El Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, resolvió este miércoles 3 de enero que se suspenda la persecución penal contra el militar en situación de retiro Manuel Antonio Callejas y Callejas, vinculado al caso Genocidio; además, determinó que Benedicto Lucas García siga en prisión preventiva a la espera de juicio por el mismo proceso.

La defensa del militar retirado había argumentado que este padece Parkinson y demencia, por lo cual no podía enfrentar juicio.

En la audiencia de este día se tenía programado el inicio del debate en el caso Genocidio, pero solamente se conoció el peritaje médico que se le hizo al militar en situación de retiro.

Cuatro peritos participaron en la audiencia y ratificaron el estado de salud de Callejas.

Fue por lo que los jueces llegaron a la conclusión de que Callejas es incompetente para enfrentar proceso penal y por eso declararon la suspensión de la persecución penal contra el acusado y que se le libere de inmediato.

En este mismo caso también enfrenta juicio Manuel Benedicto Lucas García.

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, respecto a la medida de coerción solicitada a favor de Lucas García, los jueces luego de haber escuchado a la defensa del acusado, al Ministerio Público (MP) y la querella llegaron a la conclusión de que no se demostró por parte de la defensa “que las circunstancias primitivas hayan variado, por lo tanto, se niega la solicitud de medida de coerción”, lo que significa que Lucas García deberá continuar en prisión preventiva.

Sobre la fecha del debate se dijo que no se podrá determinar hasta que la resolución de este miércoles esté firme.

Enviado a juicio

Por decisión del exjuez Miguel Ángel Gálvez, Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio el 30 de agosto de 2021 por el caso Genocidio Ixil. Se les acusa de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad.

Desde marzo de 2020, el MP le hizo la solicitud a Gálvez, quien fungía como juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

Los tres fueron señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio este lunes por en el caso Genocidio Ixil. 

Lucas y Callejas, que deberán afrontar juicio por decisión del juez Miguel Ángel Gálvez, son señalados de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad. 

Desde marzo de 2020, el Ministerio Público (MP) le hizo la solicitud a Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

Los tres están señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

“Momento histórico”

La Oficia de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) señaló como “momento histórico” la decisión de Gálvez, “décadas después” de las masacres cometidas contra el pueblo ixil.

“Celebramos hoy la justicia, tardía, pero se acerca al horizonte de la memoria y lucha por la dignidad de las víctimas”, dice el texto.

MOMENTO HISTÓRICO: Juez Miguel Ángel Galvez dicta apertura a juicio en contra de Manuel Benedicto Lucas García y Manuel Antonio Callejas y Callejas, por Genocidio, Delitos de Lesa Humanidad y Desaparición Forzada, cometidos en contra de la población Ixil. pic.twitter.com/HknXIaHPHi

— odhag_gt (@odhag_gt) August 30, 2021

Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta enfrentarán proceso por genocidio, delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados. La pesquisa señala 31 masacres y 23 aldeas arrasadas.

Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado, recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Dijo que luego de la entrada en vigor del Decreto 900 -reforma agraria- y la creación la Franja Transversal del Norte, estas normativas causaron conflictos en el área debido a la tenencia de tierras.

Además, Gálvez manifestó que luego de la creación del Decreto 900 varias caballerías de terreno pasaron a ser posesión de cooperativas y después del golpe de Estado de 1954, estas tierras regresaron a sus antiguos dueños, por esa razón se mantenía un alto grado de conflictividad en el área ixil

El juzgador presentó algunos documentos históricos y explicó que otro detonante de conflictividad en el área fue la muerte de José Luis Arenas Barrera, quien tenía más de 115 caballerías en posesión, a manos del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

La defensa de los militares retirados, luego de escuchar la resolución de Gálvez, recriminó que hubo actividad procesal defectuosa porque el juzgador “no detalló quiénes eran los agraviados”.

Blanca Mariola Castañeda López, la fiscal del caso, argumentó que el juez no “individualizó a los agraviados” debido a que ese procedimiento lo efectuó el MP cuando expuso la imputación a cada uno de los tres procesados.

