Tres semanas después de haber asumido el poder, varias dependencias del Ejecutivo han comenzado a informar sobre hallazgos relacionados con contrataciones que se hicieron de último minuto y uso indebido de recursos de las entidades.

La vicepresidenta de la República, Karin Herrera, explicó que en la Vicepresidencia se inició una evaluación de todo el personal para determinar si existen o no contrataciones irregulares bajo la figura que ahora ella administra, pero hasta ahora no se han encontrado contratos nuevos.

“Toda aquella persona que cumpla con sus funciones y se hace presente al sitio de labores no tiene por qué ser removida”, indicó Herrera.

Otra dependencia que hizo auditorías es el Ministerio de Desarrollo, donde, según el ministro Abelardo Pinto, ya se encontraron alrededor de 50 contratos de personal con menos de 5 meses de haber sido emitidos pese a que en transición se pidió a la administración del presidente Alejandro Giammattei, que no se hicieran compromisos laborales de este tipo.

“Los emitieron en agosto, por ejemplo, o septiembre del año pasado y los volvieron a renovar este año verdad, entonces esos contratos con menos de 6 meses de vigencia sí hemos estado revisándolos y algunos los hemos estado rescindiendo”, explicó Pinto.

Al recién asumir, la cartera emitió una nota para ordenar que todos los vehículos que son propiedad del Ministerio sean de uso laboral y parte de las evaluaciones incluye hacer una revisión detallada de la flota que se estima en unos 300 automotores.

El ministro enfatizó que las auditorías aún continúan y esperaría que estén finalizadas a mediados de febrero.

En el Ministerio de Agricultura también existieron anomalías en contratos. El 31 de enero se rescindieron 256 compromisos laborales aprobados a principios del año, la mayoría era de personal nuevo, es decir que nunca había trabajado en la entidad.

Según el Departamento de Comunicación Social de la cartera, aún continúa el proceso de auditoría interna y se detectó que había otros 90 contratos que las autoridades anteriores no alcanzaron a firmar.

La cartera aclaró que el proceso de transición no fue efectivo, pue solo hubo una reunión de trabajo.

En el Ministerio de Trabajo se detectaron “51 vehículos tipo picop 4×4 al servicio de la Inspectoría General de Trabajo, que se encontraban en uso a tiempo completo, incluidos fines de semana y días festivos por parte del personal, sin ningún control de kilometraje, gasolina o ubicación” explicó el Departamento de Comunicación de esa cartera.

Ante ello, desde el vicedespacho Administrativo Financiero se ordenó restringir el uso de los carros en horas no laborales a menos que las circunstancias lo demanden.

Al consultar a la Vicepresidencia si se tenía un informe global sobre este tipo de contrataciones y anomalías en otras dependencias, se informó a los periodistas que deben consultar después de la sesión de gabinete del próximo lunes.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró este 29 de enero que analizan acciones legales contra la fiscal general Consuelo Porras, por haberse negado a participar en la reunión de Gabinete a la que acudió, pero abandonó minutos después con el argumento de que su estancia allí no era legal.

La jefa del MP acudió a una invitación que Arévalo le había hecho para participar en la reunión con ministros, saludó al mandatario y cuando la reunión recién iniciaba, ella salió de la misma.

Luego, el MP publicó un video en el que Porras señalaba: “Me vi en la necesidad de retirarme, ya que en la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia”, dijo la fiscal.

“Ni yo puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del Ministerio Público”, explicó Porras.

“Dejé constancia antes de retirarme sobre esta situación, ya que la ley es clara de que la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público, solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial, como lo manda la ley del Organismo Ejecutivo en cuanto a la naturaleza jurídica de los gabinetes y  no me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del Organismo Ejecutivo, como lo es un Consejo de ministros”, señaló Porras en el video.

Respuesta de Arévalo

Horas más tarde, el presidente Arévalo ofreció una conferencia de prensa sobre la frustrada reunión con Porras, en la cual estuvo acompañado de sus ministros de Estado.

“El objeto de la invitación que se le hizo fue establecer una coordinación interinstitucional sobre aspectos de interés para el Gobierno de la República de conformidad con los artículos 134, 183 inciso M, y 251 de la Constitución Política de la República, y reiteramos, en ningún caso se trató de discutir y pedir información sobre casos específicos”, afirmó el mandatario.

Explicó que se estaba solicitando información sobre las políticas que el MP está siguiendo a fin de ajustarlas a las políticas del Gobierno.

“A manera de ejemplo, desde el año 2018 a la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado 12 medidas cautelares en relación a la vulneración al derecho, a la libertad de expresión y de prensa, por lo cual era necesario conocer la política que ha seguido el Ministerio Público en la materia para poder hacer la coordinación y garantizar la vigencia de este principio como corresponde a un estado democrático”, ejemplificó Arévalo.

Agregó que Porras estaba perfectamente enterada del objeto de la invitación en virtud de la recepción de los oficios, por el MP el 19  y 24  enero pasados.

“Dichos oficios tenían perfectamente explícita cuál era la el objetivo de la reunión y estos se enviaron de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, normativa que obliga, reitero, obliga a la señora fiscal a asistir y participar en estas reuniones con voz, pero sin voto, en cualquier junta de ministros de Estado, sentenció el presidente Arévalo.

