El veredicto unánime leído este martes en una corte federal de Nueva York indicó que García Luna cometió los cinco delitos por los que fue juzgado durante cuatro semanas, incluidos conspiración para el narcotráfico y delincuencia organizada.

El exsecretario mexicano de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) enfrenta ahora una pena de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua. Está previsto que la sentencia se anuncie el 27 de junio.

Los fiscales de EE.UU., que basaron su acusación en diversos testimonios de narcotraficantes y policías, señalaron el veredicto como un acto de justicia.

“García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días como un traidor a su país y a los miembros honestos de los cuerpos de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los carteles de la droga”, declaró el fiscal Breon Peace en Brooklyn.

Sin embargo, César de Castro, el abogado que encabezó la defensa de García Luna, insistió tras el veredicto en que la Fiscalía careció de “pruebas fehacientes para corroborar sus testigos”.

“El gobierno se vio obligado a conformarse con un caso construido sobre los hombros de algunos de los criminales más notorios y despiadados que testificaron en este juzgado”, declaró De Castro al salir de la corte.

En cualquier caso, algunos testimonios vertidos en el juicio parecen haber sido cruciales para declarar culpable a García Luna, el exfuncionario mexicano de mayor rango juzgado en EE.UU.

Un puzzle de testigos

Antes de las deliberaciones del jurado, la Fiscalía se preocupó especialmente por señalar la importancia de que los testimonios del juicio encajaran como piezas de un puzzle que mostraba la culpabilidad de García Luna, aunque no hubiera evidencia material al respecto.

También buscó refutar los cuestionamientos a la credibilidad de sus nueve testigos colaboradores por parte de la defensa, que los señaló como excriminales dispuestos a decir lo que los fiscales querían para reducir sus propias condenas, obtener visas en EE.UU. o vengarse de García Luna por haberlos arrestado.

“No les pido que (los testigos) les agraden. Son criminales que han cometido actos horribles, pero se necesita a un criminal para conocer a otro”, dijo la fiscal Saritha Komatireddy en sus alegatos finales.

Y remarcó que apenas un testimonio aislado podía alcanzar como prueba de culpabilidad.

Si bien el jurado compuesto por 12 ciudadanos —siete mujeres y cinco hombres anónimos— deliberó en secreto, se ha reportado que durante ese proceso pidió revisar distintos testimonios para emitir su veredicto.

Uno de ellos fue el del último testigo llamado por los fiscales: Jesús “El Rey” Zambada, el hermano de un líder del cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

El Rey aseguró que en 2006, cuando García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación (AFI) y estaba a punto de pasar al gabinete de México, le pagó dos sobornos por un total de US$5 millones para que el cartel de Sinaloa tuviera protección del gobierno.

Relató que el dinero fue entregado por un abogado del cartel, Oscar Paredes, a García Luna en el segundo piso de un restaurante lujoso de Ciudad de México llamado Champs Elysées, próximo a la embajada de EE.UU.

Ese restaurante había sido mencionado antes en el juicio por Miguel Madrigal, un agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA, quien dijo que sospechaban que era un lugar donde los narcos sobornaban a miembros del gobierno mexicano.

Ese testimonio de Madrigal también fue solicitado por el jurado para revisarlo durante las deliberaciones.

Zambada, que cumplió una pena de 12 años de prisión en EE.UU. y quedó libre bajo supervisión, indicó además que pagó US$350.000 a Víctor Hugo García, sobrino de García Luna, para colocar en la subprocuraduría contra la delincuencia organizada de México a Edgar Bayardo, quien pasaba información confidencial del gobierno al cartel.

“No hay imposibles”

El primero de los testimonios que el jurado pidió revisar en sus deliberaciones fue el de Sergio Villarreal, un narco conocido como “El Grande” por sus dos metros de estatura y que también fue el primer testigo en declarar contra García Luna, una señal de la importancia que le dieron los fiscales en este caso.

Villarreal dijo haber presenciado sobornos millonarios que su jefe, el capo narco Arturo Beltrán Leyva, entregaba a García Luna para proteger sus negocios y traficar droga hacia EE.UU. sin ser perseguido por la policía mexicana.

El mismo día en que solicitó revisar el testimonio de El Grande, el jurado hizo lo mismo con un tramo de lo declarado en el juicio por Israel Ávila, quien trabajó como contador de narcos mexicanos y formuló dos revelaciones importantes.

