Tobin John Bradley tomó juramento este jueves 18 de enero como embajador de EE. UU. en Guatemala y se alista para empezar su trabajo en el país, el cual visitó recientemente al formar parte de la delegación que representó al presidente Jeo Biden en la toma de posesión de Bernardo Arévalo de León, el 14 de enero recién pasado, informaron fuentes de la diplomacia estadounidense.

El pasado 20 de diciembre, el Senado de EE. UU. confirmó a Tobin John Bradley como embajador de esa nación en Guatemala, luego de que este experto en temas de narcóticos y exdirector de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fuera nominado el 20 de abril de 2023 por Biden para dirigir la misión diplomática de Washington en el país.

“Encantado de ver a Tobin Bradley tomar juramento como nuestro próximo embajador en Guatemala”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

En el mismo mensaje, Nichols detalló que Bradley es un diplomático de carrera y “ha trabajado durante más de 25 años promoviendo los intereses estadounidenses en la región y en todo el mundo”.

También destacó que con el trabajo de Bradley se fortalecerán las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“Nuestra asociación vital con Guatemala seguirá creciendo bajo su liderazgo”, finalizó Nichols.

Durante su visita a Guatemala para la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, Bradley dijo que se alista para presentar sus cartas credenciales al Gobierno de Guatemala.

“¡Hasta pronto, Guatemala! Quedé muy emocionado de haber participado en la toma de posesión del presidente @BArevalodeLeon, un gran momento histórico para los guatemaltecos. Pronto estaré de vuelta para asumir oficialmente mis funciones como embajador de #EEUU en Guatemala, cuando presente mis credenciales a la presidencia”, señaló Bradley, según una publicación de la Embajada de EE. UU. en su cuenta de X.

Bradley, un diplomático de carrera, ocupaba hasta ahora el puesto de secretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Fuerzas del Orden del Departamento de Estado.

Esta oficina se encarga de combatir el “crimen, las drogas ilegales y la inestabilidad” a nivel internacional.

Trayectoria de Tobin John Bradley

En anteriores roles, Bradley se desempeñó como subsecretario de Estado Adjunto en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), donde supervisó la oficina de África y Medio Oriente (AME) y la oficina de Gestión del Conocimiento (KM).

Además, ocupó el cargo de director de la INL en la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y Cónsul General en Matamoros, México.

Su experiencia también abarca roles destacados, como director de la OTAN y Asuntos de Europa Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional.

Roles en la Embajada de los Estados Unidos en Londres, Asistente Especial para Asuntos del Cercano Oriente y Asia Meridional para el Subsecretario de Asuntos Políticos, y tuvo rotaciones en las Misiones de los Estados Unidos en Amán, Jordania, y el Centro de Operaciones del Departamento de Estado.

Educación y formación

Nacido y criado en el Área de la Bahía de San Francisco, Tobin Bradley es graduado de la Escuela de Servicio Exterior Edmund A. Walsh de la Universidad de Georgetown, con una Licenciatura en Ciencias en Servicio Exterior.

Además, posee una Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Políticas Públicas e Internacionales Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton.

Con un historial diverso y amplia experiencia en asuntos internacionales, Tobin Bradley asume su nuevo papel como embajador de los Estados Unidos en un momento político crucial para Guatemala.

La Alianza para Centroamérica (PCA) y Transparencia Internacional (TI) lanzaron este martes 26 de septiembre el proyecto “Iniciativa Anticorrupción y Transparencia para América Central”, el cual busca fortalecer la integridad corporativa y las condiciones de inversión en la región, por lo que incentivará a las empresas a ofrecerse de forma voluntaria para ser “responsables en sus operaciones”, informaron los involucrados en un comunicado.

De acuerdo con una publicación de PCA, las empresas que figuran como miembros fundadores del proyecto son AgroAmerica, Banco Ficohsa, Corporación AG, Grupo Mariposa y Pantaleón.

El documento señala que el proyecto se llevará a cabo en El Salvador, Guatemala y Honduras y “utilizará las Directrices de Debida Diligencia de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable como marco de referencia para fortalecer la integridad corporativa y las condiciones de inversión en la región”.

Refiere que, además de las contribuciones financieras las empresas fundadoras, “el Proyecto ACT incluye una alianza estratégica con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)”, el cual, según la publicación “desempeñará un papel crucial en la expansión de la participación en el proyecto”.

Se explica que el Proyecto ACT se basa en el lanzamiento, en febrero pasado, de la iniciativa Central American Forward (CAF), de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, que incluyó la Declaración de Buena Gobernanza que establece los compromisos conjuntos del gobierno de Estados Unidos y la PCA para combatir la corrupción y proteger los derechos laborales en la región.

