Lo han discutido entre ellos, y sienten que tomar las armas es su mejor opción.

Fue en este punto que nuestra conversación se volvió un poco oscura y mi fe en la fuerza de la democracia estadounidense se tambaleó un poco.

Conocí a los Slaton en su tienda de parafernalia referente a Trump en Show Low, Arizona.

Fue una de las primeras paradas que hice, en un viaje en auto de un mes por Estados Unidos durante el verano, para entender por qué las próximas elecciones legislativas del 8 de noviembre se sienten tan significativas, tal vez incluso un poco oscuras.

La pareja fue encantadora como anfitriones. Eran divertidos y generosos. Me llevaron a un recorrido por su extenso inventario de productos extravagantes de Trump y me explicaron que, sí, realmente hay personas que pagan US$100 por una figura de cartón de tamaño real del expresidente vestido de Rambo para poner en sus salas de estar.

De hecho, son muchas las personas interesadas. Trump como Rambo es uno de sus artículos más vendidos.

Hablamos de historia, de economía y hasta del aborto. Pero en el único momento en el que las cosas se pusieron tensas fue cuando cuestioné su creencia de que las elecciones de 2020 habían sido robadas.

¿No era posible, pregunté, que simplemente a millones de estadounidenses no les gustara el presidente Trump y por eso Joe Biden había ganado?

Fue Karen quien respondió, con un tono evidentemente molesto: “Si eres una liberal loca, simplemente no estamos interesados. Las noticias centrales -déjame decirles así porque no voy a llamarlas noticias falsas- pero es una noticia falsa decir que a EE.UU. no le gusta Trump. EE.UU. ama a Trump”.

La BBC no es “fake news“, pero se lo dejé pasar. La idea de la guerra, sin embargo, exigía una aclaración.

“Comenzará a pequeña escala, será como pueblo contra pueblo, estado contra estado”, dijo Steve, quien claramente lo había estado pensado en detalle.

La gente ha estado hablando sobre esta idea de una segunda guerra civil estadounidense por un par de años ya, desde las elecciones de 2020, desde los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021.

Me resulta difícil de creer -a lo mejor me falta imaginación- pero la idea de que los estadounidenses vayan a la guerra por una elección que perdieron me sigue pareciendo inverosímil.

Pero esa es la opinión de Steve sobre lo que sucedió la última vez: “Cuando ganó Lincoln, se encendió el Sur”, dice.

Esa no es la única visión que existe sobre los orígenes de la Guerra Civil estadounidense pero este no era el momento para un debate de historia; es el presente al que hay que prestarle atención.

Cuando me despedí de los Slaton, Steve lanzó una advertencia. La lanzó con una típica sonrisa amistosa estadounidense, pero no dejó de ser escalofriante: “Esto puede ponerse realmente desagradable“, dijo.

Mi intención era intentar descifrar realmente cuán desagradable podría ponerse.

Las “mid term”

Los estadounidenses votan por el control del Congreso cada dos años. Estas elecciones, que caen en los años en los que no hay comicios presidenciales, se conocen como las “mid term” o elecciones de mitad de período.

Debido a que la Casa Blanca no está en juego, las elecciones legislativas generalmente no reciben mucha atención y la participación se sitúa alrededor del 40% (en las presidenciales participan entre el 50 y 60%). Pero este año se siente diferente.

Esta es la primera elección nacional desde la toma del Capitolio y va a poner a prueba si EE.UU. puede celebrar una elección sin violencia. Y -para ser claros-, el discurso de guerra de estadounidenses como los Slaton no es una retórica preelectoral normal.

En los 25 años he cubierto 10 ciclos electorales estadounidenses, y nunca había escuchado a los votantes hablar de política de esta forma tan violenta.

Las opiniones de Karen y Steve tampoco son marginales. La idea de que las elecciones de 2020 fueron robadas se ha filtrado a la mayoría del electorado como un virus que ahora está infectando todo el proceso democrático.

Las encuestas sugieren que alrededor del 70% de los republicanos creen que Joe Biden no es el presidente legítimo.

Eso es alrededor de un tercio del electorado estadounidense, más de 50 millones de personas.

Este verano, en una gira por Arizona, Wyoming, Georgia y Pensilvania, hablé con decenas de votantes que están convencidos de que Joe Biden no es el presidente legítimo de EE.UU.

Si tú sintieras que te han robado una elección, seguramente también estarías enojado o enojada. De hecho, tal vez sentirías que es algo por lo que vale la pena luchar.

El problema es que no hay evidencia que respalde las acusaciones de fraude electoral.

Los abogados de Trump presentaron más de 60 demandas alegando fraude electoral. Todas menos una fueron desestimadas por falta de pruebas.

Algunas de las demandas incluso las recibieron jueces designados por Trump, quienes también desecharon los casos.