Una de ellas fue que García Luna figuraba en nóminas de pagos del cartel de Sinaloa al que pertenecía Beltrán Leyva, bajo dos apodos que solían darle los narcos: “El Tartamudo” y “El Metralleta”.

Aunque en el juicio no se presentaron esas nóminas como prueba material, lo dicho por Avila como testigo protegido —y revisado por el jurado en sus deliberaciones— encajó con el testimonio de El Grande.

El otro pasaje importante del testimonio de Avila fue cuando se refirió a la guerra interna que estalló en el cartel entre Beltrán Leyva y la facción integrada por Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado en 2019 en la misma corte que García Luna.

En particular, Ávila relató que Beltrán Leyva quería saber si García Luna lo seguiría apoyando a él y, para asegurarlo, lo mantuvo secuestrado durante una semana.

A ese episodio se refirieron otros testigos del juicio incluido El Grande, quien explicó que Beltrán Leyva ordenó el secuestro para mostrarle a García Luna que “no hay imposibles” en el mundo del narco.

El narco colombiano Harold Mauricio Poveda, conocido como “El Conejo” porque marcaba su droga con el símbolo de Playboy, también habló sobre ese secuestro de García Luna y su testimonio fue revisado por el jurado durante las deliberaciones.

El Conejo sostuvo que Beltrán Leyva quería cortarle la cabeza a García Luna y él lo convenció de que desistiera de hacerlo, para evitar problemas con el gobierno mexicano.

Según los distintos testimonios, García Luna fue liberado sano y salvo tras ese secuestro y siguió colaborando con Beltrán Leyva.

Otro testigo importante del juicio fue Édgar Veytia, un exfiscal del estado mexicano de Nayarit conocido como “El Diablo” y que cumple una condena de 20 años en EE.UU. por narcotráfico.

Veytia llamó la atención durante el juicio por haber asegurado que en 2011 el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, le dijo que había recibido instrucciones del entonces presidente Calderón y de García Luna para apoyar a la facción del cartel liderada por “El Chapo” Guzmán en su lucha con Beltrán Leyva.

Calderón rechazó de inmediato las declaraciones de Veytia. “Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, tuiteó el expresidente.

Pero Veytia se refirió a otro episodio que causó menos polémica y pudo ser importante para el jurado, que también revisó su testimonio: un diferendo entre la policía federal y estatal de Nayarit sobre la detención de una camioneta blindada, que finalmente dejaron ir.

El Diablo sostuvo que le indicaron que dentro de ese vehículo podía haber estado El Chapo y que, después de que le permitieran seguir camino, recibió un agradecimiento telefónico del propio García Luna.

Luego de conocerse el fallo del tribunal estadounidense, el expresidente Calderón escribió un comunicado en el que criticó que el veredicto sea utilizado políticamente para atacarlo y reivindica la lucha contra el narcotráfico durante sus años en el poder:

“Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia”.

“Luché con toda determinación contra la delincuencia con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Jamás negocié ni pacté con criminales. Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses”, agregó.

El abogado defensor de García Luna ahora tiene 45 días para apelar el veredicto.

Tras la deliberación, los doce miembros del jurado lo han considerado culpable de cinco cargos por unanimidad.

García Luna, de 54 años, ha sido declarado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma cantidad o más.

El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

El juez Brian Cogan ha anunciado que dictará sentencia el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana.

Desde el arranque del proceso, el pasado 17 de enero, García Luna, que se ha presentado siempre en la sala vestido de negro y con corbata -por deferencia del juez, que le eximió de llevar el uniforme de presidiario-, estuvo arropado por su esposa Linda Cristina Pereyra, sentada entre el público.

En la recta final, también su hija Luna acudió al Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York. Y en el último día, incluso su hijo Genaro estuvo presente.

García Luna, detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE. UU.), apareció en la primera jornada del juicio con abundantes canas y semblante serio; sin embargo, a lo largo del proceso se fue relajando, mostrándose en ocasiones animoso y dicharachero con su equipo de abogados, a quienes saludaba y abrazaba efusivamente entre sonrisas de satisfacción y agradecimiento.

Otra de sus rutinas diarias durante todo el proceso ha sido la de saludar a su esposa y su familia llevándose la mano al corazón, enviando besos y repitiendo a su esposa: “Te amo”.

Pero después del veredicto de este martes, sus besos se quedarán suspendidos en esta sala.