Agrega que el Proyecto ACT también se basa en los esfuerzos de las empresas miembros de la PCA que se comprometieron con “la Promesa Corporativa de la PCA sobre el Estado de Derecho en junio de 2023”.

“El propósito del Proyecto ACT es ampliar el número de empresas que se comprometen voluntariamente a ser responsables en sus actividades comerciales”, detalla la nota.

“El Estado de Derecho y los esfuerzos contra la corrupción seguirán siendo piedra angular de la Estrategia de Causas Raíces de la Administración Biden-Harris en la región. Aplaudo los esfuerzos de estas empresas miembros de la PCA y de otras de llevar a cabo soluciones lideradas por el sector privado para los desafíos que afectan a toda la sociedad, para promover los objetivos de Central America Forward, lanzada en febrero de 2023 por la vicepresidenta Harris,” dijo Philip Gordon, asesor de Seguridad Nacional de Harris.

“Nuestra declaración conjunta con la PCA sobre Buen Gobierno, Buenos Empleos describe un marco y valores para trabajar con el sector privado. El Departamento defiende el estado de derecho y la lucha contra la corrupción como piedra angular de la política de Estados Unidos en América Central”, dijo Brian A. Nichols, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de EE. UU.

Nichols agregó que “el papel del sector privado es fundamental. Estamos emocionados de ver a la PCA dar pasos clave para poner en práctica estos principios”.

Por su parte Luis Miguel Castillo, presidente de Grupo Mariposa, dijo que “la transparencia es un desafío regional que requiere soluciones regionales. Me complace colaborar con líderes empresariales de toda la región para respaldar este esfuerzo que nos exige a todos mantener altos estándares en nuestras actividades comerciales”.

En tanto, Mateo Yibrin, Ppresidente de COHEP, comentó que “el Proyecto ACT es un testimonio de lo que se puede lograr cuando el Estado de Derecho no solo es respetado, sino defendido. COHEP se siente honrado de contribuir a esta iniciativa para fomentar estándares más elevados de gobierno corporativo en América Central”.

A criterio de Mark Lopes, presidente y director de operaciones de la PCA, “el motor detrás de este compromiso son las empresas miembros, y estamos emocionados de trabajar con Transparencia Internacional para unir una de las organizaciones anticorrupción más creíbles con empresas que están comprometidas con el progreso de las sociedades en las que viven, trabajan y hacen negocios”.

Por lo anterior, Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Transparencia Internacional, dijo que “estamos comprometidos en colaborar con el sector privado para ofrecer soluciones prácticas a los desafíos en esta región. Esperamos escalar y sistematizar este trabajo en todas las empresas de la región”.

Los tres componentes que ofrecerá el Proyecto ACT

• Apoyar el cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas signatarias
• Mejorar las capacidades de las empresas signatarias y sus cadenas de valor para adoptar, implementar y supervisar prácticas comerciales transparentes y legales
• Fomentar una red vibrante y en constante expansión de integridad corporativa en la Región

El Proyecto ACT brindará servicios a tres grupos de empresas

• Miembros de la PCA que han firmado la Promesa de Estado de Derecho de la PCA
• Miembros de COHEP que han firmado una Promesa de Estado de Derecho ante COHEP
• Empresas adicionales que han firmado una Promesa de Estado de Derecho con el Proyecto ACT

De esa cuenta, TI y la PCA invitan a otras empresas a unirse a este esfuerzo “innovador para avanzar en esfuerzos concretos y creíbles contra la corrupción en la región”.

En el comunicado se informa que “la Alianza para Centroamérica (PCA) es una organización no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro que colabora con una coalición multinacional de organizaciones privadas para promover oportunidades económicas entre poblaciones desfavorecidas en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

Mientras que a Transparencia Internacional (TI) la define como “un movimiento global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción. TI se enfoca en problemas con el mayor impacto en la vida de las personas y exige la rendición de cuentas a los poderosos en beneficio del bien común”.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostuvo una comunicación con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en la que resaltó la importancia de la preservación de los valores y las instituciones democráticas de Guatemala, así como la lucha contra la corrupción y la migración, informó este viernes 1 de septiembre la Casa Blanca en un comunicado.

El encuentro entre la vicemandataria estadounidense y Arévalo de León ocurre en momentos en que Guatemala vive una crisis política a causa de la judicialización del proceso electoral y que ha llevado al presidente electo a denunciar la existencia de un plan  para ejecutar un golpe de Estado, según él, orquestado desde instituciones públicas como el Ministerio Público (MP).

