El Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, resolvió este miércoles 3 de enero que se suspenda la persecución penal contra el militar en situación de retiro Manuel Antonio Callejas y Callejas, vinculado al caso Genocidio; además, determinó que Benedicto Lucas García siga en prisión preventiva a la espera de juicio por el mismo proceso.

La defensa del militar retirado había argumentado que este padece Parkinson y demencia, por lo cual no podía enfrentar juicio.

En la audiencia de este día se tenía programado el inicio del debate en el caso Genocidio, pero solamente se conoció el peritaje médico que se le hizo al militar en situación de retiro.

Cuatro peritos participaron en la audiencia y ratificaron el estado de salud de Callejas.

Fue por lo que los jueces llegaron a la conclusión de que Callejas es incompetente para enfrentar proceso penal y por eso declararon la suspensión de la persecución penal contra el acusado y que se le libere de inmediato.

En este mismo caso también enfrenta juicio Manuel Benedicto Lucas García.

Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, respecto a la medida de coerción solicitada a favor de Lucas García, los jueces luego de haber escuchado a la defensa del acusado, al Ministerio Público (MP) y la querella llegaron a la conclusión de que no se demostró por parte de la defensa “que las circunstancias primitivas hayan variado, por lo tanto, se niega la solicitud de medida de coerción”, lo que significa que Lucas García deberá continuar en prisión preventiva.

Sobre la fecha del debate se dijo que no se podrá determinar hasta que la resolución de este miércoles esté firme.

Enviado a juicio

Por decisión del exjuez Miguel Ángel Gálvez, Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio el 30 de agosto de 2021 por el caso Genocidio Ixil. Se les acusa de genocidio y delitos de deberes contra la humanidad.

Desde marzo de 2020, el MP le hizo la solicitud a Gálvez, quien fungía como juez de Mayor Riesgo B, para que enviara a juicio a Benedicto Lucas García, Manuel Callejas y César Noguera Argueta (ya fallecido).

Los tres fueron señalados en el caso genocidio del área Ixil durante el gobierno de Romeo Lucas García.

El MP señala a los militares de crímenes cometidos contra 23 aldeas durante el conflicto armado interno.

Los señalados quedaron ligados a proceso el 25 de noviembre del 2019.

La Fiscalía de Derechos Humanos fue la encargada de señalar los supuestos delitos cometidos por los militares retirados.

La pesquisa señala que fueron cometidas 31 masacres y 23 comunidades quedaron arrasadas.

En noviembre último, el juez Gálvez recordó algunos antecedentes históricos ocurridos en la zona ixil, conformada por tres municipios de Quiché.

Un tribunal suspendió este lunes la apertura del juicio contra dos generales retirados del Ejército, acusados de genocidio, ya que no se presentaron debido a su estado de salud.

La defensa de los militares Benedicto Lucas García y Manuel Callejas solicitaron al juez Gerbi Sical, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo A, que ambos puedan asistir al juicio vía videoconferencia desde el Hospital Militar donde se encuentran recluidos en la Ciudad de Guatemala desde hace más de un año.

Benedicto Lucas, de 90 años, y Manuel Callejas, de 86, son acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de ordenar las operaciones militares donde fueron asesinadas alrededor de 1 mil 421 personas del pueblo maya ixil en el norte de Guatemala, durante el periodo de Romeo Lucas García (1978-1982).

En ese entonces, Benedicto Lucas era el jefe del Estado Mayor del Ejército y Callejas fungía como jefe de inteligencia militar, cargo desde el cual habría calificado como “objetivo militar” a la población indígena, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

El presidente guatemalteco en aquel momento, Romeo Lucas García, era hermano del ahora acusado Romeo Lucas.

El tribunal a cargo del proceso suspendió el juicio hasta que el Organismo Judicial (OJ) verifique que se cuenta con las condiciones para realizar el debate vía videoconferencia.

En 2018, ambos acusados fueron condenados en 2018 a 56 años de prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen en octubre de 1981.

Los delitos de los que se les sindica a los dos militares sucedieron durante el conflicto armado interno que dejó más de 20200 mil muertos y 50 mil desaparecidos entre 1960 y 1996, en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad, considerado como uno de los más sangrientos de Latinoamérica.

De acuerdo con Naciones Unidas, el 90 por ciento de los crímenes perpetrados durante esta guerra civil son atribuidos a las fuerzas del Estado.

La Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag) construye actualmente un memorial virtual con el apoyo de la cooperación alemana, para recordar a las 250 mil personas fallecidas o desaparecidas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La organización religiosa indicó este jueves 24 de marzo mediante un comunicado de prensa que el objetivo del memorial es recordar que “atrás de cada alma muerta y forzosamente desaparecida hay una historia, una vida, un sufrimiento”.