Un hombre de familia

Su defensa, con el abogado César de Castro a la cabeza, intentó sin éxito dibujar la imagen de García Luna como un hombre de familia que había forjado un pequeño capital (dos viviendas y dos restaurantes en México), gracias a su esfuerzo y al de su mujer, que fueron ganando capital gracias a la compraventa de viviendas.

Una impresión que la defensa apuntaló llamando a declarar como único testigo a la esposa, quien describió a una familia casi humilde, muy alejada del obsceno derroche de los narcotraficantes que se sentaron en la tarima de la sala para señalar al expolítico como uno de sus principales socios.

De Castro lo describió como “la cara de la guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (2006-2012), una época que acabaría convirtiéndose en una de las más sangrientas de la historia de México, y en la que García Luna fungía como mano derecha del presidente.

García Luna trabajó en el cuerpo de inteligencia por una década, encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y tras ello fue secretario de Seguridad Pública con Calderón.

La defensa desplegada por De Castro siguió siempre el mismo mantra: insistir al jurado que la Fiscalía no había aportado las suficientes pruebas físicas como grabaciones, documentos, mensajes de textos o fotografía y que el testimonio de los exnarcotraficantes convocados por la Fiscalía no tenían credibilidad.

Para los abogados, todos eran “criminales que han mentido toda su vida” y que se presentaron o bien para conseguir reducciones de sentencias o bien para vengarse contra el supuesto responsable de sus detenciones.

“Su testimonio es su manera de escapar (…) Para gente que ha participado en todos estos crímenes, ¿cómo va a resultar difícil mentir?”, comentó De Castro el pasado jueves durante sus alegatos finales, antes de subrayar que los capos y narcotraficantes “son capaces de hacer todo lo que sea para conseguir sus objetivos”.

Sus intervenciones, dijo el abogado, “no se pueden creer, son inconsistentes y desafían el sentido común”.

“El Gobierno ha hecho un pacto con el diablo”, agregó el letrado, en referencia al currículum criminal de muchos de los testigos que reconocieron en la sala asesinatos, secuestros y torturas.

… O el socio necesario de los narcotraficantes

Pero al final, la Fiscalía convenció a los 12 miembros del jurado de que el hombre más influyente del gabinete de Calderón llevaba una doble vida y de que al menos desde 2001 -según el narco Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, brazo derecho del capo Arturo Beltrán Leyva-, estaba a sueldo del cártel de Sinaloa, que le pagaba 1,5 millones mensuales. Una cantidad que fue creciendo a medida que el cártel se fue expandiendo y ganando poder.

Durante el proceso, El Grande, Jesús “El Rey” Zambada y el también narcotraficante Óscar “El Lobo” Nava Valencia, declararon haber pagado en persona o haber sido testigos directos del pago de sobornos a García Luna.

En su turno, el Gobierno de Estados Unidos -a través del fiscal- contó la evolución paralela del cártel de Sinaloa y de García Luna como una única historia entrelazada en la que la banda criminal progresó y se expandió por gran parte de México gracias al entonces responsable de seguridad, que a cambio logró varios cientos de millones de dólares.

A sueldo del cártel, García Luna entregó información, nombró a responsables afines donde los cárteles se lo pidieron y ayudó a los narcotraficantes tanto a luchar contra bandas rivales, como a garantizar que la droga que recibían de Colombia y otros países latinoamericanos se movía de manera segura dentro de México en dirección a Estados Unidos y también a Europa.

Gracias al exsecretario de seguridad, el cártel de Sinaloa controlaba aeropuertos, como el de Ciudad de México, puertos, carreteras, fronteras y ferrocarriles.

Según la fiscalía, García Luna prosperó durante la “edad dorada” dorada del cártel -entre 2001 y 2006-, años en los que supuestamente las diferentes facciones hacían colectas para pagar su silencio.

Y a partir de entonces, cuando empezaron a surgir tensiones entre la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, hermano de El Rey, por un lado, y la del clan de los Hermanos Beltrán Leyva, por el otro, García Luna acabaría tomando partido por El Chapo.

En aquella época, dijo la Fiscalía durante sus alegatos finales, “la Policía Federal está tan integrada en el cártel de Sinaloa que es parte de esa guerra”, una guerra que millones de mexicanos pensaron que era entre el Gobierno y el narcotráfico, y no para apuntalar el reinado de los capos de la droga.

