La medida ha sido aprobada este jueves por la Junta de Recursos del del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés), el organismo estatal a cargo de combatir la contaminación ambiental.

Y establece que a partir de 2035 todos los coches nuevos que se vendan tendrán que ser eléctricos o modelos híbridos.

El objetivo de la medida es reducir de forma drástica las emisiones de dióxido de carbono en las próximas dos décadas y quienes la impulsaron ya hablan de que supondrá toda una revolución de la industria automotriz del país.

Y es que California es un gran mercado para el sector, con 29 millones de vehículos registrados.

La medida aún necesita la luz verde de las autoridades federales, pero es algo que se da por hecho teniendo en cuenta la agenda ambiental de la administración Biden.

El gobernador Gavin Newson, quien propuso la iniciativa hace dos años, la ha calificado de “intrépida e innovadora”.

“Este es un momento histórico para California, para nuestros estados socios y para el mundo”, dijo por su parte Liane Randolp, presidenta de CARB, en una comparecencia previa a la votación.

Implementación progresiva

La medida se irá implementando de forma progresiva.

Así, para 2026 el 35% de los coches nuevos tendrán que ser cero emisiones, un porcentaje que deberá aumentar hasta alcanzar el 68% para el 2030 y el 100% en cinco años más.

Los autos de este tipo ya han ido ganando popularidad en los últimos años en el estado.

Mientras en 2012 solo el 2% de los autos vendidos eran eléctricos, para 2018 ya constituían el 7% de las ventas de vehículos nuevos.

Y a día de hoy el porcentaje de vehículos no contaminantes alcanza el 16%, con un total de 1,13 millones registrados en el estado, entre eléctricos e híbridos enchufables.

También es una tendencia al alza en general en el país. De acuerdo a la Alianza por la Innovación Automotriz, el 4,4% de todos los coches nuevos que se venden en EE.UU. son eléctricos, el porcentaje más alto hasta la fecha.

Ahora, con la nueva medida, las autoridades californianas prevén que para 2040 se recorten en un 50% las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Aunque la prohibición no implica que para 2035 los autos a gasolina dejarán de existir en el estado.

La medida se aplicará solo a autos, camionetas y SUV nuevos. Seguirá siendo legal conducir vehículos con motor de combustión interna, adquirirlos en el mercado de segunda mano o en otro estado.

Los estados de Washington y Massachusetts ya han dicho que seguirán el ejemplo de California en la materia y se espera que otras entidades también lo hagan. Y es que son varios los estados, entre ellos Nueva York y Pensilvania, los que han adoptado algunos o todos los estándares sobre emisiones establecidos por California hasta ahora, más restrictivos que los federales.

Pero aunque sin precedentes en EE.UU., la de California no es la primera iniciativa de este tipo a nivel internacional.

El Parlamento Europeo respaldó en junio un plan para prohibir la venta de vehículos a gasolina y diésel en los 27 países del bloque para 2035.

Y Canadá también tiene un mandato para lograr el objetivo para esa misma fecha.

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Mientras los precios de los combustibles alcanzan picos récord en Guatemala, el Gobierno no define una estrategia que permita paliar la crisis económica que agobia a miles de familias; sin embargo, existe la posibilidad de que el martes 14 de marzo el Gabinete Económico conozca una propuesta del Ejecutivo para subsidiar el diésel.

De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, determinaron que el 98% de los vehículos con placas comerciales, que son parte de la cadena de trasporte de productos básicos, utilizan diésel para funcionar, por lo que consideran pertinente subsidiar ese carburante para disminuir el impacto en el costo de la canasta básica.

Pimentel señaló este lunes 14 de marzo en el Congreso, donde se instaló una mesa técnica para analizar la situación relacionada con el precio de los combustibles, que el subsidio que plantean es de Q5 por galón de diésel, el cual estaría vigente durante dos meses, pero para eso sería necesario que el Estado desembolse Q530 millones.

“Es un paquete, porque es una serie de medidas que desde el Ejecutivo estamos impulsando”, señaló Pimentel, quien dijo que entre las acciones están el apoyo temporal a los consumidores de gas, una iniciativa que busca dar una compensación económica a agricultores, la ampliación a 175 mil familias con la tarifa social de la energía eléctrica y el subsidio al diésel.

En total, para esas medidas el Gobierno tendría que asignar Q1 mil 130 millones.

Si la iniciativa tiene el visto bueno del presidente Alejandro Giammattei y del Consejo de Ministros será enviada al Congreso de la República y, según Pimentel, de ser aprobada tardaría en estar vigente entre 10 y 15 días.

“Es una serie de medidas y esperamos contar con el apoyo del del organismo Legislativo en su aprobación”, refirió el funcionario, quien añadió que el subsidio al diésel se trabajaría directamente con los importadores, pues eso les permitiría hacer una fiscalización más profunda.