De acuerdo con la misma fuente, el memorial virtual se construye “con el apoyo financiero de la organización Agiamondo” mediante el “Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania”.

El director de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Nery Rodenas, aseguró que “es muy importante” la existencia de “espacios y herramientas de la nueva tecnología” que recuerden a las víctimas del conflicto armado interno.

“Y no es solamente para los familiares, sino también para universidades en temas de investigaciones”, añadió Rodenas.

El memorial contará con los datos de víctimas de varias organizaciones humanitarias en Guatemala como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) y la Asociación de Familiares Detenidos de Guatemala (Famdegua).

El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200 mil muertos y 50 mil desaparecidos entre 1960 y 1996, en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad considerado como uno de los más sangrientos de Latinoamérica.

“Más de un 90% de los crímenes cometidos durante los 36 años de enfrentamientos entre guatemaltecos, se atribuye a los militares, según las Naciones Unidas y de la misma Odhag”, enfatizó la nota de prensa.

Por su parte, Manuel Farfán, director de Famdegua, valoró positivamente la creación del memorial virtual en memoria de las víctimas de la guerra civil guatemalteca.

“Con el memorial virtual queremos hacer visibles a nuestros familiares desparecidos, mantener la memoria viva y dar a conocer a Guatemala y a todo el mundo quienes eran y por qué los capturaron”, contó Farfán, sobrino de Rubén Amílcar Farfán, detenido por las autoridades en 1984 sin que a la fecha se conozca su paradero.

La coordinadora del proyecto en la Odhag, Luisa Nicolau, destacó que al ser un proyecto virtual “los migrantes guatemaltecos” que tuvieron que huir del país por el conflicto armado interno podrán “escuchar” y conocer la historia de lo acontecido.

Nicolau detalló que el memorial virtual estará disponible “en la página web www.memorial-genocidio-guatemala.org” con acceso para todo el público.

De acuerdo a la Odhag, existen “algunos sectores de la sociedad guatemalteca que demuestran una gran indiferencia” con respecto a las víctimas del conflicto armado interno.

“Sin embargo, miles de guatemaltecos no pueden borrar esta época de su cabeza y de su mente”, concluyó la organización religiosa.

En septiembre del 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió por mayoría al general retirado Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fue procesado por un caso de genocidio contra el pueblo Ixil, ocurrido en 1982, sentencia que fue desaprobada por sectores sociales y el Ministerio Público (MP).

Ante la sentencia, la Fiscalía y los querellantes presentaron una apelación especial para revertir la absolución, pero no lograron los resultados deseados.

Este miércoles 24 de febrero, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo de Extinción de Dominio rechazó la apelación presentada por el MP y varias organizaciones sociales, por lo que la sentencia absolutoria continúa en firme.

Francisco Vivar, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), lamentó la resolución de la Sala, pues confirma la absolución de Rodríguez Sánchez.

Agregó que analizarán el proceso y que presentarán un recurso de casación, pero antes deberán estudiar los argumentos para que sea la Corte Suprema de Justica la que los valide y revierta las sentencias.

“Lamentamos que el sistema de justicia de Guatemala nuevamente les dé la espalda -a las víctimas- y obviamente con eta resolución se genera impunidad. Muchas de las víctimas sobrevivientes no han llegado al final del camino, muchos testigos han fallecido y en memoria de ellos no claudicamos. Hay que recordar que la CC dictó un fallo en forma fraudulenta que dejó sin efecto la primera sentencia y ahora una sala superior deja incólume el fallo dictado por el tribunal B”, señaló Vivar.

En agosto del 2018, el MP pidió que Rodríguez Sánchez fuera condenado a 80 años de cárcel por la muerte de mil 771 indígenas ixiles en manos de soldados que estaban a su cargo cuando fue jefe de inteligencia en 1982 y 1983.

Por el delito de genocidio solicitó la pena de 50 años de cárcel y 30 por delitos contra deberes de humanidad.

Ese era el segundo debate que enfrentaba el exjefe militar por los mismos cargos. En 2013 estuvo en el banquillo de los acusados junto con el difunto general retirado José Efraín Ríos Montt, a quien condenaron a 80 años de cárcel, aunque la sentencia fue cancelada por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) 10 días después por errores procesales.

Ese año, el Tribunal de Mayor Riesgo A absolvió a Rodríguez Sánchez. Después de una apelación se ordenó la repetición del juicio en un nuevo tribunal.