“La señora fiscal general, utilizando argumentos que no aplican, y estamos utilizando con mucho cuidado la palabra no aplican, los adjetivos se los dejamos a cada uno de ustedes y de los oyentes, comunicó su decisión de retirarse de la junta de ministros rehusándose a cumplir con su obligación legal establecida en el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala, y cito: el presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe En cualquier junta de gabinete o de los ministros de Estado”, expresó Arévalo.

Recalcó que esos encuentros eran en cualquier junta de Gabinete o de los ministros de Estado y per por eso ella está obligada a concurrir a la junta con voz, pero sin voto, fin de la cita.

Analizan acciones

“Los argumentos que la señora fiscal general ha comenzado a hacer públicos son simple y llanamente no aplicables, y lo que evidencian es la falta de voluntad para cumplir con lo establecido en la ley y muy explícitamente en el artículo cuarto de la Ley Orgánica del Ministerio Público.  El Gobierno de la República estará examinando en las próximas horas las acciones legales que proceden”, afirmó Arévalo.

Sobre la renuncia

A Arévalo se le consultó si en la reunión había alcanzado a pedirle la renuncia a Porras, y respondió que el encuentro no fue para pedírselo, sino que para llevar a cabo los alcances que están establecidos en la ley,  de promover la coordinación de las políticas necesarias.

Contó que Porras estuvo en la reunión entre 10 y 15 minutos, porque ella planteó su argumentación, se le hizo ver que la argumentación no era aplicable y estaba fuera de lugar.

Según Arévalo, Porras insistió en su argumentación e intentó sostener un debate, pero en ese momento se le invitó a retirarse pues ya había manifestado que se quería ir de la reunión.

“En el momento en el que estaba por entablarse un debate innecesario alrededor del tema, le dijimos, bueno, pues si usted no va a participar, proceda por favor, a retirarse, ya entendimos lo que usted ha dicho”, dijo Arévalo.

¿Se le pedirá la renuncia?

Varios periodistas le preguntaron a Arévalo si se le iba a pedir o no la renuncia a Porras y en qué momento y respondió:  “La solicitud de renuncia es pública y notoria, es del dominio público, ella la conoce y creo que está colocada sobre la mesa, de manera que es ella la que con sus actos define si la está aceptando o no. La reunión de hoy era una reunión que tenía como objeto avanzar en las funciones de coordinación de políticas entre el Ministerio Público y el Gobierno de la República, tal como está establecido constitucionalmente. Lo que nosotros hemos identificado es que hay una negativa de ella a actuar de acuerdo a lo que está establecido legalmente en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la Constitución Política de la República, y en consecuencia estamos viendo cuáles son las opciones que corresponden a esta negativa”, dijo Arévalo.

A Arévalo también se le preguntó sobre las discusiones en el Congreso para lograr acuerdos y si el Ejecutivo le había hecho algún ofrecimiento a los diputados que están en alianza y respondió que ignoraba cuáles eran las discusiones que había en el Congreso, pero lo que podía asegurar era que no se ha ofrecido nada en ningún momento, porque esa es la política de su gobierno, y que no se ha ofrecido ni contratos ni plazas.

Luego, el MP en redes sociales publicó un video en el que el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda, indicó que Porras fue invitada por el presidente de la República a una junta de Gabinete este lunes 29 de enero.

Agregó que la fiscal acudió a la invitación “con la  voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala, no obstante, el presidente dio inicio a una reunión de consejo de ministros, la propia Constitución Política de la República y la ley del Organismo Ejecutivo establece con claridad y precisión la forma en la cual se integra el referido Consejo.

Agregó: “No pudiendo integrar el mismo -Consejo- personas distintas a las establecidas en la ley, ante tal situación la fiscal general y jefe del Ministerio Público tomó la decisión de dejar constancia respecto a la referida irregularidad legal, la cual se hubiera materializado si se lleva a cabo el referido Consejo, pues el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en consonancia con el artículo 18 de la ley del Organismo Ejecutivo únicamente regula la obligación de a fiscal general de acudir a un Gabinete específico integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en el correspondiente acuerdo gubernativo que le de vida”.

Pineda añadió que en virtud de lo anterior, Arévalo decidió cerrar la sesión del Consejo de Ministros e inició una sesión de Gabinete, “no obstante, la misma no reunía las condiciones legales establecidas en la propia ley del Organismo Ejecutivo, como lo es el haber creado y publicado el acuerdo gubernativo para tal efecto”.

Afirmó que Porras con objetivo de evitar “que se incurriera en ilegalidades les hizo ver la deficiencias jurídicas que hacían inviable llevar a cabo la reunión de Gabinete, por lo que en cumplimiento a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal general y jefe del Ministerio Público se vio en la necesidad de retirarse se la reunión”.

#MPfuerteYfirme
Mensaje del Secretario General del Ministerio Público a la población guatemalteca pic.twitter.com/mZBidm9svl

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Consuelo Porras Argueta, acudió este lunes 29 de enero a una reunión de Gabinete del presidente Bernardo Arévalo de León, en el primer encuentro de ambos desde que la fiscalía intentó evitar la investidura del mandatario.

Porras Argueta llegó a la Casa Presidencial para la reunión de Gabinete del Gobierno, tal y como obliga la ley guatemalteca, pese a que la semana pasada había evitado asistir a otra convocatoria del presidente, quien la acusó en septiembre de llevar a cabo un “golpe de Estado” en su contra.

Fotografías compartidas por la Presidencia de Guatemala y el MP mostraban a Arévalo y a Porras saludándose y luego sentados en la reunión de Gabinete.

