Según diferentes encuestas, la medida es respaldada por la mayoría de la población e impulsa la popularidad de Bukele.

Son 12 las ampliaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa en un año, en el que se han dado reformas penales, la muerte de más de 100 personas bajo custodia estatal y el anuncio de la búsqueda de reelección de Bukele.

La jornada más violenta de la historia reciente

Entre el 25 y 27 de marzo de 2022 se cometieron al menos 87 homicidios en El Salvador, según cifras de la Policía, escalada que dejó al 26 de marzo como el día con más asesinatos en la historia reciente del país con 62 homicidios en 24 horas.

La cifra más cercana era la de 51 homicidios en un solo día registrados en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la guerra civil (1980-1992).

Los diputados aprobaron, sin mayor estudio, la medida a solicitud de Bukele para suspender los derechos a la defensa, inviolabilidad de las telecomunicaciones, a la reunión y ampliar el plazo de la detención administrativa.

Reformas penales y señalamiento de mordaza

El 30 de marzo de 2022, el Congreso aprobó el endurecimiento de penas contra los miembros de pandillas en respuesta a la ola de homicidios.

La solo pertenencia a una pandilla conlleva una pena de 20 a 30 años de cárcel, y se habilitaron procesos para que menores de edad sean juzgados como adultos. Además se autorizó la figura de jueces sin rostro.

El Parlamento también aprobó castigar hasta con 15 años de prisión la publicación de “cualquier manifestación escrita” que aluda al “control territorial” de las pandillas, lo que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) catalogó como reforma “mordaza”.

Primeros llamados internacionales

Tras las reformas penales, a inicios de abril comenzarían a llegar los primeros señalamientos de organismos internacionales, que también hacían eco de las denuncias de organizaciones locales, sobre los abusos denunciados en el marco del régimen.

El 5 de abril, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por las medidas, incluidas las tomadas contra menores de edad.

El 6 de abril, Estados Unidos llamó a El Salvador a rescindir el régimen de excepción “tan pronto como lo permita la situación” de violencia y le urgió a respetar los “derechos humanos”.

También, Human Rights Watch (HRW) pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) pronunciarse sobre el régimen de excepción.

Primera ampliación con 16 mil capturas

El 24 de abril y pese a haber controlado la ola de asesinatos, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, amplió la petición de régimen de excepción del Ejecutivo de Bukele por primera vez por un lapso de 30 días.

El Gobierno argumentó que la “ola criminal” se mantenía “a pesar de las capturas y la disminución de homicidios” e indicó que levantar el régimen “propiciaría un retroceso en los avances alcanzados”. Argumentos similares se darían en las siguientes 11 ampliaciones.

En estas fechas, las autoridades registraban 16.000 detenciones, mientras que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias daban cuenta de al menos 200 denuncias de abusos, principalmente por detenciones arbitrarias.

¿El origen de la matanza? y tercer año de bukele

El 17 de mayo, el medio salvadoreño El Faro publicó una investigación que señala que la supuesta ruptura de un pacto entre el Gobierno y la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) habría desencadenado la ola de asesinatos a finales de marzo.

El 1 de junio de 2022, el presidente Bukele afirmó ante el Congreso en su discurso del tercer año de mandato que “estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas”, cuando las autoridades reportaban más de 36 mil capturas.

Tras ese discurso, los diputados oficialistas pidieron entre aplausos y gritos la reelección de Bukele.

El 2 de junio, Amnistía Internacional (AI) acusó al Gobierno de cometer “violaciones masivas de los derechos humanos” bajo el régimen de excepción” y advirtió sobre la posibilidad de “responsabilidad penal internacional”.

Bukele anuncia reelección

El 15 de septiembre, Bukele anunció que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024, esto pese a señalamientos de que va en contra de la Constitución.

Algo que lo convertiría en el primer presidente de la etapa democrática salvadoreña en buscar su reelección inmediata.

Para esta época, el recuento de capturas era de 52 mil 500 y las organizaciones humanitarias contaban más de 6 mil 500 denuncias de atropellos.

