El departamento planea eliminar una mención presente en la ley conocida como “Obamacare”, aprobada en 2016 en la presidencia de Barack Obama, que ampliaba significativamente el concepto de discriminación al incluir “por motivos de sexo”, es decir, la identidad de género.

Esto se había definido entonces como el sentimiento interno de ser “masculino, femenino, ninguno de ellos o una mezcla de ambos”.

Pero varias decisiones judiciales bloquearon la implementación de esta medida, y Donald Trump ha prometido revocar la gran reforma de su predecesor si es reelegido en 2020.

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El cambio propuesto revertiría la cláusula “para ajustarse a la interpretación estricta” de la justicia, dijo el Departamento en una declaración.

“Cuando el Congreso prohibió la discriminación sexual, lo hizo de acuerdo con el sentido estricto del término, y nosotros estamos ajustando nuestras reglas“, dijo el director de derechos civiles del Departamento, Roger Severino.

Grupos de derechos de personas transgénero denunciaron la decisión.

“Nadie debe ser privado de atención médica cuando su vida y su salud están en peligro simplemente por ser quienes son“, dijo el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero (NCTE).

Según un estudio de 2015, casi una cuarta parte de las personas transgénero (23%) encuestadas por el NCTE dijeron que no habían visto a un médico el año anterior porque temían ser mal atendidas como personas transgénero.

Louise Melling, dirigente de la poderosa organización de derechos civiles ACLU, dijo que se trataba de un “acto de violencia” del gobierno de Estados Unidos “contra aquellos cuya salud ha sido ignorada, descuidada y rechazada durante mucho tiempo”.

“Las personas transgénero y las personas no binarias sufren una cantidad asombrosa de discriminaciones por parte de instituciones o personal de sanidad“, dijo en un comunicado.

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En abril, el gobierno republicano revirtió una decisión de Obama para permitir que las personas transgénero sirvan en el ejército en función de su identificación sexual, diciendo que suponía “un riesgo para la eficiencia y el poder letal de los militares”.

La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitó al gobierno de Trump revertir su postura, al decir que “está poniendo en peligro a las personas transgénero en algunos de los momentos más vulnerables y peligrosos de sus vidas”.

“Todos los estadounidenses, sin importar quiénes son, merecen respeto y acceso a la atención cuando más los necesitan“, dijo Pelosi en un comunicado.

El presidente Donald Trump firmó un decreto que suspende la concesión de asilo a quienes cruzan sin documentos la frontera con México.

“Queremos que la gente ingrese a nuestro país, pero tiene que ingresar legalmente”, dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca antes de partir a París, llamando a la oposición demócrata a legislar sobre el tema de la inmigración.

En el decreto, Trump sustentó su decisión para salvaguardar el “interés nacional” ante la esperada llegada de “un número sustancial” de extranjeros, principalmente centroamericanos, que desde hace casi un mes marchan hacia la frontera estadounidense.

“La continua migración masiva de extranjeros sin base legal para ingresar a Estados Unidos por nuestra frontera sur ha precipitado una crisis y socava la integridad de nuestras fronteras”, señaló.

“Por lo tanto, debo tomar medidas inmediatas para proteger el interés nacional y mantener la efectividad del sistema de asilo para los solicitantes de asilo legítimos, que demuestren que han huido de la persecución y justifiquen los muchos beneficios especiales asociados”, añadió Trump.

La medida no afectará a ningún extranjero que pida protección presentándose debidamente en un puesto fronterizo, ni a ningún residente permanente legal en Estados Unidos. Tampoco alcanzará a los menores de edad que viajen solos.

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La orden ejecutiva, que rige a partir de esta medianoche, estará vigente por 90 días, eventualmente renovables.

Pero la administración Trump explícitamente busca que el gobierno mexicano se haga cargo del tema, al estipular que el decreto dejaría de estar en vigor si antes se llega a un acuerdo que “permita a Estados Unidos expulsar a extranjeros a México”.