Las declaraciones del juicio más esperado en México tras el que acabó hace tres años con la condena a cadena perpetua de Joaquín “el Chapo” Guzmán arrancaron este lunes en Nueva York.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), enfrenta un proceso en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y por conspirar con el mismo cartel de Sinaloa al que, oficialmente, trató de hacer desaparecer durante sus años en el cargo.

Este lunes, estas acusaciones salieron a florecer en la sala del tribunal de manera directa en boca del primer testigo en declarar por parte de la Fiscalía: Sergio Villarreal Barragán, alias el Grande.

El narcotraficante, que se unió al crimen organizado tras años como policía y que ahora cumple pena de prisión en EE.UU., aseguró que vio en varias ocasiones a García Luna para pagarle sobornos de parte del cartel de Sinaloa que podrían haber ascendido, en algunos meses, a hasta US$1,5 millones.

El exfuncionario rechaza todos los cargos que se le imputan.

Su abogado aseguró en el inicio del juicio que no existen “ni fotos, ni videos” ni ninguna otra prueba, sino que toda la evidencia se basa en los testimonios de criminales confesos que podrían estar buscando venganza de quien lideró la “guerra contra el narco” en México.

El fiscal, por su parte, reiteró en su alegato inicial que el exfuncionario era un miembro activo del cartel y no un mero colaborador, que aprovechó su poder para permitir el traslado de droga a EE.UU. y que aceptó de este grupo grandes cantidades de dinero.

¿Qué declaró el Grande?

El Grande testificó ante el jurado que “con la ayuda del gobierno [mexicano], el cartel creció en términos de territorio”.

Pero fue también muy específico sobre cómo, supuestamente, García Luna apoyó al grupo que entonces dirigía el Chapo. “Era de gran ayuda porque pudimos crecer y minimizar a nuestros rivales”.

El testigo declaró que el encargado de los pagos a García Luna (a quien otros líderes del cartel se referían como el Compa o el Tartamudo) era Arturo Beltrán, socio del cartel de Sinaloa y posteriormente líder del cartel de los Beltrán Leyva.

El Grande dijo haber estado presente en una veintena de esas transacciones económicas que, según sus palabras, “crecieron conforme creció el cartel y sin ese apoyo hubiese sido prácticamente imposible“.

El narcotraficante dijo que cuando comenzó a trabajar para el clan de los Leyva en 2001 -García Luna era entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)- el funcionario ya estaba en la nómina del cartel y se le siguió pagando hasta la muerte de Arturo Beltrán Leyva ocho años después.

Según sus palabras, los pagos a García Luna entre los años 2001 y 2004 ascendían a entre US$1 y 1,5 millones mensuales por su apoyo.

A cambio, supuestamente la AFI se aseguraba de que tenían ruta libre para que el cartel transportara sus cargamentos.

Los delincuentes recibieron camionetas, uniformes y credenciales que los identificaban como agentes de la AFI y que les permitían camuflarse y portar armas, siempre de acuerdo al testimonio del Grande.

El Grande apuntó también que, durante los años siguientes, el acusado les proporcionaba información sobre operativos de seguridad, investigaciones en contra de miembros del cartel y datos que les pudieran ser útiles para atacar a grupos enemigos.

Asimismo, según su testimonio, García Luna facilitaba el nombramiento y el cese de agentes en cualquier parte de México a petición de los narcotraficantes.

“Nos ayudaba a deshacernos de comandantes y jefes de la policía en cada plaza”, afirmó.

¿Quién es el Grande?

Villarreal Barragán fue detenido en 2010 y extraditado dos años después a EE.UU. -cuando García Luna aún era secretario de Seguridad-, donde se declaró culpable de narcotráfico y donde cumple una condena rebajada.

El testigo, quien recibe este apodo debido a sus dos metros de altura, hizo durante su declaración de este lunes un repaso a su trayectoria en el crimen organizado.

Trabajó como policía, pero acabó coludido con el cartel de Juárez y trabajó a las órdenes de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.

Distintos conflictos le hicieron acercarse después a Arturo Beltrán Leyva, quien “en ese momento era socio del Chapo e Ismael ‘el Mayo’ Zambada” del cartel de Sinaloa.

Después de que se enemistaran con el Chapo, el Grande siguió trabajando para los hermanos Beltrán Leyva como uno de los hombres fuertes de su cartel.

Durante esos años, su papel fue el de armar las rutas de tráfico de drogas hacia el norte de México, diseñar los operativos para atacar a los enemigos y acercarse a funcionarios para entregar sobornos, según declaró este lunes.

