Por Carlos Álvarez

Pese a que el oficialismo propuso una enmienda para aumentar el presupuesto de la Universidad en Q262 millones, el rector de esa casa de estudios Murphy Paiz, señaló que el presupuesto es insuficiente e indicó que analizará colocar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

La reunión fue en el Congreso con la presencia del ministro de Finanzas Públicas Víctor Martínez y el procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas. Afuera del Palacio Legislativo un grupo de estudiantes y trabajadores universitarios manifestaban.

Javier Hernández Franco, jefe del bloque oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y presidente de la Comisión, presentó un borrador de enmienda para el proyecto de presupuesto con el cual sugería incrementar el techo presupuestario de la Usac en Q262 millones para el próximo año.

Hernández Franco detalló que para trasladar ese monto a la Usac se harían los recortes presupuestarios a los siguientes ministerios:

• Ministerio de Defensa, Q25 millones
• Ministerio de Educación, Q12 millones
• Ministerio de Trabajo, Q45 millones
• Ministerio de Agricultura, Q15 millones
• Ministerio de Comunicaciones, Q155 millones
• Ministerio de Desarrollo Social, Q10 millones.

El rector de la Usac no estuvo de acuerdo con la propuesta y recordó que para que la Universidad pueda cumplir con sus compromisos de operación el próximo año se necesitarían como mínimo Q200 millones más de lo que el oficialismo ofrece.

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Paiz no descartó que se reúna con el Consejo Superior Universitario para evaluar la posibilidad de acudir a la Corte de Constitucionalidad a presentar un amparo en contra del Congreso, pues no están de acuerdo con el incremento que se propuso.

El académico también pidió reunirse esta tarde con el ministro de Finanzas para discutir otras propuestas en función de buscar más fondos para la Usac, propuesta que fue aceptada por los miembros de la comisión.

Carlos Barreda, integrante de la Comisión y del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, también estuvo en desacuerdo con la propuesta que se presentó.

“Lo que se necesita es que se restituya el dinero que se le recortó a la Usac y que se le dé un aporte adicional para poder cubrir el déficit de no haber aprobado el presupuesto. Votamos en contra de lo que propusieron porque creemos que se le puede dar mucho más”, afirmó Barreda.

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El congresista calificó como “una payasada” que se haya aprobado que el rector y el ministro de Fianzas continúen con un diálogo para llegar a soluciones porque donde en verdad se tienen que llegar a consensos es en el Congreso.

Javier Hernández Franco fue cuestionado por la inconformidad del diputado Barreda y contestó: “Ustedes saben que son oposición -política-, van a estar en contra de todo lo que decimos”.

El diputado oficialista señaló que se llegó a esa conclusión —aumento de Q262 millones para la Usac— con base al trabajo de la cartera de Finanzas Públicas.

Sin acuerdos

La primera reunión de la Comisión se realizó el sábado y terminó sin acuerdos. El Minfin presentó una propuesta por Q284 millones, menor a los Q401 millones que está solicitando la universidad estatal para resolver la crisis financiera para este año.

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El ministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez, dijo que el planteamiento de apoyo consiste en  trasladar el aporte pendiente ordinario este mes por Q178 millones para ejecutar el cien por ciento del presupuesto vigente.

Además, propuso la ubicación de un espacio presupuestario adicional por Q64 millones y otros Q42 millones con cambio de fuente de inversión  para la capitalización del fondo de prestaciones de los empleados de la universidad.

“Estamos previendo facilitar Q284 millones y, en la medida en que podemos avanzar, podemos brindar la certeza a los servicios públicos y ubicar eficiencias y ahorros para seguir buscando el apoyo a la universidad”, dijo Martínez.

El rector  Murphy Paiz hizo un llamado a los sectores para que acompañen este proceso, estar atentos y esperar que los acuerdos  se concreten la próxima semana.

“El efecto del 2018 se puede volver a percibir en el 2019. Queremos recuperar un presupuesto adecuado y pertinente a las necesidades de la universidad”, aseguró.

Por Manuel Hernández Mayén y Alex Fernando Rojas

Antes de ser diputado del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación),José Domingo Trejo de la Roca fue diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), agrupación que lo expulsó por haber pagado a edecanes que se desnudaron durante un mitin político en Escuintla en el 2015.

Trejo había sido un personaje político fuerte de ese departamento, al menos hasta el 2016, cuando logró su reelección.

En los últimos dos años ha perdido dos veces su inmunidad para enfrentar cargos por estafa, y dos causas más están a las puertas. Se trata de unas demandas que incluyen a varias personas de una misma familia que señalan que el diputado habría extendido certificados de inversión falsos, con los que se habría apropiado de más de Q6 millones.

Por los señalamientos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a las dos solicitudes de antejuicio, ya que habría cometido los delitos de apropiación y retención indebida, asociación ilícita, estafa propia y caso especial de estafa.

Por ahora, el Ministerio Público espera que los pesquisidores Harold Estuardo Ortiz Pérez y Carlos Patricio Rodríguez Meza resuelvan si es conveniente retirar la inmunidad al diputado y pueda abrirse una investigación.

Laboró en banco

Hace 20 años, Trejo trabajaba para el extinto Banco Uno, en Escuintla. Ahí lo habría conocido Rolando Peña Vásquez, representante de la empresa Tornos y Servicios, S. A., quien llegó a la agencia bancaria interesado en invertir su capital y comenzar un fondo de retiro.

