Cientos de migrantes que llegan a diario a la frontera sur de Estados Unidos se amontonan en campamentos improvisados en medio del desierto de California, plagado de serpientes y escorpiones, donde sin agua ni abrigo enfrentan el clima extremo y precarias condiciones sanitarias.

Activistas han definido estos campamentos a los pies del muro entre Estados Unidos y México como centros de detención a cielo abierto. Allí los migrantes esperan incluso por días para ser procesados por unas autoridades migratorias que se dicen sobrepasadas y sin capacidad institucional para ir más rápido.

“La patrulla fronteriza nos dijo que esta es la nueva normalidad”, comentó a la AFP Erika Pinheiro, directora ejecutiva de la ONG Al Otro Lado.

Sólo en tres de estos asentamientos en Jacumba, una pequeña localidad en el suroeste de California, unos 800 migrantes aguardan a diario.

Pinheiro afirma que las autoridades los mantienen allí confinados mientras liberan espacio en los centros de procesamiento.

“Son advertidos de que si salen de estos campos serán deportados (…) Pero la patrulla fronteriza no les da comida, agua, refugio o asistencia médica”, dijo Pinheiro.

Al Otro Lado, junto con otras organizaciones, les llevan alimentos, agua y cobijas, cargadores eléctricos y les brindan atención médica. Pero temen quedarse sin recursos pronto.

 “Protección”

Bajo un sol inclemente de día y temperaturas bajo cero de noche, adultos y niños se resguardan en tiendas maltrechas y arman hogueras con ramas y piedras que impregnan todo con olor a quemado.

Sólo disponen de dos baños portátiles sucios.

Las personas cruzan a través de un hueco a los pies de una montaña que interrumpe el imponente muro fronterizo.

Los oficiales reparten brazaletes de colores marcados con el día de la semana en qué cada persona se presenta para luego llevárselos por orden de llegada.

Pero muchos tienen que dormir allí a la espera de ser trasladados a un centro de procesamiento.

Un adolescente de 13 años murió el sábado en un accidente, y los activistas temen otras tragedias.

Pinheiro explicó que el embotellamiento se debe a que el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos depende del uso de la aplicación CBP One, que puede demorar meses en asignar una cita, lo que obliga a los migrantes a permanecer en condiciones peligrosas en México.

De paso, “la aplicación solo está disponible en inglés, español y creole. Si miras alrededor ves a gente de países que no hablan esos idiomas”.

“Esta es su única manera de buscar protección en Estados Unidos”, dijo Pinheiro.

La mayoría de los migrantes que acampan en Jacumba son chinos o turcos, pero también hay ciudadanos de Uzbekistán, Afganistán, Colombia, Ecuador y Perú.

Un chino, que se identificó como Jimmy por miedo a represalias del gobierno contra su familia en su ciudad de origen, dijo que atravesó diez países durante 35 días (y pagó US$12 mil dólares) para llegar a Estados Unidos.

“(China) está bien, pero prefiero venir a Estados Unidos”, dijo a la AFP. Pero cuando la cámara dejó de grabar, Jimmy se desdijo: “China no está bien, no quiero vivir allí”.

“Agenda política”

El tema migratorio debe ser clave en la campaña electoral de 2024, donde el demócrata Joe Biden se jugará la reelección muy probablemente contra el republicano Donald Trump.

Trump alimenta a sus bases con una retórica antimigración y pide una frontera hermética, mientras Biden intenta equilibrar sus promesas por impulsar un sistema migratorio más humano con las voces que le claman mayor control fronterizo.

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“Ninguno de los partidos parece querer tratar con dignidad a quienes buscan asilo”, dijo Pinheiro, quien además acusa a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de tener una agenda partidista.

“La patrulla fronteriza, especialmente su gremio, es una organización muy inclinada a favor de Trump (…) Creo que esto es una manifestación de esa ideología política, tratan de mostrar que la frontera está fuera de control”.

Ni CBP, ni el gremio de la patrulla fronteriza respondieron los pedidos de comentarios de la AFP.

En el terreno los oficiales no pueden dar declaraciones, pero en conversaciones informales dicen no tener suficiente músculo para lidiar con la situación.

“Hacemos lo que podemos pero estamos abrumados”, dijo a la AFP un oficial en Jacumba.

Pinheiro no anticipa una disminución en el número de migrantes, ni un cambio en el abordaje estadounidense.

“Esto está pasando bajo una gestión demócrata, así que no tengo esperanzas de que mejorará”.