De acuerdo con el comunicado difundido por la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris felicitó a Arévalo por su victoria en la elección presidencial del pasado 20 de agosto.

“La vicepresidenta destacó el interés de Estados Unidos en profundizar la relación entre nuestros países”, señala el documento, que agrega que Harris y Arévalo “hablaron sobre nuestros intereses compartidos en la lucha contra la corrupción, el apoyo a la seguridad ciudadana y el aumento de las oportunidades económicas mediante el liderazgo de la vicepresidenta en la Estrategia de Causas Fundamentales”.

El comunicado detalla que, durante la conversación, Harris hizo una actualización sobre Centroamérica Adelante, la alianza público-privada que ha generado más de US$4 miml 200 millones en inversión del sector privado en el norte de Centroamérica.

Además, refiere que “conversaron sobre los esfuerzos continuos para brindar oportunidades económicas para el pueblo de Guatemala en su lugar de origen, incluyendo buenos empleos, inclusión financiera y conectividad digital”.

“La vicepresidenta y el presidente electo Arévalo conversaron sobre la importante y continua cooperación entre la administración Biden-Harris y el presidente -Alejandro- Giammattei para abordar la migración irregular, y la vicepresidenta resaltó el compromiso de trabajar con Guatemala y otros gobiernos en la región para abordar la migración irregular de manera humana y expandir las vías legales”, dice la misiva.

Además, detalla que Harris “resaltó nuestro compromiso con el crecimiento económico y la estabilidad para los guatemaltecos, así como con la preservación de los valores y las instituciones democráticas de Guatemala, incluyendo unas elecciones libres de intimidación o interferencia”.

Golpe de Estado

Arévalo denunció este viernes la existencia de un plan de “golpe de Estado” para impedir que asuma el poder en enero de 2024 tras ganar el balotaje del 20 de agosto.

“Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado (del balotaje) y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, dijo Arévalo cuatro días después de que la justicia inhabilitara su partido, Semilla.

“Estamos viendo un golpe de Estado en curso”, agregó en conferencia de prensa Arévalo, quien ganó el balotaje con el 58% de los votos con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, mal endémico en el país.

“Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían de garantizar la justicia en nuestro país, encabezada por la fiscal general, consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso y otros actores corruptos y antidemocráticos”, añadió.

Con información de AFP

Integrantes del Equipo de Asistencia en Respuesta Médica (HEART 22, en inglés) del Comando Sur de EE. UU. concluyeron su visita a Guatemala luego de haber dado tratamiento dental, ortopédico y oftalmológico a más de 200 pacientes guatemaltecos.

Fueron aproximadamente 50 profesionales médicos del Ejército y de la Fuerza Aérea de EE. UU. que junto con médicos guatemaltecos y el Ministerio de Salud proporcionaron asistencia médica gratuita a pacientes guatemaltecos.

Las jornadas médicas se efectuaron del 22 de agosto al 2 de septiembre en la Unidad Nacional de Oftalmología y el Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango, donde el Gobierno de EE. UU. invirtió cerca de US$1 millón.

HEART 22 también hizo una donación de US$800 mil en suministros y US$20 mil en equipo médico, así como el voluntariado de socios de entidades no federales.

“Hoy celebramos el excelente trabajo de los equipos médicos combinados de ambos países, que se unieron para mejorar la salud y bienestar de los guatemaltecos. También celebramos la alianza entre EE. UU. y Guatemala, mostrando las cosas que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, señaló el embajador de EE. UU. en Guatemala William W. Popp.

“Desde octubre de 1993, el personal militar estadounidense de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo), unidad bajo el Comando Sur destacada en la Base Aérea Soto Cano, Honduras, ha realizado más de 300 misiones, atendiendo a más de 340 mil pacientes médicos y 70 mil pacientes dentales durante los Ejercicios de Preparación Médica (MEDRETE) en Centroamérica”, señala un comunicado.

Agrega que “el objetivo de estos equipos es capacitar a profesionales médicos para afrontar las necesidades críticas en sus comunidades mediante servicios médicos y quirúrgicos, para aliviar la presión en los sistemas de salud locales, aumentar la capacidad de preparación médica de los participantes y fortalecer las relaciones bilaterales”.

