cuyo 35 aniversario se conmemora también este año, que marcó el camino para la concertación entre los países de la región centroamericana.

Algunos sectores señalan que problemas estructurales como el combate a la pobreza y a la desnutrición, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el fortalecimiento de las instituciones y la defensa de los derechos humanos siguen requiriendo de atención en la actualidad.