Un autoritario intento de instaurar una utopía agraria sin clases que devino en uno de los regímenes más sanguinarios del siglo XX acaba de ser tachado de genocida por un tribunal de la ONU por primera vez.

Casi 40 años después de la caída del régimen de los jemeres rojos en Camboya, las Cámaras Extraordinarias en la Corte de Camboya (ECCC), auspiciadas por Naciones Unidas, condenaron a cadena perpetua a dos de sus máximos líderes que siguen vivos.

Los condenados fueron declarados culpables de genocidio contra vietnamitas y la comunidad musulmana cham, además de otros crímenes, incluidos asesinato, exterminación, esclavitud y tortura.

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Nuon Chea, de 92 años, el llamado Hermano número 2 (el Hermano número 1 fue Pol Pot, el líder del movimiento), y Khieu Samphan, de 87 años, el jefe de Estado, ya cumplían cadena perpetua desde 2014 por otros crímenes de lesa humanidad.

Los dictámenes llegan cuatro décadas después de que al menos 1,7 millones de personas, una quinta parte de la población camboyana, murieran por ejecución, trabajos forzados, enfermedad o hambruna durante los cuatro años que duró el régimen liderado por Pol Pot, de 1975 a 1979.

¿Quiénes fueron los jemeres rojos?

El jemer rojo, dirigido por Saloth Sar, mejor conocido como Pol Pot, fue un movimiento radical maoísta fundado por intelectuales educados en Francia.

Lo que buscaban era crear una sociedad agraria autosuficiente y sin clases, y para ello vaciaron las ciudades y sus residentes fueron forzados a trabajar en cooperativas rurales.

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Muchos fueron sometidos a trabajos forzados que los llevaron a la muerte, otros murieron de hambre a medida que la economía se colapsaba.

Durante los cuatro violentos años que estuvieron en el poder, de 1975 a 1979, los jemeres torturaron y mataron a los que percibían como enemigos.

Estos incluían intelectuales, minorías, exfuncionarios del gobierno y sus familias.

La escala y brutalidad de las muertes -muchas de éstas fueron meticulosamente documentadas por funcionaros- significó que este fue uno de los regímenes más sangrientos del siglo XX.

EPA / Camboya se convirtió en los llamados “campos de la muerte”, una referencia al enorme número de muertes que ocurrió en el país.

Y sin embargo, sólo hasta ahora, cuarenta años después, ha sido calificado específicamente de genocidio por un tribunal de justicia.

Los jemeres fueron derrotados en una invasión de Vietnam en 1979. Pol Pot huyó y permaneció libre hasta 1997. Un año después murió estando bajo arresto domiciliario.

Controversia

Tal como afirma Jonathan Head, corresponsal de la BBC en el sureste de Asia, la enorme escala de muertes entre la población camboyana no había podido ajustarse a la estrecha definición de genocidio que establece la ley internacional.

Y el régimen y sus líderes habían sido juzgados por crímenes contra la humanidad.

El corresponsal agrega que es probable que los veredictos del viernes sean los últimos intentos de lograr una justicia transnacional, los cuales han durado más de una década.

Las Cámaras Extraordinarias en la Corte de Camboya han enfrentado críticas por su lentitud y por estar sujeto a supuestas interferencias políticas.

El ECCC fue establecido en 2006 con jueces camboyanos e internacionales y hasta ahora sólo ha condenado a tres personas, incluidos los dos de este viernes, por las atrocidades del jemer rojo.

El juez Nil Nonn leyó el anticipado veredicto en una corte en Phnom Penh describiendo el terror del régimen.

Nonn habló de matrimonios forzados en el que las parejas tenían órdenes de tener hijos.

GETTY IMAGES / Víctimas y familiares estaban en la corte para escuchar la lectura del veredicto.

Los momentos clave del veredicto surgieron cuando Nuon Chea fue encontrado culpable de genocidio por intentar aniquilar a los musulmanes cham (una etnia camboyana) y a camboyanos de origen vietnamita.

También cuando Khieu Samphan fue encontrado culpable de genocidio contra la etnia vietnamita.