Gracias a los equipos @Southcom @jtfbravo y @MinSaludGuate que donaron su tiempo y experiencia. ¡Su trabajo, compromiso y habilidades han mejorado muchas vidas e inspiran a seguir adelante! #HEART muestra de nuevo lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. #EmbPopp pic.twitter.com/IcsKXSDvnE

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 31, 2022

USD60mil en insumos y donación de 12 córneas se suman a casi USD1millón financiado x @Southcom @jtfbravo en servicios médicos ortopédicos, dentales y oftalmológicos p/ +200 guatemaltecos con equipo #HEART @USArmy @usairforce y apoyo @MinSaludGuate en @HROccidente y @HRooseveltGT pic.twitter.com/AC98fhjbAG

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 31, 2022

#EmbPopp participó en ceremonia de clausura Misión #HEART @Southcom @jtfbravo, valorada en casi USD1millón, financiada por #EEUU, con la cual 50 médicos @USArmy y @usairforce c/apoyo @MinSaludGuate y médicos #GUA contribuyeron x 2 semanas a la salud de cientos de guatemaltecos. pic.twitter.com/MD4w6gZ6eD

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 31, 2022

El Gobierno de EE. UU. anunció, por medio de una declaración conjunta con el Gobierno de Guatemala, la continuidad de proyectos que promuevan el desarrollo y contrarresten la migración irregular, los cuales tendrán el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

La declaración conjunta se da días después de que la Fundación Heritage asegurara que el presidente Alejandro Giammattei analizaba expulsar a Usaid de Guatemala, y ahora Estados Unidos refiere que “son socios y aliados estratégicos a largo plazo que trabajan juntos para promover un futuro mejor”.

“El Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés), siguen comprometidos en trabajar juntos por medio de los mecanismos que aseguren la transparencia, rendición de cuentas y eficacia en proyectos de desarrollo alineados a las prioridades nacionales”, refiere un comunicado de prensa difundido por la Embajada de EE. UU.

El documento agrega que “este compromiso se demuestra con la activa negociación, desde agosto de 2021, sobre el Convenio de Cooperación de Objetivos de Desarrollo para los próximos cinco años, realizando talleres interinstitucionales de armonización de la cooperación a los instrumentos de planificación y políticas públicas nacionales”.

También señala que el Convenio de Cooperación incluye objetivos de prosperidad económica, inclusión y estabilidad, así como gobernanza, justicia y seguridad para “disuadir la migración irregular”.

Agrega que por medio de dicho acuerdo se dará apoyo a programas que promuevan el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la creación de empleo, aunado a mejorar los resultados en salud y educación, garantizar la seguridad alimentaria, fortalecer la institucionalidad democrática y proteger el medioambiente, entre otros.

“Con base en principios internacionales sobre la eficacia de la cooperación, que siempre han sido la norma de nuestra colaboración, incluye mecanismos para visibilizar la cooperación y permitir la complementariedad de la cooperación al desarrollo del país en armonía con los esfuerzos del gobierno”, concluye el documento.

El Gobierno de EE. UU. publicó este martes 12 de abril el informe “Prácticas de Derechos Humanos 2021”, en el que Guatemala salió mal parada debido al “socavamiento de las instituciones anticorrupción y el poder judicial por parte de actores políticos corruptos”.

El informe anual sobre derechos Humanos del Departamento de Estado, que fue presentado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, tiene un apartada para cada país, y en el caso de Guatemala destaca como la corrupción y la impunidad se han beneficiado gracias a la persecución contra jueces y fiscales anticorrupción.

“La impunidad siguió siendo generalizada. La corrupción, los esfuerzos concertados de los actores del crimen organizado y el socavamiento de las instituciones anticorrupción y el poder judicial por parte de actores políticos corruptos dificultaron la investigación y el enjuiciamiento significativos de los delitos, incluida la corrupción, que involucran a funcionarios públicos”, refiere el informe.

El informe de EE. UU. detalla que en Guatemala “la ley prevé un poder judicial independiente”; sin embargo, en términos generales, “el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos”.

Refiere que “jueces, fiscales, querellantes y testigos continuaron denunciando amenazas, intimidaciones y vigilancia, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, como hostigamiento a fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y jueces del Juzgado de Mayor Riesgo”.

Corrupción y falta de transparencia en el Gobierno

De acuerdo con el informe, aunque la ley de Guatemala “establece sanciones penales para la corrupción oficial, pero los funcionarios frecuentemente cometieron prácticas corruptas con impunidad” y pese a “las numerosas denuncias de corrupción entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, pocos casos de alto perfil fueron procesados durante el año y los esfuerzos anticorrupción dentro del poder judicial se estancaron”.

Refiere que “destacados fiscales anticorrupción fueron despedidos o destituidos de casos importantes, y actores corruptos amenazaron a jueces independientes al presentar denuncias basadas en cargos falsos para despojarlos de la inmunidad procesal”.

