La iniciativa fue presentada por los congresistas Norma Torres y James McGovern, junto a los senadores Ben Cardin Y Patrick Leahy.

La normativa también castigaría a funcionarios que hayan desobedecido las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y que hayan interferido con la labor del gobierno estadounidense.

“Los líderes guatemaltecos — incluido el presidente Jimmy Morales — deberían saber que la comunidad internacional está observando. No permaneceremos en silencio mientras se enriquecen, socavan el estado de Derecho e ir tras los defensores de los derechos humanos”, dijo el representante McGovern.

“Ante las acusaciones de corrupción, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se ha aliado con actores criminales y corruptos que están decididos a frustrar la justicia a toda costa”, señaló Torres y recordó la decisión de dar por finalizado el mandato de la Cicig y el uso de picops J8 para intimidar al personal diplomático de la embajada de Estados Unidos.

Entre las sanciones que se proponen está:

• El retiro de la visa estadounidense
• Prohibición de ingresar a ese territorio
• Se incluye a la persona sancionada en una lista de criminales

La enmienda propuesta por la demócrata Norma Torres, esta incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) anual, donde se requerirá que el Secretario de Defensa elabore una lista de funcionarios de los gobierno centroamericanos que están involucrados en la corrupción.

“Hoy, el Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el estado de derecho en América Central. Durante varios años, los demócratas y los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado”, dijo Torres. 

“La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras han jugado un papel esencial en este proceso”.

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La aprobación de la enmienda se produce mientras los funcionarios corruptos y las redes de delincuencia organizada en Centroamérica están intensificado sus esfuerzos para revertir la lucha contra la corrupción, señaló Torres.

El congreso estadounidense busca identificar a quienes han estado implicados en crímenes de corrupción y tráfico de drogas. El Departamento de Defensa tiene 180 días para remitir el informe.

“Han aprobado leyes que debilitan las penas”

En Honduras, El Salvador y Guatemala, las legislaturas han aprobado leyes dirigidas a debilitar las penas por corrupción. Al mismo tiempo, los fiscales, los jueces y los líderes de las organizaciones internacionales contra la corrupción han enfrentado a campañas de difamación y amenazas contra sus vidas. Algunas personas de América Central incluso han contratado a firmas de cabildeo en Washington para influir en la política de Estados Unidos en Centroamérica, en algunos casos pagando hasta 80.000 dólares por mes. Es por ello que según la legisladora decidió presentar la enmienda.

“No debería sorprendernos que los funcionarios corruptos en Centroamérica intenten socavar la lucha contra la corrupción”, dijo Torres. “Pero eso no significa que debamos aceptarlo. Es hora de que nos pongamos hombro con hombro con nuestros aliados verdaderos de la región al perseguir directamente a algunos de estos malos actores”.

Torres es miembro de la Subcomisión sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

En 2017  la Cámara de Representantes aprobó la resolución bipartidista que presentó para reafirmar el apoyo del Congreso para la lucha contra la corrupción y su enmienda para proteger el financiamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y Impunidad en Honduras.