Los investigadores calculan que 36% de la población cham de 300.000 habitantes murió bajo el jemer rojo.

La mayoría de las comunidades vietnamitas fueron deportadas y los 20.000 que quedaron en el país murieron.

Además de que fueron perseguidos y sometidos a ejecuciones masivas, las víctimas cham señalan que también se les prohibió seguir su religión y se les forzó a comer cerdo.

A pesar de la tardanza del veredicto y la controversia que rodea al término genocidio, los grupos de apoyo a las víctimas afirman que han esperado mucho y al fin tienen una señal de justicia.

“Ellos trajeron sufrimiento a mis familiares”, le dijo a la agencia AFP Los Sat, un musulmán cham de 72 años que perdió a muchos familiares durante el régimen.

“Realmente estoy satisfecho con las sentencias”, agregó.

Un tribunal guatemalteco tiene programado dictar sentencia este miércoles en el juicio contra el general retirado José Rodríguez, un jerarca de la inteligencia militar durante el gobierno de facto de Ríos Montt, en una de las épocas más cruentas del conflicto armado que desangró al país entre 1960 y 1996.

“Confiamos en que la justicia guatemalteca cumplirá con su papel fundamental de (…) no dejar en la impunidad delitos de trascendencia internacional que afectan la dignidad de la humanidad entera”, dijo a periodistas Teresa Velasco, en representación de las víctimas.

De acuerdo con organizaciones querellantes en el proceso, Rodríguez contaba con una red de inteligencia durante la guerra y “caracterizó al grupo ético maya ixil como enemigo interno”, lo que dio lugar a la matanza de 1.771 indígenas a manos del ejército en el norteño departamento de Quiché.

Esperan condena contra militar

“Mediante la prueba testimonial, pericial, documental y evidencia material ha quedado demostrada la responsabilidad penal del acusado”, señalaron en un comunicado la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que acompañan a las víctimas.

El juicio contra Rodríguez inició en octubre del año pasado tras un turbulento proceso judicial, luego de que la corte constitucional separó su caso del proceso de Ríos Montt, quien falleció el 1 de abril pasado a la edad de 91 años.

El exdictador y Rodríguez fueron condenados en 2013 a 80 años de cárcel por genocidio, pero el tribunal constitucional anuló la sentencia al detectar errores en el proceso y ordenó repetir el juicio.

La guerra civil guatemalteca dejó un saldo de 200.000 muertos y desaparecidos, concluyó en 1999 una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU.

La misma comisión estableció que “agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”, principalmente el pueblo ixil, porque consideraban “que constituían o podían constituir la base de apoyo de la guerrilla”.

Los defensores de los 5 militares retirados acusados por la desaparición y muerte del menor de edad Marco Antonio Molina Theissen,  presentan sus argumentos en la fase de conclusiones del debate,  ante un tribunal “C” de Alto Riesgo.

Tribunal de mayor riego continúa audiencia en fase de conclusiones en contra de 5 Militares retirados en el caso de Marco Antonio Molina Theissen. La defensa presenta sus argumentos. pic.twitter.com/QfSqbAqke1

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) May 17, 2018

A lo largo de 20 semanas y aproximadamente 19 audiencias y luego de que el Ministerio Público diera por finalizada la presentación de los argumentos en la fase de conclusiones, este día los defensores de los 5 militares han iniciado con sus argumentos de defensa por delitos contra los Deberes de la Humanidad, Desaparición Forzada y Violación Agravada que a lo largo del proceso los sindica el Ministerio Público.

En esta semana el MP solicitó penas entre 90 a 112 años,  30 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, 20 años por el delito de violación con agravación de la pena para los militares.

Por el delito de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Theissen, el Ministerio Público solicitó penas de 40 años de prisión en contra de Lucas García, Manuel Callejas y Ramiro Zaldaña.

La presentanción de los argumentos por parte de la defensa de los militares continúan.

Un pequeño grupo de activistas de Derechos Humanos manifiesta en el Parque Central. La convocatoria surgió tras la muerte del General Efraín Ríos Montt, acusado de Genocidio en Guatemala.

