Una maestra de primaria afronta cargos por crueldad animal en Florida, Estados Unidos, luego de que la Policía descubriera que vivía con más de 300 animales hacinados en una casa móvil, además de su madre, de 75 años.

Lisa Lacharite, de 48 años, fue detenida luego de que agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Polk hallaran en el interior y en los exteriores de la casa rodante 309 animales: 142 gatos, tres perros y 164 aves (patos, gallinas, gansos y hasta un pavo real).

Según la dependencia policial, desde los exteriores se sentía un abrumador olor a amoníaco y, una vez dentro, los efectivos descubrieron manchas de heces en el suelo y en las paredes, así como muchas otras de orina.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del alguacil, múltiples aves estaban dentro de jaulas de alambre apiladas en torres de hasta tres niveles en la entrada de la casa móvil.

Unas pruebas hechas por los bomberos para medir la calidad del aire al interior de la vivienda arrojaron unos resultados que oscilaron entre 70 y 100 partes por millón de amoníaco. Los bomberos alertaron de que cualquier nivel superior a 50 partes por millón era un peligro para la salud.

Ante ello, los oficiales sacaron a la madre de Lisa Lacharite, que tenía los ojos llorosos y mostraba dificultades para moverse, y la trasladaron a un hospital local.

La detenida señaló que suele rescatar a animales de la calle, pero reconoció que la cantidad que había acumulado era ya abrumadora y demasiado para ella. Aceptó de igual modo que las condiciones dentro de la residencia no eran buenas para su madre y ella, ni tampoco para los animales.

Lacharite accedió a darlos en adopción, salvo a sus tres perros y a los tres gatos de su madre, tras lo cual fue detenida sin oponer resistencia.

Fue un paseante el que llamó a la línea de emergencia 911 para informar de la presencia de un bulto sospechoso en aguas del canal intracostero ubicado en Palm Trail, en la citada ciudad.

Detectives de la policía se personaron en el lugar de los hechos y encontraron flotando en el agua una maleta con restos humanos dentro.

Poco después hallaron “otras dos maletas con restos humanos en lugares cercanos” al primero.

Los restos fueron trasladados a la oficina del médico forense para su examen y se determinó que pertenecían a una mujer blanca, posiblemente hispana, de mediana edad, pelo castaño y las cejas tatuadas y 1.64 metros de altura aproximadamente, señaló la Policía en las redes sociales.

Vestía una camiseta sin mangas con estampados de flores y pantalones cortos.

La investigación sigue en curso y la Policía de Delray Beach facilitó un número de teléfono y solicitó la colaboración ciudadana para resolver este caso de asesinato.

Mañana emprenderá un recorrido de 20 horas para mudarse de Florida a Nueva York con sus tres hijos y todavía no ha definido lo más importante para ellos: qué juguetes conservarán y cuáles dejarán.

Lejos de la abuela y los afectos que quedaron en Bogotá, Alejandra logró construir durante los últimos dos años una rutina para los niños en West Palm Beach, al norte de Miami, en el sur de Florida.

La joven colombiana de 30 años se levantaba temprano para hacer el desayuno. Luego acompañaba a Dominik, el mayor de 11, hasta la parada del autobús escolar y después llevaba al colegio a John y Samuel, los gemelos de 7 años.

Alejandra trabajaba en un almacén de comida desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Finalmente había encontrado una niñera que recogía a los chicos en la tarde y los cuidaba hasta que ella pudiera volver a casa.

Sin embargo, cuando Florida aprobó la ley SB 1718, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, los gerentes del almacén advirtieron al personal que sus puestos de trabajo estaban en riesgo.

La nueva normativa, también conocida como “ley antiinmigrante”, restringe el acceso de los indocumentados a empleos, carnets de identidad, servicios de salud y transporte. Entrará en vigor este primero de julio.

Camino a Nueva York

Al igual que Alejandra, la mayoría de los empleados del almacén son indocumentados.