Según consta en la declaración testimonial del 4 de junio último, tomada en la Fiscalía Distrital Metropolitana, Trejo habría ofrecido un atractivo beneficio a Peña Vásquez a cambio de dejarlo administrar la inversión y darle un servicio preferencial, a domicilio.

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Hasta la casa de Adelaida Vásquez Peña, madre de Rolando, llegaba el ahora diputado a entregarle cada año la renovación de sus inversiones, además de vales de consumo en supermercado, beneficios adicionales que, según el denunciante, eran parte del trato preferencial del banco por sus inversiones.

La relación de Trejo con la familia Peña creció y se fortaleció, según los denunciantes, al punto que ya siendo diputado seguía de cerca con la familia y la gestión de las inversiones bancarias.

El dinero se esfumó

Durante 20 años, la supuesta relación con el banco habría sido solo a través de Trejo; sin embargo, en marzo pasado, las víctimas intentaron retirar sus inversiones debido al deterioro de la salud de varios miembros de la familia.

El Banco Uno desapareció; la cartera de clientes y operaciones fueron adquiridos por el Banco Promérica, a donde llegaron los interesados en busca de sus ahorros de toda la vida.

“Necesitamos utilizar el dinero para nuestra enfermedad e invertir en la empresa, por lo que me comuniqué vía telefónica con el señor José Domingo Trejo a su teléfono celular y le manifesté que quería hablar con él por lo de la inversión, por lo que me dijo que iba a llegar a mi casa, y como pasaron los días y no llegó, decidí presentarme a una agencia –del banco–”, relata en la denuncia Peña Vásquez, quien ahora tiene 63 años.

Según el denunciante, la información del banco fue clara: sí hubo una inversión, pero en julio del 2017 habían sido retirados casi Q6 millones.

“Yo jamás he realizado ninguna operación de esa magnitud, por lo que considero que falsificaron mi firma (…) Llamé a su teléfono celular a José Domingo Trejo y le dije: Estoy en la agencia bancaria en la capital (…) Él me dijo que no era en esa agencia, que era en la central, pero como ya eran las 6 de la tarde cuando lo llamé, me dijo que me presentara al día siguiente”, detalla la denuncia.

Peña insistió en que el diputado cada año llegaba a renovar los certificados a su casa, por lo que él no tenía la necesidad de acercarse al banco.

“Él llegaba a mi empresa para hacerme entrega de mi certificado de depósito, así fue como año con año me renovaba los documentos financieros”, señaló.

En el caso de doña Adelaida, la madre de Peña, también recibía un servicio personalizado de Trejo, según consta en la Fiscalía.

Ahora ella está enferma y habrían sido más de Q100 mil que invirtió en los certificados que le entregaba Trejo cada año, y en los que se le informaba que el dinero estaba en Panamá, en una cuenta fuera de plaza.

Procesos anteriores

En julio del 2016, los magistrados de la CSJ resolvieron retirarle la inmunidad al diputado Trejo por considerar que existían indicios de delito.

El parlamentario era denunciado por emitir cheques sin fondos. El diputado oficialista enfrentó un segundo proceso de antejuicio por una denuncia de un prestamista que reclamaba el pago de intereses de una deuda.

Rechaza señalamientos

El diputado José Domingo Trejo, vía telefónica, confirmó que sí trabajó en ese banco, pero dijo que no es responsable de la desaparición del dinero, por lo que la denuncia debería ser en contra de la institución financiera.

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Trejo negó que haya sostenido alguna reunión con los denunciantes; sin embargo, Prensa Libre tuvo acceso a una grabación en la que se escucha cuando ofrece a los denunciantes entregarles una finca si el banco “no acepta” devolverles el dinero. La condición es que se desestime la denuncia en su contra.

Ángel Mazariegos, gerente de Servicio al Cliente del Banco Promerica, declaró que esa institución está totalmente a disposición de atender los requerimientos que formulen los órganos de investigación para aclarar el caso.

“Nuestra intención y disposición es de colaborar y brindar toda la información que nos soliciten”, dijo Mazariegos.

El representante de Promérica aseguró que son totalmente ajenos a las acciones del diputado y se enteraron de la situación cuando fueron notificados de la denuncia por la Fiscalía.

Por Manuel Hernández Mayén

Las organizaciones políticas empiezan jugar cual naipes, y sobre la mesa electoral, con políticos conocidos que podrían ser nominados en los próximos meses como candidatos presidenciales. Aunque por ahora son solo intenciones, estás podrían madurar en los próximos meses y convertirse en nominados y finalmente presidenciables; todo depende de las asambleas partidarias que ya comienzan a realizarse.

Por el momento son cuatro mujeres y seis hombres los que se mencionan como posibles candidatos. Por el momento existen 25 partidos políticos legalmente inscritos.

Tres de ellos están suspendidos y el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) enfrenta un proceso de cancelación, por lo que vigentes hay 21 organizaciones, todas autorizadas para competir en los comicios, cuya convocatoria se tiene prevista para enero del próximo año.

Antes de diciembre próximo ya se tendrá más claro el juego político y los partidos que nominarán a los presidenciables, mientras tanto estos son los nombres que ya se perfilan para la candidatura (el orden es alfabético por apellido):

Thelma Aldana / Encuentro por Guatemala

Francisco Arredondo / Todos

Adela Camacho de Torrebiarte /Creo

Edwin Escobar / UCN

Alejandro Giammattei / Vamos

Jorge Pérez / Bien

Zury Ríos Sosa / Valor

Julio Rivera Clavería / Viva

Erik Suñiga / Crecer

Sandra Torres / UNE

Edmond Mulet / Partido Humanista

Tres candidatos / MLP