Pocos minutos después, el MP difundió un video de la fiscal, afuera de la reunión, en la que explicaba que abandonó la misma.

“Me vi en la necesidad de retirarme, ya que en la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia”, dijo la fiscal.

Porras dijo que acudió sola a la reunión, por la invitación de Arévalo, y que en cumplimiento de la Ley Orgánica del MP, atendió el llamado, pero que lamentablemente se había tenido que retirar por el motivo anteriormente descrito.

“Ni yo puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del Ministerio Público”, explicó Porras.

“Dejé constancia antes de retirarme sobre esta situación, ya que la ley es clara de que la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público, solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial, como lo manda la ley del Organismo Ejecutivo en cuanto a la naturaleza jurídica de los gabinetes y  no me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del Organismo Ejecutivo, como lo es un Consejo de ministros”, dijo Porras.

Agregó que le manifestó a Arévalo su voluntad de participar en una próxima invitación en el marco legal para coordinar temas relacionados al quehacer del MP, siempre que se respete la autonomía del ente investigador y las leyes del país.

Le dijo a la población que confíe porque siempre va a tener un MP respetuoso de las leyes del país para cumplimiento de lo que la Constitución nos confiere, que es que se cumplan las leyes del país para todos y todas.

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La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, se refiere a los puntos abordados durante la reunión desarrollada en reunión de Gabinete de Gobierno realizada en Casa Presidencial. pic.twitter.com/2fT25Tf3Mc

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 29, 2024

Luego, el MP en redes sociales publicó un video en el que el secretario general del ente investigador, Ángel Pineda, indicó que Porras fue invitada por el presidente de la República a una junta de Gabinete este lunes 29 de enero.

Agregó que la fiscal acudió a la invitación “con la  voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala, no obstante, el presidente dio inicio a una reunión de Consejo de Ministros, la propia Constitución Política de la República y la ley del Organismo Ejecutivo establece con claridad y precisión la forma en la cual se integra el referido Consejo.

Agregó: “No pudiendo integrar el mismo -Consejo- personas distintas a las establecidas en la ley, ante tal situación la fiscal general y jefe del Ministerio Público tomó la decisión de dejar constancia respecto a la referida irregularidad legal, la cual se hubiera materializado si se lleva a cabo el referido Consejo, pues el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público en consonancia con el artículo 18 de la ley del Organismo Ejecutivo únicamente regula la obligación de a fiscal general de acudir a un Gabinete específico integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en el correspondiente acuerdo gubernativo que le de vida”.

Pineda añadió que en virtud de lo anterior, Arévalo decidió cerrar la sesión del Consejo de Ministros e inició una sesión de Gabinete, “no obstante, la misma no reunía las condiciones legales establecidas en la propia ley del Organismo Ejecutivo, como lo es el haber creado y publicado el acuerdo gubernativo para tal efecto”.

Afirmó que Porras con objetivo de evitar “que se incurriera en ilegalidades les hizo ver la deficiencias jurídicas que hacían inviable llevar a cabo la reunión de Gabinete, por lo que en cumplimiento a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal general y jefe del Ministerio Público se vio en la necesidad de retirarse se la reunión”.

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Ha pedido su renuncia

Arévalo había declarado públicamente, antes y después de ser investido como presidente de Guatemala, que iba a citar a la fiscal para pedirle la renuncia, esto luego que el MP inició una persecución penal contra el partido Movimiento Semilla, de Arévalo, y contra el propio mandatario, a quien le solicitaron el retiro de inmunidad por un caso vinculado a la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El 19 de enero de 2024 el Gobierno de Guatemala informó que el mandatario Bernardo Arévalo invitó formalmente a la fiscal general Consuelo Porras, a una reunión en el despacho presidencial el 24 de enero a las 10 horas.

En la información del Gobierno se mencionaba que la petición de la reunión es en el ejercicio de las facultades conferidas a Arévalo por el artículo 134 de la Constitución Política de la República, el cual establece la coordinación de las labores de la institución encargada de dirigir la Política General de Estado.

Se mencionaba que la carta de Arévalo fue envidada este viernes al MP y en ella el mandatario solicitó un informe detallado de cuatro aspectos cruciales de la coyuntura nacional como lo son el avance de procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa; ivestigación sobre la compra de vacunas covid-19 y protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH.

En la carta enviada no se mencionó nada ni hubo una petición expresa de pedirle la renuncia a la fiscal Porras.

No acude a cita

El 24 de enero, Porras no acudió a la cita con Arévalo y en su lugar publicó un video en las redes sociales del MP en la que afirmaba que no va renunciar de su cargo  y aseguraba que el ente investigador no está supeditado a ningún poder del Estado.

El MP envió un informe a la Presidencia de Guatemala con algunos datos pero la mayor parte de la información refería que no podía entregarse por el artículo 314 de Código Procesal Penal, que regula que en todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños.

Luego de que la fiscal Porras no asistiera a la reunión con el presidente Bernardo Arévalo, el mandatario dijo ese 24 de enero que la funcionaria ya había sido citada para que acudiera al consejo de ministros.

En conferencia de prensa, Arévalo lamentó que Porras no asistiera a la reunión, en la que, según dijo, se tratarían temas de relevancia para el país y no se tocarían asuntos relacionados a procesos de investigación, por lo que ahora, amparados en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal fue citada a la junta de ministros.