“Las amenazas contra jueces independientes también representaron una amenaza para los esfuerzos anticorrupción. Los jueces que presidieron casos penales de alto perfil enfrentaron esfuerzos continuos para despojarlos de su inmunidad, lo que los expondría a un posible enjuiciamiento y represalias por sus decisiones judiciales”, refiere el informe.

Recuerda que el 23 de julio, la fiscal general Consuelo Porras “destituyó abruptamente al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval”, quien esa misma noche huyó del país luego de dar una conferencia de prensa en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la que implicó a varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno en casos de corrupción.

El 2 de septiembre un juzgado penal dictó orden de aprehensión contra Sandoval por los delitos de obstrucción a la justicia e incumplimiento de funciones oficiales. El 30 de noviembre el MP anunció una nueva serie de cargos contra Sandoval que incluyen abuso de autoridad, fraude y conspiración relacionada con tratos que Sandoval supuestamente hizo con testigos que cooperaron en casos de corrupción.

Referente a casos de corrupción, el informe hace referencia al caso del exministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien es investigado por irregularidades en la construcción del Libramiento de Chimaltenango y por sus vínculos con el hallazgo de varias maletas repletas de millones de dólares en Antigua Guatemala.

También menciona al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, implicado en varios casos de corrupción que salpican, incluso, a algunos expresidentes.

Retraso en elección de cortes

Además, refiere que, al 13 de abril de 2021, la Junta Directiva del Congreso tomó juramento a siete de los 10 nuevos miembros de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026, pero los diputados se negaron a nombrar a la magistrada titular independiente reelegida Gloria Porras, citando una medida cautelar.

“La sociedad civil expresó su preocupación por que hasta noviembre la corte había fallado consistentemente a favor de la coalición de gobierno”, refiere.

Amenazas, acoso, vigilancia y coerción

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), informó que la Policía entrevistó a sus padres y entró a su casa buscándolo a pesar de que su paradero en Estados Unidos había sido ampliamente reportado.

El 29 de septiembre de 2021, la exjueza de Alto Riesgo Erika Aifán publicó en redes sociales que durante años los funcionarios implicados en los casos que ella presidía la monitorearon colocando personal en su sala de audiencias y oficina, y que estos trabajadores a menudo filtraban detalles de casos importantes a esos acusados de corrupción.

Los fiscales del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público que estaban procesando casos de crímenes de guerra de la era de la guerra civil contra exmilitares informaron que después de los arrestos de mayo relacionados con el caso del Diario Militar, fueron seguidos por camionetas sin identificación y experimentaron gestos amenazantes de otros vehículos, según el documento.

Arrestos arbitrarios

Con respecto a los arrestos arbitrarios, refiere que, al 31 de agosto de 2021, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC había recibido 48 denuncias de detención ilegal por parte de sus agentes y los informes indicaron que “la Policía ignoró los recursos de hábeas corpus en casos de detención ilegal”, particularmente durante operaciones antipandillas en vecindarios.

En uno de esos casos destaca que el 19 de mayo de 2021, la PNC arrestó a Juan Francisco Foppa, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria, por presunta falsificación de documentos al registrar un nuevo partido político, a quien la policía lo siguió en un automóvil sin identificación, fuera de los procedimientos policiales permitidos, lo detuvo y luego lo arrestó, sin causa ni orden de arresto.

Agrega que, de enero al 31 de agosto de 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Trabajadores Judiciales y Sindicalistas recibió 69 denuncias por amenazas o agresiones contra trabajadores del Poder Judicial y 53 contra activistas prosindicales, “para un total de 122 denuncias, frente a 194 en 2020”.

El informe recuerda que el 11 de octubre de 2021, la fiscal general Consuelo Porras anunció la reasignación de la fiscal principal de derechos humanos Hilda Pineda a una oficina que investiga delitos contra turistas.

“Pineda era conocida por perseguir agresivamente el enjuiciamiento de los abusos a los derechos humanos por parte de los militares durante la guerra civil, incluido el genocidio contra la comunidad maya ixil y el caso del Diario Militar”, detalla el documento.

Señala a la PNC

De acuerdo con el reporte del Departamento de Estado, “hubo informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”; además, señala que, al 31 de agosto de 2021, el MP y la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron cinco denuncias por “homicidio policial”, tres más que en 2020 y destaca que la PNC “no brindó mayor información sobre ninguno de estos casos”.

Destaca que, aunque la impunidad en la PNC no fue un problema “generalizado o sistémico”, los delitos menores de negligencia y soborno por parte de agentes continuaron, como sucedió con la impunidad en la Dirección de Puertos, Aeropuertos y Puntos Fronterizos de la PNC donde los sobornos fueron recurrentes.