“Me están cerrando las puertas a mí y a mis hijos”, dice mientras empaca las últimas pertenencias que los niños llevarán a Nueva York, donde el hermano de Alejandra les dará hospedaje mientras consigue un nuevo empleo.

A diferencia de ella, sus hijos ya hablan inglés. Dominik ingresó en un programa especial de matemáticas avanzadas, ciencias e informática de la escuela. Su sueño es estudiar finanzas en la Universidad de Harvard.

“Me siento menospreciada”, afirma Alejandra mientras separa un peluche de Simba, el hijo del Rey León, uno de los pocos juguetes que viajarán con la familia a Nueva York. “Lo único que quiero es que mis hijos tengan la oportunidad de estudiar y que sean profesionales”.

Nueva York es un “estado santuario”, como se conoce a las localidades donde los gobernadores demócratas aprobaron leyes para proteger los derechos de los indocumentados.

Gobernadores republicanos como DeSantis han estado enviando a los estados santuario, en autobuses o por avión, a migrantes que llegan a sus jurisdicciones después de cruzar la frontera sur.

Los dirigentes republicanos argumentan que la política migratoria del gobierno del presidente Joe Biden permitió que el año pasado Estados Unidos alcanzara el mayor incremento del flujo migratorio irregular a través de la frontera con México en las últimas dos décadas.

Alejandra y sus hijos también entraron por la frontera con México. Ahora solicitan asilo.

La ley migratoria “más fuerte del país”

DeSantis promueve la SB 1718 como “la legislación contra la migración ilegal más fuerte del país”.

La nueva normativa obliga a las empresas que tengan 25 empleados o más a usar un sistema para verificar el estatus migratorio de los trabajadores (llamado E-Verify), les impone multas de US$1.000 diariamente si emplean a un indocumentado y amenaza a los empresarios con suspender sus licencias comerciales si incurren varias veces en estas faltas.

La ley prohíbe a las autoridades locales de Florida emitir documentos de identificación a extranjeros que se encuentren en Estados Unidos de forma irregular e invalida las tarjetas de identidad otorgadas por otros estados en esos casos.

También exige a los hospitales recopilar los datos migratorios de los pacientes y presentarlos ante las autoridades, para calcular los costos de brindar atención médica a personas indocumentadas.

Además, considera un delito grave que alguien traslade en su auto a una persona indocumentada para ingresar al territorio de Florida.

El Migration Policy Institute, un centro de estudios con sede en Washington, estima que 772.000 personas indocumentadas residen en Florida.

Vivir bajo la sombra

Tadeo tiene 12 años y usa pañales.

Todavía no habla, pero recibe terapias de fonología y psicomotricidad en una escuela en West Palm Beach, cuenta su padre Maikel Piriz.

Cuando los médicos dijeron que Tadeo tenía autismo severo, sus padres visitaron escuelas en Canelones, la ciudad donde vivían en el sur de Uruguay, que no ofrecían una alternativa mejor que sentar a Tadeo en un rincón y ponerlo a jugar con tacos de figuras geométricas.

Maikel y su esposa decidieron emigrar a Estados Unidos, con la esperanza de encontrar centros especializados en el tratamiento del autismo. Llegaron al país en 2017 en avión, con visas de turistas y la intención de legalizarse lo más pronto posible.

Sin embargo, la nacionalidad uruguaya y el perfil de la familia no parecían encajar en ninguna visa que les abriera camino hacia la estadía permanente en Florida.

Salieron y volvieron a Estados Unidos en dos oportunidades, pero no encontraron el mecanismo legal para obtener la residencia.

Ante la nueva ley de Florida, Maikel y su esposa decidieron marcharse definitivamente de Estados Unidos.

“No voy a permitir que mis hijos vivan a la sombra, que sean excluidos por no tener papeles”, dice Maikel desde una finca donde limpia el establo de los caballos.

“Me iré si empieza una persecución”

Carlos, un mexicano de 53 años, aún no ha tomado la decisión de abandonar Florida.