“La fiscal no asistió a la invitación y recibimos una carta firmada por un empleado del MP y no por la fiscal (..) de fondo la carta no responde a las solicitudes específicas que se le hicieron en la carta del 18 de enero, y en vista de que esta información no ha sido proporcionada hemos invitado a la fiscal a que asista a le reunión de ministros del próximo lunes 29 de enero a las 9 de la mañana en Casa Presidencial”, dijo Arévalo ese día.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), informó este 27 de enero que fueron localizados micrófonos en la oficina de la Dirección General Caminos, con lo cual ya serían tres hallazgos de dispositivos en bienes de esa cartera.

Según la información del CIV, los micrófonos fueron encontrados en el despacho de Caminos.

“Con ellos ya son tres los dispositivos electrónicos que se han encontrado en el Ministerio de Comunicaciones y sus dependencias”, se lee en un mensaje publicado por esa cartera en sus redes sociales.

Agrega que el hallazgo se hizo mientras se hacía una inspección electrónica en ese despacho.

En los últimos días, se han hallado micrófonos en vehículos propiedad del CIV, incluso en el de la ministra Jazmín de la Vega.

El miércoles 24 de enero, en declaraciones a medios de comunicación, la funcionaria declaró cómo fueron localizados los dispositivos en el interior del vehículo y anunció que se harían inspecciones en otras unidades a petición de los viceministros de esa cartera.

“En las camionetas del ministerio, las que yo debo usar, no las he usado, detectamos que había micrófonos en las camionetas. Entonces, ahorita, pues, se están quitando, porque no puede ser que la ministra sea escuchada todo el tiempo”, declaró de la Vega a los periodistas.

Según la titular del CIV, ante este hecho y por razones de seguridad, también procedió a solicitar una revisión exhaustiva en su despacho y otras oficinas. “Yo llegué sola con mi vehículo y a los dos o tres días hice esta revisión de oficinas y de vehículos”.

También en la presidencia

El presidente Bernardo Arévalo reveló este ese 24 de enero que luego de un barrido electrónico localizaron algunos “juguetes” en su despacho, en referencia a dispositivos de audio y video que fueron instalados con fines que no dio a conocer.

Durante una conferencia de prensa, al presidente Arévalo se le consultó si se tomarán medidas tras la denuncia de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de La Vega, sobre el hallazgo de micrófonos en uno de los vehículos de la cartera, y el mandatario respondió que ya se efectúa un barrido electrónico en varias dependencias del Estado.

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG), integrada por los obispos de la Iglesia Católica, se pronunció este 26 de enero sobre varios temas de relevancia para el país en esta coyuntura, como el nuevo gobierno y sus retos en distintos ámbitos como salud, educación, migración, pero también sobre la persecución penal con intereses políticos y particulares.

La CEG publicó un comunicado y ofreció una conferencia de prensa para tratar sobre temas religiosos y también sobre temas de interés nacional.

Gonzalo de Villa, arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, también se refirió a la coyuntura nacional y señaló que les preocupa la forma en la que la el Ministerio Público (MP) ha actuado.

El 2023 fue un año complejo

Al final de la conferencia, el arzobispo Gonzalo de Villa respondió varias preguntas, entre ellas cuál es la preocupación ahora en Guatemala.

Expresó que son preocupaciones de largo plazo, que el país ha tenido por años y que aún cambiando a distintas administraciones, los problemas siguen y, en algunos casos, se han ido agravando.

“Creo que el año 2023 ha sido un año enormemente complejo y de lo no visto nunca en la historia de Guatemala”, dijo De Villa y que eso hacía la esperanza que el 2024 se pudiera salir de un atolladero.

“Llevamos doce días con el presidente -Bernardo Arévalo-, y ya se empiezan a ver escaramuzas en el Congreso, gente que saca las uñas y, obviamente, hay temas que uno quisiera como forzar, el que se acabe de alguna manera las mañocerías en la vida política y supuestamente jurídica del país, pero no es fácil, Tenemos también muchos personajes que la verdad es que a lo que se han dedicado es a manipular la ley más que administrarla”, señaló De Villa.

Se le preguntó sobre el papel de las autoridades ancestrales en la crisis política reciente en Guatemala y dijo que los pueblos originarios, autoridades ancestrales, en su capacidad de presionar han sido fundamentales para que no se rompiera el orden constitucional en Guatemala, algo que mucha gente buscaba hacer, sobre todo personas en posiciones de poder.

Renuncia de la fiscal general

A De Villa se le consultó su postura ante la petición de la población y del mismo presidente Arévalo de pedirle la renuncia a la fiscal Porras.

El religioso expresó que las modificaciones a la ley del Ministerio Público -cuando estaba al frente Thelma Aldana e Iván Velásquez en la extinta Cicig- hace que un presidente no pueda pedirle o exigirle la renuncia a la fiscal.

Señala que el que Porras no quiera renunciar tiene una lectura en el sentido de que ella dice que fue reelecta para cumplir un segundo período, pero que cuando se escruta, cómo fue reelecta, hay mucho que hablar, porque hubo manipulación evidente para que lograra retener su cargo.

“Las actuaciones del Ministerio Público, de junio, desde la primera vuelta para acá, han sido en muchos sentidos muy lamentables, y eso creo que la gente en Guatemala es consciente, entonces la figura de la fiscal está muy marcada y muy gastada. Eso creo que ella también debería reflexionar”.

De Villa reconoce que sí debe haber un encuentro entre Arévalo y la fiscal Porras, pero que qué va a pasar, de qué van a hablar eso no se sabe.