A pesar de las duras condiciones y la incertidumbre, muchos mantienen la moral alta porque lo peor, creen, quedó atrás.

A Carla Morocho, embarazada de ocho meses y que emprendió el viaje por miedo a la violencia y la crisis económica en Ecuador, le hace ilusión que su bebé tenga un mejor futuro si nace en Estados Unidos.

“No quiero que sufra como yo. Yo he sufrido”, dijo acurrucada con su esposo cerca de una hoguera. “Sé que voy a sufrir un poco más pero sé que va a valer la pena”.

Asociaciones civiles han encontrado excepciones al polémico Título 42 de Estados Unidos, lo que abre una oportunidad para que migrantes mexicanos y centroamericanos en la frontera norte de México crucen al norte y soliciten asilo.

Decenas de familias ingresan a diario desde Tijuana a California para pedir el asilo humanitario con un recurso de excepción al Título 42, una regla de la era de Donald Trump (2017-2021) y ampliada por el presidente Joe Biden para deportar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia.

Organizaciones como Al Otro Lado y Ejército de Salvación trabajan con albergues de la ciudad para que los migrantes accedan a este recurso, que no les garantiza el asilo, pero sí les da la oportunidad de presentar sus casos.

La mexicana Beatriz Cabrera, su pareja sentimental y los dos hijos de ella, fueron una de las familias seleccionadas después de mes y medio vagando en la ciudad sin saber dónde encontrar ayuda.

Historias de terror

“Después de haber estado navegando, viendo a ver quién nos podía recibir, hoy estamos muy contentas porque nos dan ahora esta posibilidad, porque como somos de la comunidad LGBT pasamos por cosas muy complicadas”, dijo a EFE.

Beatriz contó que ellas salieron huyendo de su natal Guanajuato, estado del centro de México, por las constantes agresiones y amenazas que padecían por su diversidad sexual, por lo que su integridad y la de los menores de edad estaba en riesgo.

Llegaron a Tijuana para solicitar asilo en EE.UU., pero durante un tiempo deambularon por distintas partes hasta que encontraron el albergue Juventud 2000, a un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, donde recibieron refugio y pasaron el fin de año.

Autoridades mexicanas detuvieron un vehículo con 67 migrantes guatemaltecos, entre ellos 57 menores de edad. Esto se sabe de este hecho. https://t.co/LPQDU1uNxG pic.twitter.com/EzYF3YW198

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 27, 2023

Oportunidad anhelada

Mayra Lizeth Vanegas es otra de las personas que, junto con los ocho integrantes de su familia, tuvieron también esta oportunidad.

“Agradezco mucho porque vengo con toda mi familia y llevábamos ya cinco años deambulando por lugares como Tapachula, Quintana Roo, Aguascalientes, y pasamos por amenazas y secuestros”, narró.

Ella compartió a EFE que la familia completa salió de Honduras porque un grupo armado amenazó de muerte a uno de sus hijos.

Pero después, en Tapachula, en la frontera sur de México, también a una de sus sobrinas la secuestraron, por lo que estuvieron moviéndose por distintas ciudades hasta llegar a Tijuana.

En esta ciudad también pernoctaron en la calle hasta que una persona los encontró hace unos días y los llevó al albergue.

“Esa persona es nuestro ángel, mis hijos decían ‘fueron los tres mejores días que hemos tenido’, porque aquí hubo piñatas el fin de año, pastel y regalos”, mencionó.

No se garantiza el asilo

José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, explicó a EFE que desde hace seis meses trabajan en buscar las excepciones legales.

Aunque aclaró que eso no garantiza que vayan a obtener el asilo, porque “tienen que ser casos muy excepcionales”.

Lo que sí representa es “una oportunidad de poder presentar sus solicitudes y no estar en la frontera esperando meses o años como ha pasado con otros migrantes”, dijo.

El activista indicó que, además, este recurso legal también ayuda a los albergues a no tener el espacio saturado y recibir más migrantes.

Los servicios de inmigración de EE.UU. aseguran que tomaron esta decisión para agilizar los trámites administrativos de algunos migrantes. https://t.co/vbs8dcyCG0

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 24, 2023

Sebastián Farías, quien trabaja para la organización Psicólogos Sin Fronteras, compartió que previo a que las personas lleguen al puerto fronterizo El Chaparral, que es por donde ingresan a EE.UU., se les ofrece una charla con psicólogos y abogados,

Ellos les explican el proceso por el que van a pasar una vez que les reciban las autoridades estadounidenses, sepan lo que van a enfrentar y estén preparados también en caso de que sus solicitudes no sean admitidas.