Para eso, el decreto señala que el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos consultarán con el gobierno mexicano sobre cómo “desalentar, disuadir y hacer retornar” a los grupos de extranjeros antes de que ingresen a Estados Unidos.

Según el gobierno estadounidense, las patrullas fronterizas registraron más de 400.000 ingresos ilegales en 2018. Y en los últimos cinco años, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en un 2.000%, desbordando el sistema, que tiene más de 700.000 casos acumulados para procesar.

“Deberían buscar protección en México”

Según expertos, con este decreto Trump viola el derecho internacional que protege a los solicitantes de asilo.

“La ley de Estados Unidos permite específicamente que las personas soliciten asilo, estén o no en un puerto de entrada. Es ilegal eludir eso a través de una agencia o un decreto presidencial”, dijo Omar Jadwat, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Las autoridades estadounidenses consideran sin embargo que como México es el primer “país seguro” al que llegan los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, las solicitudes de asilo deben presentarse allí.

“Sin duda, México es un país seguro para estas personas que huyen de la persecución”, dijo el viernes a periodistas un funcionario del gobierno.

“Deberían buscar protección en México”, señaló.

Estados Unidos manda regularmente a inmigrantes mexicanos indocumentados de regreso a su país, pero ha tenido dificultades para obtener cooperación para repatriar a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.

A pesar de las severas advertencias de Trump, miles de centroamericanos que dicen escapar de la violencia y la pobreza en sus países marchan actualmente a través de México en busca del “sueño americano”.

La principal caravana, que desató la oleada migratoria, partió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras. Pero de los más de 5.500 integrantes, en su mayoría hondureños, que estaban alojados en los últimos días en un albergue en Ciudad de México, sólo unos cientos reanudaron este viernes su marcha hacia la frontera norte, constató la AFP.

A este grupo le siguen a la distancia dos más, con unos 2.000 migrantes cada uno.

Trump acusa a los migrantes de protagonizar una “invasión” y para contenerlos dispuso el envío de miles de soldados a la frontera sur.

El lunes, unos 4.800 soldados fueron desplegados (1.100 en California, 1.100 en Arizona y 2.600 en Texas), informó el Pentágono, que dijo que “pronto” espera tener más de 7.000 soldados en servicio activo en la la zona.

Unos 2.100 reservistas de la Guardia Nacional llevan ya varios meses en la frontera.

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“Nuestro sistema de asilo está sobrecargado con demasiadas peticiones injustificadas de extranjeros que suponen una tremenda carga para nuestros recursos”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Concretamente esta decisión implica que los migrantes que no lleguen a Estados Unidos por un puerto de entrada autorizado no van a poder pedir asilo.

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Este nuevo reglamento fue publicado por el DHS y se espera que el decreto sea firmado en breve por Trump.

“Hoy vamos a usar la autoridad que nos otorga el Congreso para prohibir que los extranjeros que violan una suspensión presidencial de entrada u otra restricción para la idoneidad para el asilo”, indicó la entidad. 

Según la nueva normativa, Trump tiene la autoridad de restringir la inmigración ilegal “si considera que esto está en consonancia con el interés nacional”.

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Trump ha calificado de “invasión” una caravana de migrantes centroamericanos que se acerca a Estados Unidos por México. Durante la campaña de las elecciones de mitad de mandato amenazó con cerrar la frontera sur y envió a miles de efectivos a custodiar la zona.

La organización de defensa de los derechos humanos ACLU dijo que el derecho de asilo debe ser concedido a cualquier persona que entre en el país, sin importar donde estén.

“La ley estadounidense permite específicamente a los individuos que postulen al asilo sin importar si están o no en un puerto de entrada. Es ilegal sortear eso mediante una agencia o con un decreto presidencial”, dijo la organización en un comunicado. 

“Dada la importancia para el gobierno del refuerzo de las leyes de inmigración y los asuntos presentados en este caso, le pedimos respetuosamente a esta Corte que resuelva el recurso del gobierno para el 31 de octubre de 2018”, dijo Mark B. Stern, abogado del Departamento de Justicia en una carta enviada a la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, ubicada en San Francisco.