“Digamos que sería un subsidio directo, así como el tema del gas”, dijo Pimental quien dijo que con respecto a las gasolinas solo está bajo análisis, pues pese a que se ha solicitado ese dependerá de “las finanzas públicas”, aunque reiteró que es el diésel el que afecta “sobre todo en la cadena de comercio”.

“Creemos que es una medida más acertada, más efectiva, pero la iniciativa tiene que aprobar el presidente y conocida por el Consejo de ministros, no me atrevo a decirle que sí, pero sí”, agregó.

El presidente Alejandro Giammattei emitió este domingo 6 de marzo un mensaje en cadena nacional, en la que afirmó que el gobierno aumentará la cobertura del subsidio a usuarios de energía eléctrica y vigilará los precios de combustibles tras un alza registrada a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El mandatario ya había anunciado la ampliación de los beneficiarios del subsidio el sábado 5 durante una actividad de entrega de alimentos en Moyuta, Jutiapa. Aseguró que a partir del 1 de abril cubrirá a quienes consumen hasta 100 kilovatios, lo cual permitirá que 120 mil nuevos hogares obtengan el subsidio.

“Mi administración apoyará en el pago de la tarifa social de la energía eléctrica […] porque elevaremos de 88 a 100 kilovatios […], lo que también está siendo afectado como consecuencia de la guerra en Europa”, mencionó Giammattei en la transmisión de este domingo.

Además, el presidente dijo que la vigilancia a los precios de los combustibles permitirá que no haya especulación por parte de empresas. En la primera semana de marzo, el precio de las gasolinas creció en un 30%; el del diésel, un 47%. Esta alza responde al incremento de los precios del petróleo, trigo y otras materias primas derivada de la invasión en Ucrania.

“Y en este sentido quiero ser enfático. Vamos a estar vigilando que lo que haya entrado al país se esté vendiendo al precio correcto y no haya especulación sobre precios futuros”, mencionó Giammattei.

Remarca rechazo a “guerra en Europa”

En la cadena, Giammattei también subrayó que el gobierno condena la invasión que Rusia emprendió contra Ucrania el 24 de febrero. Anunció que el país acogerá a refugiados ucranianos y que la próxima semana, entre el 7 y el 13 de marzo, recibirá a los primeros diez menores.

“Las familias ucranianas que deseen buscar protección en otro país para escapar del conflicto tendrán asegurado un refugio en Guatemala”, dijo.

Recordó que, tras la invasión, llamó a consultas al embajador de Guatemala en Rusia y que el Congreso ratificó el 3 de marzo un tratado internacional contra el uso de armas nucleares.

“Deseo expresar mi solidaridad con el pueblo de Ucrania y con su presidente, valiente Zelensky, ya que este acto bélico amenaza la vida de cientos de miles de ciudadanos. […] Lo más grave aún es que pone al mundo en peligro de una guerra mundial, como ya ha sido advertido incluso por el propio gobierno de la Federación Rusa, que no cesa sus ataques contra Ucrania”, declaró.

Los integrantes de la Gremial de Transportistas de Quiché, realizaron un plantón frente al edificio de la gobernación en Santa Cruz del Quiché en donde pretendían entregar un memorial al gobernador pero se encontraron con la gobernación cerrada y protegida por elementos de la PNC.

Los transportistas anunciaron que les daban ocho días al gobierno para solucionar el problema del alto costo de los combustibles en Quiché. Expresaron que en las gasolineras del departamento está más alto el precio de los combustibles en comparación con otros departamentos. Mencionaron que las autoridades no verifican a las gasolineras del departamento.

También expresaron su molestia porque el presidente Alejandro Giammattei no los quiso atender el pasado fin de semana en Santa Cruz del Quiché por las pancartas que ellos portaban y lo declararon Non Grato en Quiché.

La razón es el elevado costo de los combustibles en Quiché, que en comparación a otros departamentos es muy alto, según denuncian.

Los manifestantes exigían al gobernador departamental realizar las verificaciones en las gasolineras, e hicieron una comparación con el precio de los combustibles en Quetzaltenango, en donde está más bajo que en Quiché.

Afirmaron que hay denuncias de transportistas de que en algunas gasolineras no les dan la cantidad exacta por lo que están pagando y las autoridades no lo verifican.

Además exigieron que se realice una verificación a la construcción de las carreteras a San Antonio Ilotenango y San Pedro Jocopilas, las cuales están por culminarse y se están destruyendo por el mal material que colocaron, en planchas de concreto hidráulico y en el asfalto en otro sectores del proyecto.

