Guatemala está cerca de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, cuando los ciudadanos están llamados a la urnas para elegir el próximo presidente del país.

En ese sentido, varias organizaciones se han pronunciado para que se respete la voluntad popular y a que se favorezca un clima de participación.

Uno de los pronunciamientos es el de la Conferencia Episcopal de Guatemala. En su comunicación indicó que los obispos del país, en estos últimos días antes de las votaciones en la segunda vuelta, quieren manifestar su apoyo a los ciudadanos de los que “depende la transparencia y la eficiencia de esta última jornada electoral”.

Destacó que las juntas receptoras de votos y las juntas electorales municipales a quienes se suman los digitalizadores, los voluntarios y auxiliares, son la garantía de que se efectúe un proceso de votación transparente.

“Su vocación ciudadana se ha manifestado ampliamente en la primera vuelta y ha sido reconocida por la confianza que la población en general les ha manifestado”, resaltó.

Agregó: “Queremos agradecer su disponibilidad y tiempo ofrecido al servicio del pueblo de Guatemala y les invitamos a mantener esa actitud a pesar de las dificultades encontradas”.

“Exhortamos a las instituciones del Estado, en particular al Ministerio Público, a que, en apego a la ley, favorezcan un clima de participación ciudadana en paz y armonía y no intervengan en el proceso electoral, cuya responsabilidad recae en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, pidió.

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La Conferencia también invitó a toda la población a acercarse a votar con conciencia ciudadana y amor por Guatemala, sin miedo y con responsabilidad.

“Pedimos a todos a aceptar con madurez y respeto la voluntad popular manifestada libremente en las urnas en un contexto democrático”, añadió.

También, representantes de diferentes organizaciones que integran el Foro Guatemala se presentaron este viernes 18 de agosto al Centro Nacional de Información del TSE para dar lectura a una carta con varias peticiones para la segunda vuelta.

Hicieron un llamado al voto libre, informado y responsable de la ciudadanía guatemalteca este domingo 20 de agosto.

“La expresión del voto popular es patrimonio nacional desde hace 38 años. Es necesario que todos los actores y grupos relevantes de la sociedad valoremos y protejamos la libertad y la efectividad del sufragio y la integridad del proceso electoral”, añadió.

Afirmaron su apoyo al TSE, a las Juntas Electorales, Departamentales, Municipales y Juntas Receptoras de Votos de todo el país, ya que son la estructura temporal voluntaria del sistema democrático y custodios directos del conteo y escrutinio de los votos emitidos y de la pureza del evento electoral.

Indicaron que estas juntas “deberán estar libres de cualquier tipo de presión sin fundamento o desinformación que ponga en riesgo la democracia del país”.

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La petición general del Foro Guatemala fue respetar los resultados de la voluntad popular que se expresará el próximo domingo. “Para esto, ciudadanos, autoridades y observadores debemos velar por unas elecciones libres, pacíficas y legítimas en toda Guatemala”, destacó.

Pedro Cruz, representante del Foro, hizo un llamado a la participación ciudadana y a que se respeten los resultados.

Misión expresa preocupación

Mientras que la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en un comunicado este viernes 18 de agosto expresó su preocupación por la continuación del proceso de judicialización de las elecciones presidenciales en Guatemala.

“Faltando pocas horas para el inicio de la jornada electoral, la MOE/OEA expresa su preocupación ante el anuncio el día de ayer -17 de agosto-, por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), de una serie de acciones que persisten en judicializar el proceso electoral en Guatemala”, señaló.

La MOE/OEA añadió que recibió este 18 de agosto información pública sobre la citación al encargado de Informática del TSE para llevar a cabo una diligencia de declaración de información testimonial ante la Feci.

Las acciones y anuncios referidos preocupan a la MOE/OEA dada la necesidad de generar confianza en la ciudadanía guatemalteca para que acuda de forma masiva en las urnas y se garantice la paz pública.

Finalmente,  reiteró que estas acciones interfieren con el natural transcurso del proceso electoral, en perjuicio de una Nación entera que quiere expresarse libremente en las urnas. La Misión hizo un llamado a toda la sociedad guatemalteca y a los órganos del Estado a propiciar la estabilidad y tranquilidad de cara a las elecciones del domingo.

“Tal y como lo refirió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de su informe sobre su visita a Guatemala del 1 al 4 de agosto de 2023, la judicialización lesiona el normal desarrollo del proceso electoral y debe evitarse, con el propósito de que sea la ciudadanía la que defina el futuro del país”, puntualizó.

Otros sectores también se pronuncian

Cámaras empresariales y otras instituciones, entre estas la Cámara de Comercio de Guatemala, el Cacif y Fundesa, también se pronunciaron por la segunda vuelta electoral.

En un comunicado indicaron que el voto es un derecho ciudadano que se debe hacer valer en la segunda vuelta de las elecciones generales 2023.

“Hacemos una invitación para que todos los guatemaltecos participemos en este proceso democrático, tan importante para la institucionalidad del país”, destacó.

Añadió: “Celebramos el entusiasmo y el trabajo que han efectuado los voluntarios que participan en las Juntas Electorales en cada rincón de Guatemala. Su presencia nuevamente le da fortaleza al sistema electoral de la Nación”.

La comunicación resaltó: En el contexto anterior exhortamos a los distintos actores sociales para que la jornada de comicios de lleve a cabo en un ambiente pacífico, en que prevalezcan los valores cívicos.

Por Edwin Pitan y Andrea Domínguez.