Funcionarios electorales republicanos clave en estados disputados como Arizona y Georgia también dijeron que el proceso electoral había sido justo y correcto.

No hay evidencia de fraude que pudiera haber anulado la victoria de Biden.

Sin embargo, esto no ha impedido que se propague el virus de la conspiración del fraude. Trump puede haberla lanzado, pero ya se ha extendido por todo el país y ha cobrado vida propia.

Es diferente de las cuestiones políticas como el derecho a portar armas o los impuestos. La gente también tiene creencias muy fuertes sobre esos temas; Steve y Karen Slaton ciertamente las tenían.

Pero los desacuerdos sobre esos temas tienen hechos que ambas partes pueden debatir.

El “robo de las elecciones” no es un tema discutible. No hay hechos en ese lado del argumento.

En ese sentido es más como un sistema de creencias inquebrantable y, basada en mis entrevistas, no estoy segura de que los fieles vayan a cambiar de opinión, incluso si el mismo Trump dijera de repente que Biden ganó de manera justa y honesta.

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“No tenía miedo, tenía rabia”

El impacto de esta conspiración sobre el sistema electoral de EE.UU. me quedó claro en Georgia, en las oficinas electorales del condado de Paulding, donde los funcionarios públicos se preparan para las elecciones de medio término con cierta inquietud.

Deirdre Holden es Supervisora de Elecciones y Registro de Votantes. Está a cargo de la mecánica de la votación, asegurándose de que los centros de votación funcionen sin problemas, que las boletas se recolecten de manera segura y se cuenten con precisión.

Holden no llora con facilidad, pero cuando relee la carta de amenaza que recibió después de las elecciones de 2020 se atraganta, solo por un segundo.

“Esta elección está arreglada”, dice. (Deirdre es excepcionalmente cortés, tiene esa maravillosa gentileza sureña y me ahorra las groserías que siguen a continuación).

“Se producirán detonaciones en todos los sitios de votación de este condado. Nadie en estos lugares se salvará. Si crees que estamos mintiendo, inténtalo. Has sido advertida. Acabaremos con todos ustedes”. Deirdre deja la carta y se limpia el ojo.

Si recibiera ese mensaje tendría miedo de ir al trabajo, pero lo que veo no es miedo, es ira. “Nunca tuve miedo. Tenía rabia. Rabia de que alguien nos trate de amenazar, amenazar a las personas que solo quieren votar. Eso no me sentó muy bien”, dice Deirdre.

Cuando su oficina en el condado de Paulding (que por cierto votó por Trump, aunque eso realmente no debería importar) recibió esa amenaza después de las elecciones de 2020, se la pasó al la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Los agentes le aconsejaron que empezara a estacionar su automóvil frente a la ventana de su oficina; ayudaría a limitar el impacto de la fuerza de una explosión, le explicaron.

Deirdre no fue la única funcionaria electoral en ser atacada después de esa votación.

El comité selecto que investiga la toma del Capitolio entrevistó a varios testigos que habían sido amenazados, junto con sus familias.

Después de que Al Schmidt, el comisionado republicano de la ciudad de Filadelfia, defendiera la integridad de las elecciones y confirmara la victoria de Biden, recibió un mensaje de texto que decía: “Mentiste. Eres un traidor. Quizás pronto lleguen 75 cortes y 20 balas”.

El Centro Brennan para la Justicia Pública examinó el periodo inmediatamente después de las elecciones de 2020 y concluyó que las amenazas contra funcionarios electorales (en cargos de elección popular, o no) alcanzaron niveles sin precedentes.

Según sus hallazgos, 1 de cada 3 funcionarios electorales dijo que no se sentía seguro haciendo su trabajo. No sorprende que un gran número de ellos haya renunciado después de 2020.

La pregunta es ¿por qué tanta desconfianza e ira ahora? Los estadounidenses han estado polarizados durante décadas y esta no es la primera teoría conspirativa que se afianza aquí.

Pero nunca antes habíamos visto un asalto al Capitolio de EE.UU., ni tantas amenazas a funcionarios electorales, ni hubo tantos intentos por cambiar las reglas electorales.

La respuesta, sugieren la mayoría de los observadores políticos, es una confluencia de eventos que permitieron que se esparciera la conspiración de que las elecciones habían sido robadas, debilitando así todo el sistema.

Primero, Trump empezó a decir que iban a manipular la votación en su contra, mucho antes de que ocurrieran las elecciones. Socavó la confianza antes de que se emitiera un solo voto.

Después, las reglas electorales cambiaron en 2020 para adaptarse a las restricciones por la covid.

Los que niegan los resultados de las elecciones dicen que esos cambios, que incluyeron más votaciones anticipadas y más votos por correo, abrieron el sistema a un fraude generalizado (aunque no existe evidencia de eso).