También recalca que La Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos denunció que al menos siete miembros de grupos activistas rurales e indígenas “fueron asesinados o murieron en circunstancias controvertidas” entre enero y noviembre y que algunos de los asesinatos parecían tener motivaciones políticas.

Con respecto a la tortura, el informe destaca que en Guatemala “los mecanismos de documentación y denuncia (…) seguían siendo débiles”, lo que dificulta una “comprensión completa de la prevalencia del problema” y hacer referencia a que hubo casos de negligencia de “funcionarios penitenciarios que permitieron que los presos experimentaran violencia y condiciones degradantes”.

“Las condiciones de la prisión eran duras y amenazaban la vida, con múltiples casos de reclusos que mataron a otros. La agresión sexual, el saneamiento inadecuado, la atención médica deficiente y el hacinamiento significativo colocaron a los presos en un riesgo significativo”, refiere el reporte.

También hubo denuncias sobre “condiciones inseguras y de hacinamiento en el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora durante la pandemia de covid-19.

Respeto a las Libertades Civiles

El informe detalla que “la ley establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, pero el Gobierno no siempre respetó este derecho. La intimidación de periodistas aumentó durante el año y resultó en una importante autocensura”.

Detalla que “los miembros de la prensa informaron haber recibido presiones, amenazas y represalias de funcionarios públicos y organizaciones criminales con respecto al contenido de sus informes. Los ataques en línea contra periodistas independientes y medios de comunicación continuaron durante todo el año. Estos incluyeron piratear las cuentas privadas de los medios sociales de los periodistas, publicar información personal robada o falsificada y realizar intentos aparentemente coordinados para socavar a periodistas específicos y a la prensa”.

La Fiscalía de Delitos contra Periodistas reportó 60 denuncias de agresiones o amenazas contra periodistas de enero a agosto de 2021, frente a 73 en igual período de 2020, y ningún homicidio, frente a uno reportado en igual período de 2020.

Se solicitó una postura del Gobierno, pero de momento no han respondido. Además, se consultó al MP sobre que pensaban del informe, pero tampoco han contestado.

Posturas

Con respecto al informe, el MP señaló que este “hace referencia a muchas instituciones” y que en lo que corresponde a la Fiscalía, “todo su actuar está siempre fundamentado en lo que establece la ley”.

Añade que “en ese sentido, siempre actúa con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad. La actual administración del Ministerio Público ha sido garante del respeto a los derechos humanos y del cumplimiento de la ley, su actuar siempre ha sido conforme a lo que establece su mandato constitucional, coadyuvando al fortalecimiento del estado de Derecho en Guatemala”.

También se solicitó una postura del Gobierno, pero de momento no han respondido.

Estados Unidos acusó este domingo al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” con su petición de que se retire la inmunidad de la jueza guatemalteca Erika Aifán.

El pasado jueves, el Ministerio Público de Guatemala anunció que había solicitado un retiro de inmunidad contra Aifán, en un caso de alto impacto que analiza los amaños en la elección de la Corte Suprema de Justicia entre 2019 y 2020.

Dicha solicitud “es un intento flagrante de obstruir las investigaciones sobre corrupción y una afrenta a la integridad de los tribunales de mayor rango en Guatemala”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.

“La independencia de los jueces para revisar los casos y emitir sentencias libres de la amenaza de represalias o de influencias externas es fundamental para el Estado de derecho”, subrayó Price.

“Esta acción contra una jueza independiente e internacionalmente reconocida debilita un pilar vital de la democracia y el sistema judicial de Guatemala”, añadió.

El portavoz recordó que el año pasado, Aifán fue galardonada con el premio internacional Mujer de Coraje, otorgado por el Departamento de Estado estadounidense, “por sus esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho en Guatemala”.

La jueza Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, de fase intermedia, denunció el año pasado que ha sido víctima de procesos espurios en su contra, con casos sin base legal y que han permanecido vigentes pero inmóviles en diversas agencias fiscales durante al menos nueve años.

Junto a otros jueces, Aifán pidió a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, que desestime las denuncias en su contra, que son usadas como pretexto de hostigamientos y acoso cibernético, aunados a seguimientos en la vía pública y persecuciones, dentro y fuera de las instituciones estatales.

Las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron en septiembre pasado, cuando Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca precisamente por acusarla de obstruir la justicia en casos de alto impacto.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no invitó ni a su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, ni a los líderes de Honduras y El Salvador a una cumbre virtual sobre la democracia que organizó en diciembre.