El dueño de la empresa donde trabaja como repartidor de tortillas de maíz para restaurantes y supermercados le prometió hacer todo lo posible por mantenerlo en la nómina, aunque su licencia de conducir caducó hace dos años y a partir de ahora no podrá renovarla mientras esté indocumentado.

“Eché raíces en Florida hace 13 años. Es muy difícil levantarse de repente y hacer una vida nueva en otra parte de un momento a otro”, asegura durante un receso en su ruta diaria para repartir las tortillas de maíz.

Cada semana envía entre US$100 y US$200 a sus tres hijos en Colima, capital del estado homónimo, al oeste de Ciudad de México.

Carlos dice que considerará la posibilidad de abandonar Florida si se desata una cacería de brujas contra los indocumentados.

“Hay que ver si a partir de ahora la policía va a detener a la gente en la calle de forma arbitraria, si nos van a perseguir por el color de piel”.

“Si empieza una persecución, me voy. No estoy dispuesto a perder mi paz por esta ley”.

Los dueños de los comercios donde Carlos entrega la mercancía comentan que en las últimas semanas cayó el consumo y la venta de tortillas de maíz.

Muchos de sus clientes ya se marcharon de Florida.

16 migrantes de Colombia y Venezuela fueron dejados frente a una iglesia de Sacramento el viernes.

Los documentos en su poder revelaron que fueron transportados allí por un contratista del gobierno de Florida.

Es posible que los migrantes hayan sido engañados con falsas promesas e incluso secuestrados, afirmaron líderes del estado de California.

“Explotar a seres humanos vulnerables para ganar puntos políticos es pequeño, débil y vergonzoso”, escribió en Twitter el fiscal general de California, Rob Bonta.

En una declaración anterior, dijo: “El secuestro autorizado por el Estado no es una opción de política pública, es inmoral y repugnante“.

La oficina de Bonta dijo que el grupo fue transportado desde Texas a Nuevo México, voló en un jet privado a Sacramento y fue llevado a la Diócesis Católica Romana, una iglesia local.

Los papeles que compartieron los migrantes con las autoridades indican que estaban participando en el sistema de transporte de migrantes administrado por la División de Gestión de Emergencias de Florida y ejecutado por el contratista Vertol Systems Company Inc, con sede en Florida.

Qué hay detrás

Desde el año pasado, Florida y al menos otros dos estados gobernados por republicanos han mandado buses llenos de migrantes, a menudo sin previo aviso, a ciudades gobernadas por demócratas en protesta por las políticas del presidente Joe Biden en torno a la afluencia de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.

Vertol, que tiene vínculos con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cobró el año pasado al menos 1,6 millones de dólares por al menos dos vuelos de migrantes, uno de ellos a Martha’s Vineyard, una isla en Massachusetts.

DeSantis aspira a la candidatura presidencial republicana en 2024.

PICO California y Sacramento ACT, dos grupos religiosos de voluntarios que están ayudando a los sudamericanos, dijeron a los medios de comunicación estadounidenses que el grupo fue abordado fuera de un centro de migrantes en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, por personas que les ofrecieron trabajo y otro tipo de apoyo.

Los dejaron en la puerta de la iglesia sin saber dónde estaban y con sólo una mochila de pertenencias personales cada uno, dijeron los voluntarios.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el sábado que él y Bonta se habían reunido personalmente con el grupo.

Se comprometió a garantizar que sean “tratados con respeto y dignidad, y que lleguen a su destino previsto mientras avanzan sus casos de inmigración”.

“Estamos investigando si los organizadores del viaje del grupo engañaron a alguien o infringieron la ley“, añadió.

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El estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, aprobó este miércoles una ley con duras medidas contra la migración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente.

DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema “La crisis fronteriza de (Joe) Biden”, el presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración ilegal.

“Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense”, dijo el gobernador, justificando la necesidad de la nueva ley floridana.

El texto entrará en vigor el 1 de julio. Entre sus medidas más destacadas, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.

Además, obligará a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, lo que podría llevar a migrantes indocumentados a evitar recibir tratamientos, según opositores a la norma.