“Si eventualmente renunciara -Porras- por ley tienen que buscar entre los cinco candidatos que se presentaron hace dos años, no se puede presentar una nueva lista hasta el 2026 de manera que no se pueden esperar transformaciones mágicas, pero con paciencia se puede ir también viendo qué queremos, con amor al país, con amor a la ley, con amor a la gente, como criterio fundamental para tomar esta u otra decisión”, señaló De Villa.

El comunicado de la CEG

En el comunicado, la CEG señala que sigue siendo un reto el fortalecimiento de un Estado democrático, pues es muy débil el que se vive en Guatemala.

Mencionan que este año en que la política marca una nueva etapa, con nuevos gobernantes a nivel nacional y municipal.

“Luego de un proceso electoral marcado por la incertidumbre, se ha logrado respetar la voluntad popular expresada en las urnas electorales e integrar una Junta Directiva plural en el Congreso, esto ha producido un ambiente de esperanza y buenas expectativas para Guatemala”, se lee en la información.

Expresan que quieren hacer eco “de los sentimientos más genuinos de esperanza que han surgido en la población al haber llegado a la toma de posesión del nuevo gobierno que ha manifestado su voluntad de que prevalezca la ley sobre cualquier otro tipo de interés”.

Consideran que con esto se ha dado un paso adelante en la consolidación de un sistema democrático que requiere el apoyo de toda la población, y el apoyo sostenido de la solidaridad internacional, como ya se ha mostrado.

Expectativas deben hacerse realidad

El comunicado también menciona que tiene conocimiento que las expectativas ante el nuevo gobierno son grandes y que es un signo de la esperanza que se renueva en el pueblo, pero que deben también pasar a hacerse realidad.

“Esperamos que todo el pueblo esté atento y vigilante y que los planes de gobierno muestren su eficacia en los campos que consideramos prioritarios en las necesidades del país, como son la inversión en la red vial y la seguridad, la educación y salud para todos, especialmente la lucha contra la desnutrición infantil, la promoción de condiciones que ofrezcan igualdad de oportunidades para todos, la mejora de las condiciones de trabajo que incidan en el descenso de la migración forzada y, por supuesto, la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad y no sólo en las instancias estatales”, se lee en el mencionado comunicado.

Batalla legal

Los obispos también señalaron que les preocupa que se siga librando una guerra legal al utilizar la ley e interpretarla o manejarla al ritmo de intereses particulares, meramente políticos o de grupo.

“Nuestro país requiere en estos momentos de leyes sabias y justas, y de autoridades honestas, capaces de hacerlas respetar”, se lee.

Se menciona también que la construcción de un Estado democrático “requiere la confluencia de actores y de carismas diversos y capaces de superar diferencias a través del diálogo, el consenso y la tolerancia”.

En ese sentido reconocen y agradecen “el papel fundamental que los pueblos originarios, representados en sus autoridades ancestrales, han jugado en el proceso de transición política, conservando una actitud de apoyo a la democracia y a la voluntad popular expresada en las urnas”.

Migración

En cuanto a la migración, la CEG señala que el drama de este problema, a nivel nacional, ha provocado separaciones familiares, cambios culturales, sufrimientos de todo tipo.

“Es una verdadera paradoja, pues justo esa población migrante generó, en el 2023, alrededor US$20 mil millones, que son el principal rubro de ingreso de divisas y factor fundamental para la estabilidad de la economía, del tipo de cambio y del control de la inflación. No obstante, es prioritario que haya en nuestro país oportunidades y condiciones de vida que hagan que nuestra juventud tenga condiciones dignas para trabajar y vivir en su país y que se superen así la frustración y la desesperanza que a muchos invade y que les obliga a migrar”.

Lucha contra la corrupción

En el comunicado también los obispos hacen una recomendación al Organismo Ejecutivo, que su lucha contra la corrupción inicie con un proceso de total transparencia en el mismo Gobierno.

“Hacemos un llamado a construir una cultura de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. En la designación de funcionarios y responsables de dependencias clave de la administración, de gobernadores departamentales, de supervisores de Educación y Salud. Sin admitir, por razón alguna, anomalías en contrataciones de compras o servicios en todo nivel”, se lee en el comunicado.

También le pide al Gobierno que con base en su plan, se espera que se elabore una estrategia que “privilegie la descentralización de la inversión pública, para atender las necesidades más sentidas por la población rural, contando para ello con adecuada coordinación con autoridades locales, Consejos Departamentales y Municipales de Desarrollo”.

Petición al Congreso

Al Congreso la CEG le pide que elabore una agenda legislativa que responda a las necesidades prioritarias del pueblo.

También que convoque en tiempo a la Comisión de Postulación que debe proponerle listas de candidaturas a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, quienes deben asumir en octubre 2024, sin excusa alguna.

Dardo al Colegio de Abogados

En el comunicado también los obispos se refieren al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, y afirman que “el penoso el silencio de esa entidad debe superarse y deben pronunciarse con ética y responsabilidad, tomando en cuenta el peso que este gremio tiene en diversas entidades del sector público, en designación de magistrados, fiscal general y Comisiones de Postulación”.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, informó el 25 de enero, que la  Secretaría General de la Presidencia presentó una desestimación de la denuncia que la anterior administración hizo en contra de un grupo de personas que se expresaba en la red social X, antes Twitter.