La semana pasada, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó por teléfono a Giammattei y le pidió garantizar “que los actores corruptos rindan cuentas, al subrayar que la corrupción erosiona la confianza del público y socava la capacidad de gobernar de forma efectiva y responsable”, según la Casa Blanca.

Postura de Presidencia

Sobre el tema, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin Lopez, dijo que: “Aclaramos enfáticamente que no hay señalamiento ni acusación hacia el Organismo Ejecutivo”.

López aseguró que el Ejecutivo “mantiene una buena relación de cooperación con el gobierno de los EE.UU. a través  de sus distintas agencias y programas”.

Además señaló que el Ejecutivo “es totalmente respetuoso del debido proceso, la presunción de inocencia y del derecho a la defensa y sobre todo la independencia de poderes establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala”.

El secretario también aseguró que el Ejecutivo no interviene en asuntos relacionados al sistema de justicia ni de los órganos encargados de la investigación criminal.

“Cualquier pronunciamiento corresponde al Ministerio Público y al Organismo Judicial”, dijo López.

Postura del MP

Prensa Libre consultó al Ministerio Público sobre el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos y respondió:

“Al Ministerio Público, conforme a su mandato constitucional, le corresponde la investigación y persecución penal, la cual desarrolla siempre de forma objetiva, imparcial y técnica. En el caso de la solicitud de retiro de antejuicio, esta se realiza de conformidad con la ley en la materia, para que sea el órgano competente quien resuelva si ha lugar o no a la formación de causa, en cuanto a la posible comisión de un acto constitutivo de delito e iniciar la investigación, ya que nadie es superior a la ley.”

La Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (Usaid) presentó este jueves 16 de diciembre un proyecto con el cual buscan involucrar, fortalecer y apoyar organizaciones locales para implementar programas de desarrollo que, a su vez, promuevan la estrategia para abordar las causas de la migración irregular, informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado, se trata del proyecto “Centroamérica local: Guatemala desarrollo sostenible a través de la asociación local”, el cual se impulsa porque “el desarrollo liderado localmente empodera y apoya a los actores locales en su trabajo para abordar sus desafíos de progreso y es vital para el desarrollo sostenible a largo plazo”.

Se informó que “este trabajo promoverá el crecimiento económico sostenible y equitativo, mejorará la gobernanza, combatirá la corrupción, protegerá los derechos humanos, mejorará la seguridad ciudadana y combatirá la violencia sexual y de género”.

El documento añade que esos esfuerzos también promoverán “la Estrategia de los Estados Unidos para Abordar las Causas Fundamentales de la Migración en Centroamérica y cumplirán con la visión general de Usaid de involucrar y empoderar a las organizaciones y comunidades locales para liderar su propio desarrollo”.

Serán tres pilares los que servirán de base para la implementación del proyecto:

Promover el liderazgo local de la Agenda de Desarrollo de Guatemala para establecer y avanzar en la agenda de desarrollo del país.

Ampliar y diversificar las oportunidades de participación con organizaciones locales, innovando, adaptando y apoyando modelos de asociación para alinearse mejor con las necesidades de diferentes organizaciones y avanzar en los objetivos de desarrollo compartidos.

Fortalecimiento de la capacidad de localización. Trabajar para expandir la capacidad de USAID y los actores locales para trabajar como socios en el diseño, movilización de recursos, implementación y evaluación de programas de desarrollo.

Transparencia

Con la implementación de esta estrategia, EE. UU. espera que la inversión que hagan tenga los resultados deseados y por eso se involucra a organizaciones locales, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar el buen uso de los recursos.

Michael Camilleri, asesor principal de la administradora de Usaid Samantha Power, señaló que su gobierno “toma muy enserio la responsabilidad que tienen de administrar los recursos estadounidenses” invertidos en Guatemala.

Añadió que la inversión de EE. UU. en Guatemala requiere “mostrar resultados que realmente se están logrando los objetivos de desarrollo, por lo que los controles financieros sobre los programas son muy estrictos y se capacita a los socios (de Usaid) para administrar responsablemente los fondos”.

También dijo que esta estrategia se adecúa para mostrar que en Guatemala hay esa capacidad de administrar los fondos transparencia.

“Es una iniciativa transversal que ya está en efecto. Vamos a tomar una serie de medidas para implementarla una de esas es solicitar a nuestro congreso los fondos que necesitamos para llevarla a cavo a fondo, pero ya está funcionando”, refirió.