Por otra parte, el transporte de personas indocumentadas desde otro estado hasta Florida se convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión.

Y las autoridades dejarán de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes irregulares, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgar documentos de identidad a extranjeros sin papeles.

La ley asigna además 12 millones de dólares para trasladar a migrantes indocumentados a otros estados del país, en el marco de un programa iniciado el año pasado con el envío de dos grupos de venezolanos en aviones privados de Texas al noreste de Estados Unidos.

DeSantis, de 44 años, figura ascendente de la derecha estadounidense, ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la inmigración o el derecho al aborto.

La mayoría republicana en ambas cámaras estatales le ha brindado su apoyo completo para aprobar leyes que le han garantizado una gran atención mediática.

Pero sus iniciativas han sido cuestionadas por defensores de los derechos humanos.

“Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad”, declaró Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Immigrant Coalition, en un comunicado enviado este miércoles

Una enorme masa de algas se está acercando al Caribe y México.

Se trata del cinturón de sargazo del Atlántico, que viaja durante todo el año, desde África Occidental hasta el Golfo de México, y que ha crecido más que nunca.

Este año tiene una longitud de aproximadamente 8.800 kilómetros y pesa 10 millones de toneladas.

La masa de sargazo es tan grande que la única forma de ver todo el cinturón es desde el espacio.

“Casi todos los años estamos viendo una floración que no se parece a nada que hayamos visto antes, porque se está haciendo cada vez más grande“, le dijo a la BBC Brian Barnes, de la Universidad del Sur de Florida (Estados Unidos).

El sargazo es una “macroalga marrón que flota en la superficie del océano”, según el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida.

Sin embargo, no es una “masa contigua”, explica Barnes. La mancha de sargazo más pequeña que se ve en las imágenes satelitales es del tamaño de un campo de fútbol, aunque las más grandes pueden alcanzar hasta 2,5 kilómetros cuadrados.

De acuerdo a la Red de Monitoreo del Sargazo de Quintana Roo, en la península mexicana de Yucatán, donde se encuentran Cancún, Playa del Carmen y Tulúm, entre otros sitios turísticos, apenas cuatro de 80 playas estaban sin sargazo este jueves, aunque solamente 12 tenían una cantidad “excesiva”.

“Hemos visto un aumento en la cantidad (de sargazo) en la primera quincena de marzo. La mayoría de las capas de sargazo todavía están ingresando al mar Caribe desde el este y continúan moviéndose hacia el oeste para llegar a la costa mexicana de Yucatán. En general, algunas playas del mar Caribe han recibido y recibirán cantidades variables de sargazo, pero no todas las playas verán eso“, explicó Chuanmin Hu, profesor de la Universidad del Sur de Florida.

“Es de esperar que el sargazo impacte la parte oriental de la península de Yucatán (tanto Belice como México) y las playas de las Antillas Mayores y Menores. El tamaño y frecuencia de esa acumulación de sargazo en las costas puede aumentar en los próximos meses”, añadió Barnes.

El sargazo es un hábitat importante para la vida marina, pero después de 48 horas en la costa, las algas comienzan a emitir toxinas como el sulfuro de hidrógeno que, en pequeñas cantidades, huele a huevos podridos.

En términos ambientales, el sargazo “puede asfixiar los nidos de tortugas marinas en la playa” y liberar “penachos de materia orgánica disuelta, que pueden impactar los ambientes cercanos a la costa y sus habitantes”, dijo Barnes.

Peor que el olor, el sulfuro de hidrógeno puede causar dolores de cabeza, irritación de los ojos y malestar estomacal si se presenta en grandes cantidades, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

La razón exacta del crecimiento del sargazo aún se está estudiando.

Hu dijo que las algas marinas necesitan “suficiente luz solar, agua tibia y suficientes nutrientes de diferentes fuentes” para crecer rápidamente. Añadió que el “cinturón alargado se forma debido a las corrientes oceánicas y los vientos superficiales”.