El centro Brennan también señala el impacto de las redes sociales. “En 2020, los actores políticos auparon las mentiras acerca de los procesos electorales, muchas veces en las redes sociales”, encontró el informe.

“Esta desinformación ha cambiado de forma indeleble la vida y la carrera de los funcionarios electorales”. Casi el 80%, según el informe, dicen que el aumento de la desinformación ha dificultado su trabajo. Más de la mitad dice que lo ha hecho más peligroso.

“La gente simplemente ha perdido la confianza. Y eso es lo que me rompe el corazón”, dice la funcionaria electoral Deirdre Holden. Y al igual que los Slaton, me deja con una advertencia: la elección de noviembre será peor.

La confianza electoral se desvanece

Deirdre no se identifica con ningún partido. Pasé unas cuantas horas con ella y honestamente puedo decir que no tengo idea de cómo vota. Exactamente como debería ser.

La celebración de elecciones democráticas debe estar en manos de funcionarios sin prejuicios. Las personas que organizan la votación, cuentan los votos y certifican los resultados no pueden inyectar su propia visión política en el proceso. Cuando lo hacen, se pierde la confianza.

Y en este sentido, la disputa sobre la votación de 2020 ha demostrado que el sistema estadounidense es excepcionalmente vulnerable.

EE.UU. es la única democracia occidental donde los altos funcionarios electorales no son funcionarios públicos. A nivel estatal, es el cargo de secretario de Estado el que dirige la elección. Y esa persona es elegida, ya sea demócrata o republicano.

En la elección de noviembre se están presentando unos 200 candidatos republicanos que dicen creer que las elecciones de 2020 fueron robadas.

En al menos siete estados hay candidatos que niegan el resultado de esos comicios y que podrían acceder a cargos con impacto directo en los sistemas de votación.

Si hubiera una elección reñida en 2024, esas personas podrían ser la clave para definir quién gana la Casa Blanca.

Uno de esos puestos críticos es el de secretario de Estado de un estado.

En el pasado era un cargo que recibía muy poca atención en las campañas electorales, ciertamente no era un puesto que llamaría la atención de la prensa nacional o incluso internacional.

Entonces, el hecho de que este verano volé sobre el desierto en un avión privado entrevistando al candidato a secretario de Estado de Arizona es una indicación reveladora de cómo esta elección de mitad de período es diferente.

En un mundo en el que se disputan los resultados de las elecciones, el secretario de Estado de repente se vuelve muy importante. Tienen la capacidad de cambiar la forma en que las personas pueden votar e incluso cambiar las reglas en torno al conteo.

Trump entiende completamente la importancia de este cargo: el 2 de enero de 2021 llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, e instó al republicano a “encontrarle” 11.780 votos adicionales para que pudiera ganar el estado.

Raffensperger negó la solicitud de Trump. Ahora el expresidente quiere asegurarse de tener aliados en el cargo de secretario de Estado, de modo que, si se postula en 2024, pueda contar con ellos para ayudarlo.

En la antesala a las elecciones de mitad de período, el dinero y la atención de ambos partidos está siendo invertido en campañas por la secretaría de Estado en al menos seis estados clave.

Por eso pasé el día, y un viaje terriblemente movido en avión, con Mark Finchem. Y este también es el motivo por el cual tenía un jet privado a su disposición.

Joe Biden ganó Arizona por apenas 10.000 votos. Finchem es un negador acérrimo de los resultados de la elección de 2020. Cree que a Trump le robaron en ese estado y le gustaría revocar el resultado de la votación.

Si es elegido en noviembre, planea prohibir la votación por correo (opción preferida por el 80% del electorado de Arizona), prohibir la votación anticipada y eliminar las máquinas de votación electrónica.

Todo para 2024, la próxima contienda presidencial. Dice que solo quiere eliminar cualquier posibilidad de fraude.

Sus críticos consideran que Finchem es una amenaza para la democracia y que quiere controlar el proceso de votación de una manera que podría inclinar el voto a favor de los republicanos.

Un representante estatal republicano incluso retiró su apoyo a Finchem y está respaldando a su oponente demócrata en la carrera.

Finchem tiene una mezcla de encanto y vehemencia que desarma.

Me dijo que no cree que sea posible que los demócratas puedan ganar Arizona, ni en 2020, ni en 2022 ni en 2024. Está en campaña contra el demócrata Adrian Fontes y parece estar bien posicionado para ganar la votación.

En septiembre, una encuesta realizada por OH Predictive Insights mostró que Finchem superaba a Fontes (con una intención de voto del 40% contra 35%).

De modo que un hombre que dice que las últimas elecciones fueron amañadas y que tampoco cree que los republicanos puedan perder el estado bien podría terminar dirigiendo las elecciones. No es difícil ver para dónde podría ir las cosa.