Arévalo publicó que el Gobierno de Guatemala está comprometido con el respeto y promoción del derecho a la libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa y por eso ese día habían tomado dos acciones.

La primera fue la acción que la Secretaría General de la Presidencia hizo al presentar la desestimación de la denuncia que la anterior administración hizo en contra de un grupo de personas que publicaban sus expresiones en X.

“En nuestro Gobierno junto a @KarinHerreraVP, ninguna persona será perseguida por sus opiniones. La libertad de expresión es un pilar fundamental de toda democracia”, publicó en parte del hilo que hizo en X el presidente Arévalo.

La segunda acción que tomaron fue la reunión que sostuvieron con directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Comité para la Protección de los Periodistas que cumplen una misión en el país, para verificar la situación de los periodistas en Guatemala en el ejercicio de sus funciones.

Según Arévalo, el encuentro fue para reafirmar mi compromiso con la libertad de prensa.

“El periodismo es pilar de nuestra democracia y jamás debe ser perseguido o intimidado”, expresó en las redes sociales el presidente Arévalo.

El @GuatemalaGob está comprometido con el respeto y promoción del derecho a la libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa. Por ello hoy tomamos dos acciones. Abro hilo. #GuatemalaAvanza pic.twitter.com/3vAiscIOO2

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 26, 2024

Una misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) está en Guatemala y durante esta semana evaluará la situación de la libertad de prensa en el país, luego de que Bernardo Arévalo tomó la Presidencia del país.

Según información de la SIP, la delegación la encabeza el presidente de la esa entidad, Roberto Rock, y el director de programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna.

Se informa que la delegación se reunirá con el presidente Arévalo la tarde de este 25 de enero  en el Palacio Nacional de la Cultura.

La delegación está integrada, además, por otras autoridades de la SIP, incluyendo al vicepresidente primero de la entidad, José Roberto Dutriz, la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, y el director ejecutivo, Carlos Lauría.

“El objetivo principal de la misión es abordar la compleja situación que enfrentan los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su labor informativa. Los delegados sostendrán encuentros con representantes de los medios locales, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia Oscar Cruz Silva. También tienen previsto visitar a José Rubén Zamora, presidente y fundador de elPeriódico, encarcelado desde julio de 2022 en represalia por su trabajo de investigación periodística”, se lee en un comunicado de la SIP.

La SIP expresó, en octubre de 2023, su satisfacción por la decisión de la Segunda Corte de Apelaciones de Guatemala de anular la condena de seis años de prisión de Zamora y ordenar un nuevo juicio, el cual comenzará el 5 de febrero.

El CPJ instó a las autoridades guatemaltecas que respeten el derecho de Zamora a un juicio justo en su nuevo proceso. Como consecuencia de las presiones políticas y económicas elPeriódico cesó sus operaciones el 15 de mayo de 2023.

“Tanto la SIP como el CPJ y otras organizaciones internacionales han documentado la persecución judicial contra los periodistas críticos por parte del Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad que, además del encarcelamiento de Zamora, ha obligado a huir del país a un grupo de periodistas por temor a las represalias y detenciones arbitrarias”, se lee en la información.

Agrega el comunicado que el MP ha acusado a seis periodistas y tres columnistas de elPeriódico de obstrucción de justicia por opinar sobre el caso, incluido el expresidente de la SIP Gonzalo Marroquín Godoy, primo de José Rubén Zamora.

El 8 de enero una jueza dio cierre al caso penal y lo trasladó a un Tribual de Imprenta como requiere la legislación sobre libertad de prensa, el que fue apelado por el Ministerio Público.

“La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1 mil 300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos. El CPJ es una organización independiente, sin fines lucrativos, que trabaja para salvaguardar la libertad de prensa alrededor del mundo”, cierra el comunicado.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) acudió este 24 de enero al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, que dirige el juez Fredy Orellana, para presentar tres solicitudes de constitución de querellantes adhesivos en el caso corrupción Semilla.

Según la información, la fiscal de la Feci, Leonor Morales, acudió a dicho juzgado a presentar las tres solicitudes que presentó el partido FCN Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales.

También otra que presentó Madeleine Samantha Figueroa Rodas, exdiputada que perdió la reelección en las pasadas elecciones y quien es representante legal del Partido Cambio (de Manuel Baldizón) y Roberto Hernández, quien fue candidato a diputado por el partido Unión Republicana.

El caso y las fases

El pasado 8 de diciembre del 2023 el MP, representado por el secretario general, Ángel Pineda; el secretario contra la corrupción, Estuardo Ávila, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; y la agente fiscal de Feci, Leonor Morales, presentaron resultados de tres investigaciones que tenían relación con el proceso electoral y el Movimiento Semilla.

Pineda dijo en la conferencia de prensa que el caso se compone de tres fases y que el MP se ha apoyado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Intendencia de Verificación Especial, el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral, pues había indicios y evidencias a través de una investigación penal objetiva.

Los casos los denominaron “Corrupción Semilla”, Fases 1 y 2; e “Ilegalidades del TSE” en el proceso electoral de 2023.

1) Caso “Corrupción Semilla”, Fase I

La agente fiscal de la Feci, Leonor Morales, describió la investigación del caso “Corrupción Semilla”, Fase 1. Recordó que este caso inició el 14 de julio de 2022, luego de la denuncia de un ciudadano que se supone fue adherido ilegalmente al partido político Movimiento Semilla.