Un factor que contribuye, señaló Barnes, podría ser la cuenca del Amazonas, que ha visto un aumento en el nitrógeno que luego fertiliza el sargazo.

El Cuerpo de Bomberos del Condado de Palm Beach señaló que el accidente ocurrió la noche del domingo 5 de marzo y que cuando los equipos de emergencia llegaron al citado aeropuerto encontraron la avioneta en llamas.

Un portavoz de la agencia dijo que los equipos controlaron rápidamente el incendio, pero dos personas fueron declaradas muertas en la escena, cuyas identidades no han sido reveladas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) informó este lunes 6 que funcionarios de ese departamento investigan los hechos, a los que se han sumado miembros de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés).

Según el rastreador de vuelos Flightaware, la avioneta venía de la localidad de Williston (al norte de Florida).

El Aeropuerto de Palm Beach County Park dispone de seis pistas de aterrizaje que se encuentran justo al oeste de Lantana y unos 10 kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

Las autoridades no han dado a conocer los motivos del accidente y la investigación todavía está en marcha.

Donald David Dillbeck, de 59 años y condenado a muerte por un asesinato cometido en 1990, años después de haber matado a un policía, se convertirá el jueves 23 de febrero en la persona número 100 ejecutada en Florida desde el restablecimiento de la pena capital en 1976.

La suya es la primera ejecución programada en Florida desde 2019, un año en el que se llevaron a cabo dos. La pandemia del covid-19 paralizó también las ejecuciones.

La Corte Suprema de Florida rechazó recientemente suspender la ejecución de Dillbeck y sus abogados anunciaron entonces que presentarían una apelación ante la Corte Suprema federal, que también denegó la petición, según apareció el miércoles 22 de febrero en su web.

El abogado Baya Harrison III alega que Dillbeck sufre de un trastorno neuronal resultante de la exposición prenatal al alcohol, conocida por las siglas ND-PAE.

Fue condenado a cadena perpetua en 1979 por el asesinato a tiros de un policía y en 1994 a la pena capital por la muerte a puñaladas de una mujer a la que le robó su automóvil en el estacionamiento de un centro comercial de Tallahassee, la capital del estado, en 1990.

Dillbeck, quien se había fugado de una cárcel en la que cumplía cadena perpetua por matar al oficial de policía, fue detenido poco después al estrellarse con el vehículo robado.

En el juicio por el asesinato de 1990 fue condenado a morir mediante una inyección letal con el voto a favor de 8 de los 12 miembros del jurado.

Los otros cuatro votaron por una condena a prisión perpetua.

Actualmente para que un juez condene a muerte en Florida a un acusado se necesita el voto unánime del jurado, tal como establece la Corte Suprema de EE. UU., que considera inconstitucional la condena por mayoría simple.

La exigencia de unanimidad es algo que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quiere cambiar, según anunció en 2022 después de que el autor confeso del tiroteo en el que murieron 17 personas en una escuela secundaria de Parkland (Florida) en 2018, Nikolas Cruz, se librara de la pena capital por ese motivo.

Ya hay proyectos de ley en ambas cámaras del Congreso de Florida, dominadas por el Partido Republicano, para hacer el cambio que pide DeSantis, al que la Conferencia de Obispos Católicos de Florida le pidió en una carta que no firmara la autorización para ejecutar a Dillbeck, pero lo hizo en enero pasado.

En la carta, los obispos subrayaron que castigar con la pena de muerte “debería ser inadmisible”.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, aplicó en 2021 una moratoria a las ejecuciones federales, después de que su antecesor, Donald Trump, las reanudara durante su mandato presidencial.

Según datos del Departamento de Correcciones (Prisiones) de Florida, actualmente hay 299 presos en el “corredor de la muerte”, como se conoce el lugar donde permanecen los que van a ser ejecutados.

El preso de edad más avanzada es el ecuatoriano Nelson Serrano, de 80 años, que fue condenado por tres asesinatos que aún a día de hoy asegura que no cometió y cuyo caso es visto por organizaciones de derechos humanos como un atropello judicial.