Diputados del denominado Grupo Parlamentario de Oposición presentaron una iniciativa que exonera el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la gasolina, el diésel y el gas propano, además de productos de la canasta básica y medicamentos.

La propuesta contempla que la exoneración se haga durante seis meses, y también incluye la factura de energía eléctrica. Asimismo, otros parlamentarios plantearon la propuesta de que se instale una mesa técnica para analizar un subsidio para el cilindro de gas de 25 libras, el cual actualmente se cotiza en Q142.

Según Marco Livio Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con la exoneración del IVA el país dejaría de percibir entre Q3 mil 700 millones y Q4 mil 500 millones, sin embargo, varios parlamentarios señalaron que a su criterio, el Estado puede amortiguar este impacto con el saldo de caja que señalan que asciende de momento a unos Q12 mil millones.

El precio en los combustibles ha registrado un nuevo incremento durante esta semana. Según información del Ministerio de Energía y Minas, los precios promedio en la modalidad de autoservicio son: para la gasolina superior Q27.29 el galón, la gasolina regular a Q26.49, y el Diesel a Q21.69.

En la modalidad del servicio completo la gasolina superior ya rebasó los Q28. Según el ministro Alberto Pimentel, las alzas se deben al precio internacional del petróleo, pero podrían estabilizarse durante Semana Santa.

31 vehículos fueron los que formaron parte del proyecto Movilidad Verde que tuvo una duración de 10 semanas. Los automóviles utilizaron EcoPower que es la mezcla de combustible con etanol. Las primeras cinco semanas usaron 5% de etanol y las cinco semanas restantes utilizaron 10% de etanol.

Este medio día fueron presentados los resultados finales del programa en donde resalta que ninguno de los automóviles tuvo fallas y que no es necesario hacer modificaciones en los automotores para usar el 10% de etanol.

“El consumo promedio de los vehículos fue de 10.41 galones por semana con una autonomía o un recorrido entre reposteo, es decir, cada vez que fueron a echar combustible, de 373 kilómetros en promedio.” dijo Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas.

En promedio, los vehículos de modelos entre el año 98 al 2020, recorrieron 2 mil 500 kilómetros durante las diez semanas de la prueba piloto y durante este tiempo los vehículos repostaron aproximadamente 6.7 veces, esto quiere decir que echaron combustible cada 10 días, lo que es un rendimiento superior a lo que tenían estos vehículos anteriormente.

“Con la mezcla del 5% el octanaje aumentó, en promedio, 1.6 grados y con la mezcla del 10% el octanaje aumento 3 grados, es decir, esto funciona efectivamente con un aditivo en el combustible” agregó Pimentel.

Con estos resultados se demostró una reducción sustancial de los gases de combustión de hasta un 74.71%.

A partir de este jueves, el Ministerio de Energía y Minas iniciará con tres mesas técnicas para asegurar que los siguientes pasos sean bien fundamentados.

“Esperamos que la labor de estas mesas dure unos tres meses. A partir de ahí, tendríamos que elevar una propuesta probablemente de una modificación de la legislación para que el legislativo lo considere. Yo quisiera decirle que esto puede ser tan pronto como a mediados del próximo año, pero esperemos que así sea, esa es nuestra meta” concluyó Pimentel.

Guatemala produce etanol desde hace más de 35 años, actualmente produce 65 millones de galones al año, suficiente para suplir una mezcla del 10% en las gasolinas del país.

El titular de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la presidencia, Hector Castillo, continúa detectando anomalías en los servicios y bienes de la entidad.

Según Castillo, en los últimos 15 días se han ahorrado cerca de Q60 mil en combustibles, no solo porque han reducido los viajes sino porque lograron recuperar 65 vehículos que pese a estar asignados a la SAAS, eran utilizados por familiares y amigos de exfuncionarios.

“Se está haciendo, como dijo el señor de la Contraloría, esto es un tema del Ministerio Público que lo están investigando”, respondió Castillo al cuestionarle si interpondrá alguna denuncia.

Además el funcionario dijo que reducirán el gasto en telefonía fija y móvil. La SAAS tiene 292 celulares, asignados a funcionarios y agentes, la idea es que solo queden 100 aparatos.

Secretario de la SAAS aseguró que hubo una reducción en el gasto de telefonía fija y de celular. Además dijo que preparan una denuncia porque familiares y amigos de funcionarios utilizaban vehículos que estaban asignados a la secretaría. pic.twitter.com/hZGPBOiaUG

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 12, 2020

Funcionarios de la Contraloría General de Cuentas señalaron durante la citación que mantienen dos auditorías en la SAAS, una de ellas por petición del Ministerio Público.

Le dicen “gaschicol” o “huachigas”. Es la forma como se conoce en México al robo de gas a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se trata de uno de los negocios recientes de las bandas de delincuencia organizada y carteles de narcotráfico.