“En Guatemala la zona del altiplano es una prioridad dada las condiciones económicas y sociales y las tendencias de migración irregular que está vinculadas a las condiciones de las personas”, agregó.

Con información de Henrry Montenegro

El Departamento de Estado de EE. UU. emitió este jueves 1 de julio una alerta para que sus ciudadanos reconsideren viajar a Guatemala por los altos niveles de criminalidad que afectan al país, informó una fuente consular.

De acuerdo con la advertencia publicada en los sitios oficiales del Gobierno de EE. UU., “los delitos violentos como el robo a mano armada y el asesinato son comunes. La actividad de las pandillas, como la extorsión, los delitos callejeros violentos y el tráfico de estupefacientes está muy extendida”.

Y aunque la advertencia se ubica en un nivel tres de cuatro alertas existentes, muchos estadounidenses ya se encuentran en el país o algunos deciden no posponer su viaje, por lo que las autoridades de esa nación recomiendan no visitar algunos lugares específicos. En el caso del personal de la embajada estadounidense en el país se les prohíbe hacerlo.

Departamento de San Marcos

“Todo el personal de la Misión de los Estados Unidos y sus familiares tienen prohibido viajar al Departamento de San Marcos para viajes personales, con la excepción de la ciudad de San Marcos. El tráfico de estupefacientes está muy extendido y gran parte del departamento se encuentra bajo la influencia de organizaciones de tráfico de drogas. Varios municipios carecen de presencia policial y la policía local puede carecer de los recursos para responder eficazmente a incidentes delictivos graves. Evite las áreas fuera de las carreteras y autopistas principales.

Departamento de Huehuetenango

“Todo el personal de la Misión de los Estados Unidos y sus familiares tienen prohibido viajar al Departamento de Huehuetenango para viajes personales, con la excepción de la ciudad de Huehuetenango. El tráfico de estupefacientes está muy extendido y gran parte del departamento se encuentra bajo la influencia de organizaciones de tráfico de drogas. Varios municipios carecen de presencia policial y la policía local puede carecer de los recursos para responder eficazmente a incidentes delictivos graves. Evite las áreas fuera de las carreteras y autopistas principales”.

Zona 18 y Villa Nueva dentro del Departamento de Guatemala

La publicación agrega que“el personal del Gobierno de los Estados Unidos y sus familiares pueden viajar libremente dentro de la Ciudad de Guatemala con la excepción de la zona 18 y el municipio de Villa Nueva”.

Añade que “las siguientes zonas en la Ciudad de Guatemala son de gran preocupación para el personal de seguridad de la Embajada debido a la delincuencia: 5, 6, 7, 12, 13, 17, 19, 21 y 24.  Estas zonas no se superponen con las áreas típicas de turismo y visitantes, a excepción de la zona 13, en la que se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guatemala. La zona 13 debe evitarse a menos que viaje directamente desde y hacia el aeropuerto”.

Añade que “los ciudadanos estadounidenses deben tomar las medidas de seguridad adecuadas cuando viajen hacia y desde el aeropuerto, como usar solo servicios de transporte aprobados, no mostrar objetos de valor u otros signos de riqueza, abstenerse de usar dispositivos móviles en público y no quedarse fuera del aeropuerto. Se aconseja a los ciudadanos que no paren taxis en las calles de la ciudad de Guatemala. Utilice taxis despachados por radio (Taxi Amarillo), taxis aprobados por INGUAT desde el puesto “SAFE” del aeropuerto, taxis de hotel o conductores privados autorizados”.

Agrega que “la policía local puede carecer de los recursos para responder eficazmente a incidentes delictivos graves. El personal de la Misión de los Estados Unidos tiene prohibido viajar hacia / a través de las áreas mencionadas, pero se le permite viajar por el resto de Guatemala, incluyendo Tikal, Antigua, Lago de Atitlán y las áreas de la costa del Pacífico en los departamentos de Santa Rosa y Escuintla”.

Se agrega que “el personal de la Misión de los Estados Unidos tiene prohibido viajar hacia o a través de las áreas mencionadas, pero se le permite viajar por el resto de Guatemala, incluyendo Tikal, Antigua, Lago Atitlán y las áreas de la costa del Pacífico en los departamentos de Santa Rosa y Escuintla”.

De acuerdo con fuentes consulares, una advertencia de ese tipo puede durar hasta seis meses; sin embargo, las revisiones de las condiciones del país son periódicas y las condiciones pueden variar en cualquier momento.

Se informó que además de la criminalidad, el país se encuentra en nivel tres de alerta debido a la incidencia de la pandemia de coronavirus, pues las posibilidades de contagio y de sufrir síntomas severos son altas.