Los “dreamers” o soñadores son unos 700.000 jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos con sus padres, y que están amparados por la Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), creada por el presidente Barack Obama en 2012 y que los protege de ser deportados.

La mayoría de ellos son de origen latinoamericano.

El presidente Donald Trump anunció el fin del programa en septiembre de 2017, pero la medida fue bloqueada por la justicia.

Stern señaló que vencido el plazo sin una respuesta, el gobierno pedirá “a la Corte Suprema un recurso de ‘certiorari'”, el proceso mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior.

La Corte Suprema rechazó en febrero una petición presentada por el gobierno para rever las decisiones adoptadas en dos tribunales de menor instancia.

Pero en su carta, el funcionario destacó que la Corte Suprema había rechazado la petición asumiendo que este tribunal “iba a proceder de forma expedita con este caso”.

Más de nueve meses

Stern indicó además que la corte californiana  “entró en un mandato nacional que demanda que el Departamento de Seguridad Nacional mantenga en vigor una política discrecional”.

“La orden de la corte del distrito demanda al gobierno que tolere indefinidamente, y de hecho, que sancione afirmativamente, una violación de la ley federal cometida por cerca de 700.000 extranjeros”, dijo la misiva. 

El funcionario destacó que la excepción que supone el recurso en trámite se ha mantenido más de nueve meses.

“Salvo que intervengan esta Corte o la Corte Suprema de forma rápida, esto podría permanecer en vigor al menos durante otro año, dado el calendario de la Corte Suprema”, indicó el funcionario. 

La nueva apelación se introduciría poco después de la entrada a la Corte Suprema del magistrado conservador Brett Kavanaugh, un nombramiento que inclina hacia la derecha a la máxima jurisdicción de Estados Unidos.

Con Kavanaugh, esta Corte quedó formada por cuatro jueces progresistas y cinco conservadores.

Los nueve magistrados arbitran los temas más delicados que enfrenta la sociedad estadounidense como el derecho al aborto, la pena de muerte, la reglamentación de las armas de fuego y los derechos de las minorías.

Ambos reguladores propusieron en su lugar nuevas reglas menos estrictas, que podrían incrementar el enfrentamiento entre el gobierno de Trump y el estado de California respecto a los coches “verdes”.

Las normas suspendidas preveían aumentos graduales de la autonomía de los vehículos hasta alcanzar un objetivo de 100 kilómetros por cada 4,32 litros de gasolina en 2025.

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Estos estándares “ya no son apropiados”, dijo la EPA en un comunicado. “Estamos cumpliendo la promesa del presidente Trump a los estadounidenses de dar una solución sobre el tema del ahorro del combustible y los estándares de emisiones de dióxido de carbono (CO2)”, afirmó Andrew Wheeler, el jefe de la agencia ambiental.

“Nuestra propuesta busca lograr un equilibrio regulatorio basado en la información más reciente e implementar una solución para los 50 estados que permita a más estadounidenses comprar un vehículo menos contaminante, seguro, nuevo y más barato”, agregó.

Acceso a más automóviles

Las dos agencias federales dicen que las normas del gobierno de Obama han contribuido a elevar el precio promedio de los automóviles, ahora de 35.000 dólares, o sea, 2.340 dólares más, lo que lleva a los consumidores a no cambiar de vehículo.

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Esto hace que se priven de contar con nuevos automóviles equipados con las últimas tecnologías que los hacen más seguros.

En consecuencia, estiman las autoridades reguladoras, la suspensión de esos estándares permitirá a los estadounidenses ahorrar miles de dólares y reducir el número de muertes en las carreteras.

Las nuevas normas, que deben aún ajustarse y modificarse, entrarán en vigor este invierno boreal, precisaron.

“California luchará contra esta (decisión) estúpida con todos los medios a su disposición”, reaccionó de inmediato en Twitter Jerry Brown, el gobernador de este importante estado del oeste de Estados Unidos.

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En cambio, los lobbies automotrices como Auto Alliance y Global Automakers elogiaron la decisión que salvará puestos de trabajo, según aseguran.

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