Este año coinciden cambios en los tres poderes del Estado y el Foro Guatemala considera que “es una oportunidad para sentar las bases de una institucionalidad firme y efectiva”. Por esa razón se propusieron cambios al presidente Jimmy Molares, al presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, y del Organismo Judicial, Néster Vásquez Pimentel.

En total se entregaron 15 propuestas a los poderes del estado donde resaltan reformas a la Ley Electoral y de Partidos Politicos (LEPP), para permitir una amplia participación ciudadana, atender del tema de voto preferente y distritos electorales.

También piden reformar la constitución de la república referente a los periodos de las judicaturas y magistraturas para separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas.

Asimismo, proponen reformar el código procesal penal para una mejor aplicación de la prisión preventiva y aprobar la Ley de Aceptación de Cargos.

Para el Foro Guatemala, “la crisis político-institucional en que el país se encuentra exige consensos concretos y reformas orientadas con visión estratégica. Solo los posicionamientos ante la coyuntura no nos sacarán adelante. Se requieren esfuerzos por concertar una agenda de país viable que atienda las demandas coincidentes de múltiples sectores”.

El Gobierno ha protagonizado una pugna desde el 27 de agosto de 2017 por expulsar a la Cicig. La Cancillería en reiteradas ocasiones pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) cambiar al comisionado Iván Velásquez y luego se exigió a investigadores de Cicig abandonar el país, esa lucha generó crisis en el país.

A criterio de representantes de diversos sectores académicos, políticos y económicos, de esa coyuntura surgió la rivalidad en la ciudadanía.

Además, el comienzo del proceso electoral es similar al del 2015, cuando hubo varias investigaciones en contra de candidatos a cargos de elección popular. En la actualidad 10 partidos políticos que postulan candidatos están bajo investigación por el Ministerio Público (MP) por impedir la fiscalización de los fondos, así como otras irregularidades

Al Organismo Ejecutivo:

• Priorizar el crecimiento económico incluyente, en el que participen los diversos actores productivos, con énfasis en lo rural, donde se concentra la mayoría de la pobreza y pobreza extrema.
• Discutir las políticas de Competitividad y de Desarrollo Rural Integral; el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina; la estrategia para una eficaz Seguridad Alimentaria Nacional, así como para la reducción de la desnutrición crónica; la política de construcción y mantenimiento de infraestructura vial; la política y estrategia de tierras comunales y de agricultura orgánica; y, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.
• Recuperar el diálogo del Pacto Fiscal, tomando como base los temas en su momento identificados y con especial atención a priorizar la calidad del gasto y fiscalización de las instituciones que lo ejecutan.
• Generar condiciones para que los agentes de la economía promuevan el desarrollo de un modelo económico, donde el talento humano sea el principal recurso que eleve la competitividad nacional.
• Cumplir con el mínimo de 180 días de clase y contar con docentes capacitados y motivados en el enfoque de construcción de una ética pública, que también debe trasladarse al currículum nacional base desde preprimaria y todos los niveles educativos, para formar a las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto, solidaridad, honestidad, honradez, confianza y responsabilidad en la convivencia social.
• Impulsar “un nuevo pacto educativo” que involucre a todos los actores pertinentes, revisando principalmente la negociación colectiva para alcanzar un acuerdo consistente con las mejoras educativas propuestas.

Al Organismo Legislativo:

• Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) orientada a favorecer una mayor participación ciudadana; modificar los requisitos para la inscripción de partidos políticos; emisión del voto preferente; readecuar el sistema de distritos electorales, en coordinación con el TSE.
• Reformar el Código Procesal Penal, revisar los casos en que procede la prisión preventiva y aprobar la Ley de Aceptación de Cargos, privilegiando la justicia reparativa. Es importante contribuir a agilizar los procesos penales para garantizar una justicia pronta y cumplida.
• Reformar la Constitución Política de la República en los artículos que regulan los períodos en las judicaturas y magistraturas, la extensión de la carrera judicial hasta las Salas de la Corte de Apelaciones, la supervisión de esta y la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. En este sentido es importante garantizar la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y especialización de los jueces y magistrados.
• Revisar, mediante reforma constitucional, el modelo de comisiones de postulación que ha sido señalado de ser vulnerable a la politización y a presiones externas.
• Aprobar nuevas leyes de Servicio Civil y de Contrataciones del Estado, necesarias para modernizar el Estado, dotar de un enfoque integral y sistémico su actuar, y contribuir a que sea ágil y transparente.

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Al Organismo Judicial:

• Generar las condiciones necesarias para una adecuada implementación de la nueva Ley de Carrera Judicial y la aprobación de sus reglamentos.
• Agilizar los procesos del sistema de justicia, especialmente para la reducción de la mora judicial, sin sacrificar efectividad y objetividad.
• Proponer, en coordinación con entidades que integran el sistema de justicia, un presupuesto que atienda las necesidades de cobertura nacional y que garantice el acceso a la justicia con imparcialidad, celeridad e independencia.

Recomendaciones sobre transparencia

• Priorizar el combate a la corrupción y la impunidad, como Política Criminal del Estado y complementarla mediante la construcción de una ética pública, basada en la probidad, rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, cultura de denuncia e intolerancia a lo ilegal.
• Ante la proximidad de las elecciones generales y de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, es evidente que todo lo anterior requerirá consensos políticos; una decidida fiscalización y acompañamiento de la ciudadanía, que le den legitimidad al proceso de renovación institucional.