2) Caso “Corrupción Semilla”, Fase II

El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, se refirió a la Fase II del caso y la llamó “Financiamiento Electoral no Registrado y Lavado de Dinero”. Recordó que el 2019 fue año electoral y esta fue la primera vez que el partido Semilla participó en el proceso.

La Feci requirió información y practicaron un informe financiero a la agrupación en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Según Curruchiche, la auditoría financiera “estableció hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables y hallazgos de deficiencias de control interno”.

Los hallazgos

• Se establecen las diferencias en las cifras reportadas en el estado de ingresos y egresos.
• Incongruencias en las cifras registradas en el estado de ingresos y egresos con los registros del libro mayor.
• Se refiere a recibos de ingresos emitidos sin identificar al financista de la aportación dineraria.
• Se refiere a recibos de ingresos que no cumplen con los registros mínimos.
• Falta de documentos de soporte de ingresos.
• Falta de ingresos dinerarios no identificados.
• Falta de presentación de los informes detallados de ingresos y egresos.

Por este caso se presentó solicitud de retiro de antejuicio contra Samuel Pérez y Ligia Hernández, por la posible comisión de los delitos de fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado.

También contra Bernardo Arévalo por la posible comisión de delito de lavado de dinero u otros activos.

3) Caso Ilegalidad del TSE

El tercer caso fue denominado “Ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral 2023”.

La fiscal de la Feci, Morales, indicó que “como consecuencia de los allanamientos realizados el 12 y 29 de septiembre (de 2023) en las instalaciones del Centro de Operaciones Electorales y el TSE se estableció que incurrió en ilegalidades en el resguardo de las cajas con material electoral.

El MP, dijo, estableció que en las cajas no se encontraba el documento 4 que consigna el dato de los votos obtenidos por los candidatos. “También se pudo establecer que no había uniformidad en los formatos empleados”, agregó.

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, publicó un video este 24 de enero, en las redes sociales de esa institución, en la que afirma que no va renunciar de su cargo  y asegura que el ente investigador no está supeditado a ningún poder del Estado.

El presidente Arévalo había citado a Porras a una reunión en la Presidencia de la República, este 24 de enero, y le pidió un informe sobre cuatro situaciones que consideraba trascendentales para el país.

Aunque en la misiva que Arévalo le mandó a Porras citándola al despacho presidencial no se menciona nada sobre pedirle la renuncia al cargo, el mandatario sí ha expresado públicamente que iba a hacerlo

Porras, en su video publicado este miércoles, hace referencia a las declaraciones públicas hechas por Arévalo en donde reitera la petición de que renuncie del cargo.

“Ante las diversas declaraciones públicas y la tentativa de solicitar mi renuncia, hoy quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacerles saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y, en consecuencia, cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años, para el cual fui reelecta, y, en consecuencia, no voy a renunciar”, afirmó Porras.

“La constitución política de la República es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad, por lo que usted, como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la Carta Magna y las leyes del país”, le dice Porras al presidente Arévalo.

Porras señala que la Corte de Constitucionalidad también se ha pronunciado al respecto al expresar que “la previsión constitucional del período de cuatro años del cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, no debe coincidir con el período del ejercicio de la Presidencia para garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Público”.

“Mi actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la ley, contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho en el país, lo cual ha representado un fortalecimiento histórico del Ministerio Público, hecho que fue refrendado al ser reelecta como fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público y con resultados contundentes y comprobables”, enfatizó la fiscal Porras.

Agregó que no escatimará esfuerzos para que el MP continúe “firme y fuerte en sus investigaciones, con un único fin, la averiguación de la verdad”.

Trabajar desde sus competencias

Porras también le dice a Arévalo: “Señor presidente, ambos tenemos funciones fundamentales que cumplir y debemos trabajar por el bien de nuestro país en el marco de nuestras respectivas competencias. Por ello, como mujer de derecho, siempre he sido y seguiré siendo respetuosa de la ley, cumpliendo firmemente con mis obligaciones, por lo que, en el mismo sentido, le exhorto respetuosamente, a que se respete la Constitución, la ley y todas las resoluciones de las cortes, incluyendo la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que denegó una acción de inconstitucionalidad relacionada al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que toda acción, en contrario, puede ser ilegítima, antidemocrática y en clara obstaculización a la persecución penal y obstrucción a la justicia, mismas que no contribuyen a la transparencia, al fortalecimiento de la institucionalidad y al estado de derecho, ni benefician a la población guatemalteca”.

“Entonces, señor presidente, lo exhorto a que deje su discurso anticorrupción y lo convierta en una realidad en favor de la ciudadanía guatemalteca, ya que el Ministerio Público es el ente natural conforme a la ley para que usted y sus funcionarios, de forma responsable, presenten las denuncias con sus respectivas pruebas sobre cualquier acto de corrupción, los cuales serán investigados sin excepción alguna, ya que el Ministerio Público ha investigado y continúa investigando todas las denuncias que han sido puestas de su conocimiento”, le dice Porras a Arévalo.

El video comienza con las declaraciones de Porras en las que hace referencia al oficio del 18 de enero que le mandó el presidente Arévalo y señala que se le estará dando respuesta a los aspectos que le solicitaron, “atendiendo al principio de legalidad, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”.

“Esta información la haremos pública en nuestras redes sociales para que la población esté informada en atención al espíritu de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía”, dijo Porras.

Horas más tarde, las redes sociales del MP publicaron el informe que solicitó Arévalo.