Si Finchem, y otros candidatos como él en todo el país, cambian el sistema de votación de manera que sea casi imposible que su lado pierda, entonces, en 2024, los demócratas, con algo de razón, tampoco van a confiar en los resultados.

Van a decir que les robaron la victoria. No van a pasar muchos ciclos electorales antes de que nadie confíe en los resultados de las elecciones en EE.UU.

Mientras viajaba miles de kilómetros a través de todo el país, me quedó claro que ambas partes creen que la democracia de EE.UU. está en peligro, pero ambas por razones muy diferentes. Cada lado culpa al otro.

No hay una solución obvia a esta espiral de desconfianza. En todo el país escuché ira, ansiedad, incluso hablar de violencia.

Estamos observando estas elecciones de mitad de período muy de cerca, en parte debido al ataque del 6 de enero y en parte porque nos darán indicios sobre si Donald Trump se postulará nuevamente.

2024 está a la vuelta de la esquina. Es probable que nos esperen un par de años tumultuosos.

El Ministerio Publico de la nación centroamericana ratificó la acusación formal contra cuatro hombres miembros de los llamados “escuadrones de la muerte” que operaban en el departamento de San Miguel, en el este del país.

“Esta es la primera vez en la historia del país que se procesa a una estructura de este tipo por hechos cometidos en la década de los 80, bajo la modalidad de delitos de lesa humanidad“, tuiteó la Fiscalía General de la República.

La misma fuente identificó a los procesados como José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez, quienes son acusados de delitos de asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y delito contra las leyes o costumbre de guerra.

Los escuadrones de la muerte

El Libro Amarillo, una especie de “lista negra” que fue descubierta hace más de una década, presuntamente elaborada por militares salvadoreños durante la guerra civil (1980-1992), fue una de las primeras pruebas de que el gobierno de El Salvador creó una estructura de escuadrones de la muerte liderada por el Ejército y cuyo objetivo era perseguir y exterminar a opositores políticos.

Aquella “lista negra” contenía casi 2.000 nombres.

• El Libro Amarillo, la “lista negra” de los Escuadrones de la Muerte de El Salvador

Aunque nunca fue oficialmente declarada, la guerra civil de El Salvador se prolongó durante más de una década.

El conflicto empezó el 10 de enero de 1981, cuando el recién formado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) anunció el inicio de su “ofensiva general”.

Y se prolongó oficialmente hasta el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los llamados “Acuerdos de Chapultepec”, en la Ciudad de México.

El conflicto dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos, en su mayoría civiles, y obligó a cientos de miles de salvadoreños a abandonar sus hogares.

“Ayer (10 de diciembre) presentamos documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos solicitados por el juzgado encargado de la investigación, y vamos a presentar más en el futuro”, dijo en español el encargado de Negocios de la embajada estadounidense en El Salvador, Brendan O’Brien.

El anunció fue hecho ante unos 300 familiares de víctimas que participaban en un acto conmemorativo de los 40 años de la masacre, en la plaza central de El Mozote, unos 200 km al noreste de San Salvador.

Los archivos fueron presentados ante un tribunal de San Francisco Gotera, donde se enjuicia a 17 militares por la masacre.

O’Brien destacó que su país reconoce que “continúa la búsqueda de la verdad y la justicia por lo que continuará apoyando a los sobrevivientes y familiares de las víctimas”.

Además el gobierno de Estados Unidos ayudó recientemente a “digitalizar” los registros legales relacionados con la investigación del caso, explicó el diplomático.

“Nos reunimos para recordar cómo ocurrió este horror, por qué sucedió, y para asegurarnos que esta historia no se olvide”, exclamó ante los aplausos de los presentes.

Entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, varias unidades del Ejército salvadoreño, encabezadas por el batallón contrainsurgente Atlacatl -adiestrado por Estados Unidos-, lanzó la denominada “Operación Rescate” contra la población del noreste del departamento de Morazán.

El gobierno de El Salvador estableció en 2017 que al menos 988 personas, entre ellas 558 niños, fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes.

Otras 712 personas que sobrevivieron al ataque abandonaron la zona. El conflicto en El Salvador dejó más de 75.000 muertos, al menos 7.000 desaparecidos y miles de desplazados.

La masacre fue negada por el gobierno cívico militar de la época, presidido por el democristiano José Napoleón Duarte, ya fallecido, y por la administración estadounidense de Ronald Reagan, que entregaba un millón de dólares diarios para la guerra al país centroamericano.

“El Mozote fue uno de los capítulos más oscuros de la historia de El Salvador, hace 40 años, más de 1.000 víctimas, de las cuales más de la mitad eran niños, fueron asesinados aquí en el transcurso de tres días. Fue una tragedia que realmente conmociona la conciencia”, sostuvo O’Brien.