Los manifestantes acordaron reunirse a las 4PM en el Parque Central para recordar a las víctimas de la masacre en las Dos Erres. En la Plaza Central pintaron la leyenda: “Ríos Montt los pueblos no perdonan ni olvidan”.

Ríos Montt acusado de Genocidio

Ríos Montt estaba acusado de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad por la masacre ocurrida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la aldea Las Dos Erres en Petén, durante el conflicto armado 1960 a 1996.

El caso se refiere a uno en el que el Ministerio Público (MP) le imputó a Ríos Montt, como jefe de Estado de 1982 a 1983 y comandante general del Ejército, el haber continuado con la campaña de tierra arrasada contra las comunidades consideradas enemigas internas del Estado.

Según la investigación, Ríos Montt planificó, permitió, autorizó y consintió que una patrulla de kaibiles –grupo élite del Ejército- incursionara en el parcelamiento Las Dos Erres, en Las Cruces, Petén, para masacrar a 201 personas, el 7 de diciembre de 1982.

“Este es el día que Dios nos ha dado, un día de vida porque él resucitó y que hermoso que en este día él recoja a mi padre, el General Ríos Montt, General de Generales”, esas fueron las primeras palabras que Zury Ríos pronunció por la muerte de su papá.

Por tres minutos, la excandidata presidencial se refirió a la vida de Efraín Ríos Montt, “un gran líder político, y un hombre de bien, un buen esposo, porque aunque nos molestaba su moralidad y sus principios él predicó siempre con el ejemplo”, agregó.

Pero el momento más emotivo, fue cuando Zury Ríos pidió que recordaran las palabras, la fe y la valentía de su papá. “y que recuerden que se fue libre y que está libre”, dijo la política al referirse a las acusaciones de Genocidio en contra de Efraín Ríos Montt.

Luego una persona del público gritó: “Viva Ríos Montt”, y los participantes respondieron: “que viva”.

En una ceremonia pequeña, con presencia de elementos del ejército y apoyo de la Policía Municipal de Tránsito, familiares y amigos de Efraín Ríos Montt, le dieron el último adiós en el Cementerio La Villa en la zona 14.

El exjefe de Estado de facto no fue velado tradicionalmente, ya que murió a eso de las 6:00 horas, luego fue trasladado a la Funeraria para que preparan su cuerpo y horas después fue enterrado. Al sepelio acudieron familiares y amigos cercanos.

¡Que viva el General Ríos Montt! gritaron los que participaron del entierro. “Nos salvó del comunismo”, fueron otra de las frases que se escucharon.

La familia del exmilitar no aceptó que se realizaran honras fúnebres en el Congreso, por lo que en la ceremonia en el Cementerio hubo un pequeño reconocimiento del Ejército de Guatemala. “Sabemos lo que este hombre hizo, por la humanidad guatemalteca”, dijo uno de los miembros del Ejército.

La organización H.I.J.O.S convocó a una manifestación este día a las 4 PM en el Parque Central. El motivo es para recordar a las víctimas del Genocidio en Guatemala, tras la muerte de Efraín Ríos Montt, uno de los acusados por la masacre en las Dos Erres.

“La muerte no te absuelve ni te perdona”, es la frase utilizada por los actividades de Derechos Humanos en contra del exjefe de Estado de facto.

La masacre de las Dos Erres

Ríos Montt estaba acusado de genocidio y delitos contra deberes de la humanidad por la masacre ocurrida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la aldea Las Dos Erres en Petén, durante el conflicto armado 1960 a 1996.

El caso se refiere a uno en el que el Ministerio Público (MP) le imputó a Ríos Montt, como jefe de Estado de 1982 a 1983 y comandante general del Ejército, el haber continuado con la campaña de tierra arrasada contra las comunidades consideradas enemigas internas del Estado.

Según la investigación, Ríos Montt planificó, permitió, autorizó y consintió que una patrulla de kaibiles –grupo élite del Ejército- incursionara en el parcelamiento Las Dos Erres, en Las Cruces, Petén, para masacrar a 201 personas, el 7 de diciembre de 1982.