El auxilio de las organizaciones llega después de que Estados Unidos anunció el 5 de enero pasado que acogerá a 30 mil migrantes al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, pero deportará de inmediato al resto bajo el Título 42.

La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Sus miradas y porte marcial contrastan con el aspecto sencillo de los pobladores de la zona, que usan el río para ir de un lado a otro de la frontera -a pesar de la nueva disposición oficial de hacerlo por el punto de control en el puente- cargando bolsas de mercado, o a lo más cajas de leche, galletas, huevos o cerveza, con los que algunos comerciantes abastecen sus negocios.

Este tránsito, a todas luces ilegal, ha sido la norma en esta frontera “porosa”, como la definen analistas, cruzada por mexicanos y guatemaltecos en balsas, hechas de madera y grandes neumáticos.

“Todo el tiempo ha sido el pase libre, de aquí para allá y de allá para acá. Nunca hemos tenido problema con eso hasta ahora“, dice Norman Marín, guatemalteco de 34 años dedicado a importar automóviles desde Estados Unidos.

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Marín había cruzado con un grupo de amigos al lado mexicano, pero se aprestaba a volver al lado guatemalteco e ingresar, por orden de un agente migratorio, por el puente fronterizo Rodolfo Robles, paso oficial entre la guatemalteca Tecún Umán y la mexicana Ciudad Hidalgo.

“Ni modo, tenemos que acatarlo, esa es la ley“, dice.

El despliegue, que incluye la movilización de 6.000 soldados al sur de México y ha alterado la vida de esta región, fue la respuesta de las autoridades mexicanas a las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bajo amenaza de represalias comerciales, Trump conminó a México a reducir la escalada de migrantes centroamericanos indocumentados que pasan por su territorio con destino a Estados Unidos. Desde siempre, su principal acceso ha sido el Suchiate.

Acceso restringido

Apenas hace tres semanas, la AFP constató que en la ribera mexicana del Suchiate no había agentes de seguridad o migratorios y el flujo de balsas trasladando personas y mercancías fluía como las aguas del río.

Pero todo ha cambiado. Miembros de la Guardia Nacional, la policía federal y del Instituto Nacional de Migración (INM) están apostados en al menos nueve puntos del Suchiate, solicitando identificaciones a todos los que cruzan, según refirieron los propios agentes.

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“Mientras sean aquí fronterizos no hay ningún problema, ahora si son hondureños o más retirado, salvadoreños, esos sí van para atrás”, dice sobre el operativo un agente migratorio de 41 años que pidió mantener su identidad en reserva.

Si se detecta a ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua u otras nacionalidades sin papeles migratorios, el protocolo indica detenerlos y trasladarlos a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula donde son retenidos hasta concretar su deportación.

La AFP atestiguó el momento en que una mujer nicaragüense acompañada de un niño, de unos ocho años, fue intervenida por un agente migratorio y una mujer policía.

Al detectar que sus papeles eran falsos, ambos fueron subidos a una camioneta del INM que partió minutos después rumbo a la instalación migratoria de Tapachula, según refirió la mujer policía.

Golpe al comercio

El agente migratorio explica que a mexicanos y guatemaltecos se les pide que muestren una identificación y se les “hace la invitación” a que acudan al puente internacional para tramitar un pase formal. Otros colegas son menos flexibles y los fuerzan a regresar, como en el caso del guatemalteco Marín y sus acompañantes.

Las autoridades esperan que estos controles reduzcan notoriamente el flujo de migrantes indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos, sobre todo de cara al próximo lunes 22, fecha acordada por Washington y México para evaluar los resultados de las medidas migratorias.

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Datos de Washington señalan que la cifra de migrantes que llegaron a su frontera sur bajó de 144.000 en mayo a unas 100.000 en junio.

En un efecto colateral, la caída en el flujo de migrantes ha repercutido en la economía de la zona.

Verónica Hernández, una comerciante de 40 años, que vive de la venta de refrescos, cervezas y bocadillos justo sobre la ribera del Suchiate, asegura que su negocio va a la baja.

“Los negocios de acá dependen de la gente que entra de Guatemala, entonces ahorita se ha visto bastante el cambio y el negocio bien bajo porque la gente pues ya no entra”, dice la mujer mientras mece en una hamaca a un bebé de meses.

“Por una parte hay más vigilancia, más seguridad pero igual afecta en lo que es el comercio”, agrega.