1/3 | El Ministerio Público remitió oficio a la Presidencia de la República @GuatemalaGob @BArevalodeLeon, con relación a los 4 aspectos detallados en oficio recibido el 19 de enero de 2024. pic.twitter.com/XMKapSQLZZ

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 24, 2024

3/3 pic.twitter.com/zI8evAvxbu

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 24, 2024

“Es importante manifestar categórica y contundentemente que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás normativa legal vigente, el Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello la no intervención de autoridad alguna en el ejercicio de sus funciones”, expresó la jefa del MP.

Hace referencia a que respecto a eso ya se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en varias resoluciones, estableciendo que de conformidad con el mandato contenido en el artículo 251 de la Carta Magna, el MP se rige por principios fundamentales, entre ellos los de legalidad, jerarquía y autonomía funcional.

“Considerando que la autonomía funcional implica que en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público no está subordinado autoridad alguna”, señala Porras.

Hace referencia también al artículo 8 del Código Procesal Penal en donde se establece que el MP goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación, y que “ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados, respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades conferidas por la ley a los tribunales de justicia”.

No acudirá a cita

Porras además agrega que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público regula que el Ministerio Público actuará independientemente por su propio impulso y incumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del estado ni autoridad alguna.

“En ese orden de ideas, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, la fiscal general de la república y el personal del Ministerio Público únicamente actuarán de conformidad con las facultades y atribuciones legalmente conferidas”. Consecuentemente, el atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación del Ministerio Público, constituiría inobservar la normativa constitucional y legal vigente, ya que todos, los funcionarios somos depositarios de la autoridad responsables por nuestra conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella”, expresa en el video.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hizo su primera gira fuera de la capital y llegó a Sololá, en donde firmó el Pacto de Salud con las comunidades.

Luego del evento, el presidente Arévalo ofreció una conferencia de prensa en donde se refirió al conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, se refirió a la elección de gobernadores departamentales y a sobrevaloración y atrasos en obras públicas.

En cuanto al conflicto limítrofe entre Nahualá e Ixtahuacán, al presidente se le consultó sobre qué acciones tomaría para frenar este problema, el cual no ha podido ser resuelto por los gobiernos pasados.

El mandatario señaló que esta semana comenzaron con las primeras reuniones interministeriales en donde se busca “identificar una ruta que permita darle una solución sostenible y definitiva a los problemas de conflicto recurrente que se da entre estas dos municipalidades”.

Arévalo refirió que esta situación va a requerir una intervención no únicamente de fuerzas de seguridad para garantizar la  vida y la salud de las personas, sino que también de entidades y ministerios responsables del desarrollo para lograr que de manera integral alcancen una solución a este conflicto que lleva ya cientos de años.

Apoyo de Sololá

Al mandatario también se le preguntó que compromiso tenía con Sololá, un departamento que lo apoyó para que pudiera asumir su cargo.

Arévalo respondió que tiene un compromiso con Sololá y con todo el pueblo de Guatemala.

Dijo que la firma del pacto de salud es parte de ese compromiso, de trabajar con el pueblo de la mano para empezar a construir una gestión diferente.

“Hoy lo estamos haciendo acá, construyendo sobre la base de los diálogos que se han venido desarrollando y el esfuerzo que se ha hecho en el área departamental de salud, el ministro ha trazado la ruta para que en el tema de salud sigamos trabajando en todo el país en la conducción de este diálogo que lo que hace es buscar integrar estos conocimientos y estos saberes al sistema de salud, y así de esa manera poder atender mejor a la población beneficiaria, pero es un trabajo que se hace colectivamente y eso es parte de lo que estamos haciendo con Sololá y con todo el país, empezando a transformar la forma como las instituciones públicas funcionan”, respondió.

Sobrevaloración de obras

A Arévalo también le preguntaron sobre caso ocurridos en Sololá en donde varia infraestructura ha sido sobrevalorada y qué revisión iban a hacer sobre el tema, tanto allí como en el resto del país.

El presidente respondió que la ministra de Comunicaciones – Jazmín de la Vega. está trabajando y ha comenzado a identificar problemas en las distintas dependencias del ministerio y que está ordenando auditorías, para identificar las malas prácticas que han caracterizado la gestión del del del gobierno anterior y de gobiernos anteriores.

Gobernadores departamentales

Al presidente también le preguntaron sobre cuándo podría tenerse alguna noticia de la designación de gobernadores departamentales y confirmó que en unos días iba a informar cuál será la ruta para la elección de gobernadores.

“Estamos estableciendo cierto procedimiento en el marco de la ley existente, y eso permitirá que tengamos a la brevedad posible el proceso de elección de gobernadores, en donde la sociedad civil representada en los poderes elegirá la terna de la cual el presidente de la República escogerá al próximo gobernador, en Sololá y en todos los departamentos” refirió Arévalo.

Ante la pregunta sobre qué cambios se necesitan en Gobierno, explicó que se busca una transformación del Estado, de un gobierno que opera abierto a la población, con la población, de combate a la corrupción y que lucha por la transparencia para lograr que sin corrupción finalmente, llegue el desarrollo a todas las esquinas del país.

Reunión con Consuelo Porras

El mandatario fue consultado sobre qué ocurriría el 24 de enero si la fiscal general Consuelo Porras no se presentaba a la cita que él le había hecho al despacho presidencial para rendir un informe, y respondió que él cree que la jefa del Ministerio Público sí acudiría a la cita.