La declaración del Grande, que continuará este martes, es la primera de los testigos que pasarán por el estrado de la Corte de Brooklyn entre quienes se encuentran narcotraficantes, antiguos socios del cartel y expolíticos.

En el juicio, que se espera se alargue hasta ocho semanas, se acusa a García Luna de tres cargos por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia a organización criminal y otro por realizar declaraciones falsas a las autoridades de EE.UU.

García Luna, quien es el exfuncionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en EE.UU., podría recibir una pena de entre 10 años y cadena perpetua.

El ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna “traicionó” a su país y a EE. UU. al recibir millones de dólares del narcotráfico, dijo el lunes 23 de enero el fiscal durante su juicio en Nueva York.

El arquitecto de la guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón en su sexenio (206-2012), habría “tomado millones de dólares en sobornos una y otra vez” del cartel de Sinaloa, según el fiscal Philip Pilmar durante la sesión presidida por el juez Brian Congan.

García Luna escuchaba con semblante relajado, se llevo varias veces la mano al corazón y cada tanto lanzaba besos a su esposa e hijas presentes en la corte.

Este ex funcionario mexicano, el de mayor rango que comparece ante un tribunal estadounidense, “traicionó a su país y al nuestro”, sentenció Pilmar. “Nadie está por encima de la ley”, advirtió.

García Luna ayudó al cartel de Sinaloa de Joaquín ‘Chapo” Guzmán de introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un “miembro” más de la conspiración, según la fiscalía. El reo fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y secretario de Seguridad Pública de 2006-2012.

“El rostro de la guerra”

Para la defensa todo el caso se basa en “cimientos inestables” y se ha construido con los testimonios de la las “víctimas de la guerra al narcotráfico” de Calderón que quieren “matar dos pájaros de un tiro: reducir su condena y vengarse de la persona que más odian los narcotraficantes” mexicanos. No en vano lo consideran el “rostro de la guerra”.

García Luna está acusado de cinco cargos, entre ellos, participar en una empresa criminal continuada, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018, país donde vivía desde que dejó el gobierno mexicano en 2012.

Testigo de los pagos

Según la defensa, no hay “dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni pruebas” que sustenten estas acusaciones.

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Pero el primer testigo de la fiscalía, Sergio Villarreal Barragan, alias “El Grande”, expolicía federal, aseguró que él mismo presenció los pagos de sobornos a García Luna por parte del capo de la droga Arturo Beltrán Leyva; muerto en 2009 y uno de los hermanos del cartel del mismo nombre, que antes de romper su alianza con el Chapo en 2008, estaba al servicio del cartel de Sinaloa.

“Cuando yo entré (en el cartel de Beltrán Leyva en 2001), ya se le pagaban (sobornos) y se le pagaron hasta el último día de Beltrán”, dijo en español “El Grande” que antes de pasarse al narcotráfico había sido policía federal.

A cambio, García Luna “nos daba información sobre operaciones, nos facilitaba poner y quitar comandantes en cualquier plaza en México y compartíamos información para poder pegar a nuestros contrarios”, aseguró en el tribunal de Brooklyn en español.

El nombre de García Luna surgió en el juicio al Chapo. El narco Jesús “Rey” Zambada contó que había entregado al entonces funcionario maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.

“Cimientos inestables”

Detenido en Dallas en diciembre de 2019, García Luna se instaló en Estados Unidos cuando salió del gobierno mexicano en 2012 y cuya ciudadanía solicitó en 2018.

“Cantidad no es calidad”, dijo la defensa al jurado y cuando “no tienes calidad abrumas con cantidad”, arremetió.

La defensa recordó las felicitaciones y premios del gobierno estadounidense por los “esfuerzos” para combatir los cárteles de la droga mexicanos y su “estrecha relación” con las fuerzas de seguridad estadounidenses.

El acusado se llegó a reunir con el entonces presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton, entre otras personalidades.

El nombre de García Luna está también ligado al de la francesa Florence Cassez y su expareja Ismael Vallarta, acusados de liderar una banda de secuestradores, en un turbio caso que hizo tambalear las relaciones diplomáticas con Francia. Cassez fue liberada tras pasar más de seis años en la cárcel, pero Vallarta sigue detenido desde hace casi 20 años, sin juicio.

El actual gobierno de México, que ha pedido su extradición a Estados Unidos, también acusa a García Luna de desviar más de US$200 millones del erario hacia empresas familiares.