Hasta ahora, según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado (Amexgas), el robo de este combustible suma 13.000 millones de pesos, unos US$670 millones.

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Según datos de consultoras como Etellekt en lo que va de este año se han detectado 516 tomas clandestinas para extraer gas licuado de petróleo (LP). El año pasado el número de sitios de extracción irregular fue de 215 en todo el país.

El delito afecta a instalaciones de Pemex pero también a los empresarios que distribuyen el hidrocarburo, insiste Amexgas.

Es un problema en aumento reconocen las autoridades. “Últimamente se nos está presentando lo del robo en gas, que es muy riesgoso“, dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Todo lo que es robo de combustible es delito grave, no se alcanza fianza. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue deteniendo a personas”, señala.

BBC Mundo solicitó a Pemex información oficial sobre la cantidad de tomas clandestinas de gas, así como las pérdidas por el delito en este año. No hubo respuesta.

De “huachicol” al “gaschicol”

Según especialistas, detrás del aumento del “huachigas” existen algunos carteles de narcotráfico, así como bandas dedicadas al robo de gasolina, conocido como “huachicoleo”.

Se trata de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cartel del Noreste que opera en Tamaulipas.

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Desde el año pasado participa también el Cartel de Santa Rosa de Lima, ubicado en Guanajuato y Michoacán.

Es un grupo especializado en el robo de gasolina y diésel que, como otros, cambiaron su actividad en los últimos meses debido a la estrategia que desde enero pasado aplica el gobierno para combatir el delito.

En las operaciones participan más de 4.000 soldados, marinos y policías federales.

Así, las bandas pasaron del “huachicol” al “gaschicol”, como señalaron algunos medios locales recientemente.

No es un asunto menor, advierte Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt.

“Es un problema muy serio porque se trata de un combustible que implica mayor riesgo su extracción ilegal, a diferencia de la gasolina o diésel”, le dice a BBC Mundo.

“Es un combustible mucho más volátil por las técnicas que emplean y que son cada vez más rudimentarias”.

Peligro inminente

Las autoridades han detectado que las bandas suelen robar “infinidad de pipas de agua”, dice el especialista, para usarlas en el transporte de gas.

Una práctica arriesgada porque esos vehículos no están diseñados para llevar ese combustible.

Otro problema es que los grupos suelen almacenar el gas en lugares cercanos a zonas densamente pobladas, en ocasiones con escasas medidas de protección.

De allí distribuyen la mercancía en cilindros para vender casa por casa, o para vehículos y autobuses que usan ese combustible.

El robo de este combustible creó un mercado negro, según denuncian organizaciones como Conciencia Ciudadana y la Asociación de Distribuidores de Gas LP (Adigas).

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Por ejemplo, en municipios conurbados a Ciudad de México, en Puebla o Hidalgo las bandas suelen disfrazar sus pipas o camiones repartidores con letreros de compañías reales.

“Hay una racionalidad económica en esto”, dice el director de Etellekt. “Se camuflan con marcas legalmente establecidas, y así operan en el mercado”.

“Muchas veces roban las pipas a las empresas o construyen las suyas de una manera irregular, lo cual implica riesgos importantes”

Los accidentes

La extracción clandestina también es peligrosa. A diferencia de la gasolina o diésel, que se pueden tomar con los ductos en funcionamiento, para sacar el gas es necesario detener la operación del tubo.

De acuerdo con especialistas, generalmente se consigue de dos formas: las bandas reciben información del momento en que los ductos están vacíos y los perforan.

O provocan accidentes para obligar a suspender el envío de combustible e instalar válvulas para extraer el gas cuando el ducto vuelve a funcionar.

La estrategia del “gaschicol” ya deja consecuencias. En los últimos meses se han registrado explosiones y fugas en poblaciones de Puebla, Hidalgo o el estado de México.

En esta entidad, en el municipio de Nextlalpan, la fuga por una toma clandestina provocó la evacuación de más de 3.000 personas.

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El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto pasado. En el estado de México, según datos de Pemex, desde enero han ocurrido más de 100 incidentes vinculados al robo de gas LP.

El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, insiste en el alto riesgo de extraer clandestinamente este combustible.

“El gas LP tiene un manejo muy complejo, dentro del ducto corre a alta presión y es líquido”, explica.

“Pero en el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera por supuesto que su manejo sea muy complejo”.

Una de los mayores peligros, coinciden autoridades y especialistas, es que ante las grandes ganancias por el negocio, en algunas comunidades cercanas a los ductos surgieron grupos pequeños que tratan de extraer el gas.

De ahí las explosiones y fugas provocadas por un mal manejo en el robo del combustible.