El diario Tampa Bay publicó una historia sobre la vida de Dillbeck en la que cuenta que estuvo en hogares de adopción temporal desde los 4 años y empezó a consumir drogas a los 13.

Además, relata las penalidades por las que pasó cuando fue recluido con adultos con 15 años de edad, desde abusos sexuales a violencia, y subraya que en el juicio de 1994 testificaron varios médicos que indicaron que mostraba señales de problemas mentales asociados a la esquizofrenia.

El hombre también dejó en estado crítico a la madre de la niña y a un segundo reportero, que se encontraba en el lugar para cubrir la noticia del asesinato de una mujer de 20 años. Según las autoridades, el sospechoso conocía a la primera víctima.

El alguacil del condado de Orange, John Mina, dijo que la policía detuvo como sospechosos a Keith Melvin Moses, de 19 años, pero que aún no tenía mucha información sobre si el joven sabía que sus víctimas eran periodistas o si tenía algún tipo de conexión con la niña y su madre.

“El sospechoso no dice mucho en este momento”, expuso Mina. “No está claro si sabía que eran miembros de los medios de comunicación o no”.

El alguacil dijo que es posible que el asesino pensara que los reporteros eran policías.

https://twitter.com/OrangeCoSheriff/status/1628558644936671232

La tragedia

El equipo de noticias del canal local Spectrum News 13 llegó a cubrir el asesinato de una mujer de 20 años que se produjo este miércoles por la mañana en el suburbio de Pine Hills, al oeste de Orlando.

Mina dijo que el equipo de filmación estaba “dentro o cerca de su automóvil”, el cual no llevaba ninguna insignia que lo identificara como vehículo de prensa, hacia las 17:00 hora local.

Keith Melvin Moses -el sospechoso de 19 años del asesinato de la mujer- regresó a la escena y disparó contra el reportero y el fotógrafo que estaban dentro o cerca de un vehículo, uno de los cuales murió más tarde, señaló Mina.

Luego, Moses aparentemente entró a una casa cercana y le disparó a la niña y a su mamá, agregó el alguacil.

La madre estaba en el hospital en estado crítico, precisó Mina.

Una comunidad de luto

La noticia de los asesinatos se esparció rápidamente por el pequeño suburbio, incluyendo el canal de noticias donde trabajaban los reporteros.

“Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestro colega y las otras vidas perdidas sin sentido hoy. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de nuestro empleado durante este momento tan difícil. Tenemos la esperanza de que nuestro otro colega que resultó herido haga una recuperación completa”, dijo la empresa Charter Communications, dueña de la cadena.

“Esta es una tragedia terrible para la comunidad de Orlando”, subrayó.

Por otro lado, también se conoció el caso de un segundo equipo de reporteros que abandonó la escena del crimen pocos momentos antes del tiroteo.

“Tuvimos un presentimiento y decidimos irnos por nuestra propia seguridad”, dijo una reportera de la estación de televisión de Orlando WESH 2.

En redes sociales circula un video del momento en que una mujer lucha contra un sospechoso que al final la ataca en Florida, EE. UU.

La grabación del incidente se registró en un gimnasio y el video evidencia cuando la víctima abrió la puerta del recinto para que ingresara el sujeto que supuestamente había olvidado sus llaves, reportó CNN.

La mujer continuó ejercitándose y segundos después el sujeto se le acercó y ella trató de escapar entre las máquinas para hacer ejercicios

Mientras trataba de ponerse a salvo, la mujer grababa con su celular lo que sucedía. Al final, el sujeto la agredió y la lanzó al piso.

Según la cadena NBC News, las autoridades de Florida publicaron videos que muestran a una mujer de 24 años que luchó contra un atacante en un edificio de apartamentos en enero recién pasado.

La Policía informó que la víctima fue identificada como Nashali Alma, de 24 años. El incidente ocurrió en enero y el video fue compartido recientemente.

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Mientras que NBC News añadió que el agresor fue acusado de secuestro y agresión sexual, según los registros del tribunal.