El Salvador no rinde cuentas de su “guerra”

El Estado de El Salvador se negó el 25 de octubre a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo un régimen de excepción.

Bukele inaugura cárcel para 40 mil pandilleros

El 31 enero de 2023, Bukele inauguro una cárcel con capacidad para 40 mil personas que servirá, según ha dicho el Gobierno, para albergar a los pandilleros. A la fecha, son al menos 4 mil presos los que se han trasladado.

Hasta el 24 de marzo, son al menos 66 mil 292 las personas detenidas, de las que 4 mil 500 habrían sido liberadas, se suman más de 7 mil 900 denuncias de violaciones a derechos humanos y unas 102 muertes de detenidos.

Ministros de seguridad de Centroamérica, México y República Dominicana acordaron este jueves en Guatemala adoptar una estrategia conjunta para enfrentar a las pandillas y el narcotráfico.

“Cada uno de los países tiene sus propias estrategias (contra el crimen organizado). Las hemos conversado y las hemos compartido y la idea es generar planes y protocolos regionales”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, David Napoleón Barrientos.

Barrientos explicó que las acciones estarán centradas en combatir a los grupos de narcotráfico, las pandillas o “maras”, ciberseguridad y atender los flujos migratorios que buscan llegar a Estados Unidos.

Por su lado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, agregó que “cada país” de la región debe acoplar las medidas contra el crimen de acuerdo con sus realidades, pero ofreció la experiencia que su gobierno lleva en la “guerra” contra las pandillas.

“Estamos ganando la guerra. Hemos desarticulado por completo la actividad de esta corporación criminal terrorista (…). Lo que hemos logrado en El Salvador está a disposición de todos los países”, agregó Villatoro, quien dijo que también buscan repatriar a pandilleros que huyeron de El Salvador.

El Salvador mantiene desde marzo del año pasado un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, medida criticada por organizaciones de derechos humanos.

La “cruzada” contra las pandillas ha llevado a la detención de casi 63 mil personas y el martes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, presentó una megacárcel para recluir a 40 mil presuntos pandilleros.

“Hemos tenido un enorme trabajo conjunto con Guatemala. Como país, El Salvador, que ha vivido por 25 años el acecho de estos grupos terroristas (pandillas) y que recién el año pasado, a finales del año, el presidente Bukele declaró que habíamos recuperado el control sobre el territorio salvadoreño que tenían estas pandillas”, dijo Villatoro.

Agregó que “es un trabajo que hemos hecho en conjunto y que nos ha permitido realizar más de 50 operaciones de ubicación y captura de terroristas salvadoreños en territorio guatemalteco y que, por supuesto, hemos ofrecido a los países de la región, principalmente a nuestros vecinos, toda la colaboración necesaria para poder enfrentar con éxito este flagelo”.

Napoleón Barrientos, ministro de Gobernación de Guatemala, dijo que “estos fenómenos criminales no son nuevos. Lo que es nuevo es que lo estemos enfrentando de manera regional, esto sí es nuevo, cada uno de los países tiene su legislación y sus características de población, de idiosincrasia, de historia, no hay nada aislado acá”.

“Cada uno de los países sin duda alguna tiene sus propias estrategias. Las hemos conversado y compartido el día de hoy y la idea es generar esos planes y esos protocolos regionales. Eso los harán los especialistas de cada país, en cada una de las mesas”, enfatizó Barrientos.

“El crimen es transnacional y nosotros tenemos que estar también muy coordinados. Hay que saber quién nos contesta el teléfono cuando llamamos a otro país”, dijo el subsecretario de Seguridad y Protección de México, Luis Rodríguez Bucio, sobre las acciones conjuntas anunciadas.

En la cita participaron ministros y delegados de México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana. Nicaragua y Panamá no acudieron al encuentro. La próxima reunión de seguimiento será dentro de seis meses.

En 2022, la violencia criminal en Centroamérica dejó nueve mil 737 muertes, una cifra inferior con las 10 mil 487 de 2021.

Guatemala, con cuatro mil 274 muertes, y Honduras, con tres mil 397, encabezan las cifras y aglutinaron el 81.86% de los homicidios de la región, según datos oficiales.